miércoles, 30 de diciembre de 2015

SÁNCHEZ, EL ESTADISTA

Mientras el estadista Sánchez aspira a articular una mayoría parlamentaria con quienes abogan por parcelar la soberanía del conjunto del pueblo español y poner en solfa el sistema político de Monarquía parlamentaria surgido de la Constitución que nos dimos todos, e incluso con aquellos que pretenden separarse de España, Mariano Rajoy busca coincidencias con los partidos que defienden (o deberían defender) principios básicos como la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles ante la ley, el papel de España en la Unión Europea, la consolidación del crecimiento económico y la lucha contra el terrorismo. En efecto, la fragmentación política resultante del 20-D no tendría que ocultar el hecho de que 253 de los 350 diputados pertenecen a fuerzas políticas que, al menos hasta ahora, han actuado como garantes de los valores constitucionales y del sistema democrático nacido de nuestra ejemplar transición, por lo que se debería partir de ahí para intentar construir la estabilidad política, absolutamente necesaria tanto para afianzar la recuperación económica, como para continuar respondiendo con solvencia a la amenaza independentista del nacionalismo catalán.

El problema reside en que el todavía secretario general del PSOE, más pendiente de su supervivencia política que de los verdaderos intereses de España (por mucho que exhiba la bandera nacional en sus mítines), no parece estar precisamente por la labor. Porque ha llegado a aseverar Sánchez, el estadista, que los españoles han votado 'cambio'. ¿Quizá el 'cambio' que representa él, quien, amén de haber cosechado los peores resultados del PSOE en la democracia, se ha quedado a más de un millón y medio de votos, casi 7 puntos y 33 escaños del partido y candidato ganadores en las urnas, el PP y Rajoy, a los que se atreve a poner en solfa su legimitidad para gobernar?  

Pero he aquí otra interpretación sobre el resultado de las elecciones generales, expuesta por el estadista en el Comité Federal del PSOE: los españoles, 'en un 70%, han votado a opciones progresistas'. Esto es, dentro de ese supuesto 'progresismo' tan abrumadoramente mayoritario en las urnas, caben lo mismo Ciudadanos, partido calificado por él mismo como de 'derecha' ('civilizada', eso sí), que la ultraizquierda bolivariana de Podemos; igual el PNV, al que el histórico socialista Indalecio Prieto definió como 'derecha vaticanista', que los proetarras marxistas-leninistas de Bildu; y lo mismo la nueva marca del partido de Artur Mas, nacionalista y separatista pero que se tenía hasta ahora como burgués y capitalista, que los republicanos izquierdistas y secesionistas de ERC. Vamos, que todo lo que no haya sido votar al PP, es 'progresista': sea socialdemócrata o chavista, democristiano o comunista, constitucionalista o antisistema, españolista o independentista... Todo cabe en la 'casa común de la progresía' si de lo que se trata es de sumar escaños para evitar que gobierne el más votado y lo haga el que ha obtenido 90 diputados, una cifra ridícula para un partido como el PSOE.

Ni el estos días mentado Frente Popular se atrevió a tanto. Sea como fuere, veremos en qué queda ese solemne compromiso de no pactar con quienes defiendan 'consultas' (léase Podemos) o 'separatismos' (léanse los partidos nacionalistas catalanes), porque entonces sí que no salen las cuentas de ninguna de las maneras: a no ser, claro, que alguien en el PSOE se desdiga después con el pretexto de que la resolución fue aprobada un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes... Aunque bastante tiene ya el estadista con intentar poner orden en su revuelta casa y, sobre todo, que no le muevan la silla desde Andalucía.

lunes, 21 de diciembre de 2015

TRAS EL 20-D, RESPONSABILIDAD... E INTERÉS

Cierto es que han sido 3,6 millones de votos y 63 escaños menos que los que cosechó hace cuatro años el mismo Rajoy en la, no lo olvidemos, segunda mayoría absoluta más abultada de la democracia (186 diputados, solo detrás de los históricos 202 del PSOE de González en 1982), y que en consecuencia habría que hacer, una vez más, la oportuna autocrítica, aunque básicamente nos limitaríamos a incidir en los ya suficientemente consabidos, por mentados repetidamente, errores: esto es, se debería haber salido antes de los despachos y haber prestado más atención a la política y no solo a la gestión pura y dura, amén de haber procurado dar una imagen de mayor contundencia contra la corrupción.

Ahora bien: pese a afrontar la más grave crisis económica de la historia reciente adoptando medidas tan necesarias como impopulares; pese al 'martilleo' de unos casos de corrupción que en su práctica totalidad tuvieron lugar en pasadas legislaturas; pese a las más furibundas campañas en contra procedentes incluso de medios supuestamente afines en lo ideólogico; pese a la ristra de insultos dirigidos a la persona del presidente del Gobierno que culminaron en el ataque a su honor por parte de su contrincante dialéctico en el 'cara a cara' de la campaña electoral; pese a las agresiones verbales y hasta físicas fomentadas por un discurso del odio hacia una 'derecha' a la que se le atribuye una condición congénitamente malvada... el Partido Popular ha logrado 33 escaños, millón y medio de votos y casi 7 puntos más que su eterno rival socialista (cuyo líder, pese a batir todos los records negativos de la historia del PSOE, y tal y como vaticinábamos, no dimite ante la posibilidad de unir sus magros 90 asientos a los de la extrema izquierda podemita y a los de los independentistas de ERC); 54 diputados, dos millones de sufragios y 8 puntos más que el populismo chavista (cuyo indudable éxito electoral confirma el principio político aristotélico del riesgo de que la democracia derive en demagogia en tiempos especialmente difíciles); y 83 asientos, 3,7 millones de votos y 14 puntos más que el 'emergente' y muy mediático riverismo (cuyos 40 diputados, con ser un resultado apreciable, no han cumplido unas expectativas que pasaban por incluso disputarle al PP la hegemonía del electorado de centro-derecha, objetivo que ha quedado muy lejos de alcanzarse). Asimismo, se ha impuesto en nada menos que 38 de las 52 circunscripciones y logrado la mayoría absoluta en el Senado, Cámara que desempeñaría un papel importante si llegaran a plantearse esas reformas constitucionales propuestas o hubiera que responder al reto separatista catalán haciendo uso del artículo 155.

Sea como fuere, con el fin tanto de las denostadas mayorías absolutas parlamentarias como del sistema de supremacía bipartidista, al que se ha tachado de origen de todos los males, no parece haber llegado precisamente la felicidad política, sino que se ha dado paso a un panorama político-parlamentario tan fragmentado como auguraban las encuestas y, como tal, a primera vista absolutamente ingobernable. De tal forma que PP y Ciudadanos sumarían 163 diputados, pero, si bien superarían los 161 que aglutinarían PSOE, Podemos e IU, se situarían lejos de los 176 que marcan la mayoría absoluta; cifra que ni tan siquiera sería capaz de alcanzar un esperpéntico batiburrillo de las izquierdas con los secesionistas de ERC y los proetarras de Bildu (se quedarían en 172). Obviamente, un tripartito entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, que sí rebasaría esa mayoría, significaría una enmienda que el propio Rivera se haría a sí mismo, que ha asegurado en el tramo final de la campaña que jamás pactaría con la ultraizquierda chavista.

Por tanto, y descartando una 'gran coalición' entre PP y PSOE (porque en la política española no rigen todavía los modos y maneras de la alemana), no parece existir otra salida inmediata que contar, no solo con el apoyo al PP o la abstención de Ciudadanos en el Parlamento, sino con el voto en blanco de los socialistas para que quien ha ganado los comicios, Mariano Rajoy, forme gobierno. Sea como fuere, 123 escaños (máxime si los de Rivera optaran finalmente por abstenerse y no votar a favor) se antojan en principio escasos para conformar un Gobierno estable, aunque por supuesto que habría que intentarlo si se pretende evitar una nueva convocatoria de elecciones generales en un plazo de tres meses (que haría en tal supuesto el Rey con el refrendo del presidente del Congreso), cuando no una especie de reedición del Frente Popular en el que incluso se diera cabida a los que no creen en España y pretenden destruir su unidad y la soberanía nacional del pueblo español.

Eso sí, si hay partidos a los que un adelanto electoral les perjudicaría de forma especial sería precisamente al PSOE, al que un Podemos ahora en alza continuaría comiéndole terreno, y a Ciudadanos, que se vería perjudicado por la concentración del 'voto útil' del electorado moderado en el PP. Quizá, por tanto, no les quede más remedio a ambos que actuar con la ahora tan mentada 'responsabilidad'; una posición que además coincidiría con sus respectivos intereses, aunque de momento solo Albert Rivera ha mostrado su disposición a facilitar la formación de un Gobierno presidido por Rajoy.

viernes, 18 de diciembre de 2015

RAJOY: EJEMPLO DE ENTEREZA Y SENSATEZ

Pocas horas después de la salvaje y cobarde agresión del que fuera objeto en Pontevedra por parte de una despreciable alimaña de extrema izquierda, Mariano Rajoy, mostrando una fortaleza verdaderamente admirable, continuaba con absoluta normalidad la programación de sus actos, tanto de campaña como los derivados de su cometido como presidente del Gobierno: esa misma noche, un mitin en La Coruña; a la mañana siguiente, protagonizaba una conferencia en Barcelona; y por la tarde, viajaba a Bruselas para participar en el Consejo Europeo junto a los demás presidentes y primeros ministros de la Unión Europea.

Se equivocaba de medio a medio quien temiera, o incluso deseara, que ese puño impulsado por el odio más visceral iba a alterar lo más mínimo la agenda del presidente Rajoy, que en cambio vuelve a dar a propios y extraños, y fundamentalmente a sus detractores a derecha y a izquierda, una auténtica lección, no solo de entereza, sino de saber estar y caballerosidad: pese a que hay quienes también le critican por ello, resulta encomiable su petición de no utilizar políticamente el atentado, con lo que sin duda ha contribuido desde la alta magistratura que ostenta a rebajar la crispación.

Tendrían que tomar nota sobre todo aquellos que desprestigian y degradan la que debería ser una noble actividad, como es la política, convirtiéndola en terreno abonado para el insulto, la difamación y el juego sucio. La tan mentada regeneración política no puede venir de la mano de semejantes actitudes que en último término buscan generar tensión y hasta criminalizar al adversario y transformarlo en enemigo digno de ser liquidado (caldo de cultivo de la agresión física), sino ateniéndonos a los principios del debate y la confrontación de ideas y proyectos propios de la democracia y el pluralismo político, bajo las premisas de unas reglas de juego basadas en el civismo y un mínimo respeto personal hacia quien piensa diferente. Y en una ponderación y sensatez de la que Mariano Rajoy Brey está dando el mejor ejemplo.

martes, 15 de diciembre de 2015

PEDRO SÁNCHEZ, ¿COMO BORRELL?

Salvando las distancias, ya que el formato del debate 'a dos' televisivo es bien distinto del parlamentario, y además las circunstancias eran diferentes, el bronco 'cara a cara' entre Rajoy y Sánchez me ha recordado mucho al tenso enfrentamiento dialéctico que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados entre Aznar y Borrell, con motivo del Debate sobre el estado de la Nación de 1998. Un flamante nuevo líder del PSOE, que acababa de imponerse en primarias y contra todo pronóstico a Almunia, candidato 'oficialista', respondía al entonces presidente del Gobierno con un discurso ya desde el inicio duro y mordaz, pero cuya agresividad fue aumentando paulatinamente y de tal modo que la tensión generada en el ambiente de la Cámara alcanzaba niveles casi insoportables. Al tono cada vez más demagógico e incluso faltón del líder de la oposición se uniría su empecinamiento en intentar centrar el debate en demostrar supuestos artificios contables en la Seguridad Social, pretensión con el que más bien logró aburrir al personal. El presidente Aznar, en su réplica, basaría su intervención en la exposición de unas cifras de mejoría económica (también entonces) apabullantes. Tres días después, el CIS otorgaba a Aznar una clara victoria en el debate. En cuanto a Borrell, que hasta entonces presentaba incluso encuestas muy favorables, tendría los días contados como aspirante a presidir el Gobierno de España: el Grupo Prisa, declarado enemigo suyo, haría el resto y finalmente no tendría más remedio que dimitir, tras apenas un año como cabeza de cartel del PSOE.

Entonces dio la impresión de que Borrell entró como elefante en cacharrería en su debut como líder de la oposición en el Congreso y que su actitud excesivamente belicosa y radical terminó siendo letal para su imagen como 'presidenciable'; y muy a pesar de que no llegó a traspasar ciertas líneas rojas de mera cortesía parlamentaria, como las de insultar gratuitamente y faltar directamente al respeto y al honor de su contrincante dialéctico. Pues bien, a Pedro Sánchez, cuyas grandes dotes como tertuliano de esa telebasura ahora tan en boga (quizá su próxima y más apropiada salida profesional) han quedado más que acreditadas, es muy posible que también le queden dos telediarios. Porque se ha pasado de frenada y ha logrado, sí, su objetivo de enfangar el campo para que realmente no hubiera debate, pero con ello quizá haya logrado despertar a un león dormido: no solo al propio Rajoy en la segunda parte del 'cara a cara', a partir de que se permitiera tacharle de 'persona indecente'; sino, muy probablemente, a todo un electorado que pueda sentirse aborchonado, escandalizado y hasta ofendido por trato tan injusto y vejatorio a un líder político en el que no hace mucho depositó su confianza en las urnas.

Pese al trazo grueso y la ristra de golpes bajos del todavía secretario general del PSOE, el 'hasta aquí hemos llegado' del presidente del Gobierno y candidato del PP fue verdaderamente el momento más demoledor. 'Usted es joven y va a perder las elecciones, y yo como González y Aznar las perdí dos veces antes de llegar a la presidencia del Gobierno; pero de las descalificaciones lanzadas usted no se va a poder recuperar'. Y muy posiblemente así será, a no ser que los partidarios de extender a la política los modos cutres propios de las tertulias telebasurientas lleguen a ser tantos que hasta se impongan en las urnas. Pero no parece que la mayoría de la sociedad española adolezca de tamaña enfermedad; al menos, por ahora.

martes, 8 de diciembre de 2015

SOBRE EL DEBATE 'A CUATRO'

Si de lo que se trataba era de acumular el mayor número de patinazos posible, y cuanto más monumentales mejor, sin duda que el indiscutible vencedor del debate 'a cuatro' de Atresmedia fue Iglesias Turrión; solo así se puede explicar que, descontando a su ejército de adeptos en redes sociales, haya quien le proclame ganador (siquiera 'moral') de la tenida. He aquí sus momentos de gloria: que Jordi Sevilla trabajó en el 'House Water Watch Cooper' (?); que los andaluces votaron en 1977 ¡si salían o no de España! (cuando lo que tuvo lugar en Andalucía fue un referéndum del Estatuto de Autonomía, y, por cierto, en 1980); que el Partido Popular se había convertido en una fuerza marginal en Cataluña (cuando en las últimas elecciones autonómicas catalanas logró exactamente los mismos escaños, 11, que su 'marca' catalana); y casi volvió a insinuar que la solución al problema de Cataluña pasa por ver la película 'Ocho apellidos catalanes'. Semejantes meteduras de pata hubiesen sentenciado para los restos a cualquier candidato de la llamada 'vieja política', pero sabido es que con los representantes de la 'nueva' no se es tan exigente, sobre todo desde determinados medios.

Pero la coincidencia es casi general: la ganadora fue indiscutiblemente la vicepresidenta del Gobierno y número dos de la lista del PP por Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, cuyo dominio de todas las materias tratadas en el debate abrumó a sus tres contrincantes. No rehuyó el cuerpo a cuerpo, en el que se defendió muy bien (a propósito de la corrupción, el verdadero 'hándicap' del PP en estas elecciones, supo aguantar el tipo), y resaltó la recuperación económica y la creación de empleo, los principales méritos del actual Gobierno, haciendo uso de un discurso realista que podría sintetizarse en una eficaz 'idea-fuerza' que lanzó ya en su primera intervención: 'hemos hecho lo más difícil en el momento más complicado'. Albert Rivera, experto en estas lides, estuvo correcto, pero quizá se esperaba un poco más de alguien que tantas expectativas está despertando: no logró superar a Soraya, posiblemente el objetivo que se había marcado. Y Pedro Sánchez, más allá de un par de golpes dialécticos propinados al candidato de Podemos, fue la pura imagen del querer pero no poder: debió arriesgar más para intentar remontar en unas encuestas radicalmente adversas.

lunes, 7 de diciembre de 2015

GRACIAS, VENEZUELA

Es uno de esos días que han de quedar grabados en oro, que deben pasar a la historia como una de las mayores gestas de la democracia y la libertad frente a la tiranía. En esta ocasión, ni todas las trampas, fraudes y pucherazos que forman parte de la naturaleza del chavismo han sido capaces de frenar la ola arrolladora de unas urnas absolutamente repletas de votos contrarios a la dictadura bolivariana, de voluntades que le han dicho basta a un régimen populista, ruinoso y liberticida, que ha convertido a una República democrática y próspera como era Venezuela en un erial de violencia, represión política, corrupción institucionalizada, insolvencia económica y pobreza. Como todo socialismo más o menos 'real' que se precie, por otra parte.

Forzado, eso sí, por la presencia de observadores internacionales en el proceso electoral, y parece ser que incluso por el alto mando militar, al esperpéntico conductor de autobús que por desgracia continúa presidiendo, o más bien oprimiendo (esperemos que ya por poco tiempo) Venezuela, no le ha quedado más remedio que reconocer una derrota incontestable: 99 escaños de la plataforma de oposición democrática frente a 46 chavistas. Ha sido un triunfo realmente hercúleo, labrado por medio de constancia y perseverancia, de una admirable sociedad civil venezolana que no ha cejado en su empeño de derrotar a un socialismo 'bolivariano' verdaderamente abyecto, contra el que lleva más de quince años luchando en condiciones totalmente adversas; pero ni las prácticas represoras contra sus más destacados líderes políticos, incluyendo chantajes, persecuciones, amenazas y hasta encarcelamientos, han podido torcer la voluntad y el coraje de un movimiento democrático absolutamente ejemplar.

Ahora sí se vislumbra el principio del fin del chavismo, para fortuna de la libertad y la democracia y para desgracia de unos populismos de ultraizquierda a los que sus defensores y propagandistas han llegado a presentar como gloriosas alternativas a los sistemas políticos liberal-burgueses de democracia parlamentaria y representativa y de economía de libre mercado. Enhorabuena, Venezuela. Y, sobre todo, gracias, Venezuela.

sábado, 5 de diciembre de 2015

IMAGINEMOS QUE ACIERTAN LAS ENCUESTAS

Imaginemos que la noche del 20-D las predicciones del CIS se confirmaran en mayor o menor medida; esto es, que el PP se impusiera con claridad, hasta el punto de aventajar en casi 8 puntos y hasta 51 escaños a un PSOE que empeoraría sensiblemente sus ya de por sí catastróficos guarismos de hace cuatro años, y en casi 12 a un Ciudadanos que irrumpiría con fuerza en el Congreso, sí, pero al que doblaría en número de diputados. En condiciones tenidas hasta ahora como normales desde que en 1977 se celebraron las primeras elecciones generales de nuestra democracia, se tendría absolutamente asumido que a Mariano Rajoy, como candidato a presidente del Gobierno del partido más votado, le correspondería presentarse a la investidura. Pero esa regla no escrita de facilitar que el líder del partido mayoritario tenga la iniciativa en la formación de un nuevo Gobierno ha dejado de tener vigencia, si nos atenemos a las declaraciones al respecto de quienes aspiran solo al segundo, tercer o incluso cuarto lugar, si bien logrando los escaños suficientes como para unirlos a los de otras fuerzas políticas para, pese a perder en las urnas, expulsar al PP de La Moncloa y conquistar el poder.

Es más: en condiciones tenidas hasta ahora como normales, un líder del PSOE que desde la oposición cosechara los peores resultados de su partido en la historia de la democracia, y con diferencia (del récord negativo de los 110 de Rubalcaba a los 89 que, como máximo, arrancaría él), se vería obligado a anunciar su dimisión irrevocable esa misma noche. ¿Lo haría Pedro Sánchez si los datos del CIS se hicieran realidad? Casi con toda seguridad que no, ya que, a pesar del desastre electoral sin precedentes, tendría paradójicamente posibilidades de llegar a ser presidente del Gobierno si lograra encabezar un tripartito, no solo con la ultraizquierda de Podemos y sus marcas (sin ir más lejos, sus actuales socios de preferencia en los pactos anti-PP en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas), sino con aquellos a los que califica como 'derecha civilizada' (esto es, Ciudadanos); lo cual puede parecer en principio descabellado, al menos desde un punto de vista político y, sobre todo, ideológico y programático, aunque no lo sería tanto si tenemos en cuenta ciertos acuerdos de esta misma naturaleza en, por ejemplo, pedanías de Murcia y ciertas diputaciones provinciales (sí, de esas mismas que el partido de Albert Rivera promete suprimir).

Demos una nueva vuelta de tuerca: imaginemos que las que aciertan el 20-D son aquellas encuestas que sitúan a Ciudadanos, si bien todavía lejos del PP, en segundo lugar, por encima de un PSOE electoralmente hundido y desahuciado. ¿Actuaría Rivera con la responsabilidad institucional que se le supondría a un líder con una categoría política equiparable a la del mismísimo Adolfo Suárez, tal y como sus corifeos le presentan? ¿Dejaría en consecuencia gobernar al partido y al candidato más votados, con los que procuraría alcanzar acuerdos en materias fundamentales (estabilidad económica e institucional, defensa de la Constitución y la unidad de España, Defensa, Justicia, Seguridad...), lo que no sería incongruente con ejercer de 'leal oposición'? ¿O, en cambio, intentaría por todos los medios alcanzar él mismo la presidencia del Gobierno, pese a que ello forzosamente significaría encabezar una coalición tanto con quienes hace solo cuatro años contribuyeron al agravamiento de una crisis económica que dejaron como pesada herencia, como con aquellos que tienen al chavismo y otros ruinosos populismos como modelo y guía? ¿Esto es, con quienes presentan programas y profesan ideas e iniciativas políticas en principio absolutamente incompatibles con las suyas propias?

Pues bien, la conclusión sería similar a la expresada más arriba a propósito de Pedro Sánchez: semejante dislate político, ideológico y programático, que muy difícilmente podría reportar consecuencias positivas para la gobernabilidad y el bien de España, no resultaría del todo inverosímil dados ciertos pactos 'tripartitos' entre PSOE, Ciudadanos y Podemos que están en vigor en determinados lugares de la geografía española. Máxime cuando el propio Albert Rivera no ha rechazado llegar a La Moncloa de esa forma: él mismo se ha encargado de dejar claro que no debe gobernar quien gane las elecciones, sino quien sea capaz de articular una mayoría parlamentaria; sea cual sea su naturaleza, cabe colegir. Porque, en último término, si de lo que se trata es de lograr por encima de todo el objetivo máximo y declarado de la presidencia del Gobierno, esto es, de alcanzar el poder, quizá Rivera no se vea en otra. Razones poderosas para pensarse muy mucho el voto y la utilidad que pudiera tener.

domingo, 29 de noviembre de 2015

CLARO, Y LIBERAL

Con motivo de su nuevo libro, 'Acabemos con el paro', 'Libertad Digital' (sí, el mismo diario cuya línea editorial presenta al actual PP como un traidor a las esencias liberales, y a Ciudadanos como el partido que los recuperará) entrevista a Daniel Lacalle, prestigioso economista y brillante divulgador del liberalismo económico (autor, entre otros, del magnífico 'Viaje a la libertad económica'). He aquí una significativa secuencia de la misma:

Pregunta de Diego Sánchez de la Cruz: '¿Qué opinión le merecen las propuestas económicas de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos de cara al 20-D?'.

Respuesta de Daniel Lacalle: 'Aunque aún no conocemos al detalle su programa, sabemos que el PP apuesta por el continuismo económico. Al menos eso va en la dirección correcta, ya que se comprometen a devolver el esfuerzo fiscal que exigieron al comienzo de la legislatura (así, añado yo, Mariano Rajoy se ha comprometido en la presentación del programa electoral a volver a bajar los tipos mínimos y máximos del IRPF: del 19 al 17%, y del 45 al 43% respectivamente). Ciudadanos parece un gazpacho caliente, una mezcla poco apetitosa en la que caben algunos tics liberales pero hay mucho dirigismo socialdemócrata. Me preocupa especialmente su complemento salarial garantizado, aprobar algo así en una economía como la española es una invitación al fraude que transfiere al contribuyente los problemas de competitividad de los sectores de bajo valor añadido.

Sobre el PSOE, no olvidemos que Pedro Sánchez ha dicho que quiere recoger el testigo de Zapatero. Por tanto, su programa es volver a 2008... con todo lo que eso conlleva. Me temo que no han aprendido casi nada. Podemos lleva ya cinco programas económicos en poco más de dos años. El más reciente vuelve a ser un batiburrillo de las propuestas del pasado, más radicalizado por la pérdida de voto que acreditan las encuestas. El resultado de aplicar esas medidas sería la quiebra de España, simple y llanamente'.

Más claro, y liberal, agua.

miércoles, 25 de noviembre de 2015

AL PERONISMO LE HAN DICHO BASTA... POR FIN

El carismático Juan Domingo Perón, al que cabe atribuirle el dudoso mérito de convertir en poco tiempo a una tierra de promisión en una auténtica ruina, es el creador de uno de los movimientos políticos más nefastos del siglo XX. Inspirado en el socialismo de Mussolini, de quien fue agregado militar, combinó un intervencionismo y dirigismo asfixiantes con un irrefrenable derroche de recursos que dilapilaba e impedía la generación de riqueza. El Estado autoritario peronista planificaba y prescribía qué camino había de tomar la economía argentina, que no tardaría en entrar en bancarrota. Todo aderezado, eso sí, con el uso y abuso del lenguaje más populista y demagógico, incluidas las inevitables e incesantes declaraciones de amor hacia esos mismos trabajadores, obreros y 'descamisados' a los que se les condenaba al desempleo y la miseria. Más pobres, pero más halagados. Con todo, el peronismo había conseguido hacer de Argentina una sociedad de expectativas, acostumbrada a que el Estado omnipresente le resolviera todos los problemas y le procurara una buena parte de sus ingresos.

Además, el peronismo, articulado, no como partido político, sino como 'Movimiento Nacional' (bajo el rimbombante nombre de 'Partido Justicialista'), no se ha recatado en utilizar una supuesta defensa de la soberanía e independencia económica de Argentina, y por supuesto la protección del 'pueblo' frente a los abusos de las grandes corporaciones internacionales, como coartadas para robar: cabe recordar como reciente ejemplo el latrocinio en 2012 de YPF, filial de la compañía española Repsol, por parte de ese remedo recauchutado de Evita Perón que responde al nombre de Cristina Fernández de Kirchner, durante los últimos ocho años, y para desgracia de unos argentinos que, eso sí, la votaban abrumadoramente, presidenta de la República Argentina. Se trata, en suma, de un nacionalismo trufado de populismo 'descamisao' que ha convertido a uno de los países más desarrollados del mundo en el perfecto ejemplo de insolvencia económica, pero que ha sabido captar como nadie la idiosincrasia del argentino medio hasta identificarse casi plenamente con él.

De ahí los numerosos éxitos electorales del peronismo desde su misma aparición: no por casualidad, Perón sigue siendo el candidato a la presidencia de Argentina que más elecciones ha ganado (en 1946, 1952 y 1973) pese a que le prohibieron presentarse en buen número de ellas; el peronista Carlos Menem el presidente que más tiempo ha permanecido de manera ininterrumpida en el poder (de 1989 a 1999); e incluso en los comicios de 2011 los tres candidatos peronistas lograron acumular nada menos que el 68 por ciento de los votos. Así pues, la hegemonía del peronismo en Argentina ha venido siendo tan indiscutible como dispendiosa, hasta el punto de hacer realidad aquella lapidaria frase formulada por su fundador solo dos años antes de su muerte: 'peronistas somos todos'.

Sabido es que el genial Jorge Luis Borges, argentino universal, aseveró que los peronistas no son ni malos ni buenos, ni de derechas ni de izquierdas, sino sencillamente 'incorregibles'. Tanto, que entre sus dirigentes políticos siempre ha cundido la idea de que, puestos a hacer el inmenso sacrificio de cometer latrocinios por el bien del 'pueblo', algún beneficio habrían de obtener también sus propios bolsillos. Son tristemente célebres, por ejemplo, los episodios de corrupción protagonizados por la familia Perón y su entorno y los desfalcos al erario público perpretados por Menem, familiares y allegados. Pero a propósito de la presidenta todavía en funciones, que para más inri se estrenó apropiándose de los ahorros de todos los argentinos, y de su antecesor en el cargo y difunto marido, Néstor Kirchner, su patrimonio familiar se vio en 2011 incrementado de siete a 89 millones de pesos (es decir, más del 1.000%) justo desde 2003, cuando el matrimonio Kirchner empezó a habitar en La Casa Rosada.

Son significativos ejemplos de la verdadera esencia, corrompida y corruptora, nepótica y cleptocrática, de un peronismo que, empero, ha concitado alabanzas y adhesiones en regímenes y corrientes políticas que pueden parecer absolutamente dispares, pero que tienen en común una indisimulada aversión hacia los sistemas políticos parlamentarios y de economía de libre mercado: así, en España, tanto en su momento en el franquismo (que recibió en plena posguerra a una generosa Evita Perón como una estrella de Hollywood, además de acoger al mismísimo fundador durante su exilio) como ahora en los ideólogos de Podemos (que han presentado a la política populista y onerosa de Cristina Fernández de Kirchner como ejemplo a seguir).

Hasta que llegó Mauricio Macri, un ingeniero y empresario conocido por sus éxitos como presidente del Boca Juniors (lo que siempre da caché por aquellos lares) y, sobre todo, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la que ha sabido convertir en una especie de fortín antikirchnerista. Nadie mejor que él para captar y reunir en torno a su figura el voto del paulatino y creciente descontento generado por unas políticas de gasto público desbocado que han llevado a los argentinos a soportar niveles de inflación 'venezolanos' (hasta del 40%); porque, una vez más, el populismo vuelve a demostrar en su puesta en práctica su carácter  dañino y contraproducente, especialmente para quienes proclaman defender y proteger: los más desfavorecidos.

Así, Macri ha sido capaz de imponerse a todo un régimen de pensamiento único imperante desde mediados del siglo pasado (es, desde 1916, el primer candidato a la presidencia de la República Argentina que, sin pertenecer ni al peronista Partido Justicialista ni a la socialdemócrata Unión Cívica Radical, se alza con la victoria), y sin que tan siquiera la gastada etiqueta de 'neoliberal' que sus adversarios políticos y la gran mayoría de medios de comunicación le han venido colocando (y todo porque defiende sin ambages el libre mercado, la propiedad privada y el rigor en las cuentas públicas; esto es, justo lo contrario de lo que ha conducido a Argentina a la insolvencia económica) haya podido hacerle mella en esta ocasión.

Y es que al peronismo le han dicho basta... por fin. Argentina, aunque parecía imposible, ha dejado de ser peronista. Se abre, pues, paso una oportunidad de oro para que la otrora tierra de promisión vuelva a serlo.

domingo, 22 de noviembre de 2015

CON LA MONARQUÍA, LA DEMOCRACIA

Hoy hace 40 años que, tras la muerte de Franco, don Juan Carlos de Borbón y Borbón fue proclamado Rey por las Cortes. Volvía a España la Monarquía tras cinco años de una República convulsa, sectaria y fracasada, tres años de una trágica y traumática Guerra Civil y nada menos que 36 años de un régimen autoritario que, pese a su paulatino aperturismo, nos situaba fuera de la Europa de las libertades. Una Monarquía, la de Juan Carlos I, que ejercería de verdadero impulsor de la llegada de la democracia a España en forma de régimen constitucional de Monarquía parlamentaria (en realidad, la más adecuada prolongación a nuestra tradición de Monarquía constitucional plasmada y surgida de la Constitución de 1812), que permitiría nuestra integración en las instituciones de la Europa y el mundo libres, y daría paso además a un periodo de estabilidad política y social y de mayor libertad, desarrollo, progreso y prosperidad de toda nuestra historia. Una Corona que, tras la abdicación del propio don Juan Carlos y en aplicación de las previsiones constitucionales al efecto, tiene hoy continuidad en el reinado de su hijo y legítimo sucesor, Felipe de Borbón y Grecia, quien, bajo el nombre de Felipe VI, fue proclamado Rey ante las Cortes Generales, la representación de la soberanía nacional española, el 19 de junio de 2014.

Con Franco moría un sistema político que no reconocía las libertades de expresión, ni de prensa, ni de reunión, ni de manifestación, ni de religión, ni el pluralismo político (porque no prohibió solo el comunismo y la masonería, 'méritos' que se le apuntan, sino cualquier idea política que no se adhiriera a los 'Principios del Movimiento', es decir, que tuviera algo que ver con la democracia liberal), etc.; un régimen, en definitiva, que suponía la negación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. En cuanto a la libertad económica y de empresa, que se suele aducir en defensa del franquismo (como si de la misma manera pudiéramos 'salvar' al Chile de Pinochet o al cruel régimen chino en la actualidad), empezó a ser una realidad muy matizada a partir de 1959, cuando el régimen se abrió económicamente al exterior y los Ministros del Opus emprendieron reformas económicas liberalizadoras (que tanto contribuyeron al crecimiento y desarrollo económico y la consolidación de unas clases medias hasta entonces inexistentes); pero en líneas generales, el franquismo fue básicamente muy intervencionista en la economía: edificó un gran Estado dirigista y paternalista (su rígido sistema laboral se mantuvo fundamentalmente en vigor hasta la reforma aprobada por el actual Gobierno del PP, con los resultados que conocemos), hasta el punto de crear una cantidad de empresas públicas verdaderamente ingente.

También se suele alegar que al franquismo se le debe analizar en su justo contexto histórico y político, y no compararlo con los tiempos actuales en los que predominan los valores democráticos; de la misma forma que enjuiciamos, por ejemplo, el reinado de los Reyes Católicos, tan fructífero para la historia de España. Y así ha de ser, en efecto. Pero las circunstancias que precisamente rodeaban la época franquista eran las siguientes: tras la Segunda Guerra Mundial, en la Europa occidental (si exceptuamos a nuestros vecinos portugueses) disfrutaban de regímenes democráticos y unas libertades que los españoles teníamos sencillamente vedadas. Una situación anómala que duró la friolera de treinta años. 

Fue aquel 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador en la cama (así de débil y minoritaria era su oposición; la de entonces, no la retrospectiva), y con el feliz regreso a España de la Monarquía (que adquiriría su verdadera legitimidad, al menos desde una perspectiva democrática, tres años después, con el refrendo de la vigente Constitución), cuando se iniciaría en rigor la que se conoce como transición democrática. De que el franquismo sin Franco era absolutamente inviable, además de que España necesitaba evolucionar a la democracia dado el carácter obsoleto del régimen, era consciente la inmensa mayoría de la sociedad española; hasta ese sector más proclive a votar a la derecha (aquello que se llegó a denominar, un tanto injustamente, ‘franquismo sociológico’), en el que cabía incluir también a una mayoría de dirigentes políticos procedentes del régimen franquista (que ingresarían en buena parte en la UCD de Suárez, y otros en la AP de Fraga), abogaba en líneas generales por una transición, eso sí, ordenada a la democracia.

No en balde los principales motores del cambio fueron realmente tres pilares del régimen anterior: el propio don Juan Carlos, sucesor de Franco a título de Rey, que utilizó la misma Jefatura del Estado para impulsar los primeros pasos hacia la aprobación de una Constitución que convirtiera su propio poder en simbólico, más propio de las Monarquías parlamentarias imperantes en la Europa occidental; Torcuato Fernández-Miranda, que desde la presidencia de las Cortes, y ‘de la ley a la ley’, hizo posible convertir el sistema jurídico-político en incipientemente democrático partiendo de las Leyes Fundamentales del franquismo; y, por supuesto, Adolfo Suárez, anterior Ministro Secretario General del Movimiento y a quien don Juan Carlos tuvo la intuición y el acierto de nombrar, y ante el asombro general y hasta el rechazo de los cronistas de la época, presidente del primer Gobierno de la Monarquía, cargo desde el que supo propiciar el consenso para llevar adelante las reformas democráticas.

Buena prueba de la conciencia arraigada dentro del mismo régimen franquista acerca del necesario advenimiento de la democracia fue el ‘hara-kiri’ que las propias Cortes franquistas se infligieron cuando, el 18 de noviembre de 1976, aprobaron por mayoría aplastante (más de los dos tercios necesarios) la Ley para la Reforma Política, que, cabe recordar, proclamaba unos principios absolutamente contrarios al franquismo (soberanía popular, supremacía de la ley, inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona, electividad de diputados y senadores por sufragio universal, etc.), amén de establecer un procedimiento para la reforma constitucional. 425 procuradores votaron a favor, 59 en contra y 13 se abstuvieron: nada menos que un voto favorable del 82 por ciento tras un debate que rayó a gran altura dialéctica, donde destacaron especialmente Fernando Suárez en el reformismo y Blas Piñar en el ‘bunker’. Para su definitiva ratificación, se convocó a referéndum al pueblo español, cuyos deseos de cambio hicieron desoír la recomendación de la oposición, que hizo campaña por la abstención: así, con una participación nada menos que del 77 por ciento, votó a favor el 94,2 por ciento de los electores. La nación española se había pronunciado, por tanto, con meridiana claridad: había que devolverle su soberanía por medio de una Constitución de todos.

Para ello, se volvió a convocar al electorado español a unos comicios generales (los primeros desde 1936) que dieran lugar a unas Cortes constituyentes, aunque en su momento no se plantearon así. Y pese a que UCD y AP lograron los escaños suficientes para construir juntos una mayoría absoluta (166+16=182, 6 más de los necesarios), se evitó incurrir en los mismos errores cometidos por los anteriores procesos constituyentes españoles, es decir, elaborar una Carta Magna que satisfaga los valores y aspiraciones de media España contra los de la otra media; de tal forma que el partido del Gobierno pronto empezó a acordar textos y artículos con los demás grupos parlamentarios, fundamentalmente con el socialista, y especialmente en materia autonómica y de derechos y libertades. Tras su abrumadora aprobación final por las Cámaras, se sometió la Constitución consensuada a referéndum: en este caso con menos participación (tan solo el 67 por ciento de un electorado agotado de tantas consultas en tan poco tiempo), un 87 por ciento de los votantes ratificó la Carta Magna un 6 de diciembre de 1978. En esta ocasión, la oposición, que participó en su elaboración, sí recomendó un voto afirmativo (excepto los nacionalistas vascos; no así los catalanes, algo que no está de más recordar en pleno desafío separatista del nacionalismo en Cataluña).

Ahí se acabó el consenso: tras las elecciones generales de 1979, que prácticamente mantuvieron el panorama político, el PSOE aspiraba legítimamente a conquistar el Gobierno y dio un giro a su estrategia, centrada en desgastar al Ejecutivo que volvería a ostentar la UCD. La moción de censura presentada por el PSOE en el Congreso fue una significativa muestra de su táctica basada en desprestigiar la figura de Adolfo Suárez, que finalmente dimitiría. Durante la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, y en un contexto de creciente descontento dentro del Ejército por las reformas emprendidas por el vicepresidente Gutiérrez Mellado, la intensidad del terrorismo y un supuesto surgimiento del separatismo, aparecería el 23 de febrero de 1981 un fantasma desgraciadamente muy frecuente en nuestra historia: el de la asonada, en este caso felizmente abortada por el Rey, que se erigió en garante de la Constitución y la soberanía nacional.

En el arrollador triunfo del PSOE en octubre de 1982 (que significaba la primera llegada al Gobierno de la izquierda desde 1936) marcan muchos historiadores y cronistas el final de la transición democrática. No obstante, considero más bien que culminó realmente con la consolidación de nuestra presencia en la OTAN por referéndum (que el presidente González se empeñó en convocar supuestamente para dar cumplimiento a un compromiso electoral, aunque sería finalmente para confirmar nuestro ingreso y no, como prometió en la oposición, para salir de ella) y nuestra definitiva entrada en la Comunidad Europea (cuyas negociaciones, eso sí, empezaron ya en 1979, bajo el Gobierno de la UCD), ambos acontecimientos en 1986. España, reconocido por fin su sistema político como democrático y de libertades, salía de su aislamiento de las grandes decisiones internacionales y se situaba junto a las democracias occidentales. Ni más ni menos, en el lugar que, por su historia y peso en el panorama mundial, le corresponde. Algo que sin el papel motriz de aquella Monarquía que, encarnada en don Juan Carlos de Borbón y Borbón, había sido proclamada hace 40 años, no hubiese sido posible.

domingo, 15 de noviembre de 2015

FRANCIA, TRAS SU 11-S

Un viernes de noviembre, un dramático 13-N, se ha convertido en el particular 11-S sufrido por Francia. Diez meses después de los atentados contra periodistas y empleados del periódico satírico 'Charlie Hebdo' y policías y personas de ascendencia judía, que tanta conmoción despertaron en todo el mundo, el terrorismo yihadista ha vuelto a golpear con toda su crueldad asesina y criminal en territorio francés, hasta el punto de llegar a sembrar la zozobra y el caos en pleno corazón de París: 129 muertos y 180 heridos, 99 de ellos de gravedad, de resultas de siete atentados en cadena en distintos puntos de la capital francesa y en lugares muy concurridos, especialmente por turistas. La Policía, la Gendarmería y el Ejército francés no tardaron en tomar literalmente París toda vez que el presidente de la República, Hollande, se vio obligado a decretar el cierre de fronteras y el estado de emergencia, en virtud esta última de una ley que data de 1956, promulgada con motivo de la guerra de Argelia.

Esta ley francesa de estado de emergencia, que tuvo su última aplicación en 2005 (si bien limitada a barrios periféricos de París para hacer frente a una ola de disturbios, no en todo el territorio nacional como ahora), contempla medidas de excepción tales como permitir a las fuerzas de orden público restringir la circulación de vehículos y personas, ordenar registros y arrestos domiciliarios sin necesidad de mandato judicial, suspender espectáculos públicos y cerrar lugares de ocio, prohibir manifestaciones en la vía pública (como de hecho así ha procedido la prefectura de policía 'hasta nueva orden'), o incluso instaurar disposiciones de control de la prensa. Se trata, obviamente, de preceptos legales de carácter transitorio y absolutamente necesarios para garantizar la seguridad y la defensa y supervivencia de la democracia y el Estado de Derecho en situaciones excepcionales y de máxima gravedad, pero que demuestran que la mismísima 'Patriot Act', promulgada tras el 11-S y tan vapuleada y reputada de 'liberticida' sobre todo por venir de donde viene (esto es, de los Estados Unidos y de Bush), se queda en mantillas ante la previsión de suspensión temporal de derechos y libertades que establece el sistema legal de la República Francesa. Como ocurre, por cierto, en cualquier régimen democrático que se precie (así, en el nuestro, cuya Constitución recoge los estados de alarma, de excepción y de sitio).

Sea como fuere, esta vez no proceden los pretextos que, con motivo de los ataques de enero, utilizaron quienes siempre en estos casos buscan atribuir alguna culpa a las víctimas (y con ellas a Occidente y nuestro sistema de libertades): en esta ocasión, los yihadistas no han segado la vida de dibujantes que hayan ofendido gratuitamente al Islam, ni tan siquiera de policías que se interpusieran en el camino ni de quienes, como judíos, pudieran sufrir las consecuencias de actos de represalia provocados por la infinita 'maldad' de Israel con respecto a la 'oprimida' Palestina. Los objetivos de atentados tan brutales e indiscriminados han sido personas anónimas e indefensas, sin distinguir nacionalidad, religión ni condición, pero cuya sola existencia, por su carácter de 'infieles', ofende a semejantes fanáticos sanguinarios. Porque nos odian a nosotros, los occidentales, y nuestro sistema de valores; porque quieren acabar con nosotros y nuestro modo de vida basado en la libertad individual, y a estas alturas deberíamos tenerlo claro si queremos evitar que lo logren.

No se trata, pues, de buscar 'venganza', como ha aseverado cierto Mesías con tal de justificar su negativa a adherirse al Pacto Antiyihadista firmado por PP y PSOE y al que se sumará Ciudadanos (y es que, claro, Irán paga); sino, simple y llanamente, de defenderse de un enemigo que persigue tu aniquilación y la de toda una civilización. Y es que, aunque tanto se resistieran a asumirlo en su momento, y precisamente, en la misma Francia, abonada entonces al antiamericanismo fácil, y que abanderaba al albur las tesis de un pacifismo tan buenista como suicida, los atentados del 11-S en Nueva York y Washington supusieron toda una declaración de guerra, no a los Estados Unidos y su política internacional 'intervencionista' y 'belicista', sino al 'satánico' y 'cruzado' Occidente en general; una guerra de carácter global que, por mucho que algunos se empeñaran en negar su existencia, empezó entonces y que continúa librándose ahora, catorce años después, y que, sin ir más lejos, ha llevado a la plena implicación de la propia Francia en los bombardeos contra posiciones del Estado Islámico en Siria. Así, el presidente de la República, François Hollande, ha definido los ataques de París como 'actos de guerra'; mientras que su Primer Ministro, Manuel Valls, ha reiterado que 'Francia está en guerra'.

De la misma manera que tras el 11-S Estados Unidos no debía rendirse y ceder ante el chantaje criminal, sino bien al contrario, y en colaboración con sus aliados, intensificar su lucha contra el terrorismo islamista y perseguir a sus cabecillas allí donde sea menester (de esta forma, no lo olvidemos, se logró debilitar a Al-Qaeda e incluso capturar y matar a su líder, Bin Laden), Francia tras el 13-N, lejos de claudicar y allanarse a la más mínima pretensión fundamentalista, ha de situarse a la vanguardia del mundo libre en la cruenta batalla contra el yihadismo: tanto en nuestros propios territorios, como allá donde se encuentren. Solo así, unidos sin fisuras frente a la barbarie y en defensa a ultranza de los principios y valores que distinguen a las sociedades abiertas y democráticas, venceremos.

Unidad y patriotismo; valores de los que la admirable nación francesa ya vuelve a dar soberanas lecciones al mundo entero: verdaderamente emocionante la entonación al unísono de 'La Marsellesa' por parte de un nutrido grupo de aficionados franceses que, la misma noche de los atentados, salían del estadio de Saint-Denis tras varias horas encerrados en el recinto. Además, obviamente, nadie en Francia atribuye culpa alguna de los atentados islamistas a su Gobierno, pese a que haya participado en bombardeos contra el Estado Islámico en Siria; bien al contrario: al igual que en los Estados Unidos tras el 11-S, todo un pueblo, toda una nación, se mantiene unida en torno a su presidente de la República. Y es que en momentos tan delicados y cruciales es cuando la fortaleza y grandeza de un país adquiere su máxima expresión.

lunes, 9 de noviembre de 2015

REIVINDICAR ESPAÑA COMO GARANTÍA DE LIBERTAD

No se puede permitir que un conglomerado de partidos nacionalistas separatistas coaligados a un movimiento filoetarra, que para más inri representan a tan solo la mitad de un Parlamento autonómico, pretendan birlarle al conjunto del pueblo español su soberanía y que, encima, semejante desafuero quede impune. Nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, ya activa sus mecanismos en defensa de la ley, de la Constitución, de la soberanía nacional y de la unidad de España.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha firmado ya la solicitud al Consejo de Estado de un dictamen urgente previo al recurso de inconstitucionalidad que aprobará un Consejo de Ministros extraordinario. Rajoy pedirá la suspensión automática de la resolución independentista, y solicitará a su vez al Tribunal Constitucional que se comunique a la presidenta del Parlamento catalán que la iniciativa aprobada no tiene ningún valor ni puede tener ninguna consecuencia.

Convocado el Pleno del Tribunal Constitucional, la paralización del plan rupturista será inmediata, hasta que los magistrados decidan sobre su inconstitucionalidad en un plazo máximo de cinco meses. Cualquier iniciativa que a partir de ese momento se derive de la resolución recurrida será considerada ya un acto de desobediencia al TC. Cabe recordar que, tras su reforma recientemente aprobada, el Alto Tribunal dispone por primera vez de herramientas para hacer cumplir sus resoluciones: multas, suspensiones e inhabilitaciones, sin perjuicio de las actuaciones que la Fiscalía emprenda por la vía penal.

Sea como fuere, ni España se va a romper, ni esa mayoría de catalanes que se sienten españoles van a sentirse extranjeros en su propio país. Es el momento de reivindicar con más firmeza que nunca a España como verdadera garantía de la libertad y la igualdad ante la ley, a sus valores y a esos sus símbolos que los once diputados del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña han exhibido en respuesta al último alarde golpista del nacionalismo separatista. No se saldrán con la suya: sucumbirán ante la fuerza del imperio de la ley que rige en una España unida y democrática.

domingo, 8 de noviembre de 2015

ALBERT RIVERA TIENE UN PLAN (O ALGO ASÍ)

Entrevista del periodista Manuel Buitrago a Albert Rivera en el diario La Verdad de Murcia, con motivo de la visita del 'emergente' líder de Ciudadanos a la región murciana:

Pregunta de Buitrago: 'Habla de un plan hidrológico indeterminado, sin precisar. Aquí hay un acueducto que proporciona agua a la Región de Murcia, Alicante y Almería, pero que cuestiona Castilla-La Mancha. ¿Se moja para decir si es partidario de mantener esa infraestructura o no?'.

Respuesta de Rivera: 'Mire, yo no soy técnico hidráulico. Como posible presidente del Gobierno quiero sentar a la mesa a los ciudadanos y trazar un plan para 30 o 40 años. No para un cuarto de hora o unas elecciones. Eso ha hecho que tengamos siempre gente prometiendo agua. Soy catalán, he visto ese debate con el Ebro y he defendido desde hace nueve años que tiene que haber un plan hidrológico. Y claro que el Ebro y que el Tajo-Segura, que los ríos de España son parte de la solidaridad del país. Lo que pasa es que también tengo una conciencia, y tenemos que hacer eso sin cargarnos otras cosas. Por ejemplo, en el caso del delta del Ebro está el debate medioambiental o en otros ríos los caudales ecológicos. No digo que vaya a ser fácil, pero no podemos seguir así. Es lo que ha pasado en los últimos años, y Murcia ha sido el ejemplo de la utilización política y de hacer debates muy encendidos'.

He reproducido pregunta y respuesta en su integridad, tal y como aparecen en el periódico, para que no haya lugar a acusaciones de manipular; a las que, además, son tan dados por aquellos pagos de 'la nueva política' cada vez que se les deja en evidencia. Pues bien: a uno, tras leer este intercambio de impresiones, le mueve la siguiente reflexión: ¿tan difícil le resulta al señor Rivera pronunciarse con claridad sobre un trasvase como el Tajo-Segura, afortunadamente consolidado (por ley, y bajo el actual Gobierno del PP) y absolutamente básico para el desarrollo económico de Murcia, Alicante y Almería nada menos que desde 1979, cuando llegaron a la cuenca del Segura las primeras aguas procedentes del Tajo?

Es más: ¿es de recibo responder con un 'mire, yo no soy técnico hidráulico' acompañado de una ristra de lugares comunes ('sentaré a todos en una mesa', 'un plan que no sea de un cuarto de hora', 'sí, pero hay que proteger el medio ambiente'...), máxime cuando ha venido a Murcia presentándose como el gran 'vertebrador' de España y portador de un plan, tan supuestamente definitivo como inconcreto, que resolverá el problema del agua? ¿Sería concebible una contestación de tono tan displicente en un político del PP o del PSOE sobre materia tan sensible en la mismísima Murcia y sin que se lleve la correspondiente reprimenda mediática y política?

Aviados estamos con el adanismo de ciertos salvadores de la patria.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

LO QUE PEDRO SÁNCHEZ NO HA DE SABER

La última de Pedro Sánchez no fue consecuencia de un 'lapsus', sino de desconocimiento puro y duro. Aunque resulte difícil de asumir para un 'progre', sobre todo de los 'modernos', no fue el Gobierno socialista ('progresista') de Felipe González, que inició su andadura en 1982, quien introdujo el divorcio en la legislación por primera vez en la democracia española, sino el presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, esto es, un Ejecutivo de la UCD (centrista, un conglomerado con democristianos, liberales y hasta 'azules' en sus filas). De ahí que la Ley del Divorcio tenga fecha de 1981, esto es, antes de que el PSOE de González ganara las elecciones y empezara a gobernar. Cierto es que quien adquirió el protagonismo en la tramitación y defensa parlamentaria de la ley fue Francisco Fernández Ordóñez como Ministro de Justicia que era por aquel entonces; pero, señor Sánchez, lo hizo como miembro del Gobierno de la UCD, y antes de que se pasara con armas y bagajes al PSOE.

Que alguien que se dedica a la política del más alto nivel, y que aspira a ser nada menos que presidente del Gobierno, haya mostrado tamaña confusión sobre semejante hito de nuestra democracia (y que alguien que, como él, dice creer en el 'progreso' debería tener claro) es ya de por sí llamativo. Y es que uno debería procurar documentarse antes de dar rienda suelta a sus prejuicios y atreverse a apropiarse de logros que son ajenos.

Pero peor ha sido cuando ha pretendido arreglar su propio desaguisado haciendo uso de una justificación realmente patética: 'solo tenía nueve años'. Cabe colegir, por tanto, que el señor Sánchez tampoco se ve en la obligación de conocer cuándo tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, puesto que tenía tan solo cinco añitos, ni por supuesto en qué año fue ratificada nuestra Constitución vía referéndum (ni hablar del día y del mes, claro), ya que contaba con seis primaveras. Suponemos que al menos sí sabrá la fecha en la que su admirado y loado Felipe González ganó por vez primera los comicios, aunque solo sea porque por entonces tenía diez años bien cumplidos y era ya casi un mocetón.

martes, 27 de octubre de 2015

LIBERAR DE ESPAÑA A LOS MANGANTES DE CATALUÑA

 
Que la declaración golpista pactada entre el conglomerado separatista y los filoetarras de la CUP proclame expresamente, y el mismo día que la Policía registra los predios de la 'Famiglia' Pujol, que 'el proceso de desconexión democrática (sic) no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español' no es sino el reconocimiento del verdadero objetivo del plan independentista: liberar, no al 'poble' de Cataluña, sino a los mangantes de Cataluña de las garras españolas; esto es, de sus instituciones, de su Justicia ('¡fuera la Justicia española de Cataluña!', gritaban quienes acompañaban y vitoreaban a Mas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia), de su Estado de Derecho en suma.

Aquellos que han dedicado décadas a erigir un régimen de pensamiento único nacionalista basado en el odio a España y lo español ('Espanya ens roba', era la consigna de los mismos que se han estado enriqueciéndose apropiándose de lo ajeno) no lo han hecho precisamente en balde: pretendían generar el caldo de cultivo para un día ser capaces de dar el paso de intentar ostentar un poder absoluto e incontestable y, de esa forma, disfrutar de total impunidad para no tener que responder de sus desfalcos. Y creen que ese momento ha llegado ya, y máxime ahora, cuando España, sus leyes y sus instituciones aprietan.

Ante esta nueva vuelta de tuerca del desafío separatista, todo el rigor de la ley y la Carta Magna que nos dimos todos los españoles, catalanes incluidos. Como ha advertido el presidente Rajoy, 'el Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos jurídicos que le atribuyen la Constitución y las leyes'. Y todos han de ser todos. Es también, pues, momento de apelar a la unidad sin matices de los partidos constitucionalistas, en especial PP, PSOE y Ciudadanos, en torno al Gobierno de la nación en su cometido de defensa de la unidad de España y la soberanía nacional del pueblo español. Tanto Sánchez como Rivera han recibido sendas llamadas del jefe del Ejecutivo para articular una respuesta unitaria a la amenaza golpista, que no haría sino fortalecer nuestra democracia.

domingo, 25 de octubre de 2015

¿PARA QUÉ PUEDE SERVIR EL VOTO A CIUDADANOS?

Es momento de plantear sin ambages la pregunta, habida cuenta de que ya hay quien está pasando de las palabras, o de su calculada ambigüedad, a los hechos: ¿para qué puede servir el voto de cierto elector que se deje llevar por los cantos de sirena de la corriente mediática antimarianista, de esa supuesta derecha fetén que presenta a Ciudadanos y su líder como la prolongación del 'auténtico' PP de Aznar, cuando no, como hace últimamente, de la UCD de Suárez con tal de justificar y hasta aplaudir las apelaciones al 'centro' de Rivera (a él sí; al mismo Aznar en su momento, no, bien al contrario)? Pues, ni más ni menos, para que el PSOE, aún saliendo derrotado de las elecciones, regrese al poder solo cuatro años después del gran desaguisado dejado por su último Gobierno, y que tanto ha costado arreglar. Lo sabemos de boca del mismísimo Rivera, que no ha descartado apoyar al candidato del partido perdedor, y cuya figura, harto significativamente, disfruta de una oportuna promoción por parte también de los medios de Prisa, incluidas encuestas muy, pero que muy cocinadas y condimentadas. ¿Hay alguien que todavía se cree eso de 'la marca blanca del PP'?

La legislatura que recién termina será a buen seguro recordada como aquella en que una España en práctica quiebra económica y al borde del rescate de Bruselas había logrado remontar, hasta el punto de situarse como el país que mejor reduce el déficit, más crece y más empleo crea de toda la Unión Europea: unos cuatro años en los que habíamos pasado de ser el enfermo de Europa al mejor ejemplo a seguir, a la nación que más vigor muestra. Desde luego, el regreso de un oneroso y ruinoso socialismo al Gobierno de la nación, con sus recetas gastadas y típicamente intervencionistas (como las que todavía presenta Pedro Sánchez estos días), sería absolutamente contraproducente por cuanto supondría un verdadero retroceso, una vuelta a un pasado indeseable. 

Afortunadamente, las últimas encuestan vaticinan que el PSOE de Sánchez, cuyas expectativas son de batir marcas históricas negativas pese a no sufrir el desgaste del poder, se mantendrá en la oposición. De tal forma que solo un disparatado tripartito PSOE-Ciudadanos-Podemos (y necesitando el complemento de algún partido minoritario como podría ser IU) desplazaría al PP del Gobierno. En tal supuesto, la muerte política de Albert Rivera, que sabe muy bien de dónde proceden tantísimos de los votos que han hecho crecer exponencialmente a su partido, sería cuestión de poco tiempo, por lo que la misma aritmética parlamentaria le impediría en principio llevar a cabo su no declarada pero inferida preferencia, que es apoyar a un Ejecutivo socialista. Pero no sería de extrañar que ese gran líder nacional, ese providencial salvador de la España constitucional, ese Suárez redivivo acabe perpetrando semejante dislate político e ideológico, máxime teniendo en cuenta el actual proceder de su partido (que obviamente cuenta con el visto bueno de quien ostenta su hiperliderazgo): tan exigente con el PP en Madrid (donde vota sistemáticamente en contra del Gobierno de Cristina Cifuentes, paradójicamente tras respaldar su investidura) o Murcia (donde, sin ir más lejos, anda estos días repartiéndose con el PSOE las presidencias de aquellas 34 Juntas Municipales en las que el PP ha ganado sin mayoría absoluta, y contando para ello con la activa complicidad de la extrema izquierda), como condescendiente con el PSOE en Andalucía (cuya imputación de altos cargos -cinco en concreto- no son motivo de un veto que sí utilizan contra el PP, como no prestar su apoyo a un techo de gasto que ha impedido la aprobación de los presupuestos autonómicos en Murcia, y con ello las partidas dedicadas a la dependencia, a que los funcionarios recuperasen en enero su paga extra, y al normal funcionamiento de los servicios públicos en general).


El caso de Murcia, donde para más inri, y según el CIS, nada menos que el 67% de los electores que votaron a Ciudadanos prefieren un pacto de los 'naranja' con el PP, resulta especialmente significativo y lacerante. Así, en los barrios y pedanías de la capital murciana se ha constituido un cuatripartito PSOE-Ciudadanos-Ahora Murcia (Podemos)-Cambiemos Murcia (IU), que no es sino la plasmación de ese 'Tinell' a la murciana que fue el Pacto del Moneo. Para los promotores de semejante Frente 'antipopular' (en un doble sentido: contra el PP, y también contra la voluntad mayoritaria expresada en las urnas), las Juntas Municipales y de Distrito de Murcia no son un ámbito de gestión y participación ciudadana en el que se hace política a pie de obra, en el que se da cauce a las demandas más inmediatas y directas de los vecinos, sino un mero juego consistente en el pase de la pelota, en repartirse parcelitas de poder. Porque Ciudadanos, tras entregarle San Pío X, Guadalupe, Aljucer y Rincón de Beniscornia al PSOE sin tener reparo alguno en unir sus votos a los de la izquierda antisistema, y después de jurar y perjurar que no iba a ocupar ningún 'sillón', ya se ha sentado en uno: en el de la pedanía de Los Dolores, cuyo nuevo alcalde pedáneo es el único vocal que el partido 'naranja' ha conseguido allí... frente a los cuatro obtenidos por el Partido Popular. Y es solo el primero de otros que poseerá de esa forma (se habla de Santiago y Zaraíche, Espinardo o Santiago el Mayor), habiendo ocupado siempre el tercer lugar en las preferencias de los electores y a considerable distancia del más votado.

Encima, para justificar estas prácticas tan propias de la 'vieja política', Ciudadanos de Murcia se atreve a utilizar el pretexto de la 'regeneración democrática': no hay acuerdo con el PP en ningún barrio ni pedanía mientras presente como candidatos en otros lugares a alcaldes pedáneos que lleven más de ocho años en el cargo, incluidos los que hayan logrado mayoría absoluta. Regla que aplica rigurosamente, sí, pero solo en el caso del PP: así, además de apoyar en Javalí Viejo a un pedáneo socialista que lo es ya ¡28 años!, ha hecho presidente de la Junta Municipal de Guadalupe a quien lo fue durante justamente ocho años (de 1987 a 1995) con el PSOE, y tampoco ha tenido empacho alguno en conceder su voto a quien fue alcalde socialista de Rincón de Beniscornia hace 20 años.

Ni 'regeneración' ni zarandajas: se trata simplemente de apuntarse a un nuevo 'cordón sanitario' contra el partido que ha ganado las elecciones municipales en 60 de las 65 pedanías y distritos de Murcia: el PP. Y, de paso, y sobre todo, de tocar poder ya, no vayan a verse en otra. Para despejar cualquier duda, el inefable Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional y que hace las veces de cabeza regional de la formación política, ha respaldado públicamente esos cuatripartitos con el PSOE y la ultraizquierda; y, evidentemente, tamaño proceder frentista no hubiera podido producirse sin la aquiescencia de un 'hiperlíder' nacional en cuyo partido ninguna hoja se mueve sin su expresa o tácita aprobación.

Y es que más de uno debería pensarse muy mucho su voto durante estos dos meses que restan para acudir a las urnas. Porque su papeleta puede adquirir una utilidad, sí, pero justo para lo contrario de lo que crea que sería lo mejor para España. Que el furibundo antimarianismo mediático, pese a todo, continúe presentando a Ciudadanos como la gran esperanza blanca que recuperará los valores supuestamente perdidos de la derecha eterna es harina de otro costal: su objetivo no es otro que cargarse a su denostado Mariano, y así caiga España.

martes, 20 de octubre de 2015

A VUELTAS CON EL ANTICLERICALISMO DEL PSOE

Constitución española, artículo 16, apartado 3: 'Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española (por lo que nuestro Estado no es laico, sino aconfesional) y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica (de ahí los acuerdos con la Santa Sede que, lejos de representar una reminiscencia del franquismo, fueron firmados el 3 de enero de 1979, esto es, en la España ya democrática y constitucional y en virtud de su ratificación por unas Cortes salidas de las urnas) y las demás confesiones (así, los acuerdos de cooperación con las iglesias evangélicas y las comunidades judía y musulmana, fechados en 1992)'.

Constitución española, artículo 27, apartado 3: 'Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (por lo que en los centros de enseñanza públicos se ha de impartir asignaturas de religión a libre elección de los padres, y por supuesto no impedir ni limitar que se haga lo propio en los centros privados)'.

¿O quizá esa maravillosa y cuasi-mágica reforma constitucional que el PSOE de Sánchez propugna pero no concreta incluiría la revisión de estos preceptos de nuestra Carta Magna, para lo cual necesitaría de un muy improbable consenso con su denostado (entre otras razones, por 'clerical') PP? ¿O más bien pretendería convertir a España en 'Estado laico' a golpe de Decreto y por medio de hechos consumados? En realidad, llueve sobre muy mojado: siempre que el PSOE se ha visto en apuros o bajo la necesidad de movilizar a su electorado más escorado a la izquierda, echa mano de uno de sus dos mantras favoritos (o de ambos a la vez): bien de un antifranquismo retrospectivo, bien de un anticlericalismo gastado y rancio. Véase Alfonso Guerra en sus tiempos de furibunda oposición, véase Zapatero en su declarada búsqueda de 'generar tensión'.

Eso sí: al final, y siempre a la hora de la verdad, mucho ruido y pocas nueces.

sábado, 17 de octubre de 2015

ÉXTASIS 'MASIANO'

'El nacionalismo es la guerra'. Tan contundente afirmación no vino de 'Madrit', del malvado y opresor centralismo español, sino del corazón de la vieja Europa, de aquella misma Europa en la que la Cataluña secesionista aspira a mantenerse tras separarse de España: concretamente, de Merkel y Hollande, emulando una declaración conjunta que emitieron hace veintiséis años Helmut Kohl y François Mitterrand con motivo del 75 aniversario de la Primera Guerra Mundial. Y es que en ningún sitio como en Alemania y Francia son tan conscientes del desgarro provocado y la mucha sangre derramada por una verdadera locura colectiva, la que acompañó al triunfo de un movimiento político que significó la apoteosis de lo irracional.

Naturaleza colectivista y de ribetes totalitarios de un nacionalismo que anula cualquier individualidad por cuanto a esta se la somete siempre a la uniformidad exigida por la etnia. De ahí sus políticas liberticidas (en enseñanza, comercio, medios de comunicación...) orientadas a la ingeniería social y la construcción de un régimen de pensamiento único; de ahí demostraciones de fuerza plasmadas en exhibiciones típicamente fascistoides como la que tuvo lugar con motivo de la entrada al Palacio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del mártir (que no héroe, como demostró en su cobarde declaración en la sala) Mas, que se permitió responder a la fidelísima, inquebrantable y entusiasmada concurrencia (en la que resaltaban las varas en alto de los alcaldes) con un saludo de significado tribal, brazo arriba. Gesto que puede parecer grotesco, como de hecho lo es, pero que resulta a su vez muy simbólico y revelador: se trata de la pura apelación a las vísceras, a la mera pertenencia grupal frente al 'otro'.

El etnicismo, por su propio carácter irracional, no se para en barras ni ante las libertades individuales, ni ante las leyes. Las concentraciones de partidarios del separatismo a la puerta de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y los desfiles procesionales de los miembros del Gobierno de la Generalitat junto a la consejeros imputados, culminados en el éxtasis 'masiano', significaron, amén de la escenificación del victimismo tan propio del nacionalismo, un intolerable acto de presión de un Ejecutivo autonómico hacia la Justicia y, como tal, un ataque al Estado de Derecho. Lo que viniendo del nacionalismo catalán, que si por algo se caracteriza es por pasarse por el forro de sus caprichos la Constitución y las leyes, no tendría que extrañarnos: si atropellan la soberanía nacional del pueblo español, por qué no iban a hacer lo mismo con Montesquieu y la división, siquiera formal, de poderes.

viernes, 16 de octubre de 2015

EL CAMINO SEÑALADO POR EL PSOE DE SÁNCHEZ

520.000 empleos en lo que llevamos de año (un millón en total desde que empezó la legislatura) y 350.000 parados menos que los que dejó Zapatero; con todo, España crea la mitad de puestos de trabajo de toda la Unión Europea. ¿Y cuál es la gran promesa recientemente anunciada, y por tanto reafirmada, por el PSOE y por Pedro Sánchez en persona? Justamente, derogar la reforma que, precisamente, y por haber adaptado la legislación y las relaciones de trabajo, que eran básicamente las heredadas del franquismo, a la flexibilidad demandada por los nuevos tiempos, lleva reportanto resultados tan positivos: la laboral. Aunque, eso sí, mantendría las indemnizaciones por despido; lo cual, tratándose de uno de los 'recortes' más criticados y descalificados hasta ahora por los dirigentes socialistas (y por supuesto sus sindicatos afines) a lo largo de la legislatura, no deja de relevar un reconocimiento, siquiera implícito, de que tan controvertida e impopular medida ha sido un acierto. Y además, como no podía faltar la demagogia, subiría el Salario Mínimo Interprofesional (hasta alcanzar los 1.000 euros en ocho años), pese a que, según la generalidad de los economistas de distinto pelaje, no haría sino provocar más paro. 

Porque, ya puestos, ¿por qué elevarlo solo a 1.000 euros y no a 2.000? Así todos cobraríamos más por nuestros trabajos y seríamos más ricos, ¿no? Y qué sencillo sería. Pero es que resulta que los principios de la economía y su aplicación a la vida real son muchísimo más complicados. La misma fijación de un Salario Mínimo expulsa a buena parte de un determinado sector de la sociedad, concretamente al más joven y sin titulación, del mercado laboral, porque con ello la oferta de trabajo dirigida a ese sector disminuye considerablemente: vamos, que el mismo SMI crea ya de por sí paro. Y cabe imaginar hasta qué punto si además lo subimos arbitrariamente, o al albur de corrientes más o menos demagógicas o electoralistas.

No se trata de una apreciación personal de índole ideológica, ni de pura teoría procedente de los economistas 'neoliberales' llevados por sus prejuicios favorables al 'capitalismo salvaje'; prácticamente cualquier economista más o menos solvente, sea liberal, sea socialdemócrata (y que no tenga como tarea, muy legítima por otra parte, desgastar al Gobierno de turno y hacer populismo fácil en la búsqueda de votos), sostiene lo mismo, porque además la práctica en ese sentido es muy indicativa: precisamente aquellos países europeos que carecen de Salario Mínimo (como Suiza, Suecia y Alemania), no solo cuentan con los índices de desempleo más bajos, sino que los sueldos que se pagan por esos lares son, por ejemplo, un 65% superiores a los de la media en España.

Así pues, y con semejantes propuestas, no son de extrañar los indudables 'éxitos' del PSOE en materia de empleo. El más reciente: los 3,5 millones de parados bajo su último Gobierno. El de Zapatero, en efecto. He ahí el camino que nos señala Pedro Sánchez.

lunes, 12 de octubre de 2015

SOBRE LA FALACIA DEL 'GENOCIDIO' ESPAÑOL

Tenían que dar la nota en la celebración de un Día de la Hispanidad que, por su carácter de exaltación de nuestra historia común y del Descubrimiento de América, y al igual que la bandera y el himno nacionales, reputarán sin duda como herencia del franquismo. Primero, con la ridícula farsa del Mesías Iglesias, quien, tras amagar con reaccionar como damisela ofendida por, supuestamente, no haber recibido una invitación que sí se le cursó, finalmente tuvo a bien no acudir a la recepción en el Palacio Real (eso que ganaron tanto los anfitriones como los invitados); después, con los desahogos en las redes sociales tanto de ciertos indocumentados de la secta de extrema izquierda a los que el PSOE ha puesto como Alcaldes, concretamente Colau y 'el Kichi', como del tristemente célebre 'progre-artista' y apologista de los crímenes del castrismo, el cretino y zafio Toledo (qué boda sin la tía Juana), con cuyas asquerosas 'deposiciones' en facebook ha intentado ensuciar nuestra Fiesta Nacional.

Desde luego, cabe reconocer que si de algo saben semejantes sujetos es de exterminios en masa, sobre todo de los llevados a cabo por regímenes de índole totalitaria que constituyen su norte político. Pero el falazmente calificado como 'genocidio' español en América no es más que una vil y monumental mentira surgida de aquella trasnochada 'leyenda negra' de origen anglosajón que ha tenido cierta fortuna, desde sus comienzos en el siglo XVI hasta nuestros días; sobre todo en ciertos ámbitos académicos marxistas y/o de izquierda acomplejada, y que la propaganda antiespañola actual, en la que hacen frente común el nacionalismo separatista y los movimientos ultraizquierdistas y antisistema, no hace más que seguir a pies juntillas para divulgarla y presentarla como verdad histórica irrefutable. Porque de lo que se trata es de desacreditar nuestra historia y, con ello, a España como nación y proyecto común.

Hay que partir de un hecho: y es que no, no siempre los españoles se encontraron durante el Descubrimiento de América a almas puras y cándidas a las que, empero, y según reza cierta publicidad de evocaciones rousseanianas (las del 'buen salvaje'), sometió e incluso 'aniquiló' de manera inmisericorde. Bien al contrario, hubo ocasiones en que los conquistadores tuvieron que hacer frente a enemigos que se empleaban con una crueldad verdaderamente atroz, como fue el caso de los caníbales aztecas que exterminaron sin miramientos en junio de 1520 a los integrantes de una caravana de Hernán Cortés, incluidos mujeres y niños.

Aun así, y al contrario que en la colonización llevada a cabo precisamente por el país de donde procede la 'leyenda negra' contra España, Inglaterra (con la que trataba de desprestigiar a la que era su principal rival comercial y militar), la española se caracterizó por el mestizaje, esto es, por el cruce y la mezcla de distintas razas y etnias como consecuencia de matrimonios mixtos y uniones sexuales entre españoles procedentes de la metrópoli y nativas; a ello contribuyeron sin duda los menores prejuicios raciales derivados de la tradición de siglos de convivencia entre árabes, judíos y cristianos en España. De tal forma que la población actual de los países hispanoamericanos comparte en diversos grados antepasados indígenas, europeos y hasta africanos; evidencias de un mestizaje que es prácticamente inexistente en territorios conquistados por Inglaterra, Holanda e incluso Francia, donde tachaban de 'impuras' a razas que no fueran las suyas. Cabe concluir, pues, que las prácticas de 'genocidio' las llevaron a cabo más bien quienes se permitían denunciarlas en el poderoso adversario español.

Además, a la bula 'Sublimis Deus' del Papa Pablo III en 1537, que declaraba a los indígenas hombres con todos los efectos y capacidades de cristianos, había que unir las normas y leyes españolas que ponían a los naturales del Nuevo Mundo bajo la protección de la Corona española. Hasta el punto de que, en palabras del historiador hispanista estadounidense Lewis Hanke, 'ninguna nación europea se responsabilizó de su deber cristiano hacia los pueblos nativos tan seriamente como lo hizo España'. Así, ya tras el primer viaje de Cristóbal Colón, Isabel la Católica decretó que los indígenas habrían de ser considerados como súbditos de pleno derecho de la Corona de Castilla, y que por tanto no deberían ser tratados ni como esclavos ni como gentes colonizadas. A partir de ahí, vendrían en 1512 las Leyes de Burgos, firmadas por Fernando el Católico, que dotaban al indio de naturaleza jurídica de hombre libre con todos los derechos de propiedad, si bien como súbdito debía trabajar para la Corona, aunque sin ser explotado.

Legislación revisada treinta años más tarde, en 1542, por Carlos I de España, quien, influido por las denuncias de abusos de Fray Bartolomé de las Casas y la doctrina de los 'justos títulos' de Francisco de Vitoria, y tras las conclusiones de una comisión convocada por él mismo, promulgó las 'Leyes Nuevas'; en virtud de las cuales se suprimieron las contraproducentes 'encomiendas', utilizadas por colonizadores para someter a indios a trabajos forzados, y se regulaban con más detalle los derechos y libertades de los nativos para procurarles una mejor condición de vida. Así pues, ninguna Monarquía como la española se dedicó a acometer reformas legales que buscaran garantizar un trato justo a los naturales de sus territorios de América, lo cual se compadece bien poco con un propósito genocida que, por su propio carácter, habría de ser planificado desde las más altas y poderosas instancias.

Y es que el 95% de las muertes que tuvieron lugar tras la llegada de Colón fueron debido, no a la infinita crueldad española, sino a unas enfermedades que se transmitieron desde el viejo Continente a una América biológicamente vulnerable. Negar que, aun así, hubo excesos, atropellos, atrocidades y actos de esclavitud, propios de una época en la que prevalecían unos ultrajantes 'derechos de conquista' y los principios humanitarios hacia 'el diferente' no estaban precisamente muy extendidos, sería faltar a la verdad. Ahí están las mismas acusaciones de un Bartolomé de las Casas (dominico español, para más señas), quien más bien, y precisamente, pretendía denunciar las contradicciones entre el fin, que no era otro que la evangelización de los indios, y los medios utilizados; recriminaciones de las que, por cierto, tomaron buena nota en la metrópoli española para actuar en consecuencia y elevar la protección legal a los indígenas.

Normas y leyes de defensa del nativo sancionadas por la Corona española, y mestizaje extendido y consolidado en Hispanoamérica tras más de 520 años de la arribada de las naves de Cristóbal Colón a la isla de La Española. ¿Dónde está el genocidio, sino en la infame y embustera versión de la historia de la propaganda antiespañola, de la añeja y de la actual, de la extranjera y de la propia? No tengamos complejos en desmentirla y ponerla en su sitio.

miércoles, 7 de octubre de 2015

¿HAY RAZONES PARA VOTAR AL PP... Y A RAJOY?

Al calor de unos magros resultados en unas elecciones tradicionalmente adversas para el PP y la consiguiente bronca de quien lleva tiempo ejerciendo de 'conciencia crítica', ciertos intrigantes seudomediáticos y conspiradores de salón (en realidad, los de siempre, los que se la tienen jurada desde hace tiempo por no haber logrado de él lo que pretendían) intensifican sus movimientos para descabalgar al presidente bajo cuyo mandato España está superando la peor crisis económica de la historia reciente. Aunque ahora resulta que, según dictamina el inefable y furibundo antimarianismo mediático, nuestra economía tampoco va bien, pese a crecer por encima del 3 por ciento cuando casi ayer mismo estábamos en recesión, y además crear la mitad del empleo de toda la Unión Europea: esto es, unos números que con Aznar indicaban un 'milagro económico' sin precedentes, con Mariano no son más que fruslerías. Es que ya ni la mejoría económica (que el español medio empieza a notar según el último índice de confianza del consumidor, que también bate récords) le reconocen, y menos aquellos supuestos irreductibles guardianes de las 'esencias' de la derecha más pura; a los que, sin embargo, no les importa poner en un brete la candidatura del PP a la presidencia del Gobierno a apenas dos meses de las elecciones generales, y con ello generar una inestabilidad en la derecha política que allane el camino de las izquierdas hacia La Moncloa. Pero todo vale con tal de cargarse a Mariano, hasta poner en riesgo la recuperación y la estabilidad política y económica.
 
Porque, insisten algunos, Mariano es un traidor a los ideales y principios clásicos liberal-conservadores del PP y, desde el Congreso de Valencia, se ha dedicado a 'depurar' a aquellos que mejor los defendían y representaban; pese a, por ejemplo, haber presentado como candidatos en elecciones tan recientes e importantes a militantes ilustres, y de ideas tan claras y firmes, como Esperanza Aguirre y Xavier García Albiol (quienes, por cierto, y con ser apreciables sus resultados, no lograron movilizar al 'votante-tipo' de la derecha en la medida esperada). Sea como fuere, y reconociendo que a uno le hubiese gustado que el PP actual hubiese llevado a cabo una política de mayor impronta liberal, medidas como la flexibilizadora (y liberalizadora) reforma laboral (que tan magníficos efectos está reportando), la liberalización del comercio y del transporte, leyes como la de unidad de mercado o la de desindexación de la economía española, las últimas bajadas de impuestos en virtud de las cuales se han situado de media por debajo de como estaban con Zapatero (tras subirlos, eso sí, ante la urgencia de reducir el déficit público, objetivo que se está logrando), la rebaja del gasto público hasta representar solo un 43,6% del PIB (sensiblemente por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 48,1%), la reforma de las Administraciones Públicas que ha supuesto un ahorro de casi 30.000 millones de euros y la eliminación de más de 2.000 organismos y empresas públicas..., no parece que sean muestras de una ejecutoria contraria a los fundamentos económicos de un PP liberal. 

Respecto a los principios ideológicos, o incluso los llamados 'éticos', y habiendo criticado que, por ejemplo, la reforma de la ley del aborto se haya convertido en 'minirreforma', y que la de la Justicia no haya incluido el cambio de sistema de elección de los jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial, no cabe considerar traiciones las medidas legales que por primera vez en la democracia se han tomado contra el que es el principal lastre electoral del PP junto a las impopulares políticas 'anticrisis', esto es, la corrupción (como tipificar como delito la financiación irregular de los partidos políticos, o exigir legalmente al que se apropie de dinero público que devuelva lo robado); tampoco la reforma educativa que se conoce como LOMCE (que aunque, cierto es, podría haber sido más ambiciosa, elimina el adiestramiento en las aulas y destierra la nefasta filosofía 'logsiana' al poner en valor el esfuerzo y la motivación y reforzar la autoridad del profesor); y ni muchos menos la Ley de Seguridad Ciudadana (que impide que se utilice el derecho de manifestación como parapeto de actitudes violentas, o que dota de cobertura legal a la Guardia Civil en su lucha contra la inmigración ilegal en las fronteras), o la reforma del Código Penal (que, por ejemplo, implanta la prisión permanente revisable para crímenes de especial gravedad, una de las demandas más extendidas en el electorado, especialmente en el que vota al PP). 

Ahora bien: que algunos presenten a Ciudadanos, un partido de centro-izquierda socialdemócrata (que así mismo se declara), como el que va a recuperar ciertos valores eternos de la derecha de toda la vida, es ciertamente de aurora boreal. Como resalta la profesora Edurne Uriarte en su blog en ABC: 'Desempolva Rivera el viejo concepto acomplejado, también lo del centrismo que tanto ha usado la derecha para no pronunciar la palabra derecha, y hay un ahhhh, un ohhhh generalizado'. La de sopapos que le dieron en su momento a Aznar, por cierto los mismos que ahora le consideran como la verdadera personificación del 'macizo de la raza', cuando empezó a definir al PP como 'centrista'. Y lo que le llovería a Mariano si se pronunciara en el mismo sentido. Pero Rivera, además de ser más joven y guapo que Rajoy, es el asidero al que se agarra ahora cierta derecha antimarianista que, en último término, demuestra adolecer justamente de la misma tara que le reprocha al PP actual: la de ser una derecha tan vergonzante que intenta ocultar su verdadera condición; en este caso, apoyando a un líder político con halo de 'progresismo'. Porque muchas veces los políticos no son más que reflejo de su propio electorado.

En conclusión: en el mercado electoral español, y dentro del consenso socialdemócrata vigente, el PP sigue siendo el partido con posibilidades de gobernar u obtener representación política que más se acerca, y de lejos, al liberalismo, o más bien a un liberalismo conservador. Este PP de Rajoy, sí. Razones, por tanto, desde esa perspectiva ideológica, y descontando antipatías, rencores y hasta fobias de índole más bien personal, hay para votarle.