martes, 24 de junio de 2014

UN JUSTO Y MÍNIMO RESARCIMIENTO

Descendiendo a la letra pequeña de la reforma fiscal presentada por el Gobierno del PP, por fin una realidad aun en contra de las recomendaciones de Bruselas, cabe reconocer que las reducciones de impuestos que contempla (de una media del 12.5% para todos los contribuyentes) son en general audaces: especialmente para aquellos que ingresan menos de 24.000 euros al año, el 72% de los declarantes, a los que se aplicará una rebaja media del 23%; con lo cual pagarán incluso menos impuestos que antes de las subidas decretadas por Rajoy, recordemos, nada más llegar al Ejecutivo. A las rentas más altas, consideradas como tales aquellas de más de 100.000 euros anuales, también se les baja el IRPF, aunque pagarán más que en 2011. 

También son resaltables los beneficios fiscales a las familias, que incluyen aumentos de deducciones a las familias numerosas y con discapacitados y elevaciones de los mínimos exentos familiares; las menores retenciones fiscales a los autónomos, que se aplicarán ya el próximo mes de julio; y la reducción del Impuesto de Sociedades, que será de cinco puntos en dos años. Eso sí, como contrapartida, los alquileres tendrán peor tratamiento fiscal y las indemnizaciones por despido (bajo determinadas condiciones) afrontarán IRPF; si bien no deberán hacerlo los perjudicados por la venta de preferentes y quienes se hayan visto obligados a entregar sus viviendas al banco como dación en pago.

En suma, un nuevo marco fiscal, éste sí, acorde con las promesas electorales del PP y el ideario que se espera profese y ponga en práctica, que no es otro que el liberal-conservador: el que defiende que liberando de obstáculos e impedimentos a las empresas, a las familias y a los ciudadanos en general y promoviendo la libre iniciativa empresarial y la búsqueda del beneficio económico es como se crece, prospera y progresa. Y, por tanto, de tal manera es como se facilita la reactivación económica y, a su vez, un aumento de los ingresos fiscales, como consecuencia precisamente de la mayor actividad económica que se genera. Todo lo cual no debería obstar para seguir aplicando una política de rigor en el gasto público con el fin de no dejar de cumplir los objetivos de reducción del déficit.

Y, sobre todo, se trata de un justo y mínimo resarcimiento a unas clases medias, en especial aquellas pertenecientes a los estratos más dinámicos de la sociedad, a las que se les ha exigido enormes sacrificios para lograr cuadrar unas cuentas públicas heredadas en estado calamitoso. Pero donde mejor está el dinero es en el bolsillo del ciudadano, y ya iba siendo hora de hacer realidad principio económico liberal tan básico como juicioso.

viernes, 20 de junio de 2014

FELIPE VI: POR LA CONCORDIA Y LA UNIDAD

Los españoles hemos sido testigos estos últimos días de unas jornadas memorables, que harán historia en nuestra querida y gran nación. El proceso de relevo en la Corona de España culminó cuando el Rey Juan Carlos I, con el preceptivo refrendo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sancionó y promulgó la ley de abdicación aprobada por una abrumadora mayoría de las Cortes Generales. Tras estampar su firma en el Palacio Real, abrazó a su hijo y tuvo el gesto simbólico de cederle la silla. A partir de esa misma medianoche, y en virtud de las previsiones constitucionales al efecto, comenzaba el reinado de Felipe de Borbón y Grecia bajo el nombre de Felipe VI; si bien después debía ser proclamado Rey ante las Cortes Generales, esto es, ante la representación de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y el cual, como tal y en consecuencia, se sitúa por encima de la misma Monarquía. Y ha sido un 19 de junio, Día del Corpus Christi.

Como era de esperar de un hecho de tantísima trascendencia en nuestra historia, muchísimo se ha escrito y hablado sobre los actos de proclamación de Felipe VI como Rey de España. Sea como fuere, resulta digno de destacar que la celebración del acontecimiento propiciara que saliera a las calles de Madrid una verdadera mayoría silenciosa; no la que se suele apropiar por las bravas de la vía pública blandiendo insignias inconstitucionales, no aquella que promueve asedios al Parlamento al estilo golpista, sino la que defiende el actual sistema democrático y constitucional de Monarquía Parlamentaria que, amén de edificarse sobre la reconciliación y concordia entre españoles tras tantísimos años de enfrentamientos cainitas, ha hecho posible el período de mayor estabilidad política, progreso y prosperidad de la historia reciente de España. Vitoreando al nuevo Rey Felipe VI y agitando las que sí son banderas constitucionales: las rojigualdas, que son las de España desde el reinado de otro Borbón, Carlos III.

Respeto al acto de proclamación en el Congreso, y dentro de un discurso de altura (especialmente oportuno fue su recuerdo a las víctimas del terrorismo, quienes, en efecto, 'perdieron su vida o sufrieron por defender nuestra libertad' y, por tanto, 'la victoria del Estado de Derecho, junto a nuestro afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen'), son resaltables las apelaciones a una España unida (tanto como diversa y plural) de quien precisamente a partir de ahora simboliza como Jefe del Estado la unidad y permanencia de la nación española. Llamamientos que a su vez han servido para poner de nuevo de manifiesto la mezquindad, la cerrazón y la intolerancia de los presidentes de las Comunidades Autónomas vasca y catalana, los nacionalistas Urkullu y Mas respectivamente, que no aplaudieron al Rey al final de su alocución ante las Cortes. Deleznable actitud que resulta muy indicativa de dónde reside el principal y más preocupante problema que tiene España: el del nacionalismo separatista. El más difícil reto que ha de afrontar el reinado que recién comienza.

miércoles, 18 de junio de 2014

PESE A SEMEJANTES CALAMIDADES

Desde aquí precisamente hemos insistido hasta la saciedad en que la primordial causa de la larga crisis económica que parece está dando sus últimos coletazos en España (y esperemos que en Europa) no debemos encontrarla en razones de gestión política y económica puramente domésticas, sino en la artificial política monetaria expansiva promovida por los Bancos Centrales, entre ellos el BCE. Concretamente, todo empezó cuando el injustamente venerado ex-presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, siguiendo las recomendaciones de ese gurú de la progresía 'planetaria' llamado Paul Krugman, colocó en 2001 los tipos de interés a la altura del betún, medida que terminaría siendo imitada por los demás Bancos Centrales. El objetivo de tales insignes arquitectos de la economía mundial se cumplió, ciertamente: crear una burbuja inmobiliaria que sustituyera al estallido de la conocida como 'burbuja.com'; aunque con el subsiguiente colapso del sistema financiero y las nefastas consecuencias para la economía en general que todos conocemos, que sin embargo fue incapaz de prever toda la inmensa sabiduría de esos planificadores 'cuasi-divinos' que jugaron a enmendar al mercado.

Lo cual no obsta para reconocer la importante cuota de responsabilidad que cabe atribuir a quienes regían los destinos de España, sobre todo cuando comenzó a gestarse una crisis que negaban de manera contumaz; eso sí, sin que sea necesario ni apropiado que venga aquí Durao Barroso a recordárnoslo. Pero, polémicas aparte, lo peor de todo es que el inefable Mafo, que además de no cumplir debidamente como gobernador del Banco de España con su cometido de supervisar el sistema financiero, forzó unas fusiones bancarias absolutamente improcedentes y guiadas por el puro interés político, se haya ido de rositas. Mucho Blesa y mucho Rato, pero al principal responsable del desaguisado, ni un pelo se le ha tocado. Pero, claro, cómo iba a desmentir al entonces presidente del Gobierno, 'Peter Pan' Zapatero, que presumía allí donde iba de que España contaba con 'el mejor sistema financiero del mundo' y todo...

En fin: no hay más que echar una mirada atrás para constatar una vez más la fortaleza de nuestra sociedad civil, de nuestra nación, que ha sido capaz de soportar el paso por el poder de semejantes calamidades y empezar a salir del desastre económico que tanto han contribuido a generar.

jueves, 12 de junio de 2014

LA ULTRAIZQUIERDA TELEGÉNICA: PREOCUPANTE, SÍ

Sí, es muy preocupante. Resulta preocupante que un personaje que obtiene financiación tanto del Estado islámico de Irán, que adopta como edificante costumbre colgar a homosexuales en las plazas públicas, como del régimen tiránico de Venezuela, que no es que sea ya liberticida y corrupto de por sí, sino que reprime a la oposición a tiros, haya obtenido un incremento electoral tan significativo. Es preocupante que haya logrado tantísimas adhesiones en las urnas un tipo que tiene como punto de referencia, además de al mismo régimen chavista, a la dictadura abyecta y criminal de los Castro. 

Es asimismo tremendamente preocupante que haya crecido electoralmente un partido antisistema que propugna la tabla rasa para acabar con una Constitución que nos dimos gracias a la reconciliación y concordia entre españoles, que promueve los asedios a la sede de la soberanía nacional, los acosos y ataques a la intimidad de representantes elegidos democráticamente, el tomar las calles por las bravas para conseguir ahí lo que no se obtiene en las urnas, que se erige en abogado defensor de etarras y proetarras, a cuyas 'movilizaciones' no tiene empacho en sumarse... porque, en suma, al ser de extrema izquierda, es de naturaleza antiliberal y antidemocrática. Desde luego, el espectáculo grotesco que dieron en el Congreso las diferentes corrientes de la 'alternativa' republicana de izquierdas durante el debate de la ley de abdicación puede quedarse hasta corto si los acólitos de Pablo 'Tele' Iglesias consiguen representación en las próximas elecciones generales. Sería para ponerse a temblar.

Porque los mismos que alertan del peligro que supone para la democracia, por ejemplo, la victoria electoral de la ultraderecha en Francia, o bien restan importancia a la irrupción en el panorama político español de esta especie de ultraizquierda telegénica, o bien incluso lo presentan como un fenómeno saludable. Pero la cruda realidad es que los extremismos se tocan. Ciertamente, basta comparar un discurso de Le Pen con el de un Pablo 'Tele' Iglesias para advertir que en el fondo las diferencias son de matiz y debido básicamente al carácter nacionalista de la extrema derecha francesa. Tanto uno como otro, además de utilizar los típicos tópicos populistas tan en boga ahora, propugnan el intervencionismo a ultranza en la economía: es decir, un todavía mayor control por parte de esos mismos burócratas y políticos que dicen detestar. Y es que el demonio es el mismo en los dos casos: el 'neoliberalismo', que es como ambos llaman al liberalismo de siempre, al que promueve el libre mercado, la libertad individual y la propiedad privada. Porque, en suma, el verdadero enemigo de las dos corrientes 'ultras' también es común: la libertad.

El tiempo dirá si se trata de un hecho, más bien engendro, plenamente coyuntural y circunscrito a unas elecciones proclives al voto visceral. Pero ello no debería ser óbice para resaltar el carácter preocupante del surgimiento de una extrema izquierda antisistema que, en estos tiempos de crisis, basa sus éxitos en hacer uso y abuso de la demagogia, esto es, de la fácil adulación al electorado, desde las plataformas mediáticas que entusiásticamente se les presta. Porque no es con partidos y personajes de naturaleza intolerante y totalitaria como se logra luchar contra la corrupción y salir de la crisis: bien al contrario, y no hay más que echar una mirada a sus ejemplos prácticos. Algunos de ellos ya se han encargado de ensalzar en sus medios oficiales a sus 'pupilos' en España, por cierto.
  

sábado, 7 de junio de 2014

¿MONARQUÍA, REPÚBLICA? SOBRE TODO, ESTADO DE DERECHO

El sistema constitucional de Monarquía Parlamentaria vigente en España, por ejemplo, garantiza y protege el derecho de los republicanos de ultraizquierda de salir a las calles con banderas, por cierto, inconstitucionales (tanto como lo puedan ser las franquistas), y para pedir el final del mismo régimen político que ampara el ejercicio de sus libertades; calidad democrática de la que, asimismo, carecía esa Segunda República cuya restauración demandan, ya que, en aplicación de una malhadada y liberticida Ley de Defensa de la República, prohibía la exhibición de cualquier símbolo monárquico, y por supuesto cualquier manifestación pública en favor de la Monarquía. Es oportuno resaltarlo tras la tramposa y burda identificación que hizo, en su caso, Cayo Lara de 'república' con 'democracia', con la mera intención de dar a entender que el actual régimen constitucional no lo es. Bien, a las pruebas cabe remitirse.

Sea como fuere, no resulta presentable plantear nada menos que un referéndum al albur de que un grupo más o menos nutrido de gentes antisistema, que desde luego no representan a la mayoría de los españoles por mucho que pretendan hacernos ver lo contrario, tomen la calle para pedir que nos saltemos a la torera la Constitución y las leyes. Nuestra misma Carta Magna establece unos procedimientos para su reforma, que incluyen la posibilidad de cambiar la forma de Estado, y a ellos hay que atenerse como Estado de Derecho que somos; lo que, en cualquier caso, requeriría consensos muy amplios, y que, por ejemplo, aquellos que abogan por un sistema republicano se impusieran democráticamente: es decir, no adueñándose de la vía pública al estilo populista-golpista, sino ganando en las urnas, como corresponde a un régimen democrático representantivo. Por lo demás, monarquías parlamentarias tan 'anacrónicas' como la británica, la holandesa, la danesa, la noruega, la sueca o la belga son democracias consolidadas y prestigiosas, y a un nivel superior al de muchas repúblicas en cuanto a reconocimiento de derechos y libertades; y, en estos casos, el cometido de la jefatura del Estado, simbólico y representativo de la unidad y permanencia de las naciones por encima de divisiones políticas, no procede de las monarquías en sí y de su sistema hereditario, sino de las constituciones (en el caso de la británica, no escrita) emanadas de las soberanías nacionales, que residen en los pueblos, y que en su momento decidieron la forma de Estado monárquica.

De tal forma que el sistema de Monarquía Parlamentaria se asienta en una Constitución que nos dimos los españoles como depositarios de la soberanía nacional; de 'impuesta', como da a entender el rupturismo, nada. Además, cabe recordar que esa Segunda República 'tricolor', cuya vuelta exige ahora la izquierda más o menos radical, vino tras unas elecciones municipales (no generales) que para más inri habían ganado los partidos monárquicos (si bien los republicanos se impusieron en las principales capitales de provincia), y como consecuencia de unos hechos consumados que tuvieron lugar después de la huida de Alfonso XIII vía puerto de Cartagena; así pues, ¿cuál de los dos sistemas se podría considerar 'impuesto' y sin tener realmente en cuenta la voluntad de los españoles manifestada en las urnas? Encima, contra el referido régimen republicano actuaron y conspiraron los mismos que contribuyeron a su implantación una vez perdieron unas elecciones (éstas sí, generales) y tuvieron que dejar paso en el Ejecutivo a unas derechas a las que negaban cualquier legitimidad para gobernar; de ahí las revoluciones (golpistas) de 1934 en Asturias y Cataluña contra un Gobierno de centro-derecha (radical-cedista) que, paradójicamente, y pese a su carácter no republicano en esencia, tuvo que encargarse de defender la legalidad republicana. Y de aquellos polvos, vinieron posteriores y trágicos lodos. 

Porque cabe recordar que en aquella ocasión, con motivo de la proclamación de la Segunda República, no fueron los españoles en las urnas quienes decidieron el rumbo a seguir tras la marcha del Rey: quienes tomaron el poder en esos momentos basándose, insisto, en hechos consumados, no les dejaron votar, al menos para decidir la forma de Estado. Se limitaron a interpretar 'a su manera' los resultados de unas elecciones que se celebraron solo para elegir concejales y que, además, en realidad perdieron los republicanos. Vamos, que le negaron a los españoles eso mismo que ahora exigen quienes los presentan como ejemplo histórico a seguir.

Y no se trata de tener miedo al resultado de ningún referéndum, sino simple y llanamente de atenerse a la Constitución y las leyes; porque no puede entenderse una democracia sin Estado de Derecho, puesto que correríamos el riesgo de sustituir el imperio de la ley por el reino de la arbitrariedad. Si empezamos haciendo una 'excepción' que se situaría fuera de las leyes y hasta de la voluntad popular expresada en las urnas, con el paso del tiempo se convertirían irremisiblemente en regla sucesivas 'excepciones' que se pidieran. Hasta que consiguiéramos acabar con la legalidad y el Estado de Derecho.

lunes, 2 de junio de 2014

EL REY ABDICA; ¡VIVA EL REY!

El 2 de junio de 2014 será recordado sin duda como una fecha histórica: el día en que, siguiendo una cierta corriente instalada en Monarquías europeas, partidarias de introducir savia nueva en sus titulares quizá con la intención de favorecer su supervivencia en estos tiempos de crisis de identidad política (en buena parte propiciada por las turbulencias económicas), el Rey don Juan Carlos anunció su abdicación. Han sido 39 años, el sexto reinado más largo de la historia de España, de un periodo decisivo, el de la llegada y consolidación de la democracia a la que contribuyó como motor y protagonista principal, y de un progreso y prosperidad sin precedentes. Muy pronto, pues, se iniciará la monarquía de Felipe de Borbón y Grecia: lo hará bajo el nombre de Felipe VI, ya que el anterior fue Felipe de Anjou, el V; precisamente, el primer Borbón que reinó en España.

Tras la abdicación del Rey don Juan Carlos, ¿cómo se desarrolla a partir de ahora el proceso de la sucesión a la Corona? Puesto que, afortunadamente, España sigue siendo un Estado de Derecho, y que como tal se encuentra dotada de un marco legal y de una Constitución que nos dimos los españoles como depositarios de la soberanía nacional, son de aplicación las disposiciones y previsiones al efecto; las cuales aseguran la estabilidad política e institucional que cabe esperar de cualquier régimen democrático, sea Monarquía Parlamentaria, sea República. Porque pedir la celebración de determinado referéndum aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y despreciando los procedimientos constitucionales en vigor, supone ni más ni menos que intentar convertir nuestro sistema democrático y constitucional en una ficción a merced de ciertos vaivenes; lo que conduciría en último término al final del imperio de la ley y a, quizá sí, llegar a transformarnos en República, aunque de naturaleza más bien bananera.

El artículo 57.5 de la Constitución Española, en su Título II (De la Corona), establece lo siguiente: 'Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica'. Por tanto, corresponde al Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario (que tendrá lugar mañana mismo), desarrollar y proponer una ley que contemple la abdicación del Rey; la misma deberá ser ratificada posteriormente por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, como ley orgánica que es, y, después, por la mayoría simple del Senado. Hay que hacer constar que no se considerará consumada la abdicación hasta que no sea aprobada por las Cortes Generales.

Después, sería de inmediata aplicación el artículo 57.1 de nuestra Carta Magna: 'La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos'. Lo cual deja meridianamente claro que el sucesor es el todavía Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia. Así pues, el proceso de sucesión culminará con la proclamación ante las Cortes Generales (Congreso y Senado, que se reunirán en sesión conjunta) de Felipe VI como nuevo Rey de España, quien, como establece el artículo 61.1 de la Constitución, 'prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas'.


No está de más recordar que la Monarquía, sin cuyo papel histórico no puede entenderse la unidad y permanencia de la nación, se halla identificada, al menos desde nuestra primera Carta Magna de 1812 (aunque con lamentables excepciones, eso sí), con la instauración de sistemas constitucionales y de libertades en España. Y que, en cambio, los experimentos republicanos han generado desestabilización y caos político y social. Son algunas de las razones que nos lleva a muchos a preferir el mantenimiento de un régimen constitucional de Monarquía Parlamentaria que tan buenos frutos nos ha reportado en general.

El Rey abdica; ¡viva el Rey!