EL VANDALISMO COMO VÍA DE ACCESO AL PODER

Lo apuntaba muy atinadamente Ludwig von Mises: una de las virtudes de la democracia reside en que propicia los cambios pacíficos en los métodos y personas del Gobierno, cuando lo frecuente hasta su instauración en Occidente era la imposición de la violencia y las guerras. En efecto, en virtud de la extensión de las normas y principios de la democracia liberal, llegó un momento en el que quien aspirara a conquistar el poder debía olvidarse del empleo de la fuerza y, bien al contrario, limitarse a hacer uso de la persuasión mediante la palabra, con el fin de atraerse la adhesión de un electorado cada vez más amplio. Procedimiento desde luego mucho más civilizado, aunque harto dificultoso sobre todo para quienes carecen de argumentos para intentar convencer a un votante en líneas generales más instruido e informado.

Ese es precisamente el problema principal del que adolece el PSOE, y la izquierda en general, en la actualidad: no tiene logros ni méritos que presentar; al contrario, el balance de su gestión al frente de sus sucesivos Gobiernos es sumamente deficiente. De ello son plenamente conscientes los prebostes del socialismo; y de ahí que, con el siniestro Rubalcaba a la cabeza, y siguiendo la tradición golpista del PSOE, hayan adoptado la estrategia de instigar la algarada callejera, en la que la extrema izquierda antisistema, como es habitual en estos casos, desempeña con sumo gusto el trabajo sucio. Ante la ausencia de argumentos mínimamente consistentes, los mismos que cuando gobernaban pedían a la oposición 'arrimar el hombro' han optado por promover el caos, el palo y el tentetieso en la vía pública y azuzar el odio hacia el adversario político, a quien creen poder derrotar solo de esta forma. Se trata de generar el mismo clima enrarecido que hubo que soportar a propósito del 'Prestige' y la guerra de Irak: entonces como ahora, y debido a la impotencia política del PSOE, tachando al PP de enemigo absoluto hasta incluso alcanzar el extremo de que sus cargos públicos no se sientan seguros en las calles (volvemos, por tanto, a la 'batasunización' de la izquierda que tuvo lugar aquellos días), algo que ya están consiguiendo. Porque el amedrentamiento también sirve para desgastar al rival. De nuevo, el vandalismo como vía de acceso al poder, ante el cual la respuesta ha de ser clara y rotunda: denuncia de los métodos violentos y firmeza en la aplicación del Estado de Derecho.

Aun así, no podía faltar el fariseísmo de los inductores de la sublevación callejera: además de comparar las devastadoras algaradas de la extrema izquierda con aquellas manifestaciones, sí, respaldadas por el PP (y no en compañía de los obispos, sino de las víctimas del terrorismo), pero tan pacíficas y respetuosas que las calles 'tomadas' acababan más limpias de lo que ya estaban, el 'viejo-nuevo' líder socialista se permite el lujo de aseverar que 'el problema no es la violencia, sino que al PSOE se le relacione con la violencia'; es decir, que lo que debería preocupar no son las arremetidas contra el mobiliario público, los asaltos a propiedades privadas o las agresiones a medios de comunicación, sino que el delicado honor del PSOE se vea mancillado. Mayor alarde de vileza es difícil de igualar, aunque qué podemos esperar a estas alturas de semejante personaje.

11-M: MISTERIO SOBRE MISTERIO

Ante el tan bochornoso como significativo silencio de la práctica totalidad de los medios de comunicación, nobleza obliga, y dentro de la escasísima repercusión que este modesto blog pueda alcanzar, a hacerse eco de la última exclusiva de Libertad Digital sobre el 11-M: Y es que acaba de tener lugar una misteriosa y repentina aparición de los restos del tren que explosionó en Santa Eugenia, de cuya existencia nada se supo ni en el sumario ni en el juicio del caso, y que por tanto no pudieron ser examinados pericialmente. Un nuevo e inmenso agujero que se suma a los muchos interrogantes que sobre la masacre todavía permanecen. Muy a pesar, por cierto, de que por ejemplo hoy mismo en La 2 de TVE, concretamente en una referencia al 11-M dentro del concurso 'Saber y Ganar', se haya presentado como hecho contrastado que fue Al-Qaeda la autora de los atentados; afirmación que ni tan siquiera se ha atrevido a sostener una sentencia que la versión oficial impone como 'verdad judicial'. Pero sabido es que los adulteradores de la realidad que anidan en ciertas terminales mediáticas nunca descansan.

Eso sí, cabe preguntarse con qué intención se ha querido guardar ese foco concreto de la explosión, cuando la consigna oficial parecía consistir en eliminar rápidamente los trenes para borrar cualquier rastro de prueba que pudiera ser utilizado. ¿Alguien se ha querido cubrir las espaldas 'por si acaso'? Misterio sobre misterio en un asunto que nunca he dejado de oler mal, y cada vez peor. Incógnitas que han de despejarse para averiguar de una vez la verdad y hacer justicia a las víctimas de los atentados. Todavía se la debemos.
 

LA IZQUIERDA YA SE IMPACIENTA

Se van a cumplir dos meses desde que el PSOE se viera obligado a abandonar el Gobierno. Demasiado tiempo para una izquierda acostumbrada al ejercicio de un poder del que agarrarse y sacar el máximo provecho. Y ya se está impacientando, sobre todo cuando la ha sustituido una derecha a la que no concede legitimidad alguna para gobernar, por muy holgada que haya sido la mayoría absoluta que obtuviera en las urnas. La misma historia nos ha enseñado que la progrez hispana respeta las reglas de juego de la democracia, es cierto, pero si y solo si le sirven para alzarse con el poder; de ahí su tradición golpista, absolutamente proverbial. Por tanto, no ha tardado ni un suspiro en hacer uso de la algarada y violencia callejeras como instrumentos de desestabilización y desgaste, con la sedición perrofláutica del 15-M y demás elementos antisistema como avanzadilla. Típica estrategia de 'agit-prop' que consiste en sustituir un Parlamento en el que la izquierda, y en virtud de la voluntad popular, ha perdido estrepitosamente la mayoría, por la toma, casi siempre por las bravas, de la calle, con el fin de generar ríos revueltos de donde pescar beneficios electorales. Se trata de repetir las agresivas movilizaciones que tuvieron lugar a propósito del Prestige y la guerra de Irak, precisamente en otra legislatura con mayoría absoluta del PP.

No es concebible la táctica de agitación y propaganda sin la difusión de la mentira y la manipulación de la realidad. Así pues, hemos tenido la oportunidad de ver por unos medios audiovisuales en los que la izquierda disfruta de un monopolio casi absoluto unas conmovedoras imágenes en las que, de repente y porque sí, unos policías cargaban frontalmente contra grupos de jóvenes y menos jóvenes haciendo un severo uso de sus porras, a la vez que practicaban detenciones sin mayores contemplaciones; mientras tanto, se nos relata que se producía tal irrupción en una manifestación de alumnos de instituto que protestaban por los recortes en educación del Gobierno autonómico valenciano, por supuesto del PP. Las demás terminales mediáticas de la progresía se encargaron de hacer el resto: 'la Policía apalea a niños', 'la Policía maltrata a menores de edad', 'represión policial contra estudiantes'... fueron algunos de los titulares y consignas transmitidas. Esa Policía buena, benéfica y democrática bajo el mando de Rubalcaba había transmutado de la noche a la mañana en autoritaria, malvada y sanguinaria con el PP. Los voceros progres de las redes sociales, por su parte, cantaban a coro: 'han vuelto los grises', 'Franco resucita', 'el PP ha acabado con las libertades'... Hasta que por fin llegamos al clímax: nuevas movilizaciones contra la 'brutalidad policial' que culminan en cercos a sedes del PP, exactamente como en la jornada de reflexión del 13-M. Entonces como ahora, una concertada escenificación para señalizar al culpable de la situación, por si a alguien no le ha quedado claro. Además, parece ser que en Andalucía hay muy pronto elecciones autonómicas, en las que el PSOE puede perder el único bastión que le queda.

Para transmitir esa versión sesgada y viciada de los hechos ha sido conveniente ocultar que la manifestación, que además cortaba el tráfico, no contaba con los preceptivos permisos y, por tanto, era ilegal; que a sus convocantes o cabecillas (entre ellos, un señor demasiado crecidito como para hacerse pasar por adolescente, que no tendría después empacho alguno en amenazar con 'seguir quemando Valencia') se les advirtió con anterioridad de la intervención policial; que esas movilizaciones pasarían a estar comandadas y compuestas mayoritariamente por sediciosos de extrema izquierda, como demuestra el hecho de que tan solo uno de los 47 detenidos haya sido alumno del Luis Vives, y que el resto fueran 'okupas' y radicales, varios de ellos con antecedentes penales; y que, pese a la 'desproporción' y 'ferocidad' de la Policía frente a unos seres inocentes y candorosos, del tumulto salieron 17 heridos, de los cuales 11 fueron agentes de Policía.

Son datos que ponen al descubierto la manipulación llevada a cabo por esta nueva edición de 'agit-prop' izquierdista; aunque es de temer que se salde con cierto éxito en una sociedad como la actual, imbuida de un buenismo (incluida, por cierto, esa parte de la derecha especialmente sensiblera y biempensante que se arruga a las primeras de cambio) que, por ejemplo, les lleva sin más a relacionar conceptos como 'menor de edad' con 'candidez', o incluso 'estudiante' con 'instrucción', pese a que la cruda realidad desmiente una y otra vez tanto una como otra identificación. Así, en este caso se ha logrado introducir en la retina de muchos la adulterada imagen de unos policías persiguiendo y pegando a jóvenes indefensos, y con ella se van a quedar. Por tanto, la labor política de pedagogía, denuncia y desenmascaramiento de la instigación tendrá que ser ingente y constante por parte del Gobierno y el partido que lo sustenta.

De todas formas, cabe felicitarse de que por fin tenemos un Ejecutivo que, al contrario que el anterior, desempeña uno de sus principales cometidos: cumplir y hacer cumplir la ley sin distingos. Y así debe seguir siendo: en caso contrario, en las calles acabaría rigiendo la ley de la selva, objetivo de los tramadores de la agitación. En ningún supuesto han de repetirse las ocupaciones de la Puerta del Sol y otros espacios públicos de ciudades españolas, toleradas irresponsablemente, y con toda la intención, por el Gobierno de entonces, ni tampoco dar lugar a los graves incidentes callejeros acaecidos en Londres el último verano. Para ello la Policía, como instrumento de quien posee el monopolio de la violencia en un Estado de Derecho, ha de continuar ejerciendo su labor fundamental: garantizar el orden público y los derechos individuales de todos, entre ellos la libre circulación por una vía pública de la que no debe apropiarse ninguna minoría violenta.

REMOVER PRIVILEGIOS DESDE LA DEMOCRACIA

Son inevitables las guerras de cifras tras la celebración de manifestaciones: los organizadores de las mismas suelen inflar el número de participantes, que las autoridades gubernativas, en mayor o menor medida, se encargan a su vez de rebajar. Y es que en esta clase de movilizaciones todo es propaganda. Ahora bien, cualquiera de los guarismos apuntados por el sindicalismo burocrático queda a una distancia sideral de aquellos once millones de españoles que dieron en las urnas una mayoría absoluta al Partido Popular. En cualquier caso, en una democracia liberal mínimamente asentada resulta inconcebible que la calle llegue a adquirir mayor legitimidad que el Parlamento, sede de la soberanía nacional y reflejo de la voluntad popular expresada en elecciones libres. De lo contrario, la estabilidad que es también exigible en un régimen democrático y de libertades se vería siempre comprometida por eventuales movimientos de masas, y por tanto se encontraría a merced de los populismos de turno.

En suma, quien ha de gobernar es el Ejecutivo, y no determinados grupos de presión, y quien ha de legislar es el Legislativo, y no el vocerío de la calle. En este sentido, el actual Gobierno ha sido elegido con un mandato claro y nítido: cambiar el actual estado de cosas que nos ha llevado a una crisis galopante (no sólo económica; también política e institucional) y a más de cinco millones de parados, cifra dramática e inasumible para un país desarrollado. Desde luego, no para consolidar ciertos privilegios e intereses que se remontan al sindicalismo vertical del corporativismo franquista (por mucho que se oculte bajo los ropajes de la terminología y la simbología 'progres', e incluso antisistema), tan contraproducentes además para el dinamismo que tendría que distinguir a un mercado laboral moderno. Como ha resaltado Rajoy tras ser reelegido presidente del PP en su XVI Congreso Nacional, y en un tipo de discurso didáctico que debería emplearse con mayor frecuencia, el Gobierno ha de estar del lado de las necesidades de la gente, 'la cara real de la crisis': del ciudadano que con su esfuerzo intenta salir adelante, y no de prerrogativas oligárquicas instaladas en la burocracia estatal; que, para más inri, en muchos casos derivan del paro que pueda generarse y de las regulaciones de empleo en las empresas.

Las raíces del liberalismo en España las encontramos precisamente en el descontento que, en el mismo interior del despotismo ilustrado de Carlos III, provocara los magros resultados del proyecto reformista que en principio encarnaba el monarca: era una consecuencia de que quienes debían encargarse de alterar los privilegios del orden estamental se hallaran incrustados en él. De esa incapacidad del poder establecido para llevar a cabo su propia autorreforma, denunciada por León de Arroyal, Manuel de Aguirre o Gaspar Melchor de Jovellanos (si bien éste dentro de un liberalismo más conservador), tomarían cumplida nota los padres de ese hito del liberalismo que fue la Constitución de Cádiz. Pues bien, puesto que quienes apoyan o detentan las prebendas del 'statu quo' de la burocracia sindical por fin se encuentran, aunque dentro del aparato estatal, fuera del Gobierno, ya sea como Ministros, ya sea como consejeros áuricos, se presenta una ocasión de oro para removerlas desde la democracia. La reforma laboral, tal y como se ha presentado, aborda esa asignatura pendiente.

LA FUERZA DE LA MENTIRA NACIONALISTA

'Se confía en que todos, como verdaderos hijos de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los lugares señalados con el fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por el rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España'. Así rezaba el bando que hizo publicar el 'conseller en cap' de la sitiada ciudad de Barcelona, Rafael Casanova, para arengar a quienes resistían frente al asedio de las tropas de Felipe V. Porque no se trataba de una guerra por la independencia de Cataluña, embuste repetido machaconamente por el nacionalismo catalán, sino de un episodio de la Guerra de Sucesión entre los partidarios del archiduque Carlos de Austria, coronado años atrás en Barcelona como Carlos III de España, y quienes apoyaban a Felipe de Anjou como nuevo Rey. Finalmente, el 11 de septiembre de 1714 Barcelona se rendiría ante el primer Borbón que reinaría en España.

Pues bien, ateniéndose estrictamente, y como no podía ser de otra manera, al guión de la propaganda mentirosa del nacionalismo catalán, el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha declarado al diario 'Le Monde' que 'somos España desde hace 300 años por la fuerza'. Y lo peor de todo no es que quien no deja de ser el representante ordinario del Estado en Cataluña propague semejante falacia sobre la historia de España en un medio de comunicación extranjero más o menos prestigioso; es ni más ni menos que la patraña que desde hace décadas el pensamiento único nacionalista impone como doctrina y verdad indiscutible en todos los ámbitos de la sociedad catalana, desde las aulas hasta la televisión, pasando por los periódicos que se editan en Cataluña. No hay más que ver en qué se han convertido las celebraciones de esa 'Diada' que se inician con la ofrenda floral a un Rafael Casanova a quien, pese a sus patrióticas evocaciones a la defensa de 'la libertad de toda España', se presenta como héroe independentista y víctima de la opresión española: en repugnantes y totalitarias ceremonias de odio a España. Porque para fuerza, la que tiene y demuestra la mentira nacionalista.

EL GORILA RABIA

Si en la maltratada sociedad venezolana hay sin embargo espacios que los tentáculos del totalitarismo chavista han sido incapaces de invadir, se debe principalmente a la heroica resistencia de la que el propio dictador define despectivamente como 'burguesía nacional'. Es decir, aquellas clases medias prósperas, independientes y laboriosas que jamás han sucumbido a los cantos de sirena del populismo, o que si alguna vez lo hicieron no tardaron en darse cuenta de la verdadera cara de quien en su momento se presentó como el providencial salvador de la patria frente a las corruptas oligarquías. Porque, harto significativamente, los grandes enemigos del pueblo ya no son aquellas corporaciones chupópteras que empobrecían a los venezolanos, ahora propiedad del déspota; ha pasado a ostentar tal honor esa misma burguesía a la que, por no allanarse a sus cacicadas y tropelías, dedica sus peores improperios a la vez que persigue.

Y es que el Gorila está que rabia. Solo faltaba que la oposición democrática, que por fin ha enterrado pasadas controversias internas, le diera una nueva y soberana lección, no solo a él mismo, sino al mundo entero celebrando unas impecables y modélicas elecciones primarias para designar a su candidato. Y una nítida mayoría de los ciudadanos venezolanos que, haciendo uso de su libertad y compromiso con la derrota de la tiranía, acudieron a las urnas de la Mesa de la Unidad Democrática ha optado por Hernesto Capriles; actual gobernador del Estado de Miranda y perteneciente a Primero Justicia, partido de centro-derecha, su discurso integrador incide en la conveniencia de orillar divisiones entre izquierdas y derechas ante la urgencia de acabar con la opresión chavista. Todo lo contrario que el sátrapa, al que le ha faltado tiempo para zaherir a su rival echando mano, como nos tiene acostumbrados el personaje, de los más rancios eslóganes de la izquierda ultramontana. Aunque quizá acierte cuando intenta descalificar a Capriles tachándole de candidato del 'Imperio yanqui'; al menos, sí debería serlo, como de cualquier demócrata que, como tal, desee que Venezuela recupere de una vez las libertades. Porque hoy encarna la única esperanza.

ESPAÑOLES: FRANCO HA MUERTO

Ha tenido que ser un Ejecutivo del PP el que le diera el tiro de gracia al legado franquista que con mayor presencia e influencia ha persistido en la legislación desde el advenimiento de la democracia: la regulación del sistema laboral. Objeto tan solo de mínimas reformas flexibilizadoras por sucesivos Gobiernos, y de todos los colores, siempre en coincidencia con aquellos momentos en los que la lacra del paro se ha manifestado con mayor virulencia, ahora que los niveles de desempleo han alcanzado cotas verdaderamente insoportables e inconcebibles en un país desarrollado, se ha agarrado el toro por los cuernos y se le ha hecho frente con sobriedad, pero con absoluta resolución. Alguna vez había que acabar con una concepción de relaciones laborales basada en el paternalismo de Estado y un corporativismo inspirado en el régimen legal mussoliniano, totalmente incompatible con los actuales tiempos caracterizados por el dinamismo tecnológico y la globalización económica, a los que hace décadas se debería haber adaptado nuestro mercado laboral. Por fin, aunque con la cornada puesta, alguien se ha atrevido a culminar tan imprescindible como difícil faena.

De la audaz reforma laboral presentada por el nuevo Gobierno, que, entre otras medidas, facilita la contratación, hace prevalecer los pactos alcanzados en el ámbito de la empresa y minimiza el poder de la burocracia sindical, no cabe esperar milagros, desde luego: ningún cambio legislativo, por muy profundo que sea, posee propiedades sobrenaturales. Pero sí propicia que nuestro sistema legal laboral deje de representar un lastre para la creación de empleo, principal asignatura pendiente de nuestra economía. Para ello ha resultado   también necesario revocar determinados privilegios y prebendas de los herederos del sindicalismo vertical, que obviamente ya han salido en defensa de sus prerrogativas. En cualquier caso, la algarada callejera de la reacción izquierdista, a la que debemos empezar a acostumbrarnos, jamás ha de imponerse a las decisiones tomadas en sede parlamentaria por los representantes de la soberanía nacional.