lunes, 23 de diciembre de 2013

PORQUE SE TRATA DEL DERECHO A LA VIDA

Se ha hecho esperar, quizá más de la cuenta, pero se ha iniciado el camino para enmendar uno de los peores horrores heredados de la era del zapaterismo: haber convertido el aborto, otrora una salida indeseable pero permitido legalmente en determinados y concretos casos, en todo un 'derecho'. Así, en virtud de la reforma legislativa presentada por el Gobierno, y que ahora deberá pasar el correspondiente trámite parlamentario, solo habrá dos supuestos de despenalización del aborto: bien en caso de violación, bien si hay grave riesgo físico o psíquico para la madre, lo que se deberá acreditar con dos informes médicos. Además, las menores solo podrán abortar mediando consentimiento paterno, y se garantiza la objeción de conciencia para todos los médicos. Por fin se hará realidad una de las más destacadas promesas electorales del PP.

Por supuesto, no ha tardado en levantarse en pie de guerra la izquierda mediática y política, tan humanitaria ella y tan sensibilizada, por ejemplo, con los 'derechos' de los animales (a los que por supuesto les concede mayor defensa que la vida humana contenida en un embrión): no por histriónica y farisaica ha sido menos esperada tamaña reacción. Pero cuando se legisla en materia de aborto es debido a que hay un evidente conflicto de derechos: el supuesto 'derecho' de la madre a abortar choca con el fundamental derecho a la vida del ser, vivo y humano, que lleva en su seno. Que alguien pueda disponer sin prácticamente límite alguno de una vida, por mucho que forme parte de su cuerpo, se presenta como algo moderno y 'progresista', pero en realidad es un monumental atraso y una atrocidad, que seguramente el inexorable paso de la historia de la humanidad acabará condenando. Y si aprobar una ley que contempla el feto como bien jurídico a proteger nos coloca 'a la cola' de Europa, como desde determinados medios se lleva aseverando, sería más bien indicativo de la crisis moral y de valores que todavía vivimos en el Viejo Continente (y de la que sin duda proceden las demás crisis, incluida la económica), no precisamente un demérito de nuestro país.

Porque incluso absteniéndose de adoptar un punto de vista estrictamente religioso, la vida es el derecho más básico y fundamental del individuo, porque sin él, obviamente, no puede ejercer ni ser sujeto de otros derechos y libertades; así pues, la primera manifestación concreta de una vida humana, que es el feto, ha de contemplarse como un bien a proteger exceptuando casos extremos y claros, y de ahí la nueva plasmación en ley de la doctrina del Tribunal Constitucional que así lo establecía. Desde luego, comparar ese inicio concreto de vida humana con, por ejemplo, una planta, es ni más ni menos que suscribir la doctrina Aído: 'el feto es un ser vivo, pero no humano', como si fuera producto de la generación espontánea, o quizá de un origen extraterrestre.

Sea como fuere, y estando de acuerdo con los portavoces del proabortismo que resaltan que el aborto es siempre un trauma para la misma mujer (lo que hace difícil de entender su misma pretensión de convertirlo en derecho, aunque sabido es que pedir coherencia a algunos es un imposible), se han de facilitar otras alternativas a quienes se vean abocadas a interrumpir su embarazo en los supuestos permitidos: sobre todo la de dar el niño en adopción. Y en este cometido las asociaciones de defensa de la madre surgidas de la sociedad civil pueden desempeñar, como de hecho lo llevan haciendo, un papel importantísimo. Porque se trata fundamentalmente de garantizar el derecho a la vida.

viernes, 20 de diciembre de 2013

UNA ENERGÍA TAN VERDE COMO ONEROSA

Nada más oportuno que, ante una nueva y disparatada subida del precio de la luz, el Gobierno de la nación defienda los derechos e intereses de los sufridos consumidores españoles e inste a una investigación para averiguar si ha habido colusión, es decir, un acuerdo entre las compañías del sector eléctrico que atente contra la libre competencia (por cierto, una demostración más de que no es concebible un libre mercado sin ley ni Estado que vele por su cumplimiento). Y, en efecto, el organismo regulador, que ahora responde al nombre de Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ha dictaminado en menos de 24 horas que no procede validar la última subasta eléctrica 'ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas'. Lo cual ha llevado a Industria a anular ese incremento del 11% en la factura de la luz y a anunciar medidas que eviten situaciones parecidas.

Ahora bien, también cabe reconocer que durante demasiados años en España, y bajo distintos Gobiernos (aunque muy especialmente desde Zapatero, del que se ha heredado un déficit de tarifa de 24.000 millones de euros), hemos querido ser los más ecologistas y limitarnos a apostar por una energía tan 'verde' como cara e ineficiente, eso sí, tirando de unas subvenciones que tarde o temprano pasarían la correspondiente factura; y, a su vez, presumir de ser más antinucleares que nadie, para luego comprarle a Francia esa misma energía nuclear que produce. Y no deja de ser cierto que el mercado energético se ha liberalizado, pero solo a medias. Resultado: un déficit tarifario que ha acabado repercutiendo, y de qué manera, en nuestros ya de por sí castigados bolsillos, y para más inri en los años de crisis económica. Porque una vez más ha quedado patente que los Presupuestos Generales del Estado no siempre lo aguantan todo.

Sea como fuere, e independientemente de las medidas inmediatas que adopte el Gobierno, resulta necesaria una verdadera y audaz reforma del sector energético, que debería partir de dos premisas fundamentales: más liberalización y, por supuesto, menos prejuicios supuestamente 'verdes', tan ridículos como onerosos.

lunes, 16 de diciembre de 2013

NI BIRLANDO LA SOBERANÍA NACIONAL

Ni por esas. Según distintas encuestas publicadas sobre un referéndum que, por su carácter manifiestamente anticonstitucional e ilegal (amén de ridículo, empezando por las preguntas 'consensuadas' por las ramas del nacionalismo, delirantes y grotescas), ni debería celebrarse ni, en consecuencia, va a tener lugar, el separatismo catalán no lograría ni de lejos la mitad de los votos en una hipotética consulta. Es decir, que ni apropiándose de la soberanía nacional española (que no otra cosa es lo que pomposa e insistentemente llaman 'derecho a decidir') conseguiría el nacionalismo catalán sus objetivos. Parece ser que, afortunadamente, décadas tanto de adoctrinamiento en el nacionalismo obligatorio en las aulas, como de práctica hegemonía nacionalista en los medios de comunicación catalanes, no han sido suficientes para que una Cataluña feliz y liberada de la opresora España sea sentida como una necesidad imperiosa por la generalidad de la sociedad catalana, por muchos adeptos que al rencor y al odio hacia lo español hayan aun así logrado engendrar.

Sin embargo, es oportuno resaltar que el hecho de que, por ejemplo, consiguiera el nacionalismo separatista el 90% de las adhesiones no proporcionaría la más mínima legitimidad al referéndum que pretende celebrar, ya que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Al cual, en virtud de una Constitución que nos dimos en su momento los españoles (incluida una aplastante mayoría, entonces sí, de los electores catalanes), le competiría dilucidar sobre la integridad de España; para más inri, y pese a las mentiras del nacionalismo y buena parte del izquierdismo, el país de Europa con mayor tradición de Estado unido. Porque el verdadero 'derecho a decidir' corresponde ejercerlo a quien ostenta la soberanía nacional, no a quien quiera trocearla ni birlarla.

Frente a este nuevo paso dado por el chantaje independentista, se debe oponer ley, Constitución y unidad nacional. En este sentido, cabe felicitarse por que el PSOE, obviando disensiones internas surgidas dentro de su 'partido-hermano' en Cataluña, se haya situado claramente junto al Gobierno del PP en su rechazo al ardid secesionista del nacionalismo catalán. Y así debe ser: sin duda, que los dos principales partidos nacionales defiendan, al unísono y sin ambages, principios y valores fundamentales como son la soberanía nacional y la unidad de España fortalece nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho y aleja el peligro de ruptura de nuestra nación. Sin que ello signifique que no se deba mantener la firmeza frente al separatismo. Ahora, más que nunca.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

LA PRIMA, ANTES Y DESPUÉS

La hace poco tan temida prima de riesgo se ha situado alrededor de los 220 puntos básicos, con lo que ha llegado al nivel más bajo desde junio de 2011; en total, ha descendido casi a la mitad a lo largo del presente año. Muchos de quienes antes presentaban, convenientemente resaltadas, aquellas meteóricas subidas del indicador de principios de la legislatura como muestra de una supuesta incapacidad del Gobierno de Rajoy para generar confianza, y que ciertamente parecían ponernos al borde de un rescate indeseable y oneroso, resulta que ahora no le dan tanta importancia a la evolución de la prima de riesgo, o bien aseveran que de poco sirve dada su escasa incidencia en la economía de a pie.

Pero, bien al contrario, de la reducción de la prima de riesgo se benefician, por una parte, las cuentas del Estado, que de esta forma ahorra dinero al lograr financiar su deuda a un coste considerablemente menor (sin ir más lejos, en la última subasta el bono español a diez años ha cerrado al 4% por primera vez desde 2010), y gracias a lo cual podrá destinar dinero a otras partidas, como prestaciones al desempleo o inversiones en infraestructuras; y por otra parte, las empresas españolas, que pueden también financiarse con mayor facilidad en los mercados y, por tanto, expandirse y generar más puestos de trabajo.

En suma, la mejora de la 'macro' suele anteceder a la de la 'micro', porque la una conduce a la otra. Y si las subidas de la prima de riesgo nos llevaban a la zozobra, a vaticinios catastróficos e incluso a cargar contra un Gobierno recién aterrizado en el poder, deberíamos ahora congratularnos de sus reducciones, destacarlas adecuadamente y, aplicando entonces un mínimo de coherencia, reconocerle algún mérito, siquiera mínimo, al actual Ejecutivo y sus controvertidas políticas económicas: porque si se le responsabilizaba incluso de las consecuencias de una situación económica heredada, alguna contribución, aunque sea en menor medida, habrá de reconocerle en la mejoría actual.

Ello no significa que se tenga que obviar la influencia tanto de las perspectivas de crecimiento económico general en Europa como de aquel punto de inflexión marcado por Mario Draghi, cuando declaró solemnemente que el BCE 'haría todo lo posible' para preservar el euro. Pero, del mismo modo, también resulta cicatero negar que la mayor confianza que transmite ahora nuestra economía se debe, al menos en parte, en la imagen de rigor y solvencia que han generado las medidas de ajuste y reformas económicas del Gobierno de Rajoy.

Aunque se ha de partir de un hecho incontestable: quien merece la práctica totalidad de los elogios es una sociedad civil española de nuevo a la altura de las circunstancias; muy especialmente aquellos sectores más dinámicos y emprendedores que han sabido hacer frente a las peores adversidades, y que liderarán la recuperación económica que parece vislumbrarse.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

LA IMPOSTURA ANTICLERICAL DEL PSOE

De las muchas que le adornan, pocas imposturas típicas del PSOE son más fáciles de desmontar que las referidas a sus poses anticlericales, que adopta cada vez que se encuentra en apuros (es su mantra favorito, junto al antifranquismo retrospectivo), y especialmente cuando ejerce de oposición a un Gobierno de 'la derecha'. Así, cuando califica de 'preconstitucionales' e incluso 'inconstitucionales' los todavía vigentes acuerdos con la Santa Sede, solo cabe, en el primer caso, recordar la fecha en que se firmaron: 3 de enero de 1979, esto es, después de que la Constitución fuera aprobada en las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada por referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año y entrara en vigor 23 días después; y, en el segundo caso, limitarse a citar el artículo 16.3 de la Carta Magna: 'Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones'. Pese a las incomprensiones lectoras que pueda haber tras décadas de LOGSE, más claro, agua. Pero que la realidad no te estropee una buena campaña propagandística, pensarán los prebostes del socialismo español.

Porque los concordatos de España con la Santa Sede en ningún caso han impedido que se puedan firmar también con representantes de otras confesiones religiosas, como de hecho así ha sido: en 1992 se alcanzaron sendos acuerdos de cooperación con las iglesias evangélicas y las comunidades judía y musulmana, a los que después se unirían mormones, budistas, testigos de Jehová y ortodoxos. En cualquier caso, la Iglesia Católica sí merecería un reconocimiento y trato especial, no solo atendiendo a las creencias religiosas de una gran mayoría social (según el CIS, y pese a la crisis de religión de hace muchos años en España, el 70 por ciento de los españoles se sigue declarando católico), sino por fundamentales cometidos concretos que desempeña en la sociedad civil y que suponen una considerable descarga para el Estado y un subsiguiente ahorro económico para las arcas públicas: enseñanza (para las familias que libremente hayan eligido recibir una educación en valores católicos), atención y ayuda a los más necesitados, campañas de lucha contra la pobreza, etc. Y con ello además, y pese a lo que difunde la mentirosa propaganda anticlerical, el Estado no le regala absolutamente nada a la Iglesia, ya que sus ingresos proceden de quienes voluntariamente así lo hacen constar en sus declaraciones de la renta. Al contrario, por cierto, de otras confesiones religiosas muchísimo menos arraigadas en la sociedad española, que sí obtienen subvenciones directas.

Sea como fuere, el PSOE ha tenido nada menos que 20 años para desde distintos Gobiernos de la democracia denunciar esos acuerdos; pero de repente, y ahora en la oposición, le han entrado las prisas. Y es que su verdadero objetivo, puramente electoral, consiste en jugar a ser más anticlerical que la misma izquierda radical y, sobre todo, presentar al PP como un partido 'vendido' a los intereses de la Iglesia. Pero a estas alturas nos conocemos todos.