Hoy, 14 de abril, cuando se cumplen 85 años de la proclamación de la
Segunda República, loada por la izquierda supuestamente moderada, idealizada y celebrada en las calles (con escaso éxito, por cierto) por la 'ultra', cabe resaltar los siguientes extremos (nunca mejor
dicho):
- El sistema constitucional de Monarquía Parlamentaria
vigente en España, por ejemplo, garantiza y protege el derecho de los
republicanos de ultraizquierda de salir a las calles con banderas, por
cierto, inconstitucionales (tanto como lo puedan ser las franquistas), y
para pedir el final del mismo régimen político que ampara el eje
rcicio
de sus libertades; calidad democrática de la que, asimismo, carecía esa
Segunda República cuya restauración demandan, ya que, en aplicación de
una malhadada y liberticida Ley de Defensa de la República, prohibía la
exhibición de cualquier símbolo monárquico, y por supuesto cualquier
manifestación pública en favor de la Monarquía.
- Nuestro sistema de Monarquía Parlamentaria se asienta en una
Constitución que nos dimos los españoles como depositarios de la
soberanía nacional; de 'impuesta', como da a entender el rupturismo,
nada. Además, cabe recordar que esa Segunda República 'tricolor', cuya
vuelta exige ahora la izquierda radical, vino tras unas elecciones
municipales (no generales) que para más inri habían ganado los partidos
monárquicos (si bien los republicanos se impusieron en las principales
capitales de provincia), y como consecuencia de unos hechos consumados
que tuvieron lugar después de la huida de Alfonso XIII vía puerto de
Cartagena. Así pues, ¿cuál de los dos sistemas se podría considerar
'impuesto' y sin tener realmente en cuenta la voluntad de los españoles
manifestada en las urnas?
- Contra la ensalzada Segunda República
actuaron y conspiraron los mismos que contribuyeron a su implantación
una vez perdieron unas elecciones (éstas sí, generales) y tuvieron que
dejar paso en el Ejecutivo a unas derechas a las que negaban cualquier
legitimidad para gobernar; de ahí las revoluciones (golpistas) de 1934
en Asturias y Cataluña contra un Gobierno de centro-derecha
(radical-cedista) que, paradójicamente, y pese a su carácter no
republicano en esencia, tuvo que encargarse de defender la legalidad
republicana. Y de aquellos polvos, vinieron posteriores y trágicos
lodos.
- Cabe recordar, por tanto, que en aquella ocasión, con
motivo de la proclamación de la Segunda República, no fueron los
españoles en las urnas quienes decidieron el rumbo a seguir tras la
marcha del Rey: quienes tomaron el poder en esos momentos basándose,
insisto, en hechos consumados, no les dejaron votar, al menos para
decidir la forma de Estado. Se limitaron a interpretar 'a su manera' los
resultados de unas elecciones que se celebraron solo para elegir
concejales y que, además, en realidad perdieron los republicanos. He
aquí la legitimidad democrática de origen del ejemplo histórico a seguir
de la izquierda antisistema. Lo cual, teniendo en cuenta sus actuales faros del mundo, no es en absoluto de extrañar.