martes, 26 de junio de 2012

UNA REFORMA DE CALADO

El convenio firmado por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Ana Botella, alcaldesa de la capital, ha de ser el inicio del camino de las reformas políticas e institucionales que han de acometerse sin dilación, en este caso una de tanto calado como la relativa a las Administraciones Públicas. Eliminar duplicidades bajo el principio 'una competencia, una administración', amén de evitar el despilfarro y reducir el déficit, servirá para introducir en la gestión pública una eficiencia y racionalidad que tanto se echan en falta. En este sentido, la reforma de la Administración Local que el Gobierno tiene previsto aprobar el mes que viene, y que se va a concretar en una audaz modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, ha de ser un primer e importante paso.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya ha remitido una propuesta de reforma a los partidos políticos para abrir un periodo de negociaciones previo al debate parlamentario; documento que cuenta con las aportaciones, además de la Federación Española de Municipios y Provincias, de prestigiosos juristas y administrativistas, del Círculo de Empresarios, de la Fundación Democracia y Gobierno Local y del Tribunal de Cuentas. Respecto a la delimitación de competencias, propone distinguir entre los servicios obligatorios de los municipios, que serían los mínimos establecidos tanto en la Ley de Bases de Régimen Local como en una ley sectorial, y los facultativos; estos últimos solo podrían prestarse excepcionalmente y cuando las competencias propias estén suficientemente garantizadas y, en particular, cumplan los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


Si concretamos y descendemos a los cambios en los articulados, se enumeran las competencias que los municipios ejercerán en todo caso (urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable, infraestructura viaria, bienestar social primaria, Policía Local, Tráfico, promoción turística, cultura y equipamientos culturales, promoción del deporte, etc.). En comparación con la legislación vigente, se suprimirían las competencias locales en materia de enseñanza, así como las relativas a sanidad; lo cual no impediría que las entidades locales pudieran colaborar con los Ejecutivos autonómicos mediante delegación (o convenio), siempre que ambas Administraciones se ajusten a los términos financieros acordados.

Así, para evitar duplicidades administrativas, la futura ley sectorial habrá de especificar con precisión el servicio o actividad local, con estricta separación de las competencias estatales y autonómicas; además, se daría de esta forma cumplimiento a la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En cuanto al papel que se les encomendaría a las Diputaciones Provinciales, se propone habilitar a las Comunidades Autónomas para que puedan ordenar a las mismas la gestión de servicios obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes; de esta forma se evitaría la supresión o fusión de municipios claramente incapaces para desempeñar esas competencias mínimas y, a su vez, permitiría la desaparición o sustitución de muchas de las actuales mancomunidades constituidas precisamente para hacerse con ciertos servicios supramunicipales. En cuanto a las Comunidades Autónomas uniprovinciales como Murcia, la Administración regional asumiría el ejercicio de tales atribuciones.


De tal forma que, lejos de suprimir las Diputaciones Provinciales como piden PSOE y UPyD, la reforma planteada por el Gobierno les asigna una nueva función de prestación de servicios mínimos obligatorios que aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes no sean capaces de gestionar, o que lo hagan de manera ineficiente. Y es que insignes constitucionalistas han expuesto serias dudas de que eliminar de un plumazo esas entidades locales quepa en nuestra Carta Magna. Es el significativo caso de Antonio Torres del Moral, Catedrático de Derecho Constitucional, que apunta que ‘las diputaciones ya han desaparecido en las autonomías uniprovinciales, pero no en el resto; suprimirlas sí exigiría cambiar la Constitución’; la implantación de un consejo de alcaldes, como se ha propuesto, ‘sería modificar la Constitución por la puerta de atrás’; y es que la raíz de este planteamiento es que ‘la Constitución no dice qué organos las podrían sustituir y el espíritu de la Constitución es que permanezca la provincia y su órgano tradicional, la Diputación, tal y como sucede en los cabildos’; y termina preguntándose: ‘¿qué se pretende crear, una diputación bis? ¿Y cuáles serían sus competencias?’

Sería conveniente que una reforma institucional de semejante envergadura, que debería estar destinada a perdurar pese a los cambios de Gobierno, contara con el máximo consenso; o al menos con el acuerdo del principal partido de la oposición, que esperemos no haga 'casus belli' del mantenimiento de las Diputaciones Provinciales (en cuya sola supresión no reside ni mucho menos la solución del déficit de las Administraciones Públicas). En cualquier caso, por el Gobierno del PP, que sea como fuere está obligado a eliminar las tan onerosas duplicidades administrativas, no ha de quedar el intento.

jueves, 21 de junio de 2012

UNA MACABRA TOMADURA DE PELO



Como se puede apreciar en el vídeo, en la 'puesta de largo' de Sortu, la última marca electoral etarra legalizada por la mayoría 'progresista' del Tribunal Constitucional, estaban presentes todos: solo hay que fijarse tanto en quienes ejercieron de 'maestros de ceremonia', Rufino Etxeberría e Íñigo Iruín, como en muchos de quienes componían el auditorio. Todos aquellos que, como portavoces o militantes de la ilegal Batasuna, durante tantísimos años han justificado y respaldado sin ambages los peores crímenes de la banda asesina ETA; todos aquellos que nunca han tenido reparo alguno en humillar, vejar e incluso amenazar a las víctimas del terrorismo etarra; todos aquellos cuya pertenencia al entramado mafioso y criminal de la ETA ha quedado plenamente acreditada.

Sin embargo, ni a la ponente Elisa Pérez Vela, ni al presidente del Tribunal Pascual Sala (ínclito estertor del felipismo), ni a Eugeni Gay, ni a Luis Ignacio Ortega, ni a Adela Asúa, ni a Pablo Pérez Tremps, miembros todos ellos del TC a propuesta del PSOE, les cabe poner en tela de juicio la 'sinceridad' de semejantes miserables cuando en los estatutos de su coalición expresan genéricas condenas 'a la violencia' (aunque ciudándose muy mucho de referirse a la ejercida por la ETA, claro). Por tanto, los vocales del progrerío semijudicial y antijurídico le conceden mucho más valor a la palabra de ciertas alimañas que a los informes de la Guardia Civil y, sobre todo, a las sentencias del Supremo, al que han vuelto a enmendar arrogándose competencias de tribunal de última instancia, cuando el TC se encuentra fuera del ámbito jerárquico del Poder Judicial.

Y es que, por muy paradójico y surrealista que pueda parecer, el órgano que precisamente ejerce de intérprete supremo de la Constitución difícilmente ha podido hacer más por socavar nuestra Carta Magna y favorecer a quienes pretenden acabar con ella, particularmente cada vez que ostenta mayoría izquierdista. Como cuando ordenó la excarcelación de todos los miembros de la llamada Mesa Nacional de Herri Batasuna coincidiendo con la 'tregua-trampa' etarra de los tiempos de Aznar; como en sendas legalizaciones de Iniciativa Internacionalista, de Bildu y ahora de Sortu, en la que se ha perpretado la última y macabra tomadura de pelo a la nación y a las que son referencia de su defensa, las víctimas del terrorismo etarra. En suma, otro serio revés en la lucha contra la ETA (que, pese a que pretendan hacernos comulgar con ruedas de molino, continúa existiendo), de resultas de anteriores compromisos adquiridos durante el nefasto zapaterismo.

miércoles, 20 de junio de 2012

G-20: POQUITO A POCO

De la cumbre del G-20 en México, respecto a los intereses de España, se ha resaltado mediáticamente las peticiones de Merkel, Obama y Hollande a Rajoy para que especifique cuanto antes la cuantía de la ayuda a la banca española y las condiciones de la misma; información que deberá proporcionarse una vez se publiquen las conclusiones de las evaluadoras independientes sobre las necesidades de capitalización de nuestro sistema financiero. Pero no solo ha tenido lugar este 'toque de atención' a nuestro presidente del Gobierno, ni muchísimo menos: el G-20 también ha expresado su claro respaldo a las reformas económicas y políticas de ajuste emprendidas por el Ejecutivo español; cuya principal reivindicación de estos días ha visto además recogida en las conclusiones de la cumbre, donde se ha abogado por una mayor integración fiscal en la UE y una unión bancaria que propicie una supervisión común, garantizar los depósitos y la recapitalización directa de los bancos. Ni más ni menos, las demandas que enumerara el propio Rajoy en Sitges.

Por tanto, también debería quedar constancia de que, siquiera poquito a poco, se van dando pasos, cortos pero firmes, hacia esa integración fiscal y bancaria de la UE que defiende el Gobierno español, si bien de momento no va a ser posible la entrega directa de las ayudas europeas a los bancos en lugar de al Estado para diferenciar entre deuda bancaria y deuda soberana. Aun así, se da por hecho en medios de comunicación que los líderes europeos han decidido impulsar una compra masiva de deuda a España e Italia (aunque no a través del BCE como proponía Rajoy, sino de dos fondos europeos, el del Mecanismo de Estabilidad y el de Facilidad Europea para la Estabilidad Finaciera) para estabilizar los mercados y reducir la prima de riesgo; rumor desmentido inmediatamente por la propia Comisión Europea, aunque su sola propagación ha propiciado la reducción de nuestra prima a 530 puntos básicos (de los 588 que llegó a alcanzar hace dos días, en un sempiterno 'lunes negro') y que el interés del bono español se situara por debajo de la barrera psicológica del 7%.

En cualquier caso, se confirme o no la noticia, todo parece indicar que Angela Merkel, que en esta cumbre demostró seguir teniendo la sartén por el mango, no ha tenido más remedio que al menos matizar su hasta ahora inflexible postura: no por el supuesto 'contrapeso' del más 'desprendido' Hollande, típica añagaza propagandística de la izquierda, sino a buen seguro porque es muy consciente de que si no se actúa rápido, el hundimiento del euro se terminará produciendo y Alemania no sería ni mucho menos inmune a sus dramáticas consecuencias. Y además, por su parte, Obama se encuentra en plena campaña de reelección en unas presidenciales que se le presentan particularmente difíciles cuando no adversas, y por tanto quiere alejar cualquier fantasma de un 'efecto contagio' que sufriría de manera inmediata una economía como la norteamericana, que para más inri tampoco acaba de remontar. Sea como fuere, ya no hay tiempo que perder.

viernes, 15 de junio de 2012

LA UNIÓN POR EL TEJADO

Mucho se ha hablado y debatido sobre la famosa carta de Mariano Rajoy a los presidentes del Consejo Europeo, Van Rompuy, y de la Comisión Europea, Durao Barroso; aunque la misma debería haberse remitido con copia a su auténtica destinataria, Frau Merkel. En una misiva con tintes dramáticos (acorde a la situación económica actual, que ni el rescate bancario a España ha sido capaz de calmar), y en vísperas del próximo Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio, insta a promover la disciplina presupuestaria, flexibilizar los mercados, liberalizar los servicios, fomentar la movilidad del trabajo y, como medida inmediata, que el BCE inyecte liquidez para estabilizar los mercados financieros y reducir la prima de riesgo; a su vez, insiste en sus propuestas enunciadas en Sitges: una autoridad fiscal en Europa que armonice las políticas fiscales, una supervisión bancaria europea y un fondo de garantía de depósitos común. Al menos, cabe reconocerle al presidente del Gobierno español que haya tomado la iniciativa al dejar negro sobre blanco sus propuestas en unos momentos tan delicados para la misma supervivencia del euro.

Además, apenas un día después de hacerse pública la referida carta, los mercados, expertos en economía y el mismo FMI respaldaban la línea defendida por Rajoy: sin unión bancaria y fiscal, no encontraremos salida a la crisis y el euro se irá al garete. Son las consecuencias de haber empezado por el tejado la construcción de la unión económica y monetaria. Es hora ya de instalar los cimientos.

sábado, 9 de junio de 2012

QUÉ NOS HA LLEVADO AL RESCATE BANCARIO

En un fin de semana informativamente frenético y lleno de rumores y desmentidos, y una vez hecho público el informe del FMI sobre nuestro sector financiero, el Eurogrupo, y a petición, muy posiblemente forzada, del Gobierno español, ha decidido rescatar (o 'apoyar financieramente', según el Ministro De Guindos) a la banca española sin imponer condiciones en materia de política económica; tan solo, como es lógico, en el sector financiero. Aun así, por supuesto que el actual Ejecutivo del PP tendrá que seguir profundizando en la política de ajustes y reformas económicas que está llevando a cabo.

A esta coyuntura, ciertamente traumática aunque ni muchísimo menos tan calamitosa como la presentan algunos, nos ha llevado fundamentalmente el monetarismo expansivo de los Bancos Centrales, que tanto contribuyó en su momento a la burbuja inmobiliaria; la deficiente gestión de MAFO como gobernador del Banco de España, que no solo hizo oídos sordos en su momento a los avisos de sus inspectores acerca de la situación pendiente de un hilo de buena parte del sector financiero, sino que además forzó unas fusiones bancarias absolutamente improcedentes y guiadas por el puro interés político; y un Gobierno, el anterior del PSOE, que, amén de presumir del 'mejor sistema financiero del mundo', decidió mirar para otro lado y no coger el toro por los cuernos: en realidad, el adelanto de las elecciones generales le libró de verse presionado y obligado a solicitar el rescate. Porque, obviamente, los graves problemas del sector financiero español no han surgido en los cinco meses que lleva rigiendo el actual Gobierno, cuyo 'pecado' más bien reside en haber impulsado unos hábitos de transparencia que precisamente han precipitado los acontecimientos. En cualquier caso, cabe también atribuirle el mérito diplomático de haber evitado la llegada a España desde Bruselas de los temidos 'men in black' para imponer leoninas condiciones macroecónomicas, algo que tantos medios de comunicación del ámbito internacional daban ya por hecho.

Sea como fuere, el tiempo actúa casi siempre como juez insobornable que da y quita razones; y que pone a cada cual en su sitio.

jueves, 7 de junio de 2012

VENCER AL CATASTROFISMO... Y AL GOLPISMO

Tras dos semanas auténticamente terribles para la economía española, con continuas pérdidas en la bolsa y la prima de riesgo batiendo récords hace poco inimaginables, parece ser que las turbulencias han aminorado y el ambiente en los mercados se halla más calmado: la ahora popularísima prima ha llegado a descender de los 475 puntos, el Ibex ha superado los 6.500 y el Tesoro Público ha cerrado una nueva emisión de deuda bajo una fuerte demanda por parte de los inversores, si bien a precios moderadamente más altos. Ha bastado con que la propuesta del Gobierno español, consistente en propiciar un rescate bancario con fondos europeos, haya obtenido el ansiado 'plácet' de las autoridades de Bruselas. Por fin el presidente Rajoy ha conseguido llevarse al gato al agua, pero antes ha debido resistir bajo viento y marea los duros embates procedentes, no exactamente de los 'malvados' mercados (cuyas fluctuaciones no se deben a la 'mano negra' de ningún enemigo implacable de la humanidad, sino a variadas y mudables circunstancias entre las que cabe incluir el eco logrado por determinados infundios), sino más concretamente de quienes, actuando en el ámbito mediático y político como verdaderos especuladores de la catástrofe, intentan pescar en río revuelto en pos de determinados intereses.

Así, no fue ni mucho menos casualidad que el 'Financial Times' propagara el bulo de que el Banco Central Europeo rechazó el plan presentado por el Gobierno español para financiar Bankia; ni que el 'Wall Street Journal' publicara que el FMI estaba preparando un rescate para España. Ambos, periódicos anglosajones que lanzaron sendas 'bombas' informativas (o más bien desinformativas), que los supuestos involucrados se apresuraron a desmentir. Sin necesidad de dar pábulo a teorías conspirativas, sí es cierto que hay quienes saldrían beneficiados del hundimiento y posterior desaparición del euro, y qué mejor manera de intentar hacerlo posible que incidiendo por medio de la intoxicación en el desprestigio de la economía española. Después, se encargaría de poner la guinda el mismísimo Mario Draghi, que no dudó en utilizar la presidencia del BCE como plataforma de defensa de los intereses de su país, Italia; así, al descalificar en público las medidas tomadas por el Gobierno español respecto a Bankia, pretendía poner el foco en España como previsible próximo país en ser objeto del temido 'rescate', pese a que la economía italiana no se encuentra precisamente en mejor situación que la española.

Pero a los divulgadores del infundio y promotores del apocalipsis procedentes del exterior se han unido en el interior voces que han llegado a sugerir un gobierno de concentración como especie de solución milagrosa a nuestros males; personajes que, de esta forma, no han tenido empacho alguno en mostrar su olímpico desprecio a la soberanía nacional, que hace poco se manifestó rotundamente en las urnas concediendo una mayoría absoluta al PP. Y es que Rajoy lleva apenas cinco meses en el Gobierno, pero para algunos, especialmente para quienes perdieron el poder, se están haciendo eternos. Este golpismo de rotativo y de despacho recuerda mucho a aquella infame campaña (procedente, por cierto, del mismo 'imperio' mediático, ahora venido a menos) que tuvo lugar poco después de que el PP ganara por primera vez, en 1996, las elecciones generales, y que abogaba por la sustitución de Aznar por otro presidente más maleable. Afortunadamente, aquellos aspirantes a 'espadones' de corbata no se salieron con la suya, y tampoco parece que quienes han tomado el relevo en estos tiempos lo vayan a conseguir. Pero resulta inevitable que la izquierda mediática y política saque a relucir sus 'tics' golpistas cada vez que alcanza el poder una derecha a la que le sigue negando cualquier atisbo de legitimidad democrática.

Porque, de llevar adelante tal pretensión, sería un golpe a la mayoría votante y, como tal, también a la democracia, que precisamente se basa en el respeto a la expresión de la mayoría en las urnas (por supuesto, mientras se protege y da voz a las minorías); quienes recomiendan sustituir a Rajoy por las bravas, parecen obviar que hace apenas cinco meses fue investido como presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Pero es precisamente ahí donde pinchan en hueso, dado que el PP cuenta con una sólida mayoría absoluta; de tal forma que la única esperanza que alberga este golpismo de guante blanco y negras intenciones es que Bruselas acabe haciendo con España como con Grecia e Italia: imponer un candidato 'tecnocrático' en un gobierno de concentración, que en este caso haga tocar poder de nuevo al PSOE. Y de ahí a exigir la providencial llegada a La Moncloa de un 'cirujano de hierro' al modo del prefascista Joaquín Costa solo habría un paso.

Y es que ni mucho menos la tecnocracia constituye la fórmula milagrosa ante situaciones de crisis, porque a la hora de llevar el rumbo de un país no cuentan tanto los conocimientos técnicos que se posean (que para eso ya existen los altos funcionarios y los asesores especializados) como la claridad de ideas, la audacia política y la capacidad de liderazgo. Sin ir más lejos, Grecia e Italia cuentan con Gobiernos tecnocráticos, por cierto desde hace más tiempo que el que lleva Rajoy como presidente, y no han hecho milagros precisamente: Grecia ya sabemos cómo sigue, y la economía italiana, pese a las cortinas de humo del dúo Monti-Draghi, se halla bastante peor que la nuestra. En cualquier caso, si alguien quiere presentarse bajo las siglas de una especie de 'Partido Tecnócrata' en España, es muy libre de hacerlo; que se presente a las elecciones y decidan los votantes, como debe ser. Porque la soberanía, al menos de momento, sigue residiendo en la nación española, y en nadie más.