IMAGINEMOS QUE ACIERTAN LAS ENCUESTAS

Imaginemos que la noche del 20-D las predicciones del CIS se confirmaran en mayor o menor medida; esto es, que el PP se impusiera con claridad, hasta el punto de aventajar en casi 8 puntos y hasta 51 escaños a un PSOE que empeoraría sensiblemente sus ya de por sí catastróficos guarismos de hace cuatro años, y en casi 12 a un Ciudadanos que irrumpiría con fuerza en el Congreso, sí, pero al que doblaría en número de diputados. En condiciones tenidas hasta ahora como normales desde que en 1977 se celebraron las primeras elecciones generales de nuestra democracia, se tendría absolutamente asumido que a Mariano Rajoy, como candidato a presidente del Gobierno del partido más votado, le correspondería presentarse a la investidura. Pero esa regla no escrita de facilitar que el líder del partido mayoritario tenga la iniciativa en la formación de un nuevo Gobierno ha dejado de tener vigencia, si nos atenemos a las declaraciones al respecto de quienes aspiran solo al segundo, tercer o incluso cuarto lugar, si bien logrando los escaños suficientes como para unirlos a los de otras fuerzas políticas para, pese a perder en las urnas, expulsar al PP de La Moncloa y conquistar el poder.

Es más: en condiciones tenidas hasta ahora como normales, un líder del PSOE que desde la oposición cosechara los peores resultados de su partido en la historia de la democracia, y con diferencia (del récord negativo de los 110 de Rubalcaba a los 89 que, como máximo, arrancaría él), se vería obligado a anunciar su dimisión irrevocable esa misma noche. ¿Lo haría Pedro Sánchez si los datos del CIS se hicieran realidad? Casi con toda seguridad que no, ya que, a pesar del desastre electoral sin precedentes, tendría paradójicamente posibilidades de llegar a ser presidente del Gobierno si lograra encabezar un tripartito, no solo con la ultraizquierda de Podemos y sus marcas (sin ir más lejos, sus actuales socios de preferencia en los pactos anti-PP en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas), sino con aquellos a los que califica como 'derecha civilizada' (esto es, Ciudadanos); lo cual puede parecer en principio descabellado, al menos desde un punto de vista político y, sobre todo, ideológico y programático, aunque no lo sería tanto si tenemos en cuenta ciertos acuerdos de esta misma naturaleza en, por ejemplo, pedanías de Murcia y ciertas diputaciones provinciales (sí, de esas mismas que el partido de Albert Rivera promete suprimir).

Demos una nueva vuelta de tuerca: imaginemos que las que aciertan el 20-D son aquellas encuestas que sitúan a Ciudadanos, si bien todavía lejos del PP, en segundo lugar, por encima de un PSOE electoralmente hundido y desahuciado. ¿Actuaría Rivera con la responsabilidad institucional que se le supondría a un líder con una categoría política equiparable a la del mismísimo Adolfo Suárez, tal y como sus corifeos le presentan? ¿Dejaría en consecuencia gobernar al partido y al candidato más votados, con los que procuraría alcanzar acuerdos en materias fundamentales (estabilidad económica e institucional, defensa de la Constitución y la unidad de España, Defensa, Justicia, Seguridad...), lo que no sería incongruente con ejercer de 'leal oposición'? ¿O, en cambio, intentaría por todos los medios alcanzar él mismo la presidencia del Gobierno, pese a que ello forzosamente significaría encabezar una coalición tanto con quienes hace solo cuatro años contribuyeron al agravamiento de una crisis económica que dejaron como pesada herencia, como con aquellos que tienen al chavismo y otros ruinosos populismos como modelo y guía? ¿Esto es, con quienes presentan programas y profesan ideas e iniciativas políticas en principio absolutamente incompatibles con las suyas propias?

Pues bien, la conclusión sería similar a la expresada más arriba a propósito de Pedro Sánchez: semejante dislate político, ideológico y programático, que muy difícilmente podría reportar consecuencias positivas para la gobernabilidad y el bien de España, no resultaría del todo inverosímil dados ciertos pactos 'tripartitos' entre PSOE, Ciudadanos y Podemos que están en vigor en determinados lugares de la geografía española. Máxime cuando el propio Albert Rivera no ha rechazado llegar a La Moncloa de esa forma: él mismo se ha encargado de dejar claro que no debe gobernar quien gane las elecciones, sino quien sea capaz de articular una mayoría parlamentaria; sea cual sea su naturaleza, cabe colegir. Porque, en último término, si de lo que se trata es de lograr por encima de todo el objetivo máximo y declarado de la presidencia del Gobierno, esto es, de alcanzar el poder, quizá Rivera no se vea en otra. Razones poderosas para pensarse muy mucho el voto y la utilidad que pudiera tener.