miércoles, 30 de octubre de 2013

OTRA SEMANA GLORIOSA DEL PSOE

En vísperas de la Festividad de Todos los Santos, el PSOE nos ha regalado con otra de sus semanas gloriosas: un dirigente socialista en Córdoba, el cual no ha sido precisamente objeto de un cese fulminante, ha querido poner su granito de arena en la reconciliación que hace más de 30 años propició la llegada de la democracia afirmando que 'la derecha solo sabe matar en las cunetas' (uy, si además habláramos de sacas, paseos, chekas y crímenes a mansalva cometidos desde la supuesta 'legalidad' republicana); Odón Elorza, actual diputado socialista y ex-alcalde de San Sebastián, siguiendo esa misma pretensión conciliadora aunque de manera menos bestia, no ha tenido mejor idea para aportar soluciones a los problemas acuciantes de España que pedir la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y, a su vez, cambiar de sitio a José Antonio Primo de Rivera (supongo que entonces también habría que estudiar si los cuerpos sepultados de Pablo Iglesias, Dolores Ibárruri o Santiago Carrillo están bien donde están, o también habrá que sacarlos de donde moran en paz); en la mismísima sede de la soberanía nacional, el Grupo Parlamentario Socialista no ha sido capaz de mantener la unanimidad de sus diputados para apoyar una moción de UPyD (en este caso, 'chapó' para los magenta) que reafirma el principio constitucional de que el tan cacareado 'derecho a decidir' reside única y exclusivamente en el pueblo español; y en el Ayuntamiento de Tafalla, el Partido Socialista de Navarra se ha negado a adherirse a una declaración de UPN tanto de condena de los asesinatos perpretados por la etarra (y paisana del lugar) Inés del Río, como de apoyo a las víctimas del terrorismo, incluso acompañando para mayor escarnio a los proetarras de Bildu en su abandono del salón de plenos.

Sabido es que el PSOE saca a pasear los cadáveres de la Guerra Civil y del franquismo siempre que se ve en apuros. Pero que de sus propias filas (porque el PSC sigue siendo el representante del PSOE en Cataluña) surjan discrepancias cuando se les pone en la terrible tesitura de defender negro sobre blanco la soberanía nacional española, o que busquen viles subterfugios, y al más puro estilo batasuno, para no repulsar a una etarra asesina en serie y no respaldar explícitamente a sus víctimas, resulta, además de infame, impropio de un partido que pretende gobernar España; y que, como tal, debería garantizar su unidad y, al menos, hacer respetar la memoria de quienes dieron su vida por los valores y principios de nuestra Constitución; entre los cuales, por cierto, se encuentra un buen número de militantes socialistas. Desde luego, si en alguno de los grandes partidos sobre los que debería asentarse la estabilidad institucional es menester hacer limpieza, es sin duda en el que todavía responde al nombre de Partido Socialista Obrero Español.

lunes, 28 de octubre de 2013

¿Y CUÁL ES LA 'ALTERNATIVA' A LA LOMCE?

El mismo Ministro Wert no ha tenido empacho en reconocer que su controvertida obra legislativa, la reforma educativa que responde al nombre de LOMCE, tiene sus carencias y podría haber sido más ambiciosa si cabe. Pero era necesaria una profunda revisión del sistema de enseñanza que, fundamentalmente, reforzara disciplinas tan básicas como Lengua y Matemáticas, premiara el esfuerzo y la competitividad impidiendo que se pasara de curso prácticamente por Decreto, eliminara el adoctrinamiento y diera al profesor condición de autoridad. Lo que en ningún caso había que hacer es dejar las cosas como están, puesto que las anteriores leyes educativas (todas socialistas y meros remiendos de la nefasta LOGSE) han situado a nuestra enseñanza pública a la altura del betún, tal y como por desgracia llevan señalando prestigiosos informes en la materia como el de PISA. Y resulta ciertamente significativo que la llamada 'comunidad educativa' solo se haya movilizado cuando precisamente se ha planteado la reforma de un sistema educativo que a la vista está que no funciona; porque parece ser que ninguno de los muchos informes a los que he hecho referencia hayan preocupado en absoluto.

Es cierto que sería conveniente que este tipo de leyes fueran consensuadas para que no se sometieran al albur de los cambios de Gobierno; pero para 'consensuar' ha de haber voluntad al menos de las dos principales partes en liza, pero el PSOE nunca ha renunciado a utilizar la enseñanza pública como arma arrojadiza contra una 'derecha' que siempre han querido pintar como 'elitista' y presta a privatizar. Por tanto, jamás ha querido pactar con el PP nada que tenga que ver con Educación; aunque, de todas formas, difícil resulta llegar a acuerdos con quienes defienden el inmovilismo total y absoluto en la materia: y es que, no en balde, precisamente la LOGSE tiene a Rubalcaba como uno de sus ideólogos. Porque, pese a que se repite hasta la saciedad que ha habido varias leyes educativas en la democracia, cabe insistir en que han sido todas socialistas y complementarias de la LOGSE; hasta la actual Ley Wert, la única que pudo sacar adelante el PP fue la reforma de Pilar del Castillo, que ni siquiera tuvo tiempo de entrar en vigor dado que Zapatero la derogó nada más alcanzar el poder.

Esta reforma debe servir en cualquier caso para promover y rescatar valores y actitudes de comportamiento que el socialismo educativo ha desterrado de las aulas, como la competitividad. No se trata de dividir entre 'listos' y 'tontos' como de manera grotesca pretende hacer ver la progresía educativa, sino de premiar a quien se esfuerce y saque buenas notas porque incluso es un acto de justicia: hubo un tiempo, cuando en España teníamos un sistema de enseñanza pública exigente y de cierta calidad, que teníamos muy claro que para aprobar había que dedicar horas de estudio y esfuerzo, y que superar con brillantez las materias de los distintos cursos era garantía de poder hacer una carrera y progresar personal y laboralmente en el futuro; y que no todo el mundo tenía por qué valer para estudiar, por lo que en esos casos había que buscar otras salidas profesionales sin que ello signifique menoscabo alguno. Si al alumno no le inculcamos la mentalidad y los hábitos del empeño y la superación personales, difícilmente podrá afrontar las contrariedades que como es normal irá encontrándose en la vida cuando abandone los libros.

Sea como fuere, ¿qué argumentos van a ser capaces de hilvanar quienes representan una 'alternativa' educativa que se plasmó en su momento, y como se puede apreciar abajo, en una foto a las puertas del Congreso de los Diputados, donde Rubalcaba, uno de los máximos responsables del desastre educativo todavía vigente, posó codo con codo, no solo con IU y nacionalistas y separatistas de todo pelaje, sino con el mismísimo portavoz de los proetarras de Bildu? Si este es el único 'consenso' que se es capaz de propiciar, cabe dar gracias por la mayoría absoluta decretada en las urnas y que rige en el Parlamento de la nación.


martes, 22 de octubre de 2013

SENTENCIA PAROT: SÍ, SE PODRÍA HABER EVITADO

Como se temía, y en un día funesto para las víctimas de la banda asesina ETA, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sic) de Estrasburgo rechazó definitivamente el recurso del Gobierno español y emitió una denigrante sentencia en contra de la doctrina Parot y a favor de la puesta en libertad de una etarra sanguinaria, que para más inri no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento por sus crímenes. Un serio revés en tantos años de cruenta lucha de la democracia española contra la lacra del terrorismo. Ahora cabe minimizar el daño en la medida de lo posible y evitar la salida masiva a la calle de etarras y demás delincuentes que puedan verse beneficiados por el fallo; por parte de los Tribunales de Justicia, concretamente tanto la Audiencia Nacional como las Audiencias Provinciales, que son a quienes compete interpretar el mismo y aprobar su posible extensión a los casos concretos que se les planteen.

Porque quienes tienen que decidir sobre la posible excarcelación de etarras y demás criminales a los que se haya aplicado la doctrina Parot (según la misma sentencia, antes de la reforma del Código Penal de 1995), no es el Gobierno (Poder Ejecutivo), sino los Tribunales de Justicia (Poder Judicial), y a ellos van a dirigirse los abogados defensores. Resaltar principio tan básico en un Estado de Derecho puede parecer ocioso, pero resulta conveniente ante una nueva campaña emprendida al albur por el inefable y furibundo antimarianismo mediático, cuyos 'opinadores', no contentos con exigir el no acatamiento de una resolución judicial (que, por mucho que nos disguste y horrorice, es de obligado cumplimiento dado que España se adhirió en su momento al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que a partir de entonces pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno), pretenden hacer ver que el Gobierno tiene incluso la potestad de impedir la aplicación judicial de la sentencia.

Ojalá fuera tan fácil como para que todo estuviera en manos de su denostado Mariano, pero ni mucho menos es así; incluso si el presidente hiciera caso a quienes en otras ocasiones van de defensores a ultranza de la división de poderes y critican su inexistencia en España, pero que sin embargo ahora promueven que el Ejecutivo se entrometa en el Judicial (y, por tanto, rematar definitivamente a Montesquieu), sería un ejercicio inútil puesto que el Gobierno puede controlar (y de hecho controla) políticamente a jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial y a la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional; pero no precisamente a los que en concreto han de dirimir sobre las posibles aplicaciones del fallo: los que componen tanto la Audiencia Nacional como las Audiencias Provinciales.

Pero esta sentencia, que revoca una doctrina tremendamente útil para combatir el terrorismo, no deja de ser una humillación para sus víctimas; y también, no hay que olvidarlo, para las de otros crímenes especialmente crueles. Y se pudo haber evitado: lo cierto es que se debería haber reformado el Código Penal en el sentido de endurecer las penas de los delitos de mayor gravedad, y por supuesto para evitar que los asesinatos múltiples, tan frecuentes en los atentados etarras, salieran penalmente más baratos que cometer uno solo. Pero no se hizo absolutamente nada en más de 30 años de democracia: los Gobiernos de Felipe González, pese a que emprendieron una revisión que se aprobó en 1995, debido a un supuesto prurito 'progre'; y en cuanto a los de Aznar, que tan gigantescos pasos dieron en la lucha antiterrorista, se centraron en la firmeza policial y en propiciar una ilegalización de las franquicias etarras que se mostró muy eficaz, pero tampoco entraron en el capítulo penal. Incluso una vez vigente la doctrina Parot en 2006, confirmada por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, obviamente Zapatero, inmerso como estaba en su malhadado 'proceso de paz', no quiso saber nada de ninguna iniciativa legal que la asentase. Hemos tenido que esperar a la cadena perpetua revisable que plantea la actual reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta entonces, los unos por los otros y la casa sin barrer.

jueves, 17 de octubre de 2013

TAJO-SEGURA: UN ACUERDO QUE CONSTRUYE ESPAÑA

Aunque haya pasado prácticamente desapercibido en el ámbito nacional, el 16 de octubre de 2013 tuvo lugar un acontecimiento histórico. En tal fecha se alcanzó un gran acuerdo que consolida definitivamente el trasvase Tajo-Segura, al que se le quiso poner fecha de caducidad en las anteriores legislaturas de Zapatero, y que pondrá fin a las indeseables y estériles 'guerras del agua' entre regiones: los Gobiernos de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, es decir, de todas las autonomías dependientes del Tajo, firmaron bajo los auspicios del Ministro Arias Cañete el Memorándum del acueducto, que se elevará al Congreso para que obtenga rango de ley. Un pacto sin precedentes que también ha contado con el importantísimo visto bueno del Sindicato Central de Regantes, que puede apuntarse un meritorio tanto a su favor.

Pongámonos en antecedentes: hace apenas cuatro años murcianos y alicantinos nos vimos obligados a salir a la calle, no para reivindicar las aguas sobrantes de un Ebro que se desborda prácticamente todos los años, sino ¡para defender la supervivencia de un trasvase que parecía plenamente consolidado por la democracia española, como es el Tajo-Segura! Y es que vinieron sucediéndose una serie de acontecimientos que dejaron tocado de muerte a un instrumento fundamental para la prosperidad y el desarrollo de la Región de Murcia y parte del Levante español.

El preludio lo encontramos en las 'guerras del agua' orquestadas desde principios de los 90 por quien era el presidente castellano-manchego, el socialista José Bono (el mismo que ahora se envuelve en la bandera española en todas y cada una de sus intervenciones públicas), que no se privaba de hacer demagogia con un asunto tan delicado con tal de conseguir un puñado de votos. Pero entonces al menos los dos grandes partidos parecían tener absolutamente claro que las competencias en materia hidrológica pertenecían única y exclusivamente al Estado. Sin embargo, la aprobación por parte del Gobierno de Aznar del Plan Hidrológico Nacional con su proyecto estrella, el trasvase del Ebro, no solo soliviantó a nacionalistas, regionalistas y demás aldeanos de campanario, quienes se encargaron de agitar los particularismos más cerriles, sino que fue contemplado por un PSOE ya dirigido (entonces como podía) por Zapatero como una gran oportunidad para desgastar al PP y alcanzar el poder en determinados territorios. Así, por ejemplo, el PAR llevó al socialista Iglesias, con quien compartía un discurso radicalmente antitrasvasista, a la presidencia de Aragón, y de la misma forma llegó Maragall (quien llegaría a exclamar: '¡a esos del sur, ni agua!') al poder en Cataluña, aupado por los separatistas de ERC.

Y con el mismo apoyo parlamentario de los republicanos independentistas aterrizaría en La Moncloa Zapatero, cuya primera decisión fue, en consecuencia y como contrapartida, derogar el acueducto del Ebro. Desde entonces, a la puesta en solfa de cualquier trasvase por el mero hecho de serlo, se unió la discusión de la misma realidad de España como nación de ciudadanos iguales ante la ley, promovida paradójicamente desde el mismísimo Gobierno (para cuyo presidente el concepto de España como nación era 'discutida y discutible'). La aprobación de un Estatuto de Cataluña flagrantemente anticonstitucional llevó a una perjudicial carrera sin ton ni son por reformar otros Estatutos de autonomía. Y como resultado de esta irresponsable e irracional escalada fue la paulatina conversión del Estado de las autonomías en una especie de Confederación de reinos de taifas en la que cada región o nacioncilla hace de su capa un sayo; hasta llegar al extremo absolutamente disparatado de convertir al territorio en sujeto de derechos, en detrimento por tanto del individuo, del ciudadano por su misma condición de español. De esta forma se difumina el mismo principio de soberanía nacional y uno de sus derivados, la solidaridad entre regiones recogida explícitamente en nuestra Constitución.

De ahí que el Gobierno autonómico entonces liderado por el socialista Barreda planteara una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que pretendía arrogarse competencias del Estado e imponer la caducidad del trasvase Tajo-Segura, además de una reserva hídrica de nada menos que 4.000 hm3; pretensión que fue derrotada en la Comisión Constitucional del Congreso gracias, y así hay que resaltarlo, a los votos en contra de los diputados del PP (el PSOE  votó a favor), lo que obligó a las Cortes castellano-manchegas a retirar el proyecto. Se había salvado, pues, un escollo muy importante, merced a que uno de los dos grandes partidos nacionales había sabido comportarse como tal. Pero, además, y poco tiempo después, el cambio de signo político en el Gobierno de la nación trajo consigo un proyecto de Memorándum del trasvase Tajo-Segura que garantizase la continuidad del acueducto y su sanción por ley bajo unas condiciones específicas.

De tal manera que el acuerdo adoptado, pese a que establece una reserva de 400 hm3 en la cabecera del Tajo, en realidad amplía la cantidad a trasvasar en función de las circunstancias (como las lluvias) a entre 350 y 600 hm3 (la media hasta ahora se situaba en 350); fija la caducidad anual del agua, de modo que los recursos que no se hayan utilizado durante el trimestre en que se hayan recibido los caudales puedan ser reservados para un uso posterior dentro del mismo año hidrológico (una de las principales demandas de los regantes); liberaliza los bancos de agua, ya que contempla la cesión de derechos entre cuencas sin necesidad de autorización por ley; distribuye proporcionalmente los recursos (un 75% para regadío y un 25% para consumo); y, muy importante, deroga la conocida como 'disposición Narbona', que obligaba a sustituir el agua del Tajo por los caudales de las plantas desaladoras.

En suma, un éxito del Ejecutivo de Rajoy, en especial de su Ministro de Agricultura, y de los Gobiernos regionales concernientes, sobre todo de aquellos que tanto han luchado por la supervivencia del Tajo-Segura: los de Murcia y la Comunidad Valenciana. También cabe reconocer la visión nacional y de Estado de la que ha hecho gala, ahora sí, el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, dispuesto por fin a enterrar disputas relacionadas con el agua. Porque con acuerdos de esta índole y envergadura también se construye la España que queremos: unida y solidaria. Próximo objetivo: rescatar ese gran proyecto de distribución hídrica y vertebración territorial llamado Plan Hidrológico Nacional y hacerlo, esta vez sí, realidad.

martes, 15 de octubre de 2013

LEY, CONSTITUCIÓN Y... DISCURSO NACIONAL

José María Aznar ha vuelto a irrumpir en el primer plano de la actualidad política española. Y, como casi siempre, sin dejar indiferente a nadie. 'Vengo a defender la democracia, el sistema constitucional, la monarquía constitucional y la unidad de España'. De esta manera explicó su presencia después de muchos años en el desfile de la Fiesta Nacional. Porque, en efecto, son momentos en los que, ante el reto separatista del nacionalismo catalán, cabe comprometerse en público y sin ambages a favor de la Constitución y la soberanía nacional española. Un papel que sí cabe esperar que desempeñe cualquiera de los presidentes del Gobierno de nuestra democracia; siempre y cuando, claro, no hayan sometido a discusión la misma existencia de la nación española, de la que emana y en cuya representación ejercieron el poder que ostentaron.

Pero sería con motivo de la presentación de un libro de María San Gil en pleno corazón de San Sebastián, convertido en feudo bildutarra (es decir, proetarra) por obra y gracia del progresismo 'seudojudicial' antes dominante en el Tribunal Constitucional, donde el ex-presidente Aznar expuso una magnífica y brillante respuesta al separatismo catalán: ni un paso atrás ante quienes pretenden trocear la soberanía del pueblo español, romper siglos de convivencia basándose en burdas manipulaciones de la historia y, en suma, acabar con la nación española, la mayor garantía de libertad e igualdad ante la ley. Frente al pulso independentista, firmeza en la defensa de la Constitución que nos dimos los españoles, incluidos una inmensa mayoría de los catalanes.


De ahí que, por ejemplo, la declaración 'soberanista' (o de apropiación de la soberanía del pueblo español) que aprobara en su momento el Parlamento catalán tuviera cumplida respuesta por medio de un recurso que presentara el actual Gobierno de la nación ante el Tribunal Constitucional, que posteriormente la suspendería. Así pues, en la primera (y en realidad única) ocasión en la que el iluminado Mas se ha atrevido a pasar de las palabras a los hechos, el Ejecutivo de Rajoy ha reaccionado como es debido. Por tanto, no deja de ser injusto acusarle de inacción frente a los pasos dados por el secesionismo. Además, en puridad, Rajoy ha sido hasta ahora el primer presidente del Gobierno de la democracia que se ha plantado ante la reivindicación nacionalista de turno.Y sus últimas respuestas a interpelaciones del nacionalismo catalán en el Senado han sido, dentro de su estilo, contundentes. Sea como fuere, al hoy jefe del Ejecutivo se le podrá criticar por variados motivos, pero no reprocharle a él, por ejemplo, aquel desafortunado compromiso adquirido en público por Zapatero ante Maragall, que fue lo que en realidad abrió la caja de los truenos: 'aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña'. De esos polvos, estos lodos.

Ahora bien, las acciones rigurosamente jurídicas y la utilización de los instrumentos del Estado de Derecho han de combinarse con respuestas de índole puramente política: entre ellas, la construcción de un discurso firme y enérgico en defensa de la unidad de España; que, precisamente en los años de Gobierno de Aznar, tan decisivo papel desempeñó en la eficaz lucha contra el terrorismo etarra junto al respaldo incondicional a las víctimas. Y es que hacer pedagogía, en este caso tanto para desmontar las mentiras y patrañas del nacionalismo catalán como para identificar España con el ejercicio de derechos y libertades constitucionalmente reconocidos, resulta también primordial en un régimen de opinión pública como es la democracia. Sobre todo en la propia Cataluña, donde la presencia del Gobierno de la nación ha de ser constante en ese menester; aunque solo sea, como acertadamente llegó a puntualizar el mismo Rajoy en la Cámara Alta, para que los catalanes tengan acceso a versiones distintas de la oficial.

Por tanto, ley y Constitución contra el nacionalismo secesionista; y también articulación de un discurso nacional, claro y sin complejos en pro de la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

jueves, 10 de octubre de 2013

'DESCAMISAOS' Y CON PATENTE DE CORSO

La juez Alaya continúa desenredando la madeja de los EREs falsos, la mayor y más desvergonzada trama de corrupción por cuanto se organizó para birlar mil millones de euros de dinero público destinado a los parados: su último paso, el registro de sedes de centrales sindicales, empresas y organismos públicos como la Diputación de Sevilla, que además se saldó con la detención de personas relacionadas con los entes mencionados. Esta redada se produjo el mismo día en que la ex-Ministra socialista Magdalena Álvarez declarara por este caso ante el juzgado.

¿Cuál es la coartada favorita de ciertos progres a los que, pese a que van de honrados 'descamisaos', se les pilla con las manos en la masa y en consecuencia se actúa contra ellos? Agitar el espantajo del franquismo. Porque basta declararse 'de izquierdas' y 'antifranquista' (retrospectivo en la inmensa mayoría de los casos) para hacerse acreedor al derecho de disfrutar de una impunidad que se le niega al común de los mortales. Pues bien, les faltó tiempo a dirigentes sindicales de echar mano de tópicos referidos al pasado de la dictadura con tal de poner bajo sospecha las detenciones de sus conmilitones, como comparar a Alaya y la Guardia Civil con las brigadas de lo social. Ya se sabe: cuando gobierna la derecha, jueces, instituciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se convierten en antidemocráticos, sobre todo si someten a investigación y medidas policiales y judiciales a partidos y sindicatos de la pura y santa izquierda.

Pero la infame campaña del sindicalismo vertical progre (y del socialismo político y mediático en general) contra la juez Alaya, que empezó desde el mismo momento en que se hizo cargo de la instrucción del caso hasta ir adquiriendo mayor crudeza conforme se iba descubriendo la extraordinaria magnitud del 'macrofraude', ha dado una nueva vuelta de tuerca: así, UGT y CCOO han llegado a convocar concentraciones a las puertas de su juzgado para dedicarle unas cuantas lindezas. Lo que, obviamente, equivale a intentar presionarla en el ejercicio de sus funciones. 

Aunque, claro, cómo se atreve una señora que, según una reputada escritora 'progresista' y 'feminista', no es de fiar por el hecho de que se muestre todos los días tan bella y espléndida desde muy temprano, a investigar a organizaciones que, dado su pedrigí izquierdista y de defensa de los trabajadores (pese al paro que propician), han disfrutado siempre de patente de corso para, por ejemplo, no hacer jamás públicas sus cuentas pese a sostenerse gracias a los impuestos de todos; e incluso a detener a algunos de sus miembros de los que, por muy poderosos que sean los indicios de enriquecimiento personal a través de burdas mangancias, su mera pertenencia al sindicato es plena garantía de su honradez sin tacha (y ay del facha que lo ponga en duda).

Pues eso: semejante atropello a la superioridad moral de la izquierda solo podía venir de una 'pepera', como la calificaban a grito pelado los sindicaleros apostados a la entrada del juzgado. Desprestigiemos, presionemos y acosemos, compañeras y compañeros, a la facha togada que pretende acabar con nuestra impunidad y nuestro privilegios. Que nadie ose tocarnos un pelo, que si a alguno de nosotros se nos pilla apropiándonos de lo ajeno seguro que será por una causa justa y en beneficio del trabajador (empezando por el nuestro propio, claro). Que somos los 'descamisaos', leñe.

martes, 8 de octubre de 2013

LA UNIDAD DE ESPAÑA, GARANTÍA DE LA IGUALDAD

El sistema de financiación autonómica todavía vigente es manifiestamente injusto, ya que penaliza a aquellas regiones con menor extensión territorial pero mayor concentración de habitantes. De ahí que Gobiernos regionales como los de Murcia, Madrid o la Comunidad Valenciana lleven tiempo pidiendo su reforma, otra enmienda más al zapaterismo que habrá que concretar pronto. Ahora bien, tan necesario cambio en ningún caso ha de conllevar trato 'diferenciado' o de favor a ninguna Comunidad Autónoma, por muchas 'singularidades' que, como otras autonomías de España por cierto, pueda presentar; y mucho menos como cesión a determinados chantajes de quienes, por otra parte, jamás se van a contentar, dado que la reivindicación permanente (hasta la misma secesión) es su propia razón de ser y existir.

El Título VIII de la Constitución española, que como es bien sabido se refiere a la organización territorial del Estado, tras reconocer la autonomía 'para la gestión de sus respectivos intereses' de municipios, provincias y Comunidades Autónomas, pone límites y condiciones a la misma. Así, declara en su artículo 138, punto primero, que se ha de garantizar 'la realización efectiva del principio de solidaridad', por lo que se debe velar por 'el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español'; su punto segundo condiciona las posibles diferencias entre los Estatutos de las Comunidades Autónomas a que 'no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales'. Por su parte, el punto primero del artículo 139, en aplicación del principio de igualdad de los españoles, manifiesta que 'todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado'.

El PSOE y la izquierda en general, debido a sus ya proverbiales complejos ante unos nacionalismos a los que siempre ha concedido un 'plus' de legitimidad democrática derivada de su supuesta lucha antifranquista, y pese a toda su palabrería demagógica, parecen haber renunciado definitivamente a la defensa de principios como los de solidaridad e igualdad de trato hacia los españoles independientemente de donde residan, reconocidos claramente en nuestra Carta Magna. Pues bien, el PP, como partido inequívocamente nacional, ha de recoger esa bandera y enarbolarla con absoluta determinación, si es necesario en solitario. Porque la unidad de España, nación de ciudadanos libres e iguales al menos desde la Constitución de Cádiz, es precisamente garantía de la igualdad en derechos y obligaciones de todos los españoles, sin privilegios de ningún tipo.

sábado, 5 de octubre de 2013

¿SON TAN MALOS LOS REPUBLICANOS EN EEUU?

El cierre (parcial y a buen seguro coyuntural) de la Administración Federal en Estados Unidos, consecuencia del desacuerdo presupuestario entre una Cámara de Representantes republicana y un Senado y una presidencia demócratas, se nos presenta por parte de la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles y europeos aplicando el maniqueísmo de rigor: demócratas buenos vs. republicanos malos. Sin embargo, no se hace la referencia debida a que la democracia norteamericana concede la primacía al Congreso en la aprobación de los presupuestos, bajo el principio de que el Gobierno no debe incurrir en ningún gasto que no haya obtenido el visto bueno de los representantes del pueblo; quienes además, como tales, han de rendir cuentas directamente ante el mismo electorado que les ha votado en su distrito. Y sabido es que el 'Obamacare', pese a que en Europa pueda resultar incomprensible, concita el rechazo de un número más que respetable de norteamericanos que lo consideran una indeseable intromisión en sus vidas.

Sin embargo, el presidente Obama no se muestra muy dispuesto en esta ocasión a ceder en su reforma sanitaria, el principal impedimento puesto por una mayoría republicana en la Cámara de Representantes que, nos guste más o menos, recoge una demanda muy generalizada en la sociedad norteamericana, escasamente inclinada a un paternalismo estatal que en Europa consideramos normal y exigible. Sea como fuere, desde que se aprobara el 'Obamacare' en virtud de las mayorías que en aquel momento ostentaba el Partido Demócrata en ambas Cámaras, se ha planteado en EEUU un debate que en Europa, donde prácticamente desde sus orígenes con Bismarck consideramos indiscutible, y por ende intocable, el sistema de Seguridad Social, está sencillamente vedado: ¿qué es preferible, que el ciudadano pague menos impuestos y, por tanto, disponga de más efectivo propio para usarlo en lo que considere oportuno, o bien que el Estado retraiga forzosamente al contribuyente más dinero para que aquél lo emplee en proporcionar atención sanitaria? 

Los europeos, acostumbrados (quizá con la única excepción de los británicos) a convivir desde que nacen con un Estado intervencionista y paternalista que todo lo provee, y por tanto ávidos de que les cubra las necesidades básicas, se decantan obviamente por la última opción de manera generalizada. En cambio, los norteamericanos, de arraigada cultura de libertad individual, creen mayoritariamente que el Estado no es quién para inmiscuirse en un asunto que debería ser de libre elección y responsabilidad del individuo, máxime cuando se trata de su propio dinero. Porque, simplemente, en la sociedad estadounidense se sitúa la libertad por encima de la seguridad personal.

Por tanto, cuando los representantes republicanos de la Cámara se oponen al aumento de la deuda exigido por la implantación de la reforma sanitaria, no es debido a una maldad intrínseca de una derecha norteamericana intolerante, vil y surgida de la América profunda, sino a una exigencia directa del electorado de cada uno de sus distritos, muy reacio a que el Gobierno continúe endeudando a generaciones de estadounidenses con proyectos que consideran intervencionistas y limitadores de la libertad individual. Lo demás es echar mano de los tópicos de siempre.

miércoles, 2 de octubre de 2013

EL PANCATALANISMO DEL PSOE

En una sentencia que esperemos siente un saludable precedente, el Tribunal Constitucional ha rechazado la imposición del catalán como requisito indispensable para ser funcionario en las Baleares. Serio revés para un pancatalanismo especialmente activo y beligerante en las últimas semanas; el cual, en su objetivo último de convertir a las islas en colonias de los 'Països Catalans' (aquel desvarío imperialista que también incluiría, dentro de España, a la Comunidad Valenciana, la Franja Poniente de Aragón y hasta un pedacito de la Región de Murcia; en Francia, al Rosellón, Conflent y la Cerdaña; a Andorra; e incluso a la ciudad italiana de Alguer en la isla de Cerdeña, sin que en estos casos parezca aplicable el tan mentado 'derecho a decidir'), ha reaccionado con virulencia, y promoviendo la abstinencia escolar de los alumnos, a un Decreto-ley del Ejecutivo autonómico de Bauzá (llamado del TIL, Tratamiento Integral de Lenguas) que apuesta por la enseñanza trilingüe (en español, inglés y catalán) y, como tal, pone punto final a la inmersión lingüística en catalán que se encontraba en vigor desde los Gobiernos baleares 'multipartitos' y 'social-nacionalistas' (o 'nacional-socialistas') de 'todos contra el PP'.

Porque, por desgracia, del colonialismo pancatalanista no solo forman parte los partidos nacionalistas y separatistas, que abarcan ideológicamente desde la extrema derecha a la extrema izquierda, sino el mismísimo Partido Socialista Obrero Español (sic) a través del PSIB, y en lugar destacado. Así por ejemplo, fue el PSOE, y no otro partido, el que presentó el recurso al TC contra la ley que elimina la exigencia del catalán para poder acceder a la Admistración autonómica balear. Y es el PSOE el que se suma con entusiasmo a las huelgas y manifestaciones pancatalanistas contra el trilingüismo en la enseñanza. E incluso con el apoyo explícito de quien pretende ser presidente del Gobierno de la nación (española): el secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Y es que Rubalcaba, pese a que por generación pertenece a la denostada (por la actual dirección socialista) 'vieja guardia' españolista o constitucionalista (los Felipe González, Bono, Vázquez, Leguina, Corcuera, Ibarra, Belloch, es decir, aquellos veteranos del socialismo español que sí ganaban elecciones, y por mayoría absoluta), se identifica mucho más con el más juvenil (aunque menos preparado) aparato funcionarial heredado del zapaterismo: el que tiene como norte la aplicación del 'cordón sanitario', esto es, que todo vale con tal de aislar al PP para impedir que gobierne, incluso pactar con los enemigos de la unidad de España (tanto en Baleares como, por ejemplo, Cataluña). De ahí que se inspire precisamente en el precedente balear, el del Gobierno del PSOE con una ensalada de partidos extremistas, nacionalistas y secesionistas, para emularlo algún día en el Parlamento de la nación (o de lo que quede de ella). Porque Rubalcaba, como además se desprende de sus últimas intervenciones públicas, solo aspira a que el PP pierda la mayoría absoluta parlamentaria en las próximas elecciones generales; y por tanto considera que es la única manera de tocar poder de una vez, su único objetivo.

En suma, se presenta una 'alternativa' en la política española que es para ponerse a temblar. Precisamente ese mismo ejemplo de los Gobiernos 'multipartitos' en las Baleares, y sus nefastos resultados, sirven para corroborar tamaño reparo.