lunes, 23 de diciembre de 2013

PORQUE SE TRATA DEL DERECHO A LA VIDA

Se ha hecho esperar, quizá más de la cuenta, pero se ha iniciado el camino para enmendar uno de los peores horrores heredados de la era del zapaterismo: haber convertido el aborto, otrora una salida indeseable pero permitido legalmente en determinados y concretos casos, en todo un 'derecho'. Así, en virtud de la reforma legislativa presentada por el Gobierno, y que ahora deberá pasar el correspondiente trámite parlamentario, solo habrá dos supuestos de despenalización del aborto: bien en caso de violación, bien si hay grave riesgo físico o psíquico para la madre, lo que se deberá acreditar con dos informes médicos. Además, las menores solo podrán abortar mediando consentimiento paterno, y se garantiza la objeción de conciencia para todos los médicos. Por fin se hará realidad una de las más destacadas promesas electorales del PP.

Por supuesto, no ha tardado en levantarse en pie de guerra la izquierda mediática y política, tan humanitaria ella y tan sensibilizada, por ejemplo, con los 'derechos' de los animales (a los que por supuesto les concede mayor defensa que la vida humana contenida en un embrión): no por histriónica y farisaica ha sido menos esperada tamaña reacción. Pero cuando se legisla en materia de aborto es debido a que hay un evidente conflicto de derechos: el supuesto 'derecho' de la madre a abortar choca con el fundamental derecho a la vida del ser, vivo y humano, que lleva en su seno. Que alguien pueda disponer sin prácticamente límite alguno de una vida, por mucho que forme parte de su cuerpo, se presenta como algo moderno y 'progresista', pero en realidad es un monumental atraso y una atrocidad, que seguramente el inexorable paso de la historia de la humanidad acabará condenando. Y si aprobar una ley que contempla el feto como bien jurídico a proteger nos coloca 'a la cola' de Europa, como desde determinados medios se lleva aseverando, sería más bien indicativo de la crisis moral y de valores que todavía vivimos en el Viejo Continente (y de la que sin duda proceden las demás crisis, incluida la económica), no precisamente un demérito de nuestro país.

Porque incluso absteniéndose de adoptar un punto de vista estrictamente religioso, la vida es el derecho más básico y fundamental del individuo, porque sin él, obviamente, no puede ejercer ni ser sujeto de otros derechos y libertades; así pues, la primera manifestación concreta de una vida humana, que es el feto, ha de contemplarse como un bien a proteger exceptuando casos extremos y claros, y de ahí la nueva plasmación en ley de la doctrina del Tribunal Constitucional que así lo establecía. Desde luego, comparar ese inicio concreto de vida humana con, por ejemplo, una planta, es ni más ni menos que suscribir la doctrina Aído: 'el feto es un ser vivo, pero no humano', como si fuera producto de la generación espontánea, o quizá de un origen extraterrestre.

Sea como fuere, y estando de acuerdo con los portavoces del proabortismo que resaltan que el aborto es siempre un trauma para la misma mujer (lo que hace difícil de entender su misma pretensión de convertirlo en derecho, aunque sabido es que pedir coherencia a algunos es un imposible), se han de facilitar otras alternativas a quienes se vean abocadas a interrumpir su embarazo en los supuestos permitidos: sobre todo la de dar el niño en adopción. Y en este cometido las asociaciones de defensa de la madre surgidas de la sociedad civil pueden desempeñar, como de hecho lo llevan haciendo, un papel importantísimo. Porque se trata fundamentalmente de garantizar el derecho a la vida.

viernes, 20 de diciembre de 2013

UNA ENERGÍA TAN VERDE COMO ONEROSA

Nada más oportuno que, ante una nueva y disparatada subida del precio de la luz, el Gobierno de la nación defienda los derechos e intereses de los sufridos consumidores españoles e inste a una investigación para averiguar si ha habido colusión, es decir, un acuerdo entre las compañías del sector eléctrico que atente contra la libre competencia (por cierto, una demostración más de que no es concebible un libre mercado sin ley ni Estado que vele por su cumplimiento). Y, en efecto, el organismo regulador, que ahora responde al nombre de Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ha dictaminado en menos de 24 horas que no procede validar la última subasta eléctrica 'ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas'. Lo cual ha llevado a Industria a anular ese incremento del 11% en la factura de la luz y a anunciar medidas que eviten situaciones parecidas.

Ahora bien, también cabe reconocer que durante demasiados años en España, y bajo distintos Gobiernos (aunque muy especialmente desde Zapatero, del que se ha heredado un déficit de tarifa de 24.000 millones de euros), hemos querido ser los más ecologistas y limitarnos a apostar por una energía tan 'verde' como cara e ineficiente, eso sí, tirando de unas subvenciones que tarde o temprano pasarían la correspondiente factura; y, a su vez, presumir de ser más antinucleares que nadie, para luego comprarle a Francia esa misma energía nuclear que produce. Y no deja de ser cierto que el mercado energético se ha liberalizado, pero solo a medias. Resultado: un déficit tarifario que ha acabado repercutiendo, y de qué manera, en nuestros ya de por sí castigados bolsillos, y para más inri en los años de crisis económica. Porque una vez más ha quedado patente que los Presupuestos Generales del Estado no siempre lo aguantan todo.

Sea como fuere, e independientemente de las medidas inmediatas que adopte el Gobierno, resulta necesaria una verdadera y audaz reforma del sector energético, que debería partir de dos premisas fundamentales: más liberalización y, por supuesto, menos prejuicios supuestamente 'verdes', tan ridículos como onerosos.

lunes, 16 de diciembre de 2013

NI BIRLANDO LA SOBERANÍA NACIONAL

Ni por esas. Según distintas encuestas publicadas sobre un referéndum que, por su carácter manifiestamente anticonstitucional e ilegal (amén de ridículo, empezando por las preguntas 'consensuadas' por las ramas del nacionalismo, delirantes y grotescas), ni debería celebrarse ni, en consecuencia, va a tener lugar, el separatismo catalán no lograría ni de lejos la mitad de los votos en una hipotética consulta. Es decir, que ni apropiándose de la soberanía nacional española (que no otra cosa es lo que pomposa e insistentemente llaman 'derecho a decidir') conseguiría el nacionalismo catalán sus objetivos. Parece ser que, afortunadamente, décadas tanto de adoctrinamiento en el nacionalismo obligatorio en las aulas, como de práctica hegemonía nacionalista en los medios de comunicación catalanes, no han sido suficientes para que una Cataluña feliz y liberada de la opresora España sea sentida como una necesidad imperiosa por la generalidad de la sociedad catalana, por muchos adeptos que al rencor y al odio hacia lo español hayan aun así logrado engendrar.

Sin embargo, es oportuno resaltar que el hecho de que, por ejemplo, consiguiera el nacionalismo separatista el 90% de las adhesiones no proporcionaría la más mínima legitimidad al referéndum que pretende celebrar, ya que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Al cual, en virtud de una Constitución que nos dimos en su momento los españoles (incluida una aplastante mayoría, entonces sí, de los electores catalanes), le competiría dilucidar sobre la integridad de España; para más inri, y pese a las mentiras del nacionalismo y buena parte del izquierdismo, el país de Europa con mayor tradición de Estado unido. Porque el verdadero 'derecho a decidir' corresponde ejercerlo a quien ostenta la soberanía nacional, no a quien quiera trocearla ni birlarla.

Frente a este nuevo paso dado por el chantaje independentista, se debe oponer ley, Constitución y unidad nacional. En este sentido, cabe felicitarse por que el PSOE, obviando disensiones internas surgidas dentro de su 'partido-hermano' en Cataluña, se haya situado claramente junto al Gobierno del PP en su rechazo al ardid secesionista del nacionalismo catalán. Y así debe ser: sin duda, que los dos principales partidos nacionales defiendan, al unísono y sin ambages, principios y valores fundamentales como son la soberanía nacional y la unidad de España fortalece nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho y aleja el peligro de ruptura de nuestra nación. Sin que ello signifique que no se deba mantener la firmeza frente al separatismo. Ahora, más que nunca.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

LA PRIMA, ANTES Y DESPUÉS

La hace poco tan temida prima de riesgo se ha situado alrededor de los 220 puntos básicos, con lo que ha llegado al nivel más bajo desde junio de 2011; en total, ha descendido casi a la mitad a lo largo del presente año. Muchos de quienes antes presentaban, convenientemente resaltadas, aquellas meteóricas subidas del indicador de principios de la legislatura como muestra de una supuesta incapacidad del Gobierno de Rajoy para generar confianza, y que ciertamente parecían ponernos al borde de un rescate indeseable y oneroso, resulta que ahora no le dan tanta importancia a la evolución de la prima de riesgo, o bien aseveran que de poco sirve dada su escasa incidencia en la economía de a pie.

Pero, bien al contrario, de la reducción de la prima de riesgo se benefician, por una parte, las cuentas del Estado, que de esta forma ahorra dinero al lograr financiar su deuda a un coste considerablemente menor (sin ir más lejos, en la última subasta el bono español a diez años ha cerrado al 4% por primera vez desde 2010), y gracias a lo cual podrá destinar dinero a otras partidas, como prestaciones al desempleo o inversiones en infraestructuras; y por otra parte, las empresas españolas, que pueden también financiarse con mayor facilidad en los mercados y, por tanto, expandirse y generar más puestos de trabajo.

En suma, la mejora de la 'macro' suele anteceder a la de la 'micro', porque la una conduce a la otra. Y si las subidas de la prima de riesgo nos llevaban a la zozobra, a vaticinios catastróficos e incluso a cargar contra un Gobierno recién aterrizado en el poder, deberíamos ahora congratularnos de sus reducciones, destacarlas adecuadamente y, aplicando entonces un mínimo de coherencia, reconocerle algún mérito, siquiera mínimo, al actual Ejecutivo y sus controvertidas políticas económicas: porque si se le responsabilizaba incluso de las consecuencias de una situación económica heredada, alguna contribución, aunque sea en menor medida, habrá de reconocerle en la mejoría actual.

Ello no significa que se tenga que obviar la influencia tanto de las perspectivas de crecimiento económico general en Europa como de aquel punto de inflexión marcado por Mario Draghi, cuando declaró solemnemente que el BCE 'haría todo lo posible' para preservar el euro. Pero, del mismo modo, también resulta cicatero negar que la mayor confianza que transmite ahora nuestra economía se debe, al menos en parte, en la imagen de rigor y solvencia que han generado las medidas de ajuste y reformas económicas del Gobierno de Rajoy.

Aunque se ha de partir de un hecho incontestable: quien merece la práctica totalidad de los elogios es una sociedad civil española de nuevo a la altura de las circunstancias; muy especialmente aquellos sectores más dinámicos y emprendedores que han sabido hacer frente a las peores adversidades, y que liderarán la recuperación económica que parece vislumbrarse.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

LA IMPOSTURA ANTICLERICAL DEL PSOE

De las muchas que le adornan, pocas imposturas típicas del PSOE son más fáciles de desmontar que las referidas a sus poses anticlericales, que adopta cada vez que se encuentra en apuros (es su mantra favorito, junto al antifranquismo retrospectivo), y especialmente cuando ejerce de oposición a un Gobierno de 'la derecha'. Así, cuando califica de 'preconstitucionales' e incluso 'inconstitucionales' los todavía vigentes acuerdos con la Santa Sede, solo cabe, en el primer caso, recordar la fecha en que se firmaron: 3 de enero de 1979, esto es, después de que la Constitución fuera aprobada en las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada por referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año y entrara en vigor 23 días después; y, en el segundo caso, limitarse a citar el artículo 16.3 de la Carta Magna: 'Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones'. Pese a las incomprensiones lectoras que pueda haber tras décadas de LOGSE, más claro, agua. Pero que la realidad no te estropee una buena campaña propagandística, pensarán los prebostes del socialismo español.

Porque los concordatos de España con la Santa Sede en ningún caso han impedido que se puedan firmar también con representantes de otras confesiones religiosas, como de hecho así ha sido: en 1992 se alcanzaron sendos acuerdos de cooperación con las iglesias evangélicas y las comunidades judía y musulmana, a los que después se unirían mormones, budistas, testigos de Jehová y ortodoxos. En cualquier caso, la Iglesia Católica sí merecería un reconocimiento y trato especial, no solo atendiendo a las creencias religiosas de una gran mayoría social (según el CIS, y pese a la crisis de religión de hace muchos años en España, el 70 por ciento de los españoles se sigue declarando católico), sino por fundamentales cometidos concretos que desempeña en la sociedad civil y que suponen una considerable descarga para el Estado y un subsiguiente ahorro económico para las arcas públicas: enseñanza (para las familias que libremente hayan eligido recibir una educación en valores católicos), atención y ayuda a los más necesitados, campañas de lucha contra la pobreza, etc. Y con ello además, y pese a lo que difunde la mentirosa propaganda anticlerical, el Estado no le regala absolutamente nada a la Iglesia, ya que sus ingresos proceden de quienes voluntariamente así lo hacen constar en sus declaraciones de la renta. Al contrario, por cierto, de otras confesiones religiosas muchísimo menos arraigadas en la sociedad española, que sí obtienen subvenciones directas.

Sea como fuere, el PSOE ha tenido nada menos que 20 años para desde distintos Gobiernos de la democracia denunciar esos acuerdos; pero de repente, y ahora en la oposición, le han entrado las prisas. Y es que su verdadero objetivo, puramente electoral, consiste en jugar a ser más anticlerical que la misma izquierda radical y, sobre todo, presentar al PP como un partido 'vendido' a los intereses de la Iglesia. Pero a estas alturas nos conocemos todos.

sábado, 30 de noviembre de 2013

¿MATA LA LIBERTAD DE MERCADO?

La llegada al Vaticano de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha sido como un soplo de aire fresco para la Iglesia católica. Son dignos de alabanza sus gestos de humildad, su cercanía, su compromiso con los más desfavorecidos y sus pasos encaminados a renovar y modernizar las más altas jerarquías eclesiásticas. Pero en la parte económica de su Exhortación Apostólica 'Evangelii Gaudium', no solo va más allá del camino señalado tanto por la Encíclica de León XIII, 'Rerum Novarum', como la 'Mater et magistra' de Juan XXIII, algunas de cuyas tesis, empero, deberían haber quedado superadas hace décadas ante el peso de los acontecimientos históricos acaecidos desde entonces (entre ellos, el colapso del socialismo 'real' escenificado en la caída del Muro de Berlín); incluso deja absolutamente corta aquella afirmación del tradicionalista Sardá y Sardany en forma de panfleto decimonónico, 'El liberalismo es pecado', al aseverar que el sistema económico derivado de las ideas liberales, la libertad de mercado, ni más ni menos que 'mata'. En este aspecto, no se le puede reprochar al Papa el empleo excesivo del matiz.

Independientemente de que, al tratarse de una Exhortación y no de una Encíclica, en este caso no sería aplicable el dogma católico de la infabilidad del Papa, Francisco se equivoca de medio a medio al criticar al libre mercado y al liberalismo en general de manera tan furibunda e injusta, para más inri sin privarse de utilizar los gastados tópicos propios del populismo latinoamericano que arruina y asola tantos rincones del Viejo Continente. No deja de ser un inmenso error poner en solfa, no solo principios basados en la moral y dignidad humanas y los derechos fundamentales del hombre, como son, además de la vida, la libertad y la propiedad (reafirmada esta última como 'derecho natural' en la citada Encíclica 'Mater et Magistra', por ejemplo); sino además el sistema económico que es precisamente fiel reflejo de esos valores basados en la libertad del hombre, el del libre mercado. Que, pese a lo que pregona de manera tan insistente, y cabe reconocer que eficaz, la propaganda antiliberal, ahí donde rige siempre produce más riqueza, más prosperidad, más progreso y, por tanto, menos pobreza, entre otras razones porque es capaz de producir más medios para luchar contra ella. Y solo cabe remitirse a las pruebas.

El que suscribe, como católico que se sigue considerando, nunca se ha identificado con los discursos que, al modo por ejemplo de un Donoso Cortés, presentan al liberalismo como adversario o incluso enconado enemigo del catolicismo; cuando precisamente el liberalismo tanto le debe en sus orígenes al sustrato occidental y cristiano, que basa sus principios en el respeto a la dignidad humana, y cuando el catolicismo no debería entenderse sin la defensa de, junto a la vida, el derecho fundamental del que Dios ha dotado al hombre al concederle el libre albedrío: la libertad. 

Por supuesto que la libertad no es un valor absoluto, como en realidad ningún derecho lo es: la ausencia de coacción, en feliz definición de Hayek, termina, como resaltó Stuart Mill recogiendo un lema popular, donde empieza la libertad de otro. El libre mercado es simplemente la realización y plasmación en las relaciones económicas y sociales de ese valor no absoluto, lo que conlleva la libertad de cada uno para disponer de lo que es suyo o ha ganado gracias a su mérito y esfuerzo y, por tanto, comerciar o intercambiar sus posesiones como buenamente quiera; aunque, por supuesto, con unos límites marcados por unas reglas de juego claras (ausencia de trampas y delitos, cumplimiento de los contratos y compromisos pactados, etc.), terreno en el que debe entrar el Estado. Porque, en puridad, el libre mercado, al contrario de como lo pintan los antiliberales de todos los colores ('anarquía', 'capitalismo salvaje'...), es absolutamente inconcebible sin la presencia de un Estado de Derecho; lo contrario es la ley de la selva, como la de las mafias que siguen dominando en países del Este de Europa como Rusia, o las de tribus que se imponen por la violencia en África. Que, pese a que también se les ponga la etiqueta, no son ejemplos ni de capitalismo ni de liberalismo económico.

Sobre el grado de intervencionismo de ese Estado regulador ya hay para todos los gustos: hay quienes piensan que ha de inmiscuirse en prácticamente todos los órdenes de la vida económica para desempeñar una labor 'redistribuidora' (lo que acaba siendo contraproducente, puesto que desincentiva precisamente la creación de esa riqueza que se pretende repartir); otros creemos que su labor fundamental ha de ser cumplir y hacer cumplir las leyes, garantizar la seguridad jurídica y propiciar un marco favorable para la generación de prosperidad y la reducción de la pobreza. Lo que 'mata' es precisamente el intervencionismo y dirigismo atroz y asfixiante (y liberticida) y la ausencia de esa garantía del derecho a la propiedad, la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos y contratos que caracteriza al sistema de libre mercado. Porque sus 'alternativas', esas sí verdaderamente 'salvajes' (y contra las que con tanto denuedo combatió uno de los antecesores de Francisco, Juan Pablo II), son sobradamente conocidas; y sus consecuencias trágicas e inhumanas también.

Pero no solo cabe aprender de la pasada y cruda experiencia de los regímenes comunistas de la Europa del Este: ahora basta asomarse por Cuba, que antes de convertirse en paraíso anticapitalista era uno de los países con mayor renta per cápita del mundo; Corea del Norte, cuya tremenda pobreza y retraso contrasta abrumadoramente con la riqueza y el crecimiento económico de sus 'capitalistas' vecinos del Sur; o ese faro antiliberal del 'socialismo del siglo XXI' llamado chavismo, cuyos últimos decretazos son la puntilla a la libertad de comercio y el paso necesario hacia la muy socialista escasez de bienes básicos que ya está sufriendo Venezuela. Incluso a un nivel más suave, pero no menos ruinoso, el Papa Francisco no tendría ni que salir de su país de origen, Argentina, para comprobar en qué han convertido décadas de populismo 'descamisao' peronista a una de las naciones más desarrolladas, ricas y prósperas y otrora tierra de promisión.

Porque, en efecto, hay demasiados pobres en el mundo (aunque cada vez menos pese a que se afirme lo contrario), lo que resulta indicativo de que algo se está haciendo mal: precisamente no extender el sistema económico que, amén de plasmar el bien más preciado del hombre como es la libertad, se ha mostrado más eficaz en la generación de riqueza y prosperidad, en la asignación de recursos y, por tanto, en la reducción de la pobreza (como queda demostrado allí donde tiene lugar); y que, cabe insistir, es inconcebible sin un Estado de Derecho que garantice dentro del mercado el cumplimiento de unas normas. La libertad de mercado, lejos de matar, favorece que el hombre disponga de más y mejores instrumentos para progresar, mejorar su calidad de vida y, en consecuencia, alejarse de una miseria que, antes del triunfo (más o menos relativo) del liberalismo económico, le acompañaba indefectiblemente a lo largo de su vida. Sin duda, un logro más de la civilización occidental que los católicos, y los cristianos en general, deberíamos resaltar y defender.

lunes, 25 de noviembre de 2013

JFK: CINCO DÉCADAS SIN RESPUESTAS

'El tiempo es ese juez insobornable que da y quita razones'. Esta conocida sentencia encierra mucha sabiduría, pero no siempre obtiene su correspondiente aplicación a la realidad. Un caso paradigmático es el del asesinato nada menos que hace 50 años de todo un mito, el que fuera presidente de los Estados Unidos desde 1960 hasta su muerte tres años después, John Fitzgerald Kennedy. Cinco décadas de investigaciones, artículos, reportajes sobre el particular y nos hacemos las mismas preguntas: ¿quién ha sido? ¿La mafia (norteamericana)? ¿El comunismo, vía Castro, vía KGB, o ambas de consuno? ¿La CIA, incluso formando parte de una magna conspiración a tres bandas con el 'complejo militar-industrial' (que denunciara su antecesor, un ya senil Eisenhower, al final de su mandato) y la mafia, esta vez cubana (que es como suele definir el régimen castrista y sus propagandistas a su oposición); contando para más inri con la aquiescencia de quien le sustituiría en la presidencia, Lyndon B. Johnson? Desde luego, y sin necesidad de caer en teorías conspirativas, lo que sí parece difícilmente concebible, y por tanto descartable, es que el supuesto ejecutor del crimen, Lee Harvey Oswald, actuara única y exclusivamente por su cuenta, fuesen cuales fuesen sus verdaderas motivaciones. 

Personalmente creo que las dos primeras posibilidades planteadas son las más factibles: bien la mafia, dadas las peligrosas relaciones de su familia con Sam Giancana (que provocó auténticos 'pucherazos' en distritos que favorecieron a Kennedy, en unas elecciones presidenciales muy igualadas), quien es muy posible que se sintiera traicionado sobre todo tras la batalla sin cuartel contra el hampa declarada desde la Fiscalía General por su hermano Bobby (que también acabaría asesinado años después en extrañas circunstancias); bien el comunismo, sea Fidel Castro tras el apoyo de JFK a la fracasada invasión de Bahía de Cochinos y su actitud en general beligerante con el castrismo, sea la misma URSS, que en plena guerra fría pudiera sentirse especialmente inquieta ante el irresistible auge de un presidente estadounidense joven, carismático y que por donde iba (como ante el Muro de Berlín entonces recientemente erigido) dejaba clara su posición radicalmente anticomunista (aspecto que, por cierto, no se suele resaltar en él).

La tercera opción, que es la que por ejemplo expone Oliver Stone en su película 'JFK', me parece mucho más inverosímil por lo complicado que resultaría unir a instancias distintas con tan diferentes objetivos: ¿la CIA por su supuesta pérdida de control, influencia y autonomía bajo Kennedy?; ¿el complejo 'militar-industrial' por el temor fundado de que el presidente retirara las tropas de Vietnam, es decir, de acabar de un plumazo con una guerra que él mismo había iniciado poco antes?; ¿la 'mafia cubana' por la escasa implicación de JFK en Bahía de Cochinos, pese a que había dado su visto bueno a la operación?; ¿y quién tuvo el enorme mérito de poner a todos de acuerdo para organizar el atentado, quizá el mismo Johnson? Muy propio de la concepción conspiranoica de la historia, pero escasamente creíble; por mucho que la interpreten en esta escena clave dos excelentes actores como Kevin Costner (en su papel del fiscal Garrison) y Donald Sutherland (como el 'señor X', en realidad Fletcher Prouty, jefe de Servicios Especiales y enlace entre la CIA y el Pentágono).
 
JFK. Caso Abierto: Mister X por Chockys

miércoles, 20 de noviembre de 2013

EL APLOMO DE SOLBES

El azar tiene sus caprichos, en ocasiones no exentos de justicia poética; hasta el extremo, por ejemplo, de hacer coincidir el segundo aniversario de la victoria del PP en las últimas elecciones generales, que dio paso a un Gobierno que debía afrontar una situación económica calamitosa, con la presentación de las memorias de Pedro Solbes, vicepresidente y Ministro de Economía y Hacienda de Zapatero que, tras convertirse en activo y estrella electoral del PSOE merced a un debate televisado en el que se impuso mediáticamente negando con rotundidad cualquier atisbo de crisis económica, actuó después en consecuencia: gestionando su departamento como si no hubiera tal, pese a los muchos indicadores que empezaban a señalarla. Sin embargo, ahora el señor Solbes reconoce que tenía absoluta constancia de la inevitabilidad de las turbulencias económicas, pero que no quiso contrariar en público a su presidente, poco dispuesto a hacer política sin el colchón que le proporcionaba el hasta entonces abundante dinero público; de ahí que, según su versión, no lograra convencerle. Es más, ha llegado a declarar que se arrepiente de haberse presentado a aquellas elecciones en cuya campaña brilló con luz propia.

Más bien, y a toro pasado, Zapatero y Solbes se dedican a pasarse la patata caliente de quién ocultó de manera consciente a los españoles la inminencia de la crisis que todavía sufrimos: que si el Ministro no informó a su presidente a tiempo; que si sí le avisó, pero no le hizo caso. Da la impresión de que, el uno por el otro, dejaron la casa sin barrer. Lo que sí resulta indiscutible es el aplomo con que el señor Solbes mintió en su célebre cara a cara televisivo con Manolo Pizarro, hasta el punto de que, como se puede comprobar en el vídeo publicado más abajo, la audiencia le concedió una clara victoria: fundamentalmente porque el entonces vicepresidente del Gobierno se limitó a decir lo que la gente quería oír, que todo seguiría fenomenal y no habría que pedir sacrificio alguno, mientras que el representante del PP hizo de molesto Pepito Grillo al advertir de los desequilibrios de nuestra economía y alertar de la necesidad de empezar a reformar y tomar medidas de ajuste. Pero ni el PSOE ni, cabe reconocerlo, un electorado que mayoritariamente volvió a votar a Zapatero (y Solbes) quisieron saber absolutamente nada.

Por desgracia, no tardarían en venir los 'madres mías', aunque el Ejecutivo socialista de la época necesitaría todavía dos años más para asumir una realidad incómoda: tuvieron que mediar unas llamadas procedentes de Bruselas, Washington y hasta Pekín (manda narices que un régimen comunista pida rigor económico a un Gobierno de la Unión Europa) para que un descolocado Zapatero comenzara a reaccionar, tarde y mal, y ya con Elena Salgado de Ministra de Economía. Y las consecuencias todavía las soportamos.

lunes, 18 de noviembre de 2013

MITAD DE LEGISLATURA: EL PP SE DESGASTA, PERO RESISTE

A casi un mes de alcanzar la mitad de la legislatura (porque cabe recordar que el PP ganó las elecciones generales el 20 de noviembre de 2011, pero no empezaría a gobernar hasta más de un mes después), las encuestas continúan señalando el gran desgaste experimentado por el partido del Gobierno, derivado fundamentalmente de las medidas impopulares que se ha visto obligado a adoptar tras la ruina zapaterina. Aun así, y según el diario 'El Mundo' (no precisamente proclive a Rajoy, bien al contrario), el PP supera en 3,5 puntos (ventaja bastante menor a la mostrada fechas atrás por el CIS) a un PSOE que, lejos de comenzar a remontar, sigue descendiendo en intención de voto, por extraño que resulte en un partido que en la oposición debería verse alguna vez mínimamente beneficiado por la pérdida de imagen del Ejecutivo; por su parte, 'La Razón' (medio, éste sí, mucho más favorable al presidente del Gobierno) publica un estudio demoscópico sobre elecciones autonómicas, del que muy significativamente se desprende que el PP ganaría en 9 de 13 Comunidades Autónomas: revalidaría sus mayorías absolutas en Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Castilla y León y su mayoría simple en Aragón (tendría que repetir su acuerdo con el PAR), si bien en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria pasaría a necesitar del concurso de otros partidos para gobernar (con el consiguiente riesgo del surgimiento generalizado de pactos de 'todos contra el PP', panorama político nada improbable); en Extremadura perdería por apenas ocho décimas, desventaja que se antoja absolutamente remontable.

Obviamente, del 'voto del descontento' se beneficiarían fundamentalmente los 'partidos protesta', IU como la rancia izquierda radical de siempre y UPyD como centro-izquierda que se presenta como 'transversal' y desideologizado; ambos experimentan una sensible subida electoral. Ahora bien, la principal causa del considerable descenso en intención de voto del PP, consecuencia del desencanto con un Gobierno que ha tomado medidas complicadas en un escenario de grave crisis económica, además de con la política en general, la seguimos encontrando en la abstención; y es ahí donde el partido de Rajoy tendría que centrar sus esfuerzos y aspiraciones de crecimiento electoral, intentando recuperar la confianza de aquellos que tampoco estarían dispuestos a transferir su voto a ningún otro partido. Algo perfectamente factible, sobre todo a partir de que el ciudadano medio empiece a notar con cierta nitidez la recuperación económica, situación a la que todavía no se ha llegado.


Eso sí, el PP no debería limitarse a esperar a que la mejoría de la economía cale por sí misma, sino además explicar con claridad las reformas llevadas a cabo (que han de continuar), en qué medida han contribuido a la recuperación y, por supuesto, no dejar de recordar de dónde partimos. Tampoco estaría de más empezar a buscar la reconciliación con amplios espectros de su electorado más tradicional, para más inri especialmente sensibilizado los últimos días por la suelta de etarras y demás criminales en aplicación e interpretación de la sentencia de Estrasburgo: urge convertir por fin en iniciativas de Gobierno y parlamentarias importantes apartados de su programa electoral, no solo en materia antiterrorista, sino, por ejemplo, también relativos a bajadas de impuestos y la prometida derogación de la actual y zapaterina ley del aborto. 

Sea como fuere, demos tiempo al tiempo, actitud que suele resultar conveniente; sobre todo en política. Todavía tenemos media legislatura por delante.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

NUNCA MÁS PATRAÑAS

Se ha hecho esperar, porque la Justicia no suele pronunciarse ni mucho menos de manera tan rápida como últimamente lo está haciendo a propósito de la aplicación de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Nada menos que once años después de que se produjera el desastre, por fin se ha dado carpetazo judicial al caso del Prestige, que dio origen a la primera gran campaña de 'agit-prop' izquierdista contra el Gobierno de Aznar; solo superada en intensidad meses después con motivo de la segunda guerra de Irak. Pues bien, el tribunal, además de absolver a los acusados en el proceso (si bien ha condenado al capitán del buque por un delito de desobediencia grave a la autoridad), ha eximido de cualquier responsabilidad a la Administración de entonces, ya que, lejos de provocar la catástrofe, intentó solucionarla y evitar daños materiales y humanos, si nos atenemos a la literalidad de la sentencia; el juez asimismo avala la decisión de alejar el petrolero de la costa.

Por tanto, ha quedado acreditado en sede judicial que aquella feroz estrategia de acoso y derribo que adoptó el lema (que hizo fortuna) de 'Nunca Máis', emprendida con el objetivo de presentar al PP como culpable del hundimiento del Prestige y sus consecuencias, se fundamentó en la tergiversación de los hechos y la propagación de mentiras y patrañas de la peor especie. Según la agitación y propaganda de la izquierda política y mediática, poco menos que fue el Gobierno de Aznar, por supuesto que con la aquiescencia del entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga (que además cometió el imperdonable pecado de estar de caza cuando tuvo lugar el accidente), el que fletó el petrolero, lo colocó en aguas gallegas y provocó el vertido; debía ser para castigar a unos gallegos tan molestos que siempre habían mantenido una fidelidad inquebrantable al PP en las urnas, porque así de malvada, desagradecida y sádica ha sido siempre la derecha. Además, se anunciaban desgracias sin precedentes que el chapapote iba a traer consigo, absolutamente irreparables para la economía y que empujarían a miles de gallegos a emigrar, como antaño; sin embargo, apenas un año después el sector pesquero recuperaría la normalidad, e incluso la actividad turística continuaría creciendo. No, no llegó el Apocalipsis a Galicia como pronosticaban los cenizos de turno, que ahora vuelven a ser legión; como cada vez que gobierna el PP.

No está de más recordar a propósito el verdadero momento culminante de semejante éxtasis de la manipulación mentirosa: tuvo lugar en el Parlamento de la nación con la tristemente célebre intervención del entonces diputado socialista (y futuro Ministro zapateril) Jesús Caldera (que a partir de ese instante se hizo acreedor al sobrenombre de 'Típex'), que no tuvo empacho alguno en adulterar burdamente un documento oficial con tal de tachar de mentiroso al Gobierno del PP y poner en un brete a quien en su nombre comparecía, el entonces vicepresidente, Mariano Rajoy; el cual no tardó en descubrir la trampa y exponerla ante el asombro de la concurrencia. Sin embargo, el señor Caldera ni alteró el gesto: porque, en efecto, todo valía contra una derecha que se había atrevido a ganar por segunda vez consecutiva unas elecciones generales ¡y por mayoría absoluta! Así de claro lo dejó otro diputado del PSOE y asiduo tertuliano televisivo, Antonio Miguel Carmona, en una conversación informal: 'si hacen falta más votos, hundimos otro Prestige'; eso sí, este señor al menos sí tuvo la vergüenza torera de dimitir cuando trascendió su comentario.

Y es que a los farsantes, tarde o temprano, se les acaba poniendo en evidencia. Aunque jamás tengan la decencia ni de pedir perdón por sus desmanes y felonías. Nunca más patrañas.

lunes, 11 de noviembre de 2013

ESPAÑOLES, EL PSOE HA VUELTO

El de las rancias proclamas anticlericales, que denuncia los acuerdos con la Santa Sede... siempre que está en la oposición; el del republicanismo de boquilla, que sin embargo desde el Gobierno jamás ha tenido empacho alguno en utilizar la Monarquía para sus intereses partidistas; el de la política económica basada en el intervencionismo, el gasto público desbocado, disparar el déficit y, con todo ello, contribuir a generar paro y, en general, crisis que luego otros deban encargarse de afrontar y arreglar; el que es incapaz de mantener un mismo discurso en toda España sobre la nación y la Constitución, más preocupado de no molestar a unos nacionalismos separatistas ante los que no ha abandonado sus consabidos complejos y con los que aspira a pactar para 'echar a la derecha'; el que cierra sus congresos y conferencias alzando el puño y cantando 'La Internacional', antigualla que llegó a ser adoptada por Lenin como himno oficial de la Unión Soviética, ese histórico faro de la democracia y las libertades... En efecto, nada nuevo bajo el sol. Ha vuelto, si es que alguna vez se ha ido, el PSOE, el de siempre: el que desde la oposición no se para en barras y llega a amenazar la estabilidad institucional con tal de alcanzar el poder, y el que desde el Gobierno arruina la economía y empeora hasta extremos insospechados el panorama político y social.

Lo peor: una supuesta alternativa de Gobierno que, lejos de evolucionar hacia una socialdemocracia moderada y nacional como la alemana, apesta cada vez más a naftalina. Lo mejor: que los españoles, sobre todo los que tengan un mínimo de memoria, sabrán claramente a qué atenerse cuando acudan a las urnas.

jueves, 7 de noviembre de 2013

CIERRE DE CANAL 9: NI EL PRIMERO, NI EL ÚLTIMO

Quizá sea debido a la mayor notoriedad nacional que Canal 9 ha ido adquiriendo en sus 24 años de historia, sobre todo por medio de programas de éxito como 'Tómbola' (pionero de las 'teletertulias' de cotilleo tan en boga ahora); pero, en puridad, la valenciana no ha sido la primera televisión autonómica pública en cerrar: antes lo hizo 7 Región de Murcia, a instancias por supuesto del Gobierno autonómico murciano, que no pudo seguir pagando los más de 30 millones de euros que aportaba al año. De tal forma que rescindió el contrato con la empresa concesionaria (puesto que se trata de un modelo distinto al valenciano y al de la mayoría de los canales públicos: una televisión de titularidad pública, gestión privada y financiación mixta, pero en su mayor parte privada) y a partir de entonces se interrumpió la emisión en directo, aunque manteniendo la señal con programas 'enlatados'; ahora funciona a medio gas, básicamente a través de los informativos, a la espera de una nueva concesión que incidirá en un modelo similar aunque a un mucho menor coste para las arcas públicas regionales.

También hubo otra diferencia fundamental con respecto al caso de la televisión pública valenciana: el ERE que presentó 7 Región de Murcia fue aprobado sin impedimentos por los Tribunales, entre otras razones porque el personal afectado pertenecía a la empresa concesionaria, como tal privada. Y es que ha sido la declaración de nulidad del ERE de Canal 9 por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la que ha empujado al presidente Fabra, que pretendía limitarse a introducir cambios en la gestión, a decretar el cierre de la Radio Televisión Valenciana. ¿Significará el principio del definitivo certificado de defunción de un modelo de 'televisión pública' que, so capa de ofrecer un 'servicio público' o promover determinadas peculiaridades regionales o 'hechos diferenciales', se ha dedicado más bien a competir en audiencia con canales privados tirando de pólvora del Rey hasta no dar más de sí?

Porque hay quien ha puesto ya sus barbas a remojar: es el caso de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado que emulará a su correligionario Fabra si a Telemadrid lo hacen inviable los sindicatos izquierdistas que allí anidan. Por su parte, María Dolores de Cospedal ha insistido en su anuncio electoral de privatizar la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, que lleva tiempo sometida a un proceso de saneamiento para hacer atractiva su gestión privada. En cuanto al resto de las autonomías, aunque resulta difícil imaginar que Gobiernos como los de Cataluña y Andalucía se desprendan de instrumento de propaganda tan poderoso, no cabe descartar nada: porque cuando las cuentas, esa imposición de la cruda y 'neoliberal' realidad, no salen y la deuda engorda hasta niveles insoportables, es preferible incluso desde el punto de vista electoral prescindir de un canal de televisión, por mucho que duela, que acabar tomando medidas de reducción del gasto más drásticas y mucho más impopulares.

Y es que, en efecto, y tal y como denuncian sus trabajadores, el cierre de la Radio Televisión Valenciana, como los que puedan venir, es culpa de los políticos: pero decisión exclusivamente política fue en su momento crearla, y su pervivencia y expansión se basaron siempre en objetivos y requisitos puramente políticos, no precisamente en demandas procedentes del mercado o la sociedad civil. No de otra manera se puede explicar que Canal 9 haya llegado a disponer de más plantilla que Antena 3 y Tele 5 juntas. Hasta que se ha demostrado que el Presupuesto no lo aguanta siempre todo por muy 'público' que sea, y que, una vez más, el concepto de 'Estado-empresario' no es garantía alguna de viabilidad; bien al contrario, ya que se rige por criterios burocráticos y políticos y no económicos y de mercado.

En suma, el cierre de Canal 9, que ni es el primero de una televisión autonómica pública ni muy posiblemente sea el último, es una de las muchas 'depuraciones' que ha traído consigo la crisis; aunque de manera algo tardía en este caso.

lunes, 4 de noviembre de 2013

GARZÓN: VUELVE EL HOMBRE

 
El señor Garzón, el perejil de todas las salsas, famoso en el mundo entero por su defensa de las causas perdidas progres mediante prevaricación y atropellos a los derechos individuales, ya figuró en las elecciones generales de 1993 como el número 2 en las listas del PSOE; justo detrás del mismísimo 'Míster X' de los GAL que como juez andaba investigando, y sin que ello al parecer le supusiera ningún impedimento moral. Años más tarde, fue descubierto 'in fraganti' compartiendo jornadas cinegéticas con el señor Bermejo, a la sazón Ministro de Justicia zapateril además de declarado cazador furtivo, en plena efervescencia mediática y judicial del caso Gürtel; porque para qué disimular, si Alfonso Guerra ya mató en su momento a Montesquieu. Ahora, junto a otras 'celebridades' de la izquierda radical que sin duda acercan todavía más al actual PSOE a la socialdemocracia más moderada, ofrece su colaboración a Rubalcaba, es de suponer que en las horas que le deje libres su brillante labor de asesoramiento a doña Cristina Fernández de Kirchner, otro prócer de las libertades; pero todo sea por luchar contra la malvada derecha, a la que increíblemente, y según todas las encuestas, una mayoría de españoles está todavía dispuesta a seguir votando. Pero a buen seguro que la sola presencia del Justiciero Mundial de la Santa Progresía, aunque de magistrado-juez de la Audiencia Nacional (tal y como rubricaba en sus misivas a su 'querido Emilio') se haya visto degradado a simple picapleitos, servirá para cambiar las tornas.

Quién sabe: de la misma forma que en su momento la no concesión por Felipe González de su deseo de ser 'Superministro' de Justicia e Interior (responsabilidad que acabó recayendo, qué injusticia, en Juan Alberto Belloch, otro juez progre aunque con menos ínfulas de estrella mediática) le llevó a abandonar (solo formalmente) la política, volver a enfundarse la toga y retomar la instrucción del caso GAL, lo que favoreció que se desenredaran muchas de las madejas del terrorismo de Estado puesto en práctica por el Gobierno socialista de entonces (sin que, por supuesto, alcanzaran a su 'no estigmatizable' presidente), la posibilidad de que Rubalcaba no se allanara a las demandas personales del rescatado 'fichaje galáctico' (aunque ahora venido a menos) podría desembocar en que se conozca por fin la verdad sobre el infame chivatazo a la ETA, caso que también instruía y cuyos secretos guardó a buen recaudo. 

Y es que nunca cabe abandonar la esperanza de que el conocido refrán de 'no hay mal que por bien no venga' acabe teniendo aplicación.

miércoles, 30 de octubre de 2013

OTRA SEMANA GLORIOSA DEL PSOE

En vísperas de la Festividad de Todos los Santos, el PSOE nos ha regalado con otra de sus semanas gloriosas: un dirigente socialista en Córdoba, el cual no ha sido precisamente objeto de un cese fulminante, ha querido poner su granito de arena en la reconciliación que hace más de 30 años propició la llegada de la democracia afirmando que 'la derecha solo sabe matar en las cunetas' (uy, si además habláramos de sacas, paseos, chekas y crímenes a mansalva cometidos desde la supuesta 'legalidad' republicana); Odón Elorza, actual diputado socialista y ex-alcalde de San Sebastián, siguiendo esa misma pretensión conciliadora aunque de manera menos bestia, no ha tenido mejor idea para aportar soluciones a los problemas acuciantes de España que pedir la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y, a su vez, cambiar de sitio a José Antonio Primo de Rivera (supongo que entonces también habría que estudiar si los cuerpos sepultados de Pablo Iglesias, Dolores Ibárruri o Santiago Carrillo están bien donde están, o también habrá que sacarlos de donde moran en paz); en la mismísima sede de la soberanía nacional, el Grupo Parlamentario Socialista no ha sido capaz de mantener la unanimidad de sus diputados para apoyar una moción de UPyD (en este caso, 'chapó' para los magenta) que reafirma el principio constitucional de que el tan cacareado 'derecho a decidir' reside única y exclusivamente en el pueblo español; y en el Ayuntamiento de Tafalla, el Partido Socialista de Navarra se ha negado a adherirse a una declaración de UPN tanto de condena de los asesinatos perpretados por la etarra (y paisana del lugar) Inés del Río, como de apoyo a las víctimas del terrorismo, incluso acompañando para mayor escarnio a los proetarras de Bildu en su abandono del salón de plenos.

Sabido es que el PSOE saca a pasear los cadáveres de la Guerra Civil y del franquismo siempre que se ve en apuros. Pero que de sus propias filas (porque el PSC sigue siendo el representante del PSOE en Cataluña) surjan discrepancias cuando se les pone en la terrible tesitura de defender negro sobre blanco la soberanía nacional española, o que busquen viles subterfugios, y al más puro estilo batasuno, para no repulsar a una etarra asesina en serie y no respaldar explícitamente a sus víctimas, resulta, además de infame, impropio de un partido que pretende gobernar España; y que, como tal, debería garantizar su unidad y, al menos, hacer respetar la memoria de quienes dieron su vida por los valores y principios de nuestra Constitución; entre los cuales, por cierto, se encuentra un buen número de militantes socialistas. Desde luego, si en alguno de los grandes partidos sobre los que debería asentarse la estabilidad institucional es menester hacer limpieza, es sin duda en el que todavía responde al nombre de Partido Socialista Obrero Español.

lunes, 28 de octubre de 2013

¿Y CUÁL ES LA 'ALTERNATIVA' A LA LOMCE?

El mismo Ministro Wert no ha tenido empacho en reconocer que su controvertida obra legislativa, la reforma educativa que responde al nombre de LOMCE, tiene sus carencias y podría haber sido más ambiciosa si cabe. Pero era necesaria una profunda revisión del sistema de enseñanza que, fundamentalmente, reforzara disciplinas tan básicas como Lengua y Matemáticas, premiara el esfuerzo y la competitividad impidiendo que se pasara de curso prácticamente por Decreto, eliminara el adoctrinamiento y diera al profesor condición de autoridad. Lo que en ningún caso había que hacer es dejar las cosas como están, puesto que las anteriores leyes educativas (todas socialistas y meros remiendos de la nefasta LOGSE) han situado a nuestra enseñanza pública a la altura del betún, tal y como por desgracia llevan señalando prestigiosos informes en la materia como el de PISA. Y resulta ciertamente significativo que la llamada 'comunidad educativa' solo se haya movilizado cuando precisamente se ha planteado la reforma de un sistema educativo que a la vista está que no funciona; porque parece ser que ninguno de los muchos informes a los que he hecho referencia hayan preocupado en absoluto.

Es cierto que sería conveniente que este tipo de leyes fueran consensuadas para que no se sometieran al albur de los cambios de Gobierno; pero para 'consensuar' ha de haber voluntad al menos de las dos principales partes en liza, pero el PSOE nunca ha renunciado a utilizar la enseñanza pública como arma arrojadiza contra una 'derecha' que siempre han querido pintar como 'elitista' y presta a privatizar. Por tanto, jamás ha querido pactar con el PP nada que tenga que ver con Educación; aunque, de todas formas, difícil resulta llegar a acuerdos con quienes defienden el inmovilismo total y absoluto en la materia: y es que, no en balde, precisamente la LOGSE tiene a Rubalcaba como uno de sus ideólogos. Porque, pese a que se repite hasta la saciedad que ha habido varias leyes educativas en la democracia, cabe insistir en que han sido todas socialistas y complementarias de la LOGSE; hasta la actual Ley Wert, la única que pudo sacar adelante el PP fue la reforma de Pilar del Castillo, que ni siquiera tuvo tiempo de entrar en vigor dado que Zapatero la derogó nada más alcanzar el poder.

Esta reforma debe servir en cualquier caso para promover y rescatar valores y actitudes de comportamiento que el socialismo educativo ha desterrado de las aulas, como la competitividad. No se trata de dividir entre 'listos' y 'tontos' como de manera grotesca pretende hacer ver la progresía educativa, sino de premiar a quien se esfuerce y saque buenas notas porque incluso es un acto de justicia: hubo un tiempo, cuando en España teníamos un sistema de enseñanza pública exigente y de cierta calidad, que teníamos muy claro que para aprobar había que dedicar horas de estudio y esfuerzo, y que superar con brillantez las materias de los distintos cursos era garantía de poder hacer una carrera y progresar personal y laboralmente en el futuro; y que no todo el mundo tenía por qué valer para estudiar, por lo que en esos casos había que buscar otras salidas profesionales sin que ello signifique menoscabo alguno. Si al alumno no le inculcamos la mentalidad y los hábitos del empeño y la superación personales, difícilmente podrá afrontar las contrariedades que como es normal irá encontrándose en la vida cuando abandone los libros.

Sea como fuere, ¿qué argumentos van a ser capaces de hilvanar quienes representan una 'alternativa' educativa que se plasmó en su momento, y como se puede apreciar abajo, en una foto a las puertas del Congreso de los Diputados, donde Rubalcaba, uno de los máximos responsables del desastre educativo todavía vigente, posó codo con codo, no solo con IU y nacionalistas y separatistas de todo pelaje, sino con el mismísimo portavoz de los proetarras de Bildu? Si este es el único 'consenso' que se es capaz de propiciar, cabe dar gracias por la mayoría absoluta decretada en las urnas y que rige en el Parlamento de la nación.


martes, 22 de octubre de 2013

SENTENCIA PAROT: SÍ, SE PODRÍA HABER EVITADO

Como se temía, y en un día funesto para las víctimas de la banda asesina ETA, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sic) de Estrasburgo rechazó definitivamente el recurso del Gobierno español y emitió una denigrante sentencia en contra de la doctrina Parot y a favor de la puesta en libertad de una etarra sanguinaria, que para más inri no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento por sus crímenes. Un serio revés en tantos años de cruenta lucha de la democracia española contra la lacra del terrorismo. Ahora cabe minimizar el daño en la medida de lo posible y evitar la salida masiva a la calle de etarras y demás delincuentes que puedan verse beneficiados por el fallo; por parte de los Tribunales de Justicia, concretamente tanto la Audiencia Nacional como las Audiencias Provinciales, que son a quienes compete interpretar el mismo y aprobar su posible extensión a los casos concretos que se les planteen.

Porque quienes tienen que decidir sobre la posible excarcelación de etarras y demás criminales a los que se haya aplicado la doctrina Parot (según la misma sentencia, antes de la reforma del Código Penal de 1995), no es el Gobierno (Poder Ejecutivo), sino los Tribunales de Justicia (Poder Judicial), y a ellos van a dirigirse los abogados defensores. Resaltar principio tan básico en un Estado de Derecho puede parecer ocioso, pero resulta conveniente ante una nueva campaña emprendida al albur por el inefable y furibundo antimarianismo mediático, cuyos 'opinadores', no contentos con exigir el no acatamiento de una resolución judicial (que, por mucho que nos disguste y horrorice, es de obligado cumplimiento dado que España se adhirió en su momento al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que a partir de entonces pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno), pretenden hacer ver que el Gobierno tiene incluso la potestad de impedir la aplicación judicial de la sentencia.

Ojalá fuera tan fácil como para que todo estuviera en manos de su denostado Mariano, pero ni mucho menos es así; incluso si el presidente hiciera caso a quienes en otras ocasiones van de defensores a ultranza de la división de poderes y critican su inexistencia en España, pero que sin embargo ahora promueven que el Ejecutivo se entrometa en el Judicial (y, por tanto, rematar definitivamente a Montesquieu), sería un ejercicio inútil puesto que el Gobierno puede controlar (y de hecho controla) políticamente a jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial y a la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional; pero no precisamente a los que en concreto han de dirimir sobre las posibles aplicaciones del fallo: los que componen tanto la Audiencia Nacional como las Audiencias Provinciales.

Pero esta sentencia, que revoca una doctrina tremendamente útil para combatir el terrorismo, no deja de ser una humillación para sus víctimas; y también, no hay que olvidarlo, para las de otros crímenes especialmente crueles. Y se pudo haber evitado: lo cierto es que se debería haber reformado el Código Penal en el sentido de endurecer las penas de los delitos de mayor gravedad, y por supuesto para evitar que los asesinatos múltiples, tan frecuentes en los atentados etarras, salieran penalmente más baratos que cometer uno solo. Pero no se hizo absolutamente nada en más de 30 años de democracia: los Gobiernos de Felipe González, pese a que emprendieron una revisión que se aprobó en 1995, debido a un supuesto prurito 'progre'; y en cuanto a los de Aznar, que tan gigantescos pasos dieron en la lucha antiterrorista, se centraron en la firmeza policial y en propiciar una ilegalización de las franquicias etarras que se mostró muy eficaz, pero tampoco entraron en el capítulo penal. Incluso una vez vigente la doctrina Parot en 2006, confirmada por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, obviamente Zapatero, inmerso como estaba en su malhadado 'proceso de paz', no quiso saber nada de ninguna iniciativa legal que la asentase. Hemos tenido que esperar a la cadena perpetua revisable que plantea la actual reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta entonces, los unos por los otros y la casa sin barrer.

jueves, 17 de octubre de 2013

TAJO-SEGURA: UN ACUERDO QUE CONSTRUYE ESPAÑA

Aunque haya pasado prácticamente desapercibido en el ámbito nacional, el 16 de octubre de 2013 tuvo lugar un acontecimiento histórico. En tal fecha se alcanzó un gran acuerdo que consolida definitivamente el trasvase Tajo-Segura, al que se le quiso poner fecha de caducidad en las anteriores legislaturas de Zapatero, y que pondrá fin a las indeseables y estériles 'guerras del agua' entre regiones: los Gobiernos de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, es decir, de todas las autonomías dependientes del Tajo, firmaron bajo los auspicios del Ministro Arias Cañete el Memorándum del acueducto, que se elevará al Congreso para que obtenga rango de ley. Un pacto sin precedentes que también ha contado con el importantísimo visto bueno del Sindicato Central de Regantes, que puede apuntarse un meritorio tanto a su favor.

Pongámonos en antecedentes: hace apenas cuatro años murcianos y alicantinos nos vimos obligados a salir a la calle, no para reivindicar las aguas sobrantes de un Ebro que se desborda prácticamente todos los años, sino ¡para defender la supervivencia de un trasvase que parecía plenamente consolidado por la democracia española, como es el Tajo-Segura! Y es que vinieron sucediéndose una serie de acontecimientos que dejaron tocado de muerte a un instrumento fundamental para la prosperidad y el desarrollo de la Región de Murcia y parte del Levante español.

El preludio lo encontramos en las 'guerras del agua' orquestadas desde principios de los 90 por quien era el presidente castellano-manchego, el socialista José Bono (el mismo que ahora se envuelve en la bandera española en todas y cada una de sus intervenciones públicas), que no se privaba de hacer demagogia con un asunto tan delicado con tal de conseguir un puñado de votos. Pero entonces al menos los dos grandes partidos parecían tener absolutamente claro que las competencias en materia hidrológica pertenecían única y exclusivamente al Estado. Sin embargo, la aprobación por parte del Gobierno de Aznar del Plan Hidrológico Nacional con su proyecto estrella, el trasvase del Ebro, no solo soliviantó a nacionalistas, regionalistas y demás aldeanos de campanario, quienes se encargaron de agitar los particularismos más cerriles, sino que fue contemplado por un PSOE ya dirigido (entonces como podía) por Zapatero como una gran oportunidad para desgastar al PP y alcanzar el poder en determinados territorios. Así, por ejemplo, el PAR llevó al socialista Iglesias, con quien compartía un discurso radicalmente antitrasvasista, a la presidencia de Aragón, y de la misma forma llegó Maragall (quien llegaría a exclamar: '¡a esos del sur, ni agua!') al poder en Cataluña, aupado por los separatistas de ERC.

Y con el mismo apoyo parlamentario de los republicanos independentistas aterrizaría en La Moncloa Zapatero, cuya primera decisión fue, en consecuencia y como contrapartida, derogar el acueducto del Ebro. Desde entonces, a la puesta en solfa de cualquier trasvase por el mero hecho de serlo, se unió la discusión de la misma realidad de España como nación de ciudadanos iguales ante la ley, promovida paradójicamente desde el mismísimo Gobierno (para cuyo presidente el concepto de España como nación era 'discutida y discutible'). La aprobación de un Estatuto de Cataluña flagrantemente anticonstitucional llevó a una perjudicial carrera sin ton ni son por reformar otros Estatutos de autonomía. Y como resultado de esta irresponsable e irracional escalada fue la paulatina conversión del Estado de las autonomías en una especie de Confederación de reinos de taifas en la que cada región o nacioncilla hace de su capa un sayo; hasta llegar al extremo absolutamente disparatado de convertir al territorio en sujeto de derechos, en detrimento por tanto del individuo, del ciudadano por su misma condición de español. De esta forma se difumina el mismo principio de soberanía nacional y uno de sus derivados, la solidaridad entre regiones recogida explícitamente en nuestra Constitución.

De ahí que el Gobierno autonómico entonces liderado por el socialista Barreda planteara una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que pretendía arrogarse competencias del Estado e imponer la caducidad del trasvase Tajo-Segura, además de una reserva hídrica de nada menos que 4.000 hm3; pretensión que fue derrotada en la Comisión Constitucional del Congreso gracias, y así hay que resaltarlo, a los votos en contra de los diputados del PP (el PSOE  votó a favor), lo que obligó a las Cortes castellano-manchegas a retirar el proyecto. Se había salvado, pues, un escollo muy importante, merced a que uno de los dos grandes partidos nacionales había sabido comportarse como tal. Pero, además, y poco tiempo después, el cambio de signo político en el Gobierno de la nación trajo consigo un proyecto de Memorándum del trasvase Tajo-Segura que garantizase la continuidad del acueducto y su sanción por ley bajo unas condiciones específicas.

De tal manera que el acuerdo adoptado, pese a que establece una reserva de 400 hm3 en la cabecera del Tajo, en realidad amplía la cantidad a trasvasar en función de las circunstancias (como las lluvias) a entre 350 y 600 hm3 (la media hasta ahora se situaba en 350); fija la caducidad anual del agua, de modo que los recursos que no se hayan utilizado durante el trimestre en que se hayan recibido los caudales puedan ser reservados para un uso posterior dentro del mismo año hidrológico (una de las principales demandas de los regantes); liberaliza los bancos de agua, ya que contempla la cesión de derechos entre cuencas sin necesidad de autorización por ley; distribuye proporcionalmente los recursos (un 75% para regadío y un 25% para consumo); y, muy importante, deroga la conocida como 'disposición Narbona', que obligaba a sustituir el agua del Tajo por los caudales de las plantas desaladoras.

En suma, un éxito del Ejecutivo de Rajoy, en especial de su Ministro de Agricultura, y de los Gobiernos regionales concernientes, sobre todo de aquellos que tanto han luchado por la supervivencia del Tajo-Segura: los de Murcia y la Comunidad Valenciana. También cabe reconocer la visión nacional y de Estado de la que ha hecho gala, ahora sí, el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, dispuesto por fin a enterrar disputas relacionadas con el agua. Porque con acuerdos de esta índole y envergadura también se construye la España que queremos: unida y solidaria. Próximo objetivo: rescatar ese gran proyecto de distribución hídrica y vertebración territorial llamado Plan Hidrológico Nacional y hacerlo, esta vez sí, realidad.

martes, 15 de octubre de 2013

LEY, CONSTITUCIÓN Y... DISCURSO NACIONAL

José María Aznar ha vuelto a irrumpir en el primer plano de la actualidad política española. Y, como casi siempre, sin dejar indiferente a nadie. 'Vengo a defender la democracia, el sistema constitucional, la monarquía constitucional y la unidad de España'. De esta manera explicó su presencia después de muchos años en el desfile de la Fiesta Nacional. Porque, en efecto, son momentos en los que, ante el reto separatista del nacionalismo catalán, cabe comprometerse en público y sin ambages a favor de la Constitución y la soberanía nacional española. Un papel que sí cabe esperar que desempeñe cualquiera de los presidentes del Gobierno de nuestra democracia; siempre y cuando, claro, no hayan sometido a discusión la misma existencia de la nación española, de la que emana y en cuya representación ejercieron el poder que ostentaron.

Pero sería con motivo de la presentación de un libro de María San Gil en pleno corazón de San Sebastián, convertido en feudo bildutarra (es decir, proetarra) por obra y gracia del progresismo 'seudojudicial' antes dominante en el Tribunal Constitucional, donde el ex-presidente Aznar expuso una magnífica y brillante respuesta al separatismo catalán: ni un paso atrás ante quienes pretenden trocear la soberanía del pueblo español, romper siglos de convivencia basándose en burdas manipulaciones de la historia y, en suma, acabar con la nación española, la mayor garantía de libertad e igualdad ante la ley. Frente al pulso independentista, firmeza en la defensa de la Constitución que nos dimos los españoles, incluidos una inmensa mayoría de los catalanes.


De ahí que, por ejemplo, la declaración 'soberanista' (o de apropiación de la soberanía del pueblo español) que aprobara en su momento el Parlamento catalán tuviera cumplida respuesta por medio de un recurso que presentara el actual Gobierno de la nación ante el Tribunal Constitucional, que posteriormente la suspendería. Así pues, en la primera (y en realidad única) ocasión en la que el iluminado Mas se ha atrevido a pasar de las palabras a los hechos, el Ejecutivo de Rajoy ha reaccionado como es debido. Por tanto, no deja de ser injusto acusarle de inacción frente a los pasos dados por el secesionismo. Además, en puridad, Rajoy ha sido hasta ahora el primer presidente del Gobierno de la democracia que se ha plantado ante la reivindicación nacionalista de turno.Y sus últimas respuestas a interpelaciones del nacionalismo catalán en el Senado han sido, dentro de su estilo, contundentes. Sea como fuere, al hoy jefe del Ejecutivo se le podrá criticar por variados motivos, pero no reprocharle a él, por ejemplo, aquel desafortunado compromiso adquirido en público por Zapatero ante Maragall, que fue lo que en realidad abrió la caja de los truenos: 'aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña'. De esos polvos, estos lodos.

Ahora bien, las acciones rigurosamente jurídicas y la utilización de los instrumentos del Estado de Derecho han de combinarse con respuestas de índole puramente política: entre ellas, la construcción de un discurso firme y enérgico en defensa de la unidad de España; que, precisamente en los años de Gobierno de Aznar, tan decisivo papel desempeñó en la eficaz lucha contra el terrorismo etarra junto al respaldo incondicional a las víctimas. Y es que hacer pedagogía, en este caso tanto para desmontar las mentiras y patrañas del nacionalismo catalán como para identificar España con el ejercicio de derechos y libertades constitucionalmente reconocidos, resulta también primordial en un régimen de opinión pública como es la democracia. Sobre todo en la propia Cataluña, donde la presencia del Gobierno de la nación ha de ser constante en ese menester; aunque solo sea, como acertadamente llegó a puntualizar el mismo Rajoy en la Cámara Alta, para que los catalanes tengan acceso a versiones distintas de la oficial.

Por tanto, ley y Constitución contra el nacionalismo secesionista; y también articulación de un discurso nacional, claro y sin complejos en pro de la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

jueves, 10 de octubre de 2013

'DESCAMISAOS' Y CON PATENTE DE CORSO

La juez Alaya continúa desenredando la madeja de los EREs falsos, la mayor y más desvergonzada trama de corrupción por cuanto se organizó para birlar mil millones de euros de dinero público destinado a los parados: su último paso, el registro de sedes de centrales sindicales, empresas y organismos públicos como la Diputación de Sevilla, que además se saldó con la detención de personas relacionadas con los entes mencionados. Esta redada se produjo el mismo día en que la ex-Ministra socialista Magdalena Álvarez declarara por este caso ante el juzgado.

¿Cuál es la coartada favorita de ciertos progres a los que, pese a que van de honrados 'descamisaos', se les pilla con las manos en la masa y en consecuencia se actúa contra ellos? Agitar el espantajo del franquismo. Porque basta declararse 'de izquierdas' y 'antifranquista' (retrospectivo en la inmensa mayoría de los casos) para hacerse acreedor al derecho de disfrutar de una impunidad que se le niega al común de los mortales. Pues bien, les faltó tiempo a dirigentes sindicales de echar mano de tópicos referidos al pasado de la dictadura con tal de poner bajo sospecha las detenciones de sus conmilitones, como comparar a Alaya y la Guardia Civil con las brigadas de lo social. Ya se sabe: cuando gobierna la derecha, jueces, instituciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se convierten en antidemocráticos, sobre todo si someten a investigación y medidas policiales y judiciales a partidos y sindicatos de la pura y santa izquierda.

Pero la infame campaña del sindicalismo vertical progre (y del socialismo político y mediático en general) contra la juez Alaya, que empezó desde el mismo momento en que se hizo cargo de la instrucción del caso hasta ir adquiriendo mayor crudeza conforme se iba descubriendo la extraordinaria magnitud del 'macrofraude', ha dado una nueva vuelta de tuerca: así, UGT y CCOO han llegado a convocar concentraciones a las puertas de su juzgado para dedicarle unas cuantas lindezas. Lo que, obviamente, equivale a intentar presionarla en el ejercicio de sus funciones. 

Aunque, claro, cómo se atreve una señora que, según una reputada escritora 'progresista' y 'feminista', no es de fiar por el hecho de que se muestre todos los días tan bella y espléndida desde muy temprano, a investigar a organizaciones que, dado su pedrigí izquierdista y de defensa de los trabajadores (pese al paro que propician), han disfrutado siempre de patente de corso para, por ejemplo, no hacer jamás públicas sus cuentas pese a sostenerse gracias a los impuestos de todos; e incluso a detener a algunos de sus miembros de los que, por muy poderosos que sean los indicios de enriquecimiento personal a través de burdas mangancias, su mera pertenencia al sindicato es plena garantía de su honradez sin tacha (y ay del facha que lo ponga en duda).

Pues eso: semejante atropello a la superioridad moral de la izquierda solo podía venir de una 'pepera', como la calificaban a grito pelado los sindicaleros apostados a la entrada del juzgado. Desprestigiemos, presionemos y acosemos, compañeras y compañeros, a la facha togada que pretende acabar con nuestra impunidad y nuestro privilegios. Que nadie ose tocarnos un pelo, que si a alguno de nosotros se nos pilla apropiándonos de lo ajeno seguro que será por una causa justa y en beneficio del trabajador (empezando por el nuestro propio, claro). Que somos los 'descamisaos', leñe.

martes, 8 de octubre de 2013

LA UNIDAD DE ESPAÑA, GARANTÍA DE LA IGUALDAD

El sistema de financiación autonómica todavía vigente es manifiestamente injusto, ya que penaliza a aquellas regiones con menor extensión territorial pero mayor concentración de habitantes. De ahí que Gobiernos regionales como los de Murcia, Madrid o la Comunidad Valenciana lleven tiempo pidiendo su reforma, otra enmienda más al zapaterismo que habrá que concretar pronto. Ahora bien, tan necesario cambio en ningún caso ha de conllevar trato 'diferenciado' o de favor a ninguna Comunidad Autónoma, por muchas 'singularidades' que, como otras autonomías de España por cierto, pueda presentar; y mucho menos como cesión a determinados chantajes de quienes, por otra parte, jamás se van a contentar, dado que la reivindicación permanente (hasta la misma secesión) es su propia razón de ser y existir.

El Título VIII de la Constitución española, que como es bien sabido se refiere a la organización territorial del Estado, tras reconocer la autonomía 'para la gestión de sus respectivos intereses' de municipios, provincias y Comunidades Autónomas, pone límites y condiciones a la misma. Así, declara en su artículo 138, punto primero, que se ha de garantizar 'la realización efectiva del principio de solidaridad', por lo que se debe velar por 'el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español'; su punto segundo condiciona las posibles diferencias entre los Estatutos de las Comunidades Autónomas a que 'no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales'. Por su parte, el punto primero del artículo 139, en aplicación del principio de igualdad de los españoles, manifiesta que 'todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado'.

El PSOE y la izquierda en general, debido a sus ya proverbiales complejos ante unos nacionalismos a los que siempre ha concedido un 'plus' de legitimidad democrática derivada de su supuesta lucha antifranquista, y pese a toda su palabrería demagógica, parecen haber renunciado definitivamente a la defensa de principios como los de solidaridad e igualdad de trato hacia los españoles independientemente de donde residan, reconocidos claramente en nuestra Carta Magna. Pues bien, el PP, como partido inequívocamente nacional, ha de recoger esa bandera y enarbolarla con absoluta determinación, si es necesario en solitario. Porque la unidad de España, nación de ciudadanos libres e iguales al menos desde la Constitución de Cádiz, es precisamente garantía de la igualdad en derechos y obligaciones de todos los españoles, sin privilegios de ningún tipo.

sábado, 5 de octubre de 2013

¿SON TAN MALOS LOS REPUBLICANOS EN EEUU?

El cierre (parcial y a buen seguro coyuntural) de la Administración Federal en Estados Unidos, consecuencia del desacuerdo presupuestario entre una Cámara de Representantes republicana y un Senado y una presidencia demócratas, se nos presenta por parte de la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles y europeos aplicando el maniqueísmo de rigor: demócratas buenos vs. republicanos malos. Sin embargo, no se hace la referencia debida a que la democracia norteamericana concede la primacía al Congreso en la aprobación de los presupuestos, bajo el principio de que el Gobierno no debe incurrir en ningún gasto que no haya obtenido el visto bueno de los representantes del pueblo; quienes además, como tales, han de rendir cuentas directamente ante el mismo electorado que les ha votado en su distrito. Y sabido es que el 'Obamacare', pese a que en Europa pueda resultar incomprensible, concita el rechazo de un número más que respetable de norteamericanos que lo consideran una indeseable intromisión en sus vidas.

Sin embargo, el presidente Obama no se muestra muy dispuesto en esta ocasión a ceder en su reforma sanitaria, el principal impedimento puesto por una mayoría republicana en la Cámara de Representantes que, nos guste más o menos, recoge una demanda muy generalizada en la sociedad norteamericana, escasamente inclinada a un paternalismo estatal que en Europa consideramos normal y exigible. Sea como fuere, desde que se aprobara el 'Obamacare' en virtud de las mayorías que en aquel momento ostentaba el Partido Demócrata en ambas Cámaras, se ha planteado en EEUU un debate que en Europa, donde prácticamente desde sus orígenes con Bismarck consideramos indiscutible, y por ende intocable, el sistema de Seguridad Social, está sencillamente vedado: ¿qué es preferible, que el ciudadano pague menos impuestos y, por tanto, disponga de más efectivo propio para usarlo en lo que considere oportuno, o bien que el Estado retraiga forzosamente al contribuyente más dinero para que aquél lo emplee en proporcionar atención sanitaria? 

Los europeos, acostumbrados (quizá con la única excepción de los británicos) a convivir desde que nacen con un Estado intervencionista y paternalista que todo lo provee, y por tanto ávidos de que les cubra las necesidades básicas, se decantan obviamente por la última opción de manera generalizada. En cambio, los norteamericanos, de arraigada cultura de libertad individual, creen mayoritariamente que el Estado no es quién para inmiscuirse en un asunto que debería ser de libre elección y responsabilidad del individuo, máxime cuando se trata de su propio dinero. Porque, simplemente, en la sociedad estadounidense se sitúa la libertad por encima de la seguridad personal.

Por tanto, cuando los representantes republicanos de la Cámara se oponen al aumento de la deuda exigido por la implantación de la reforma sanitaria, no es debido a una maldad intrínseca de una derecha norteamericana intolerante, vil y surgida de la América profunda, sino a una exigencia directa del electorado de cada uno de sus distritos, muy reacio a que el Gobierno continúe endeudando a generaciones de estadounidenses con proyectos que consideran intervencionistas y limitadores de la libertad individual. Lo demás es echar mano de los tópicos de siempre.