CON LA MONARQUÍA, LA DEMOCRACIA

Hoy hace 40 años que, tras la muerte de Franco, don Juan Carlos de Borbón y Borbón fue proclamado Rey por las Cortes. Volvía a España la Monarquía tras cinco años de una República convulsa, sectaria y fracasada, tres años de una trágica y traumática Guerra Civil y nada menos que 36 años de un régimen autoritario que, pese a su paulatino aperturismo, nos situaba fuera de la Europa de las libertades. Una Monarquía, la de Juan Carlos I, que ejercería de verdadero impulsor de la llegada de la democracia a España en forma de régimen constitucional de Monarquía parlamentaria (en realidad, la más adecuada prolongación a nuestra tradición de Monarquía constitucional plasmada y surgida de la Constitución de 1812), que permitiría nuestra integración en las instituciones de la Europa y el mundo libres, y daría paso además a un periodo de estabilidad política y social y de mayor libertad, desarrollo, progreso y prosperidad de toda nuestra historia. Una Corona que, tras la abdicación del propio don Juan Carlos y en aplicación de las previsiones constitucionales al efecto, tiene hoy continuidad en el reinado de su hijo y legítimo sucesor, Felipe de Borbón y Grecia, quien, bajo el nombre de Felipe VI, fue proclamado Rey ante las Cortes Generales, la representación de la soberanía nacional española, el 19 de junio de 2014.

Con Franco moría un sistema político que no reconocía las libertades de expresión, ni de prensa, ni de reunión, ni de manifestación, ni de religión, ni el pluralismo político (porque no prohibió solo el comunismo y la masonería, 'méritos' que se le apuntan, sino cualquier idea política que no se adhiriera a los 'Principios del Movimiento', es decir, que tuviera algo que ver con la democracia liberal), etc.; un régimen, en definitiva, que suponía la negación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. En cuanto a la libertad económica y de empresa, que se suele aducir en defensa del franquismo (como si de la misma manera pudiéramos 'salvar' al Chile de Pinochet o al cruel régimen chino en la actualidad), empezó a ser una realidad muy matizada a partir de 1959, cuando el régimen se abrió económicamente al exterior y los Ministros del Opus emprendieron reformas económicas liberalizadoras (que tanto contribuyeron al crecimiento y desarrollo económico y la consolidación de unas clases medias hasta entonces inexistentes); pero en líneas generales, el franquismo fue básicamente muy intervencionista en la economía: edificó un gran Estado dirigista y paternalista (su rígido sistema laboral se mantuvo fundamentalmente en vigor hasta la reforma aprobada por el actual Gobierno del PP, con los resultados que conocemos), hasta el punto de crear una cantidad de empresas públicas verdaderamente ingente.

También se suele alegar que al franquismo se le debe analizar en su justo contexto histórico y político, y no compararlo con los tiempos actuales en los que predominan los valores democráticos; de la misma forma que enjuiciamos, por ejemplo, el reinado de los Reyes Católicos, tan fructífero para la historia de España. Y así ha de ser, en efecto. Pero las circunstancias que precisamente rodeaban la época franquista eran las siguientes: tras la Segunda Guerra Mundial, en la Europa occidental (si exceptuamos a nuestros vecinos portugueses) disfrutaban de regímenes democráticos y unas libertades que los españoles teníamos sencillamente vedadas. Una situación anómala que duró la friolera de treinta años. 

Fue aquel 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador en la cama (así de débil y minoritaria era su oposición; la de entonces, no la retrospectiva), y con el feliz regreso a España de la Monarquía (que adquiriría su verdadera legitimidad, al menos desde una perspectiva democrática, tres años después, con el refrendo de la vigente Constitución), cuando se iniciaría en rigor la que se conoce como transición democrática. De que el franquismo sin Franco era absolutamente inviable, además de que España necesitaba evolucionar a la democracia dado el carácter obsoleto del régimen, era consciente la inmensa mayoría de la sociedad española; hasta ese sector más proclive a votar a la derecha (aquello que se llegó a denominar, un tanto injustamente, ‘franquismo sociológico’), en el que cabía incluir también a una mayoría de dirigentes políticos procedentes del régimen franquista (que ingresarían en buena parte en la UCD de Suárez, y otros en la AP de Fraga), abogaba en líneas generales por una transición, eso sí, ordenada a la democracia.

No en balde los principales motores del cambio fueron realmente tres pilares del régimen anterior: el propio don Juan Carlos, sucesor de Franco a título de Rey, que utilizó la misma Jefatura del Estado para impulsar los primeros pasos hacia la aprobación de una Constitución que convirtiera su propio poder en simbólico, más propio de las Monarquías parlamentarias imperantes en la Europa occidental; Torcuato Fernández-Miranda, que desde la presidencia de las Cortes, y ‘de la ley a la ley’, hizo posible convertir el sistema jurídico-político en incipientemente democrático partiendo de las Leyes Fundamentales del franquismo; y, por supuesto, Adolfo Suárez, anterior Ministro Secretario General del Movimiento y a quien don Juan Carlos tuvo la intuición y el acierto de nombrar, y ante el asombro general y hasta el rechazo de los cronistas de la época, presidente del primer Gobierno de la Monarquía, cargo desde el que supo propiciar el consenso para llevar adelante las reformas democráticas.

Buena prueba de la conciencia arraigada dentro del mismo régimen franquista acerca del necesario advenimiento de la democracia fue el ‘hara-kiri’ que las propias Cortes franquistas se infligieron cuando, el 18 de noviembre de 1976, aprobaron por mayoría aplastante (más de los dos tercios necesarios) la Ley para la Reforma Política, que, cabe recordar, proclamaba unos principios absolutamente contrarios al franquismo (soberanía popular, supremacía de la ley, inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona, electividad de diputados y senadores por sufragio universal, etc.), amén de establecer un procedimiento para la reforma constitucional. 425 procuradores votaron a favor, 59 en contra y 13 se abstuvieron: nada menos que un voto favorable del 82 por ciento tras un debate que rayó a gran altura dialéctica, donde destacaron especialmente Fernando Suárez en el reformismo y Blas Piñar en el ‘bunker’. Para su definitiva ratificación, se convocó a referéndum al pueblo español, cuyos deseos de cambio hicieron desoír la recomendación de la oposición, que hizo campaña por la abstención: así, con una participación nada menos que del 77 por ciento, votó a favor el 94,2 por ciento de los electores. La nación española se había pronunciado, por tanto, con meridiana claridad: había que devolverle su soberanía por medio de una Constitución de todos.

Para ello, se volvió a convocar al electorado español a unos comicios generales (los primeros desde 1936) que dieran lugar a unas Cortes constituyentes, aunque en su momento no se plantearon así. Y pese a que UCD y AP lograron los escaños suficientes para construir juntos una mayoría absoluta (166+16=182, 6 más de los necesarios), se evitó incurrir en los mismos errores cometidos por los anteriores procesos constituyentes españoles, es decir, elaborar una Carta Magna que satisfaga los valores y aspiraciones de media España contra los de la otra media; de tal forma que el partido del Gobierno pronto empezó a acordar textos y artículos con los demás grupos parlamentarios, fundamentalmente con el socialista, y especialmente en materia autonómica y de derechos y libertades. Tras su abrumadora aprobación final por las Cámaras, se sometió la Constitución consensuada a referéndum: en este caso con menos participación (tan solo el 67 por ciento de un electorado agotado de tantas consultas en tan poco tiempo), un 87 por ciento de los votantes ratificó la Carta Magna un 6 de diciembre de 1978. En esta ocasión, la oposición, que participó en su elaboración, sí recomendó un voto afirmativo (excepto los nacionalistas vascos; no así los catalanes, algo que no está de más recordar en pleno desafío separatista del nacionalismo en Cataluña).

Ahí se acabó el consenso: tras las elecciones generales de 1979, que prácticamente mantuvieron el panorama político, el PSOE aspiraba legítimamente a conquistar el Gobierno y dio un giro a su estrategia, centrada en desgastar al Ejecutivo que volvería a ostentar la UCD. La moción de censura presentada por el PSOE en el Congreso fue una significativa muestra de su táctica basada en desprestigiar la figura de Adolfo Suárez, que finalmente dimitiría. Durante la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, y en un contexto de creciente descontento dentro del Ejército por las reformas emprendidas por el vicepresidente Gutiérrez Mellado, la intensidad del terrorismo y un supuesto surgimiento del separatismo, aparecería el 23 de febrero de 1981 un fantasma desgraciadamente muy frecuente en nuestra historia: el de la asonada, en este caso felizmente abortada por el Rey, que se erigió en garante de la Constitución y la soberanía nacional.

En el arrollador triunfo del PSOE en octubre de 1982 (que significaba la primera llegada al Gobierno de la izquierda desde 1936) marcan muchos historiadores y cronistas el final de la transición democrática. No obstante, considero más bien que culminó realmente con la consolidación de nuestra presencia en la OTAN por referéndum (que el presidente González se empeñó en convocar supuestamente para dar cumplimiento a un compromiso electoral, aunque sería finalmente para confirmar nuestro ingreso y no, como prometió en la oposición, para salir de ella) y nuestra definitiva entrada en la Comunidad Europea (cuyas negociaciones, eso sí, empezaron ya en 1979, bajo el Gobierno de la UCD), ambos acontecimientos en 1986. España, reconocido por fin su sistema político como democrático y de libertades, salía de su aislamiento de las grandes decisiones internacionales y se situaba junto a las democracias occidentales. Ni más ni menos, en el lugar que, por su historia y peso en el panorama mundial, le corresponde. Algo que sin el papel motriz de aquella Monarquía que, encarnada en don Juan Carlos de Borbón y Borbón, había sido proclamada hace 40 años, no hubiese sido posible.