El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha firmado ya la solicitud al Consejo de Estado de un dictamen urgente previo al recurso de inconstitucionalidad que aprobará un Consejo de Ministros extraordinario. Rajoy pedirá la suspensión automática de la resolución independentista, y solicitará a su vez al Tribunal Constitucional que se comunique a la presidenta del Parlamento catalán que la iniciativa aprobada no tiene ningún valor ni puede tener ninguna consecuencia.
Convocado el Pleno del Tribunal Constitucional, la paralización del plan rupturista será inmediata, hasta que los magistrados decidan sobre su inconstitucionalidad en un plazo máximo de cinco meses. Cualquier iniciativa que a partir de ese momento se derive de la resolución recurrida será considerada ya un acto de desobediencia al TC. Cabe recordar que, tras su reforma recientemente aprobada, el Alto Tribunal dispone por primera vez de herramientas para hacer cumplir sus resoluciones: multas, suspensiones e inhabilitaciones, sin perjuicio de las actuaciones que la Fiscalía emprenda por la vía penal.
Sea como fuere, ni España se va a romper, ni esa mayoría de catalanes que se sienten españoles van a sentirse extranjeros en su propio país. Es el momento de reivindicar con más firmeza que nunca a España como verdadera garantía de la libertad y la igualdad ante la ley, a sus valores y a esos sus símbolos que los once diputados del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña han exhibido en respuesta al último alarde golpista del nacionalismo separatista. No se saldrán con la suya: sucumbirán ante la fuerza del imperio de la ley que rige en una España unida y democrática.
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