domingo, 29 de noviembre de 2015

CLARO, Y LIBERAL

Con motivo de su nuevo libro, 'Acabemos con el paro', 'Libertad Digital' (sí, el mismo diario cuya línea editorial presenta al actual PP como un traidor a las esencias liberales, y a Ciudadanos como el partido que los recuperará) entrevista a Daniel Lacalle, prestigioso economista y brillante divulgador del liberalismo económico (autor, entre otros, del magnífico 'Viaje a la libertad económica'). He aquí una significativa secuencia de la misma:

Pregunta de Diego Sánchez de la Cruz: '¿Qué opinión le merecen las propuestas económicas de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos de cara al 20-D?'.

Respuesta de Daniel Lacalle: 'Aunque aún no conocemos al detalle su programa, sabemos que el PP apuesta por el continuismo económico. Al menos eso va en la dirección correcta, ya que se comprometen a devolver el esfuerzo fiscal que exigieron al comienzo de la legislatura (así, añado yo, Mariano Rajoy se ha comprometido en la presentación del programa electoral a volver a bajar los tipos mínimos y máximos del IRPF: del 19 al 17%, y del 45 al 43% respectivamente). Ciudadanos parece un gazpacho caliente, una mezcla poco apetitosa en la que caben algunos tics liberales pero hay mucho dirigismo socialdemócrata. Me preocupa especialmente su complemento salarial garantizado, aprobar algo así en una economía como la española es una invitación al fraude que transfiere al contribuyente los problemas de competitividad de los sectores de bajo valor añadido.

Sobre el PSOE, no olvidemos que Pedro Sánchez ha dicho que quiere recoger el testigo de Zapatero. Por tanto, su programa es volver a 2008... con todo lo que eso conlleva. Me temo que no han aprendido casi nada. Podemos lleva ya cinco programas económicos en poco más de dos años. El más reciente vuelve a ser un batiburrillo de las propuestas del pasado, más radicalizado por la pérdida de voto que acreditan las encuestas. El resultado de aplicar esas medidas sería la quiebra de España, simple y llanamente'.

Más claro, y liberal, agua.

miércoles, 25 de noviembre de 2015

AL PERONISMO LE HAN DICHO BASTA... POR FIN

El carismático Juan Domingo Perón, al que cabe atribuirle el dudoso mérito de convertir en poco tiempo a una tierra de promisión en una auténtica ruina, es el creador de uno de los movimientos políticos más nefastos del siglo XX. Inspirado en el socialismo de Mussolini, de quien fue agregado militar, combinó un intervencionismo y dirigismo asfixiantes con un irrefrenable derroche de recursos que dilapilaba e impedía la generación de riqueza. El Estado autoritario peronista planificaba y prescribía qué camino había de tomar la economía argentina, que no tardaría en entrar en bancarrota. Todo aderezado, eso sí, con el uso y abuso del lenguaje más populista y demagógico, incluidas las inevitables e incesantes declaraciones de amor hacia esos mismos trabajadores, obreros y 'descamisados' a los que se les condenaba al desempleo y la miseria. Más pobres, pero más halagados. Con todo, el peronismo había conseguido hacer de Argentina una sociedad de expectativas, acostumbrada a que el Estado omnipresente le resolviera todos los problemas y le procurara una buena parte de sus ingresos.

Además, el peronismo, articulado, no como partido político, sino como 'Movimiento Nacional' (bajo el rimbombante nombre de 'Partido Justicialista'), no se ha recatado en utilizar una supuesta defensa de la soberanía e independencia económica de Argentina, y por supuesto la protección del 'pueblo' frente a los abusos de las grandes corporaciones internacionales, como coartadas para robar: cabe recordar como reciente ejemplo el latrocinio en 2012 de YPF, filial de la compañía española Repsol, por parte de ese remedo recauchutado de Evita Perón que responde al nombre de Cristina Fernández de Kirchner, durante los últimos ocho años, y para desgracia de unos argentinos que, eso sí, la votaban abrumadoramente, presidenta de la República Argentina. Se trata, en suma, de un nacionalismo trufado de populismo 'descamisao' que ha convertido a uno de los países más desarrollados del mundo en el perfecto ejemplo de insolvencia económica, pero que ha sabido captar como nadie la idiosincrasia del argentino medio hasta identificarse casi plenamente con él.

De ahí los numerosos éxitos electorales del peronismo desde su misma aparición: no por casualidad, Perón sigue siendo el candidato a la presidencia de Argentina que más elecciones ha ganado (en 1946, 1952 y 1973) pese a que le prohibieron presentarse en buen número de ellas; el peronista Carlos Menem el presidente que más tiempo ha permanecido de manera ininterrumpida en el poder (de 1989 a 1999); e incluso en los comicios de 2011 los tres candidatos peronistas lograron acumular nada menos que el 68 por ciento de los votos. Así pues, la hegemonía del peronismo en Argentina ha venido siendo tan indiscutible como dispendiosa, hasta el punto de hacer realidad aquella lapidaria frase formulada por su fundador solo dos años antes de su muerte: 'peronistas somos todos'.

Sabido es que el genial Jorge Luis Borges, argentino universal, aseveró que los peronistas no son ni malos ni buenos, ni de derechas ni de izquierdas, sino sencillamente 'incorregibles'. Tanto, que entre sus dirigentes políticos siempre ha cundido la idea de que, puestos a hacer el inmenso sacrificio de cometer latrocinios por el bien del 'pueblo', algún beneficio habrían de obtener también sus propios bolsillos. Son tristemente célebres, por ejemplo, los episodios de corrupción protagonizados por la familia Perón y su entorno y los desfalcos al erario público perpretados por Menem, familiares y allegados. Pero a propósito de la presidenta todavía en funciones, que para más inri se estrenó apropiándose de los ahorros de todos los argentinos, y de su antecesor en el cargo y difunto marido, Néstor Kirchner, su patrimonio familiar se vio en 2011 incrementado de siete a 89 millones de pesos (es decir, más del 1.000%) justo desde 2003, cuando el matrimonio Kirchner empezó a habitar en La Casa Rosada.

Son significativos ejemplos de la verdadera esencia, corrompida y corruptora, nepótica y cleptocrática, de un peronismo que, empero, ha concitado alabanzas y adhesiones en regímenes y corrientes políticas que pueden parecer absolutamente dispares, pero que tienen en común una indisimulada aversión hacia los sistemas políticos parlamentarios y de economía de libre mercado: así, en España, tanto en su momento en el franquismo (que recibió en plena posguerra a una generosa Evita Perón como una estrella de Hollywood, además de acoger al mismísimo fundador durante su exilio) como ahora en los ideólogos de Podemos (que han presentado a la política populista y onerosa de Cristina Fernández de Kirchner como ejemplo a seguir).

Hasta que llegó Mauricio Macri, un ingeniero y empresario conocido por sus éxitos como presidente del Boca Juniors (lo que siempre da caché por aquellos lares) y, sobre todo, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la que ha sabido convertir en una especie de fortín antikirchnerista. Nadie mejor que él para captar y reunir en torno a su figura el voto del paulatino y creciente descontento generado por unas políticas de gasto público desbocado que han llevado a los argentinos a soportar niveles de inflación 'venezolanos' (hasta del 40%); porque, una vez más, el populismo vuelve a demostrar en su puesta en práctica su carácter  dañino y contraproducente, especialmente para quienes proclaman defender y proteger: los más desfavorecidos.

Así, Macri ha sido capaz de imponerse a todo un régimen de pensamiento único imperante desde mediados del siglo pasado (es, desde 1916, el primer candidato a la presidencia de la República Argentina que, sin pertenecer ni al peronista Partido Justicialista ni a la socialdemócrata Unión Cívica Radical, se alza con la victoria), y sin que tan siquiera la gastada etiqueta de 'neoliberal' que sus adversarios políticos y la gran mayoría de medios de comunicación le han venido colocando (y todo porque defiende sin ambages el libre mercado, la propiedad privada y el rigor en las cuentas públicas; esto es, justo lo contrario de lo que ha conducido a Argentina a la insolvencia económica) haya podido hacerle mella en esta ocasión.

Y es que al peronismo le han dicho basta... por fin. Argentina, aunque parecía imposible, ha dejado de ser peronista. Se abre, pues, paso una oportunidad de oro para que la otrora tierra de promisión vuelva a serlo.

domingo, 22 de noviembre de 2015

CON LA MONARQUÍA, LA DEMOCRACIA

Hoy hace 40 años que, tras la muerte de Franco, don Juan Carlos de Borbón y Borbón fue proclamado Rey por las Cortes. Volvía a España la Monarquía tras cinco años de una República convulsa, sectaria y fracasada, tres años de una trágica y traumática Guerra Civil y nada menos que 36 años de un régimen autoritario que, pese a su paulatino aperturismo, nos situaba fuera de la Europa de las libertades. Una Monarquía, la de Juan Carlos I, que ejercería de verdadero impulsor de la llegada de la democracia a España en forma de régimen constitucional de Monarquía parlamentaria (en realidad, la más adecuada prolongación a nuestra tradición de Monarquía constitucional plasmada y surgida de la Constitución de 1812), que permitiría nuestra integración en las instituciones de la Europa y el mundo libres, y daría paso además a un periodo de estabilidad política y social y de mayor libertad, desarrollo, progreso y prosperidad de toda nuestra historia. Una Corona que, tras la abdicación del propio don Juan Carlos y en aplicación de las previsiones constitucionales al efecto, tiene hoy continuidad en el reinado de su hijo y legítimo sucesor, Felipe de Borbón y Grecia, quien, bajo el nombre de Felipe VI, fue proclamado Rey ante las Cortes Generales, la representación de la soberanía nacional española, el 19 de junio de 2014.

Con Franco moría un sistema político que no reconocía las libertades de expresión, ni de prensa, ni de reunión, ni de manifestación, ni de religión, ni el pluralismo político (porque no prohibió solo el comunismo y la masonería, 'méritos' que se le apuntan, sino cualquier idea política que no se adhiriera a los 'Principios del Movimiento', es decir, que tuviera algo que ver con la democracia liberal), etc.; un régimen, en definitiva, que suponía la negación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. En cuanto a la libertad económica y de empresa, que se suele aducir en defensa del franquismo (como si de la misma manera pudiéramos 'salvar' al Chile de Pinochet o al cruel régimen chino en la actualidad), empezó a ser una realidad muy matizada a partir de 1959, cuando el régimen se abrió económicamente al exterior y los Ministros del Opus emprendieron reformas económicas liberalizadoras (que tanto contribuyeron al crecimiento y desarrollo económico y la consolidación de unas clases medias hasta entonces inexistentes); pero en líneas generales, el franquismo fue básicamente muy intervencionista en la economía: edificó un gran Estado dirigista y paternalista (su rígido sistema laboral se mantuvo fundamentalmente en vigor hasta la reforma aprobada por el actual Gobierno del PP, con los resultados que conocemos), hasta el punto de crear una cantidad de empresas públicas verdaderamente ingente.

También se suele alegar que al franquismo se le debe analizar en su justo contexto histórico y político, y no compararlo con los tiempos actuales en los que predominan los valores democráticos; de la misma forma que enjuiciamos, por ejemplo, el reinado de los Reyes Católicos, tan fructífero para la historia de España. Y así ha de ser, en efecto. Pero las circunstancias que precisamente rodeaban la época franquista eran las siguientes: tras la Segunda Guerra Mundial, en la Europa occidental (si exceptuamos a nuestros vecinos portugueses) disfrutaban de regímenes democráticos y unas libertades que los españoles teníamos sencillamente vedadas. Una situación anómala que duró la friolera de treinta años. 

Fue aquel 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador en la cama (así de débil y minoritaria era su oposición; la de entonces, no la retrospectiva), y con el feliz regreso a España de la Monarquía (que adquiriría su verdadera legitimidad, al menos desde una perspectiva democrática, tres años después, con el refrendo de la vigente Constitución), cuando se iniciaría en rigor la que se conoce como transición democrática. De que el franquismo sin Franco era absolutamente inviable, además de que España necesitaba evolucionar a la democracia dado el carácter obsoleto del régimen, era consciente la inmensa mayoría de la sociedad española; hasta ese sector más proclive a votar a la derecha (aquello que se llegó a denominar, un tanto injustamente, ‘franquismo sociológico’), en el que cabía incluir también a una mayoría de dirigentes políticos procedentes del régimen franquista (que ingresarían en buena parte en la UCD de Suárez, y otros en la AP de Fraga), abogaba en líneas generales por una transición, eso sí, ordenada a la democracia.

No en balde los principales motores del cambio fueron realmente tres pilares del régimen anterior: el propio don Juan Carlos, sucesor de Franco a título de Rey, que utilizó la misma Jefatura del Estado para impulsar los primeros pasos hacia la aprobación de una Constitución que convirtiera su propio poder en simbólico, más propio de las Monarquías parlamentarias imperantes en la Europa occidental; Torcuato Fernández-Miranda, que desde la presidencia de las Cortes, y ‘de la ley a la ley’, hizo posible convertir el sistema jurídico-político en incipientemente democrático partiendo de las Leyes Fundamentales del franquismo; y, por supuesto, Adolfo Suárez, anterior Ministro Secretario General del Movimiento y a quien don Juan Carlos tuvo la intuición y el acierto de nombrar, y ante el asombro general y hasta el rechazo de los cronistas de la época, presidente del primer Gobierno de la Monarquía, cargo desde el que supo propiciar el consenso para llevar adelante las reformas democráticas.

Buena prueba de la conciencia arraigada dentro del mismo régimen franquista acerca del necesario advenimiento de la democracia fue el ‘hara-kiri’ que las propias Cortes franquistas se infligieron cuando, el 18 de noviembre de 1976, aprobaron por mayoría aplastante (más de los dos tercios necesarios) la Ley para la Reforma Política, que, cabe recordar, proclamaba unos principios absolutamente contrarios al franquismo (soberanía popular, supremacía de la ley, inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona, electividad de diputados y senadores por sufragio universal, etc.), amén de establecer un procedimiento para la reforma constitucional. 425 procuradores votaron a favor, 59 en contra y 13 se abstuvieron: nada menos que un voto favorable del 82 por ciento tras un debate que rayó a gran altura dialéctica, donde destacaron especialmente Fernando Suárez en el reformismo y Blas Piñar en el ‘bunker’. Para su definitiva ratificación, se convocó a referéndum al pueblo español, cuyos deseos de cambio hicieron desoír la recomendación de la oposición, que hizo campaña por la abstención: así, con una participación nada menos que del 77 por ciento, votó a favor el 94,2 por ciento de los electores. La nación española se había pronunciado, por tanto, con meridiana claridad: había que devolverle su soberanía por medio de una Constitución de todos.

Para ello, se volvió a convocar al electorado español a unos comicios generales (los primeros desde 1936) que dieran lugar a unas Cortes constituyentes, aunque en su momento no se plantearon así. Y pese a que UCD y AP lograron los escaños suficientes para construir juntos una mayoría absoluta (166+16=182, 6 más de los necesarios), se evitó incurrir en los mismos errores cometidos por los anteriores procesos constituyentes españoles, es decir, elaborar una Carta Magna que satisfaga los valores y aspiraciones de media España contra los de la otra media; de tal forma que el partido del Gobierno pronto empezó a acordar textos y artículos con los demás grupos parlamentarios, fundamentalmente con el socialista, y especialmente en materia autonómica y de derechos y libertades. Tras su abrumadora aprobación final por las Cámaras, se sometió la Constitución consensuada a referéndum: en este caso con menos participación (tan solo el 67 por ciento de un electorado agotado de tantas consultas en tan poco tiempo), un 87 por ciento de los votantes ratificó la Carta Magna un 6 de diciembre de 1978. En esta ocasión, la oposición, que participó en su elaboración, sí recomendó un voto afirmativo (excepto los nacionalistas vascos; no así los catalanes, algo que no está de más recordar en pleno desafío separatista del nacionalismo en Cataluña).

Ahí se acabó el consenso: tras las elecciones generales de 1979, que prácticamente mantuvieron el panorama político, el PSOE aspiraba legítimamente a conquistar el Gobierno y dio un giro a su estrategia, centrada en desgastar al Ejecutivo que volvería a ostentar la UCD. La moción de censura presentada por el PSOE en el Congreso fue una significativa muestra de su táctica basada en desprestigiar la figura de Adolfo Suárez, que finalmente dimitiría. Durante la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, y en un contexto de creciente descontento dentro del Ejército por las reformas emprendidas por el vicepresidente Gutiérrez Mellado, la intensidad del terrorismo y un supuesto surgimiento del separatismo, aparecería el 23 de febrero de 1981 un fantasma desgraciadamente muy frecuente en nuestra historia: el de la asonada, en este caso felizmente abortada por el Rey, que se erigió en garante de la Constitución y la soberanía nacional.

En el arrollador triunfo del PSOE en octubre de 1982 (que significaba la primera llegada al Gobierno de la izquierda desde 1936) marcan muchos historiadores y cronistas el final de la transición democrática. No obstante, considero más bien que culminó realmente con la consolidación de nuestra presencia en la OTAN por referéndum (que el presidente González se empeñó en convocar supuestamente para dar cumplimiento a un compromiso electoral, aunque sería finalmente para confirmar nuestro ingreso y no, como prometió en la oposición, para salir de ella) y nuestra definitiva entrada en la Comunidad Europea (cuyas negociaciones, eso sí, empezaron ya en 1979, bajo el Gobierno de la UCD), ambos acontecimientos en 1986. España, reconocido por fin su sistema político como democrático y de libertades, salía de su aislamiento de las grandes decisiones internacionales y se situaba junto a las democracias occidentales. Ni más ni menos, en el lugar que, por su historia y peso en el panorama mundial, le corresponde. Algo que sin el papel motriz de aquella Monarquía que, encarnada en don Juan Carlos de Borbón y Borbón, había sido proclamada hace 40 años, no hubiese sido posible.

domingo, 15 de noviembre de 2015

FRANCIA, TRAS SU 11-S

Un viernes de noviembre, un dramático 13-N, se ha convertido en el particular 11-S sufrido por Francia. Diez meses después de los atentados contra periodistas y empleados del periódico satírico 'Charlie Hebdo' y policías y personas de ascendencia judía, que tanta conmoción despertaron en todo el mundo, el terrorismo yihadista ha vuelto a golpear con toda su crueldad asesina y criminal en territorio francés, hasta el punto de llegar a sembrar la zozobra y el caos en pleno corazón de París: 129 muertos y 180 heridos, 99 de ellos de gravedad, de resultas de siete atentados en cadena en distintos puntos de la capital francesa y en lugares muy concurridos, especialmente por turistas. La Policía, la Gendarmería y el Ejército francés no tardaron en tomar literalmente París toda vez que el presidente de la República, Hollande, se vio obligado a decretar el cierre de fronteras y el estado de emergencia, en virtud esta última de una ley que data de 1956, promulgada con motivo de la guerra de Argelia.

Esta ley francesa de estado de emergencia, que tuvo su última aplicación en 2005 (si bien limitada a barrios periféricos de París para hacer frente a una ola de disturbios, no en todo el territorio nacional como ahora), contempla medidas de excepción tales como permitir a las fuerzas de orden público restringir la circulación de vehículos y personas, ordenar registros y arrestos domiciliarios sin necesidad de mandato judicial, suspender espectáculos públicos y cerrar lugares de ocio, prohibir manifestaciones en la vía pública (como de hecho así ha procedido la prefectura de policía 'hasta nueva orden'), o incluso instaurar disposiciones de control de la prensa. Se trata, obviamente, de preceptos legales de carácter transitorio y absolutamente necesarios para garantizar la seguridad y la defensa y supervivencia de la democracia y el Estado de Derecho en situaciones excepcionales y de máxima gravedad, pero que demuestran que la mismísima 'Patriot Act', promulgada tras el 11-S y tan vapuleada y reputada de 'liberticida' sobre todo por venir de donde viene (esto es, de los Estados Unidos y de Bush), se queda en mantillas ante la previsión de suspensión temporal de derechos y libertades que establece el sistema legal de la República Francesa. Como ocurre, por cierto, en cualquier régimen democrático que se precie (así, en el nuestro, cuya Constitución recoge los estados de alarma, de excepción y de sitio).

Sea como fuere, esta vez no proceden los pretextos que, con motivo de los ataques de enero, utilizaron quienes siempre en estos casos buscan atribuir alguna culpa a las víctimas (y con ellas a Occidente y nuestro sistema de libertades): en esta ocasión, los yihadistas no han segado la vida de dibujantes que hayan ofendido gratuitamente al Islam, ni tan siquiera de policías que se interpusieran en el camino ni de quienes, como judíos, pudieran sufrir las consecuencias de actos de represalia provocados por la infinita 'maldad' de Israel con respecto a la 'oprimida' Palestina. Los objetivos de atentados tan brutales e indiscriminados han sido personas anónimas e indefensas, sin distinguir nacionalidad, religión ni condición, pero cuya sola existencia, por su carácter de 'infieles', ofende a semejantes fanáticos sanguinarios. Porque nos odian a nosotros, los occidentales, y nuestro sistema de valores; porque quieren acabar con nosotros y nuestro modo de vida basado en la libertad individual, y a estas alturas deberíamos tenerlo claro si queremos evitar que lo logren.

No se trata, pues, de buscar 'venganza', como ha aseverado cierto Mesías con tal de justificar su negativa a adherirse al Pacto Antiyihadista firmado por PP y PSOE y al que se sumará Ciudadanos (y es que, claro, Irán paga); sino, simple y llanamente, de defenderse de un enemigo que persigue tu aniquilación y la de toda una civilización. Y es que, aunque tanto se resistieran a asumirlo en su momento, y precisamente, en la misma Francia, abonada entonces al antiamericanismo fácil, y que abanderaba al albur las tesis de un pacifismo tan buenista como suicida, los atentados del 11-S en Nueva York y Washington supusieron toda una declaración de guerra, no a los Estados Unidos y su política internacional 'intervencionista' y 'belicista', sino al 'satánico' y 'cruzado' Occidente en general; una guerra de carácter global que, por mucho que algunos se empeñaran en negar su existencia, empezó entonces y que continúa librándose ahora, catorce años después, y que, sin ir más lejos, ha llevado a la plena implicación de la propia Francia en los bombardeos contra posiciones del Estado Islámico en Siria. Así, el presidente de la República, François Hollande, ha definido los ataques de París como 'actos de guerra'; mientras que su Primer Ministro, Manuel Valls, ha reiterado que 'Francia está en guerra'.

De la misma manera que tras el 11-S Estados Unidos no debía rendirse y ceder ante el chantaje criminal, sino bien al contrario, y en colaboración con sus aliados, intensificar su lucha contra el terrorismo islamista y perseguir a sus cabecillas allí donde sea menester (de esta forma, no lo olvidemos, se logró debilitar a Al-Qaeda e incluso capturar y matar a su líder, Bin Laden), Francia tras el 13-N, lejos de claudicar y allanarse a la más mínima pretensión fundamentalista, ha de situarse a la vanguardia del mundo libre en la cruenta batalla contra el yihadismo: tanto en nuestros propios territorios, como allá donde se encuentren. Solo así, unidos sin fisuras frente a la barbarie y en defensa a ultranza de los principios y valores que distinguen a las sociedades abiertas y democráticas, venceremos.

Unidad y patriotismo; valores de los que la admirable nación francesa ya vuelve a dar soberanas lecciones al mundo entero: verdaderamente emocionante la entonación al unísono de 'La Marsellesa' por parte de un nutrido grupo de aficionados franceses que, la misma noche de los atentados, salían del estadio de Saint-Denis tras varias horas encerrados en el recinto. Además, obviamente, nadie en Francia atribuye culpa alguna de los atentados islamistas a su Gobierno, pese a que haya participado en bombardeos contra el Estado Islámico en Siria; bien al contrario: al igual que en los Estados Unidos tras el 11-S, todo un pueblo, toda una nación, se mantiene unida en torno a su presidente de la República. Y es que en momentos tan delicados y cruciales es cuando la fortaleza y grandeza de un país adquiere su máxima expresión.

lunes, 9 de noviembre de 2015

REIVINDICAR ESPAÑA COMO GARANTÍA DE LIBERTAD

No se puede permitir que un conglomerado de partidos nacionalistas separatistas coaligados a un movimiento filoetarra, que para más inri representan a tan solo la mitad de un Parlamento autonómico, pretendan birlarle al conjunto del pueblo español su soberanía y que, encima, semejante desafuero quede impune. Nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, ya activa sus mecanismos en defensa de la ley, de la Constitución, de la soberanía nacional y de la unidad de España.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha firmado ya la solicitud al Consejo de Estado de un dictamen urgente previo al recurso de inconstitucionalidad que aprobará un Consejo de Ministros extraordinario. Rajoy pedirá la suspensión automática de la resolución independentista, y solicitará a su vez al Tribunal Constitucional que se comunique a la presidenta del Parlamento catalán que la iniciativa aprobada no tiene ningún valor ni puede tener ninguna consecuencia.

Convocado el Pleno del Tribunal Constitucional, la paralización del plan rupturista será inmediata, hasta que los magistrados decidan sobre su inconstitucionalidad en un plazo máximo de cinco meses. Cualquier iniciativa que a partir de ese momento se derive de la resolución recurrida será considerada ya un acto de desobediencia al TC. Cabe recordar que, tras su reforma recientemente aprobada, el Alto Tribunal dispone por primera vez de herramientas para hacer cumplir sus resoluciones: multas, suspensiones e inhabilitaciones, sin perjuicio de las actuaciones que la Fiscalía emprenda por la vía penal.

Sea como fuere, ni España se va a romper, ni esa mayoría de catalanes que se sienten españoles van a sentirse extranjeros en su propio país. Es el momento de reivindicar con más firmeza que nunca a España como verdadera garantía de la libertad y la igualdad ante la ley, a sus valores y a esos sus símbolos que los once diputados del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña han exhibido en respuesta al último alarde golpista del nacionalismo separatista. No se saldrán con la suya: sucumbirán ante la fuerza del imperio de la ley que rige en una España unida y democrática.

domingo, 8 de noviembre de 2015

ALBERT RIVERA TIENE UN PLAN (O ALGO ASÍ)

Entrevista del periodista Manuel Buitrago a Albert Rivera en el diario La Verdad de Murcia, con motivo de la visita del 'emergente' líder de Ciudadanos a la región murciana:

Pregunta de Buitrago: 'Habla de un plan hidrológico indeterminado, sin precisar. Aquí hay un acueducto que proporciona agua a la Región de Murcia, Alicante y Almería, pero que cuestiona Castilla-La Mancha. ¿Se moja para decir si es partidario de mantener esa infraestructura o no?'.

Respuesta de Rivera: 'Mire, yo no soy técnico hidráulico. Como posible presidente del Gobierno quiero sentar a la mesa a los ciudadanos y trazar un plan para 30 o 40 años. No para un cuarto de hora o unas elecciones. Eso ha hecho que tengamos siempre gente prometiendo agua. Soy catalán, he visto ese debate con el Ebro y he defendido desde hace nueve años que tiene que haber un plan hidrológico. Y claro que el Ebro y que el Tajo-Segura, que los ríos de España son parte de la solidaridad del país. Lo que pasa es que también tengo una conciencia, y tenemos que hacer eso sin cargarnos otras cosas. Por ejemplo, en el caso del delta del Ebro está el debate medioambiental o en otros ríos los caudales ecológicos. No digo que vaya a ser fácil, pero no podemos seguir así. Es lo que ha pasado en los últimos años, y Murcia ha sido el ejemplo de la utilización política y de hacer debates muy encendidos'.

He reproducido pregunta y respuesta en su integridad, tal y como aparecen en el periódico, para que no haya lugar a acusaciones de manipular; a las que, además, son tan dados por aquellos pagos de 'la nueva política' cada vez que se les deja en evidencia. Pues bien: a uno, tras leer este intercambio de impresiones, le mueve la siguiente reflexión: ¿tan difícil le resulta al señor Rivera pronunciarse con claridad sobre un trasvase como el Tajo-Segura, afortunadamente consolidado (por ley, y bajo el actual Gobierno del PP) y absolutamente básico para el desarrollo económico de Murcia, Alicante y Almería nada menos que desde 1979, cuando llegaron a la cuenca del Segura las primeras aguas procedentes del Tajo?

Es más: ¿es de recibo responder con un 'mire, yo no soy técnico hidráulico' acompañado de una ristra de lugares comunes ('sentaré a todos en una mesa', 'un plan que no sea de un cuarto de hora', 'sí, pero hay que proteger el medio ambiente'...), máxime cuando ha venido a Murcia presentándose como el gran 'vertebrador' de España y portador de un plan, tan supuestamente definitivo como inconcreto, que resolverá el problema del agua? ¿Sería concebible una contestación de tono tan displicente en un político del PP o del PSOE sobre materia tan sensible en la mismísima Murcia y sin que se lleve la correspondiente reprimenda mediática y política?

Aviados estamos con el adanismo de ciertos salvadores de la patria.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

LO QUE PEDRO SÁNCHEZ NO HA DE SABER

La última de Pedro Sánchez no fue consecuencia de un 'lapsus', sino de desconocimiento puro y duro. Aunque resulte difícil de asumir para un 'progre', sobre todo de los 'modernos', no fue el Gobierno socialista ('progresista') de Felipe González, que inició su andadura en 1982, quien introdujo el divorcio en la legislación por primera vez en la democracia española, sino el presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, esto es, un Ejecutivo de la UCD (centrista, un conglomerado con democristianos, liberales y hasta 'azules' en sus filas). De ahí que la Ley del Divorcio tenga fecha de 1981, esto es, antes de que el PSOE de González ganara las elecciones y empezara a gobernar. Cierto es que quien adquirió el protagonismo en la tramitación y defensa parlamentaria de la ley fue Francisco Fernández Ordóñez como Ministro de Justicia que era por aquel entonces; pero, señor Sánchez, lo hizo como miembro del Gobierno de la UCD, y antes de que se pasara con armas y bagajes al PSOE.

Que alguien que se dedica a la política del más alto nivel, y que aspira a ser nada menos que presidente del Gobierno, haya mostrado tamaña confusión sobre semejante hito de nuestra democracia (y que alguien que, como él, dice creer en el 'progreso' debería tener claro) es ya de por sí llamativo. Y es que uno debería procurar documentarse antes de dar rienda suelta a sus prejuicios y atreverse a apropiarse de logros que son ajenos.

Pero peor ha sido cuando ha pretendido arreglar su propio desaguisado haciendo uso de una justificación realmente patética: 'solo tenía nueve años'. Cabe colegir, por tanto, que el señor Sánchez tampoco se ve en la obligación de conocer cuándo tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, puesto que tenía tan solo cinco añitos, ni por supuesto en qué año fue ratificada nuestra Constitución vía referéndum (ni hablar del día y del mes, claro), ya que contaba con seis primaveras. Suponemos que al menos sí sabrá la fecha en la que su admirado y loado Felipe González ganó por vez primera los comicios, aunque solo sea porque por entonces tenía diez años bien cumplidos y era ya casi un mocetón.