martes, 26 de julio de 2011

UN DEMENTE CRIMINAL, SIN MÁS


No es una víctima de la sociedad. No se trata de una trágica e indeseable consecuencia de las contradicciones e injusticias del sistema político-económico occidental. Breivik es un demente criminal, sin más; un lunático cruel que, consumido por un odio atroz, ha acabado dando rienda suelta a sus impulsos asesinos. Frío y calculador, por desgracia ha sabido sacar provecho de las muy relajadas, por no decir inexistentes, medidas de seguridad propias de su país para llevar a cabo sus macabros propósitos. Su concreta coartada político-visionaria para 'justificar' tamaña matanza no debería llamarnos a engaño: podría haber utilizado cualquier otra que igualmente le sirviera para encauzar y 'explicar' sus perversas y sanguinarias fobias. En el supuesto de que semejante alimaña genocida se hubiera declarado un defensor de los desheredados de la tierra, o un enemigo de la opresión imperialista, tendría que caer igualmente sobre él todo el peso de la ley. Porque él, y solo él, es responsable de sus crímenes, y como tal ha de responder de los mismos.

En cualquier caso, de algo podemos estar seguros: de ser cierto que ha obtenido ayuda de un grupúsculo extremista y facineroso, éste, además de obtener la más radical condena por parte tanto del Gobierno noruego como de toda la Unión Europea, será objeto de una implacable persecución policial y judicial hasta lograr su total desarticulación; que, en consecuencia, en ningún caso se les elevará a la categoría de interlocutores políticos, porque nada hay que tratar con asesinos de esa calaña; que, por muchas simpatías que cosechen en determinado electorado, ciertamente vil, y por muchos votos que consigan, jamás se permitirá que un brazo político surgido de tal grupo terrorista se presente a unas elecciones, con el fin de impedir la ignominia de que militantes o simpatizantes suyos lleguen a las instituciones democráticas; y que, por supuesto, no habrá excarcelaciones ni medidas de gracia de resultas de ningún proceso de negociación más o menos larvado. En suma, habrá vencedores, los demócratas y el Estado de Derecho, y vencidos, los terroristas y el fanatismo asesino. Como debería ser siempre.

jueves, 21 de julio de 2011

UNA SALIDA HONORABLE



Un asunto judicial verdaderamente nimio y ridículo, el de quítame allá unos trajes regalados o pagados, ha acabado poniendo a Camps a los pies de los caballos, pero al final ha tomado la mejor decisión. Porque entre el oprobio de abonar la multa y, por consiguiente, reconocer la culpa; y la dimisión para, como ciudadano particular, reivindicar su inocencia ante los Tribunales, siempre se ha de optar por lo segundo cuando se trata de un cargo público, y más de la envergadura política de un presidente de Comunidad Autónoma. Deberían tomar nota allá en La Gomera y... en general, en Ferraz, cuyo candidato a la Moncloa, sin ir más lejos, acumula tantísimos agravios y tropelías en su siniestro currículum político.

Y es que en democracia se debería partir del siguiente principio en casos de este tipo, y sin esperar a que haya sentencia judicial: Distinguir claramente el plano político del estrictamente penal. Cuando Camps dimite no hace sino asumir su responsabilidad política, lo que no significa en absoluto que admita su culpabilidad penal: si ha renunciado es precisamente para defender su absolución en los Tribunales y de la forma más presentable ética y políticamente, es decir, sin implicar ni poner en duda el buen nombre de ninguna institución pública o política, concretamente la que él presidía. Ahora ha de ser la Justicia la que se pronuncie, y en función de ello se podrá incluso rehabilitar políticamente a Camps. Por tanto, la dimisión de Camps no es ninguna salida vergonzante, sino bien al contrario una actitud honorable, un ejemplo edificante que, por cierto, tantísimos políticos (entre ellos nada menos que cien cargos públicos socialistas) deberían seguir. Aunque ya se sabe que el hecho de ostentar el carné del PSOE, o simplemente declararse de izquierdas, confiere cierta impunidad.

miércoles, 6 de julio de 2011

LA 'ANORMALIDAD' DE LA SGAE


Sería normal que una sociedad de gestión colectiva, cuyos máximos dirigentes se hallen incursos en una investigación judicial por desviación de fondos en favor de una trama, sea intervenida por el juez instructor y, en consecuencia, su dirección pasara a manos de administradores judiciales; en cambio, la SGAE se permitirá el lujo de ser gobernada por una junta rectora cuyos miembros serán nombrados por... su misma directiva. Sería normal que si el presidente de un organismo supuestamente privado, pero increíblemente dotado de potestades recaudatorias coercitivas, acaba imputado por los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, abandone su cargo; sin embargo, el inefable Teddy Bautista, cuya acreditada condición de 'progre' 'pura sangre' le ha librado del escarnio de aparecer esposado en los telediarios, continúa en el machito.

Sería normal que la titular del Ministerio del ramo, encargado legalmente de vigilar el uso que del dinero recaudado hace la sociedad, tuviera su puesto pendiente de un hilo; pero la señora González-Sinde, que por lo demás siempre ha presumido de ser socia de la SGAE, se limitará a dar explicaciones al Congreso, y a regañadientes. Sería normal que los directivos de una entidad bajo sospecha de fraude, robo y malversación, si en realidad no tuvieran nada que ocultar, comparecieran ante la opinión pública abogando por la transparencia y, al menos, manifestando una pizca de humildad; en cambio, los dirigentes de la SGAE, con Víctor Manuel a la cabeza (casi siempre cantando loas al poder, de Franco a Zapatero), han reaccionado ante tamaño escándalo tomándonos el pelo (su 'colaboración con la justicia' consiste en investigarse a sí mismos) y, para más inri, mostrando ese aire de perdonavidas que se gastan semejantes chupópteros (todavía debemos darles las gracias por lo poco que nos esquilman cada vez que compramos un cd o ponemos una canción).

Pero, claro, la SGAE no es una sociedad privada normal: es una especie de organismo particular pero con capacidad de imponer exacciones, al modo de agencia tributaria pública. Un auténtico engendro jurídico-tributario creado para beneficio exclusivo de un 'lobby' al servicio del PSOE, de cuyo Gobierno siempre ha obtenido como contrapartida protección, estímulo, favores y cuantiosas subvenciones y ayudas. No es de extrañar que sus insignes prebostes se consideren exentos de responder públicamente de sus actividades: además de hallarse acostumbrados a actuar con total impunidad, alardean siempre que pueden de 'progres' y, como tales, depositarios de superioridad moral respecto del resto de los mortales. Hasta para llevárselo calentito.

lunes, 4 de julio de 2011

CUANDO EL PSOE PROMETE EMPLEO


800.000 puestos de trabajo. De tantísimas promesas que hizo, y que no cumplió, sin duda una de las más destacadas y evocadas de un joven Felipe González que, ante una UCD que se autodestruía a ojos vista, se veía entonces a las puertas del Palacio de La Moncloa: el Gobierno 'de progreso' que iba a conformar aportaría ese concreto y glorioso guarismo a un mercado laboral azotado ya por el paro; de tal forma que sería capaz de acabar con un mal que empezaba a enquistarse en la sociedad española (tan 'maltratada', según célebre eslogan de aquel PSOE). Pues bien, poco más de diez años después, la España del felipismo alcanzaba el nefando porcentaje del 23 por ciento de desempleo, marca todavía no superada. Los chistes de entonces, que hacían decir al propio Felipe que en realidad no había prometido la creación de 800.000 puestos de trabajo, sino 800 ó 1.000, incidían en tamaño incumplimiento electoral.

'Por el pleno empleo'. Fue el lema sobre el que verdaderamente giraba la campaña de reelección de un Zapatero empeñado en negar tajantemente cualquier atisbo de crisis, y dispuesto a seguir limitándose a recoger los hasta entonces ingentes frutos de una herencia económica, la legada por los Gobiernos de Aznar, que quizá consideraba plenamente consolidada y, como tal, inagotable. El resultado, no por conocido deja de ser deplorable: cinco millones de parados, funesto récord absoluto. El mandato de un presidente socialista volvía a mostrarse radicalmente incompatible con la generación de puestos de trabajo y... con la verdad.

Pese a tales y significativos antecedentes de flagrantes engaños, nadie mejor que un mentiroso compulsivo como el 'autodedificado' candidato socialista P. Rubalcaba para atreverse a anunciarnos la buena nueva: él sí dispone de la fórmula mágica para crear empleo, que, eso sí, desvelará y aplicará si, y solo si, asumimos el suicidio general que supondría votarle. Que a estas alturas no nos la haya descubierto, incluso a pesar de sus altas responsabilidades en el Gobierno de los cinco millones de parados, ha de deberse, no ya a su maldad congénita, sino a un sadismo ciertamente irrefrenable.

Prometer empleo, inclusive cifras concretas de puestos de trabajo, es muy del gusto de quienes profesan un socialismo, como tal, planificador: solo con que un Gobierno lo desee puede hacerlo realidad. Pero los poderes públicos, lejos de crear empleo, muchas veces se convierten en el principal impedimento para ese menester: su verdadero papel debería consistir en facilitar las condiciones para que la sociedad lo genere; en suma, estorbar lo menos posible. Cantar las virtudes de la Divina Providencia de un Gobierno omnisciente, proveedor y benefactor es insistir en una gran mentira que, además de contumaz, acarrea siempre trágicas consecuencias.