jueves, 23 de mayo de 2013

AZNAR COMO ACICATE DEL REFORMISMO

El proyecto del Partido Popular liderado por José María Aznar, y surgido de un Congreso Nacional celebrado en Sevilla en 1990, logró que la sociedad española creara a partir de 1996 más de cinco millones de puestos de trabajo y viviera una época de prosperidad económica sin precedentes, además de dejar moribundo al terrorismo etarra bajo un discurso y proceder firmes y nítidamente nacionales y prestigiar como nunca a España en el concierto internacional; en suma, un proyecto reformista, liberal y nacional que se tenía previsto iba a continuar Rajoy (es cierto que en aquel momento designado directamente por Aznar, aunque después confirmado y elegido en sendos Congresos del PP): sin embargo, se vería abruptamente interrumpido por el 11-M y el resultante e inesperado triunfo electoral del PSOE de Zapatero. Siete años y medio después, le ha vuelto a tocar a este PP de Rajoy, como en la época de Aznar, regenerar una vida política, social y económica española lastrada fundamentalmente por otro tremendo desaguisado del socialismo; en este sentido, ese mismo proyecto nacido del reformismo liberal, adaptado eso sí a unas circunstancias muy distintas, ha de seguir vivo pese a que todavía no se advierten resultados en el ámbito doméstico (sí en la macroeconomía) de las políticas adoptadas.

Hay quien ha aprovechado el repentino y sorprendente regreso de Aznar al primer plano de la actualidad política para desempolvar viejos y consabidos tópicos y argumentarios, básicamente consistentes en restarle méritos a lo que se conocía entonces como 'el milagro económico español' y atribuir el irresistible crecimiento del empleo y del PIB en aquellos años única y exclusivamente a la burbuja inmobiliaria; para, en último término, incluso responsabilizar al mismo Aznar (cómo no) de la crisis actual. Pues bien, la realidad es que España, bajo el Gobierno del PP de Aznar, empezó a reformar y liberalizar la economía, y en consecuencia a recuperarse y crecer económicamente, bastante antes del 'boom' inmobiliario, que fue más bien consecuencia de la política monetaria expansiva de los Bancos Centrales; cuyo origen encontramos en la 'genial' idea de Greenspan, Krugman y demás keynesianos de sustituir el estallido de las 'punto com' por la burbuja inmobiliaria. Y, obviamente, tampoco cabe culpar a una ley de liberalización del suelo que fue declarada inconstitucional por el Alto Tribunal antes de que llegara a aplicarse. Significativo, por ejemplo, que fuera en la época de Zapatero, y no en la de Aznar, cuando más viviendas se construyeron.

Mucho se ha especulado sobre las verdaderas razones que han empujado a Aznar a criticar por primera vez en público determinados aspectos de la política del Gobierno de Rajoy, pero, sea como fuere, sus recomendaciones no deberían caer precisamente en saco roto: se trata del mejor presidente de la democracia y la más grande figura de la derecha liberal-conservadora española desde Cánovas, una personalidad de valía y altura política excepcional; vamos, que su autoridad moral es ciertamente indiscutible. En cualquier caso, sí se debe tener en cuenta que las circunstancias actuales son muy distintas e incluso todavía más difíciles que las que se encontró Aznar en términos de déficit, deuda pública y recesión económica, que no parecen en principio especialmente propicias para bajar los impuestos (aunque sobre si se debería o no aplicar esta medida hay economistas para todos los gustos, incluso liberales); y además, ahora, al contrario que entonces, sí nos hallamos inmersos de lleno en una unión económica y monetaria, por lo que muchas directrices de política económica nos vienen impuestas desde Bruselas y el margen de libertad de los Gobiernos es sensiblemente menor. En realidad, si Aznar tuviese ahora la oportunidad de llevar las riendas del Ejecutivo, sus diferencias con respecto al proceder económico de Rajoy serían más bien de matices.

Aunque también es cierto que Aznar no marcó distancias solo en el terreno económico. Hizo referencia por ejemplo al reto separatista del nacionalismo catalán, y aunque sería injusto (como se hace desde determinados medios) acusar de inacción al Ejecutivo de Rajoy (cabe recordar, por ejemplo, que la suspensión de la declaración de soberanía del Parlamento catalán fue como consecuencia de un recurso presentado por el Gobierno de la nación al Tribunal Constitucional), Aznar sí dejó entrever que echa en falta la articulación de un discurso firme y enérgico en defensa de la unidad de España, que tan decisivo papel desempeñó en su eficaz lucha contra el terrorismo etarra junto al respaldo incondicional a las víctimas. Y es que hacer pedagogía bajo las premisas de unas ideas claras y unos principios fundamentales es también importante en un régimen de opinión pública. Aunque solo sea para contrarrestar tiempos nefastos y recientes en los que desde la mismísima presidencia del Gobierno se discutía hasta la existencia de España como nación. Y también para ofrecer ese 'horizonte de esperanza' que ha pedido el propio Aznar.

¿Qué consecuencias tendrá pues la irrupción de Aznar, un auténtico terremoto mediático y político? El tiempo dirá, pero, en primer lugar, debería servir de acicate para imprimir todavía mayor ritmo a la política reformista del Gobierno de Rajoy, además de para construir un discurso político nacional y que exponga a su vez un proyecto claro y ambicioso de reformas. Ese y no otro tendría que ser el objetivo inmediato del inesperado aldabonazo del ex-presidente. Porque, como él mismo se ha encargado de resaltar, el PP, pese a todo y a las diferencias de pareceres que lógicamente puede albergar en su seno, sigue siendo un partido unido, sólido y fuerte, y a ello mismo contribuyó en primerísima persona. Sin duda, el principal activo con el que cuenta el Gobierno, además de la mayoría absoluta parlamentaria conquistada en las urnas. No deberían minusvalorarse.

lunes, 20 de mayo de 2013

REFORMA EDUCATIVA: NECESARIA E INAPLAZABLE

Que para superar un curso haya que aprobar un mínimo de dos asignaturas (siempre que alguna de ellas no sea Lengua Española o Matemáticas, que contienen conocimientos básicos); que se elimine la selectividad para entrar en la Universidad y se implanten evaluaciones generales al terminar ESO y Bachillerato (como es común en el resto de Europa); que, por muy opcionales que sean (y así lo serán, por supuesto) asignaturas como Religión y Ética, deje de haber 'marías' que desmotiven al alumno; que el Estado (es decir, la administración general a través del Gobierno legítimo de la nación) asegure una mínima homogeneidad en los conocimientos definiendo el contenido y la evaluación de las asignaturas troncales; que se suprima por fin ese engendro doctrinario de lo políticamente correcto llamado Educación para la Ciudadanía (o formación del espíritu 'progre'); que se le dote de mayor peso a la opción de la Formación Profesional como salida a quienes tengan dificultades para completar la ESO; que, en fin, y por discutible que sea el método, se intente garantizar de una vez la libertad de elección de lengua vehicular, en suma, la enseñanza del español en cualquier rincón de España, son medidas mínimamente requeridas por cualquier diagnóstico más o menos objetivo y ponderado que se haya hecho de la lamentable situación de nuestro sistema educativo. Pues bien, el rechazo de la izquierda y el nacionalismo, colectivismos que recelan de los derechos individuales al fin y al cabo, ha sido total y absoluto, aunque no por ello menos previsible.

Se ha repetido hasta la saciedad como si de un mantra se tratara que la democracia ha soportado ya con esta última siete reformas educativas, que en principio pueden parecer demasiadas. Sin embargo, en esencia la única que ha estado en vigor desde los años 80 es la del socialismo 'logsiano' que desde entonces introdujo en el sistema educativo el igualitarismo desincentivador y la pobreza de contenidos; lo demás han sido ridículos parcheos procedentes de Gobiernos del PSOE que en realidad nada han cambiado. La única reforma como tal hasta la recientemente aprobada 'Ley Wert' fue la de Pilar del Castillo en 2003, ésta sí del PP, pero a Zapatero le faltó tiempo para derogarla nada más entrar en el Gobierno un año después y, por tanto, en realidad no llegó a aplicarse.

Aunque sería conveniente y deseable que reformas de tanto calado obtuviesen al menos el acuerdo del PP y del PSOE para que permaneciesen al abrigo de las alternancias en el Gobierno, resulta imposible lograr el tan cacareado 'consenso' con quienes no son partidarios de cambiar un ápice de un régimen de enseñanza cuyo fracaso es patente, pero que bien ha servido como instrumento de adoctrinamiento en unos casos, o como experimento de ingeniería social 'igualitarista' en otros. Además, ni socialistas ni nacionalistas han estado nunca dispuestos a renunciar a la que siempre ha sido una de sus principales estrategias políticas: utilizar la educación pública como arma arrojadiza contra el PP. Unos, para intentar diferenciarse de una derecha que reputan de elitista y presta a privatizar la enseñanza (y de paso manejada por los viles intereses de la Iglesia); otros, para incidir en su consabido discurso victimista ante esta nueva 'agresión' a la sagrada lengua 'propia'. Y es que hay quienes se empecinan en no cambiar absolutamente nada, empezando por ellos mismos; aun así, luego se permiten acusar a los demás de 'reaccionarios'.

Pese a que el PSOE, junto al popurrí de partidos que aspiran a desplazar al PP del poder, amenacen con derogar esta reforma en cuanto se hagan con el Gobierno (algo que harían sin ninguna duda), merece muy mucho la pena el intento de contribuir a reparar el tremendo desperfecto provocado y del que han salido damnificadas las últimas generaciones de jóvenes españoles. Entre un consenso imposible, o en el mejor de los casos típicamente 'lampedusiano', y la urgente necesidad de reformar un sistema educativo que ha situado a nuestra enseñanza pública a la altura del betún, se debe optar claramente por lo segundo. Lo contrario sería hacer dejación de la responsabilidad que se ha de asumir como gobernantes.

lunes, 13 de mayo de 2013

SONDEOS ELECTORALES: EL PP CAPEA EL TEMPORAL

Primero fue el CIS el que, en su primer sondeo tras la irrupción mediática de 'los papeles (o fotocopias) de Bárcenas', situó al PP como el más votado y superando al PSOE en casi 6 puntos; después, 'El Mundo' amplía esa ventaja a 10 puntos, más que apreciable dadas las circunstancias; y según una encuesta de 'La Razón', ganaría las elecciones autonómicas en 10 de las 13 regiones, y por mayoría absoluta en Castilla-La Mancha (donde incluso mejoraría resultados), Castilla y León, Baleares, La Rioja, Murcia y Aragón (en este último caso con el concurso del PAR). En Madrid, Extremadura y Comunidad Valenciana, en cambio, necesitaría alcanzar pactos políticos para gobernar.

¿Conclusión evidente? Que el PP, pese a su caída en alrededor de diez puntos porcentuales debido fundamentalmente a la impopularidad de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno que sostiene, está logrando capear el temporal con cierta solvencia. Es decir, sin dejar de ser preocupantes estos datos demoscópicos para el PP de Rajoy, cuenta todavía con un suelo electoral firme desde el cual poder recuperar votantes (sobre todo entre quienes optarían ahora por la abstención o por partidos más o menos 'cercanos' ideológicamente como UPyD) y así crecer ante la perspectiva de que el panorama económico empiece a mejorar.

Pero esa clara distancia que mantiene el PP no se debe solo a la adhesión de un votante que posiblemente se encuentre a la expectativa de que lleguen los resultados de la política económica; sino también al hecho de que el PSOE, lejos de levantar cabeza, continúa sufriendo un desgaste evidente. Aunque pueda considerarse un fenómeno inaudito en un partido de oposición, y especialmente ante un Gobierno lastrado electoralmente (y sin desdeñar posibles deficiencias de liderazgo), la notoriedad mediática que está obteniendo IU de resultas de la mayor radicalización de la izquierda, a la que el mismo PSOE está contribuyendo, no le está favoreciendo en absoluto. De tal forma que el PP, que mal que bien mantiene un considerable electorado fiel, se ve beneficiado de la división del voto de la izquierda.

También cabe resaltar (y en este caso lamentar) los altos índices de abstención que señalan todas las encuestas, reflejo del desencanto político imperante, consecuencia en buena medida de la misma crisis económica. En cuanto al crecimiento de IU y UPyD, que según los sondeos podrían desempeñar el papel de 'partidos-bisagra' en comunidades autónomas e incluso en el Parlamento de la nación, se trata de una coyuntura relativamente normal si tenemos en cuenta el ya referido desgaste de los dos grandes partidos, tanto el que gobernaba recientemente como el que lo hace ahora todavía en crisis económica. De todas formas, está por ver que a la hora de la verdad tanto IU como UPyD sean capaces, como algunos demandan y sueñan, de acabar con el tan denostado (pero tan frecuente y básico en las democracias más consolidadas) 'bipartidismo', ya que cuando se acude a las urnas suele pesar más el voto útil. Y tampoco es un detalle baladí que todavía queden dos años y medio para que haya elecciones generales, toda una eternidad especialmente en política.

viernes, 10 de mayo de 2013

LA ENÉSIMA HUELGA, O EL DÍA DE LA MARMOTA

Si uno no anda equivocado, es la segunda vez que una asociación ¡de padres! se permite el lujo de promover que los alumnos no acudan a clase, aunque reconozco que me siento incapaz de fijar el número exacto de huelgas que la progresía profesoral (me resisto a llamarla educativa) ha convocado desde que gobierna el PP; porque hay que puntualizar que sindicatos como CSIF o ANPE, o en el caso de Murcia asociaciones de estudiantes como Feremur, no apoyaron el último paro general. Y todo porque se plantea una mínima reforma de una enseñanza que, merced entre otras causas a las funestas teorías aplicadas por ideólogos logsianos y de la pedagogía constructivista, se halla por los suelos.

Precisamente, hace prácticamente un año, y con motivo de otra de las huelgas organizadas por los de siempre, escribí al respecto en este mismo blog: pues bien, como si hubiésemos vivido una especie de Día de la Marmota, mis consideraciones acerca del mayor o menor éxito de la convocatoria, las verdaderas razones (políticas) de la misma, o los males que siguen aquejando a nuestro sistema de enseñanza, son exactamente las mismas. No es necesario cambiar la más mínima coma. Porque, en suma, una profunda reforma educativa, mal que le pese a algunos, sigue siendo la gran asignatura pendiente.

martes, 7 de mayo de 2013

¿PACTO? ¿PERO QUÉ PACTO?

Como cada vez que vienen las cosas mal dadas, surgen por doquier en nuestro suelo patrio multitud de voces exigiendo un gran consenso (oh, santa palabra) entre las principales fuerzas políticas, es decir, eso que se da en llamar pomposamente 'pacto de Estado'; como si el hecho de 'poner de acuerdo' a los partidos políticos tuviera propiedades taumatúrgicas o fuera necesariamente mejor que la aplicación de una determinada política económica. Porque cabe preguntarse: ¿qué contenido concreto ha de tener ese pacto cuasi-milagroso? ¿Por ejemplo, asumir las ruinosas propuestas recientemente presentadas por el PSOE que supondrían más gasto público e irremisiblemente todavía más impuestos y más déficit, esto es, incidir aún más en el desastre económico generado y todavía no superado? ¿La solución consiste en volver a 'hacer méritos' para que, esta vez sí, nos rescaten?

Y es que el plan rubalcabiano de 'reactivación económica', puramente keynesiano y como tal intervencionista hasta las cachas y basado en tirar de déficit y deuda, solo nos conduciría a un mayor deterioro de la economía y, en último término, a la reaparición del fantasma del rescate. Ni más ni menos, a convertir en inevitable la traumática situación a la que precisamente han estado a punto de llevarnos las políticas socialistas cuando gobernaban. Encima, su delirante propuesta de dedicar el dinero destinado a la recapitalización del sistema financiero a otros menesteres ha merecido la correspondiente reprimenda de Bruselas. Si con tan privilegiadas cabezas hay que alcanzar ese 'pacto económico' que, por el mero hecho de ser 'consensuado', nos va a sacar del apuro, apaga y vámonos. Por algo han dejado el país hecho unos zorros, y conviene tenerlo presente.

Así pues, para hacer semejante viaje al funesto y trasnochado pasado, paren el tren, que me bajo. Porque, afortunadamente, el PP cuenta con una sólida mayoría absoluta y no necesita de pacto alguno para sacar adelante su programa de Gobierno; que para eso, además, le votaron once millones de españoles.

jueves, 2 de mayo de 2013

REDUCIR LA ADMINISTRACIÓN (ES DECIR, EL ESTADO)


Si una conclusión positiva se puede sacar de la crisis es que ahora obtenga la adhesión casi general la exigencia de reducir la Administración Pública (es decir, el Estado en sus diversos niveles), y por consiguiente su peso en la economía. Algunos llevamos defendiendo esa necesidad muchísimo tiempo, incluso mucho antes de que empezaran las turbulencias económicas; y lo cierto es que la respuesta entonces más habitual consistía en tacharnos de peligrosos neoliberales. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Ojalá signifique al menos el comienzo de un mínimo resquebrajamiento del consenso socialdemócrata en vigor, especialmente en una sociedad española que, según las encuestas, mayoritariamente sigue esperándolo todo del Estado.

Eso sí: no solo cabe disminuir, como se ha convertido en lugar común, el número de políticos y asesores, que también; sino evitar la multiplicación de competencias y sobre todo adelgazar todo el entramado que detrae más recursos de los debidos a individuos, familias y empresas. Se trata de introducir racionalidad, en suma, y que el Estado sea de reducido tamaño y mínimamente intervencionista pero ágil y eficaz; vamos, ni más ni menos la postura que al respecto siempre hemos adoptado quienes nos consideramos liberales.

Aunque, mal que bien, por ese mismo camino se está transitando (por ejemplo, resulta significativo que se hayan eliminado en los últimos meses 370.000 empleos públicos), si bien por desgracia desmantelar determinados tipos de empresas y fundaciones públicas lleva su tiempo por su propia naturaleza burocrática. De todas formas, también hemos de tener en cuenta que es en Sanidad y Educación donde reside con diferencia la mayor parte de la tarta del gasto público, por lo que no hay más remedio que recortar ahí también si no queremos limitarnos al chocolate del loro.

En este sentido, no está nada mal que nuestro Gobierno se fije en el ejemplo de la reforma de la Administración Pública iniciada hace ya tres años por el Gabinete liberal-conservador británico, puesto que, pese a la radical oposición que al principio obtuvo tanto de buena parte de la sociedad como del 'statu quo' burocrático, se ha mostrado tremendamente eficaz. Porque hay que reconocerlo: eliminar 'la grasa' aún presente en las estructuras del Estado es todavía una asignatura pendiente del Ejecutivo de Rajoy. Esperemos que su propia reforma de la Administración Local, que se encuentra en trámite, y su inspiración en el caso británico (además de la imprescindible colaboración de los Gobiernos autonómicos en este mismo menester) le lleven a superarla en condiciones.