Uno puede estar o no de acuerdo tanto con la línea editorial e informativa de determinadas cadenas de radio como con las opiniones vertidas por su locutores. Si hay a quien no le gusta lo que escucha de ellas y renuncia a rebatir sus argumentos, existe la sana opción de cambiar de dial o incluso apagar el aparato. Y si alguien tiene constancia de informaciones falsas, o bien se siente injuriado o atacado en su honor, no tiene más que acudir a los Tribunales. Ahora bien, lo que resulta inconcebible en un Estado de Derecho es retirar de manera arbitraria licencias de emisión a medios de comunicación, tal y como ha procedido ese órgano censor que responde al nombre de CAC (Comité Audiovisual de Cataluña), dependiente del Gobierno social-nacionalista de la Generalitat catalana. Y es que la verdadera intención del poder político en Cataluña es silenciar las escasísimas voces críticas con el pensamiento único nacionalista. Cabe, por tanto, defender sin ambages la libertad de expresión de la Cadena COPE y de Punto Radio, en este caso, como de cualquier otra cadena de radio o medio de comunicación, sea cual sea su tendencia, que pueda verse en una situación similar. En el uso y ejercicio de la libertad de expresión no hay más límite que el Código Penal. Aunque por desgracia allí donde gobiernan nacionalistas (y el Partido Socialista de Cataluña lo es) el imperio de la ley pasa a convertirse en una mera ficción.
1 comentario:
Totalmente de acuerdo, pero lo que se teneia que hacer es quitar en Madrid las licencias a la SER, ya veras como entonces te toman en serio. Rosendo
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