UN ASUNTO TABÚ QUE HABRÁ QUE ABORDAR

El copago serviría en principio para disuadir del uso abusivo de determinados servicios médicos, por ejemplo de las consultas; pero, amén de que significaría costear de nuevo una prestación supuestamente ya cubierta por nuestros impuestos, por sí solo ni mucho menos resolvería los problemas de financiación del sistema sanitario público. En cualquier caso, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en ningún momento de su polémica alocución hizo referencia alguna al vocablo de marras, sino a la posibilidad de que los ciudadanos 'también tengan que asumir parte del coste de esos servicios (sanitarios y educativos), en el porcentaje que sea'. Quizá el hecho de que anteriormente algún alto cargo del Gobierno socialista sí haya defendido de forma abierta el copago, sin que por cierto se levantara entonces la más mínima polvareda política y mediática, haya contribuido a identificar la propuesta de Valcárcel con tan impopular medida.

Lo único que se le puede reprochar al presidente autonómico murciano es haber sido tan políticamente incorrecto como para plantear de forma descarnada un asunto que se presta fácilmente a la demagogia, y para más inri a apenas dos meses de unas elecciones que le competen a él directamente. Que los políticos no se pronuncien con la suficiente claridad y sinceridad es una queja muy generalizada, y cargada de razón; ahora bien, cuando lo hacen y además exponen una realidad incómoda, resulta inevitable que le lluevan improperios de todas partes: en este caso, tanto a derecha, por complejos, como a izquierda, por obvias razones políticas y electorales.

Y es que, a fuerza de repetir que la sanidad que tenemos en España, y en general en la Europa del llamado Estado del Bienestar, es 'universal' y 'gratuita', hemos vivido durante muchísimos años en una auténtica ficción, cuando la cruda verdad es que se trata de un servicio muy costoso y, debido a deficiencias del actual sistema, altamente deficitario. Que sea pública no implica que tenga el privilegio de disfrutar de ingresos infinitos y financiación inagotable, ya que en este ámbito, por mucho que todavía pretendan convencernos de lo contrario, no deja de aplicarse el principio básico de la economía: que los recursos son limitados. Y, por supuesto, ocurre tres cuartos de lo mismo con nuestro sistema educativo. Nadie como que quien preside la Administración que ostenta la competencia de esos servicios, en este caso la Comunidad Autónoma, puede ser más consciente de ello; máxime cuando el Gobierno de Zapatero se empeña en no reconocer a 450.000 nuevos murcianos y, como tales, potenciales usuarios de la sanidad y la educación públicas.

Desde luego, la solución a las dificultades de financiación de los servicios básicos no reside en el copago, pero sí en introducir racionalidad y eficiencia en la administración, que pasa por aplicar criterios privados de gestión y propiciar una mayor participación de la iniciativa social. Se trata de un asunto tabú que, tarde o temprano, habrá que abordar, aunque quizá no haya más remedio que esperar a que se celebren las próximas elecciones... generales. Si nos limitamos a crucificar, sobre todo si es un político del PP, a quien se atreva a plantear sin reservas problema tan acuciante, entonces sí que pondremos en peligro la calidad, viabilidad y supervivencia del mismo sistema sanitario y educativo que queremos preservar.