Que el PSOE utilice los aparatos y resortes del Estado en beneficio propio no nos extraña a quienes teníamos uso de razón cuando los socialistas se alzaron con la victoria en 1982. Es una constante en la siniestra historia del partido fundado por Pablo Iglesias. Desde el uso del entonces CESID para espiar a las más altas personalidades de la vida política y social, empezando por el mismísimo Rey, pasando por el crimen de Estado y el saqueo de los fondos reservados, hasta el empleo de la Fiscalía e incluso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para perseguir a miembros de partidos de la oposición. En concreto desde el advenimiento del 'talante' zapaterino, ha quedado como vergüenza de nuestra democracia la detención ilegal de afiliados del PP tras una manifestación, acusados de adoptar una actitud 'vociferante' (Conde Pumpido 'dixit'). Y respecto a las últimas actuaciones protagonizadas en comandita por la Fiscalía y el inevitable justiciero 'progresista' Garzón, cabe recordar, por ejemplo, las detenciones practicadas, que después quedaron en nada, a alcaldes canarios justo cuando el ex-ministro de Justicia López Aguilar presentaba su candidatura a la presidencia de aquella Comunidad Autónoma. Y de la misma forma se procedería con la llegada a Murcia en paracaídas del actual ministro de la cosa Fernández Bermejo con motivo de las últimas elecciones generales, como bien sabemos. Todo adecentado con las convenientes filtraciones de los sumarios a la prensa amiga, con la consiguiente indefensión de los acusados.
Pues bien, la denuncia alta y clara de estos atropellos protagonizados una vez más por el partido de Filesa y los GAL, y la adopción de todas las medidas oportunas, no debe obstar para que se depuren las correspondientes responsabilidades políticas, precisamente para dejar claro que no se tolera el más mínimo atisbo de corrupción en el desempeño de un cargo público. En este sentido, cabe calificar de ejemplar la reacción del PP de Madrid al propiciar las dimisiones de quienes puedan estar directa o indirectamente implicados en la supuesta trama, cuyas decisiones, muy difíciles de tomar cuando ni tan siquiera se está imputado, les honran. Se trata de unos comportamientos que insuflan un soplo de aire fresco a una democracia especialmente maltratada en los últimos años. Es la mejor manera de demostrar quiénes están realmente por luchar contra la corrupción y quiénes no. Desde luego, no puede el PSOE presumir de actuar de la misma forma ante casos similares o incluso más graves.
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