DIEZ AÑOS DE UNA INFAMIA

El terrorismo islamista declaró el 11-S una guerra sin cuartel, no solo a los Estados Unidos, sino a todo Occidente, porque le mueve el odio a nuestras libertades, nuestra democracia y nuestro modo de vida. Y, una vez más, los norteamericanos están corriendo con prácticamente todo el desgaste (en recursos y vidas humanas) en esta encarnizada lucha en defensa de la libertad, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia contemporánea (incluidas las dos guerras mundiales). Mucho se ha debatido y polemizado sobre los medios utilizados y determinados errores y abusos que se pudieron cometer (magnificados por la propaganda antiamericana), pero era propio de ingenuos pensar que iba a tratarse de una guerra fácil; que, a pesar de los pesares y en líneas generales, se está ganando: el hecho de que poco a poco se esté extendiendo la democracia a buena parte de Oriente Medio (esa malvada pretensión 'neocon') y, sobre todo, que se haya conseguido acabar con Bin Laden (tarea que ha acabado acometiendo el 'pacifista' Obama) muestran que vamos por el buen camino. En cualquier caso, es momento de resaltar la admirable y valiente reacción de toda la nación norteamericana tras semejante vesania; empezando, sí, por su denostado presidente.

Diez años de la infamia del 11-S: Dios bendiga a los Estados Unidos, que han vuelto a demostrar su grandeza al mundo entero.
 

'REVIVAL' SOCIALISTA

Uno tiene la sensación de estar reviviendo la campaña electoral previa a los comicios generales de 1996: similar situación económica, política y social, mismos mensajes y argumentos políticos. Cuando el actual candidato socialista asegura ante su auditorio que bajar los impuestos y mantener las prestaciones públicas es materialmente imposible, no hace sino repetir un aserto en el que insistían hasta el aburrimiento Felipe González y su compaña (en la que, por cierto, se encontraba el mismo Rubalcaba), que acusaban ya al PP de buscar la cuadratura del círculo con tales propuestas. Desde luego, resultaría ocioso preguntarle a un perfecto ignorante en economía (tanto como su antecesor en el liderazgo del PSOE) si conoce la curva de Laffer, que posiblemente llegaría a confundir con algún punto negro de nuestras carreteras; pero, precisamente después de aquellas mismas elecciones, los Gobiernos de Aznar demostrarían que, en efecto, reducir y eliminar impuestos facilita el estímulo económico, lo que a su vez propicia el aumento de los ingresos fiscales. De ahí que no solo sea factible de esa forma sostener las prestaciones, sino incluso mejorarlas.

Sin embargo, dado que la pretensión del aspirante socialista a la Moncloa, simulada bajo un rancio lenguaje demagógico, es freírnos todavía más a impuestos (porque ya se sabe quién acaba pagando los tributos 'a los ricos': la sufrida y maltratada clase media), trata de soslayar experiencia tan reciente, valiosa y significativa y, en consecuencia, seguir reiterando los mantras de siempre. Menos mal que, según su propia propaganda, podemos fiarnos de semejante individuo. Pese a los GAL, el 13-M, Sitel, el Faisán...

Y he aquí otros ejemplos...

LA LOCURA DEL NACIONALISMO

El nacionalismo responde a un sentimiento tribal y colectivista, muy arraigado en el ser humano; pero, como tal, es un movimiento político profundamente liberticida. Los derechos individuales se someten siempre a los intereses o preceptos identitarios de la etnia, generalmente inventada por mucho que pretenda plasmarse en conceptos como 'pueblo', 'nación' o incluso 'Estado'. Por ejemplo, el nacionalismo catalán se distingue por querer hacer realidad su visión absolutista de Cataluña, y para ello utiliza el más poderoso símbolo diferenciador del que cree disponer: la lengua. Así, no promociona el catalán desde el poder con el objetivo de situarla en pie de igualdad con el español, sino, en primer lugar, para desterrar al que reputan de idioma 'invasor' de cualquier uso en el ámbito público; con el fin de que después, y poco a poco, llegue a convertirse en marginal también en la esfera privada.

No es solo que el nacionalismo catalán, que por supuesto, desaire ese principio constitucional que establece que todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua castellana y el derecho a usarla; no es solo que se atreva a incumplir las leyes y las sentencias de los Tribunales que le supongan el más mínimo revés, manera de proceder que le caracteriza; es que un derecho fundamental como es la libertad de elección de la lengua vehicular en la enseñanza no cabe en el proyecto delirante que pretende imponer en la sociedad catalana. Esa es la verdadera naturaleza de la conocida como 'inmersión lingüística'. Es la locura del nacionalismo.

UNA MUY TARDÍA CONVERSIÓN

Según un interesante y clarificador estudio publicado por el suplemento económico Libre Mercado, el socialismo zapaterista ha incurrido en un coste fiscal de nada menos que 341.000 millones de euros durante la crisis, lo que supone un endeudamiento de 24.000 euros por cada contribuyente neto. Todo ello consecuencia de recurrir al superávit de 20.006 millones de euros logrado en 2007 para llegar a convertirlo en un déficit de 45.189 millones tan solo un año después, que sería de 117.306 millones en 2009 (en pleno furor keynesiano del Plan 'E'), de 98.227 en 2010 y que, según las previsiones, ascenderá a 60.000 al final de 2011. De tal forma que cuando Zapatero, y esperemos que el PSOE, dejen el Gobierno, la deuda pública española casi se habrá duplicado: del 36% del PIB en 2007 al casi 70% en el presente ejercicio.

Durante los años de Zapatero, el gasto público ha aumentado más de un 50%: de 300.000 millones de euros a casi medio billón. Sin embargo, y pese a lo que pudiera pensarse, la mayor parte de ese incremento no tuvo lugar durante la crisis, sino en su primera legislatura: Así, creció en 112.000 millones de euros anuales desde 2003 a 2007, casi un 40%, mientras que entre 2007 y 2010 solo lo hizo en 65.000 millones, un 15%. Hasta el punto de que si el todavía presidente del Gobierno hubiese gestionado las cuentas públicas como, por ejemplo, Angela Merkel en Alemania (que congeló el gasto entre 2003 y 2007), la economía española incluso contaría actualmente con un superávit de 14.000 millones de euros, un 1,3% del PIB.

Es justo lo que cabe reprocharle a Zapatero: que en su primer mandato se limitara a vivir de unas cuantiosas rentas mientras jugaba a la ingeniería social e incrementaba irresponsablemente el gasto público con cortoplacistas intenciones electoralistas; que a continuación negara con contumacia la crisis económica cuando ésta, resultado básicamente de la política monetaria expansiva de los Bancos Centrales, se gestaba y se hacía cada vez más evidente; y que, una vez irremisiblemente palpable, en lugar de afrontarla con reformas económicas y drásticas restricciones en las cuentas públicas, tirara de pólvora del Rey hasta endeudar a generaciones de españoles. Solo empezó a recortar y parchear cuando desde Washington, Bruselas y Pekin (que manda narices) decidieron apretarle. Tarde y mal, como es el caso de su última conversión al equilibrio presupuestario (que, como propuso en su momento el PP, se convertirá en precepto constitucional), tan extraordinaria, repentina y sorprendente como la que vivió Pablo camino de Damasco. Ojalá se hubiera caído del caballo de Keynes mucho antes.

UN DEMENTE CRIMINAL, SIN MÁS

No es una víctima de la sociedad. No se trata de una trágica e indeseable consecuencia de las contradicciones e injusticias del sistema político-económico occidental. Breivik es un demente criminal, sin más; un lunático cruel que, consumido por un odio atroz, ha acabado dando rienda suelta a sus impulsos asesinos. Frío y calculador, por desgracia ha sabido sacar provecho de las muy relajadas, por no decir inexistentes, medidas de seguridad propias de su país para llevar a cabo sus macabros propósitos. Su concreta coartada político-visionaria para 'justificar' tamaña matanza no debería llamarnos a engaño: podría haber utilizado cualquier otra que igualmente le sirviera para encauzar y 'explicar' sus perversas y sanguinarias fobias. En el supuesto de que semejante alimaña genocida se hubiera declarado un defensor de los desheredados de la tierra, o un enemigo de la opresión imperialista, tendría que caer igualmente sobre él todo el peso de la ley. Porque él, y solo él, es responsable de sus crímenes, y como tal ha de responder de los mismos.

En cualquier caso, de algo podemos estar seguros: de ser cierto que ha obtenido ayuda de un grupúsculo extremista y facineroso, éste, además de obtener la más radical condena por parte tanto del Gobierno noruego como de toda la Unión Europea, será objeto de una implacable persecución policial y judicial hasta lograr su total desarticulación; que, en consecuencia, en ningún caso se les elevará a la categoría de interlocutores políticos, porque nada hay que tratar con asesinos de esa calaña; que, por muchas simpatías que cosechen en determinado electorado, ciertamente vil, y por muchos votos que consigan, jamás se permitirá que un brazo político surgido de tal grupo terrorista se presente a unas elecciones, con el fin de impedir la ignominia de que militantes o simpatizantes suyos lleguen a las instituciones democráticas; y que, por supuesto, no habrá excarcelaciones ni medidas de gracia de resultas de ningún proceso de negociación más o menos larvado. En suma, habrá vencedores, los demócratas y el Estado de Derecho, y vencidos, los terroristas y el fanatismo asesino. Como debería ser siempre.

UNA SALIDA HONORABLE

Un asunto judicial verdaderamente nimio y ridículo, el de quítame allá unos trajes regalados o pagados, ha acabado poniendo a Camps a los pies de los caballos, pero al final ha tomado la mejor decisión. Porque entre el oprobio de abonar la multa y, por consiguiente, reconocer la culpa; y la dimisión para, como ciudadano particular, reivindicar su inocencia ante los Tribunales, siempre se ha de optar por lo segundo cuando se trata de un cargo público, y más de la envergadura política de un presidente de Comunidad Autónoma. Deberían tomar nota allá en La Gomera y... en general, en Ferraz, cuyo candidato a la Moncloa, sin ir más lejos, acumula tantísimos agravios y tropelías en su siniestro currículum político.

Y es que en democracia se debería partir del siguiente principio en casos de este tipo, y sin esperar a que haya sentencia judicial: Distinguir claramente el plano político del estrictamente penal. Cuando Camps dimite no hace sino asumir su responsabilidad política, lo que no significa en absoluto que admita su culpabilidad penal: si ha renunciado es precisamente para defender su absolución en los Tribunales y de la forma más presentable ética y políticamente, es decir, sin implicar ni poner en duda el buen nombre de ninguna institución pública o política, concretamente la que él presidía. Ahora ha de ser la Justicia la que se pronuncie, y en función de ello se podrá incluso rehabilitar políticamente a Camps. Por tanto, la dimisión de Camps no es ninguna salida vergonzante, sino bien al contrario una actitud honorable, un ejemplo edificante que, por cierto, tantísimos políticos (entre ellos nada menos que cien cargos públicos socialistas) deberían seguir. Aunque ya se sabe que el hecho de ostentar el carné del PSOE, o simplemente declararse de izquierdas, confiere cierta impunidad.

LA 'ANORMALIDAD' DE LA SGAE

Sería normal que una sociedad de gestión colectiva, cuyos máximos dirigentes se hallen incursos en una investigación judicial por desviación de fondos en favor de una trama, sea intervenida por el juez instructor y, en consecuencia, su dirección pasara a manos de administradores judiciales; en cambio, la SGAE se permitirá el lujo de ser gobernada por una junta rectora cuyos miembros serán nombrados por... su misma directiva. Sería normal que si el presidente de un organismo supuestamente privado, pero increíblemente dotado de potestades recaudatorias coercitivas, acaba imputado por los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, abandone su cargo; sin embargo, el inefable Teddy Bautista, cuya acreditada condición de 'progre' 'pura sangre' le ha librado del escarnio de aparecer esposado en los telediarios, continúa en el machito.

Sería normal que la titular del Ministerio del ramo, encargado legalmente de vigilar el uso que del dinero recaudado hace la sociedad, tuviera su puesto pendiente de un hilo; pero la señora González-Sinde, que por lo demás siempre ha presumido de ser socia de la SGAE, se limitará a dar explicaciones al Congreso, y a regañadientes. Sería normal que los directivos de una entidad bajo sospecha de fraude, robo y malversación, si en realidad no tuvieran nada que ocultar, comparecieran ante la opinión pública abogando por la transparencia y, al menos, manifestando una pizca de humildad; en cambio, los dirigentes de la SGAE, con Víctor Manuel a la cabeza (casi siempre cantando loas al poder, de Franco a Zapatero), han reaccionado ante tamaño escándalo tomándonos el pelo (su 'colaboración con la justicia' consiste en investigarse a sí mismos) y, para más inri, mostrando ese aire de perdonavidas que se gastan semejantes chupópteros (todavía debemos darles las gracias por lo poco que nos esquilman cada vez que compramos un cd o ponemos una canción).

Pero, claro, la SGAE no es una sociedad privada normal: es una especie de organismo particular pero con capacidad de imponer exacciones, al modo de agencia tributaria pública. Un auténtico engendro jurídico-tributario creado para beneficio exclusivo de un 'lobby' al servicio del PSOE, de cuyo Gobierno siempre ha obtenido como contrapartida protección, estímulo, favores y cuantiosas subvenciones y ayudas. No es de extrañar que sus insignes prebostes se consideren exentos de responder públicamente de sus actividades: además de hallarse acostumbrados a actuar con total impunidad, alardean siempre que pueden de 'progres' y, como tales, depositarios de superioridad moral respecto del resto de los mortales. Hasta para llevárselo calentito.