'REVOLUCIÓN GALLARDÓN'

Quizá las reformas económicas estén haciéndose esperar, pero no así las políticas e institucionales. Sin duda que una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia, al menos desde que en 1985 el Gobierno de Felipe González perpretara la muerte de Montesquieu con la complicidad de un Tribunal Constitucional absolutamente dócil, es acometer una profunda transformación de la Administración de Justicia que conlleve su despolitización y total independencia del poder Ejecutivo. Pues bien, en una memorable comparecencia en el Congreso de los Diputados, el nuevo Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y tal y como adelantaba la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ha anunciado un cúmulo de reformas de las que, por su carácter eminentemente renovador y de gran calado, no hay precedentes en la historia reciente. Entre ellas, la de la malhadada Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de que establezca, y ateniéndose a la literalidad de nuestra Carta Magna, la elección por parte de los mismos jueces y magistrados de doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial. De tal forma que la división de poderes, condición 'sine qua non' de cualquier Estado de Derecho que se precie, dejará por fin de ser una mera ficción.

Desde luego, sería preferible que una reforma legal de tantísima trascendencia institucional, y que como tal debería perdurar pese a los cambios de Gobierno, contara al menos con el acuerdo del primer partido de la oposición. Pero, como era previsible, el PSOE, que siempre ha utilizado la voluntad popular expresada en las urnas como coartada para hacer y deshacer con la Justicia a su antojo (como si la aplicación e interpretación de las leyes por parte de los jueces tuviera que depender de las mayorías parlamentarias), no está en absoluto por la labor. En cualquier caso, cabe resaltar que, al tratarse de una Ley Orgánica, su concurso no será necesario: basta la mayoría absoluta que ostenta en el Congreso el PP, que no ha de desaprovechar esta oportunidad de oro para proceder a una regeneración democrática que pasa necesariamente por descontaminar políticamente a la Judicatura. Y es que debería darse por descontado que no iba a obtener la adhesión de un PSOE que jamás ha creído en la división de poderes ni, en consecuencia, en la independencia de la Justicia. Por sus hechos, y bastante recientes por cierto, les conoceréis.

Pero el anuncio del Ministro Gallardón a Sus Señorías no se ha quedado ni mucho menos ahí: su ingente proyecto reformista incluye, entre otras medidas, nada menos que un nuevo Código Mercantil que garantice la unidad de mercado, muy deteriorada por culpa del batiburrillo legal autonómico, y favorezca la competencia; una revisión de la actual Ley del Aborto, uno de los peores dislates heredados del zapaterismo, con el fin de introducir el consentimiento paterno en los abortos de las menores de edad y rescatar  la doctrina del derecho a la vida del Tribunal Constitucional; la pena de prisión permanente revisable para crímenes de especial gravedad, demanda social muy extendida tras los últimos casos de asesinatos alevosos que han quedado prácticamente impunes; una modificación de Ley de Responsabilidad Penal del Menor que unifique la investigación y el enjuiciamiento de delitos graves que impliquen a mayores y menores; y un nuevo Estatuto de las Víctimas que respalde sus derechos ante el abandono que suelen sufrir tras la comisión del delito del que son objeto.

El desolador estado en el que se encuentra nuestra Justicia, una de las patas sobre las que se sostiene cualquier sistema democrático y de libertades, requería reformas de este tenor, ambiciosas, audaces y profundamente regeneradoras. En realidad, no son sino las medidas que en esta materia estaban incluidas en el programa electoral con el que el PP concurrió a los últimos comicios generales, si bien presentadas en conjunto aparentan constituir una verdadera revolución. Una revolución que parece estar dispuesto a encabezar sin ambages Alberto Ruiz Gallardón, y que debería iniciarse lo antes posible. La delicada salud de nuestra democracia no puede esperar mucho más.