UN SINIESTRO APAÑO

'Hasta aquí hemos llegado'. Era el claro aviso a navegantes expresado por el presidente Aznar tras el cobarde y vil atentado de la banda terrorista ETA en Santa Pola en agosto de 2002. Un coche-bomba apostado junto a un cuartel de la Guardia Civil había segado sendas vidas: La de un señor de 57 años que cometía el antieuskaldún y provocador acto de esperar el autobús, y la de una niña de 6 años que perpretaba el delito de jugar en emplazamiento logístico invasor. Era la gota que colmaba el vaso, un nuevo, cruel y sanguinario crimen etarra que requería de una vez por todas una respuesta clara y contundente de la democracia española y del Estado de Derecho. Y, en efecto, una vez más el entonces presidente del Gobierno demostraría que no hablaba a humo de pajas e impulsaría una Ley de Partidos Políticos que expulsaría de las instituciones a aquellas organizaciones que prestaban cobertura, no solo política y social, sino fundamentalmente financiera, a la ETA. Iniciativa que, junto a una actividad policial sin cuartel, propiciaría la asfixia de la banda asesina y acabaría dejándola en práctica fase terminal.

Cabe recordar cuál fue la reacción de la entonces oposición socialista, liderada ya por Rodríguez Zapatero, al anuncio de Aznar: un apoyo matizado y lleno de reparos, sobre todo al principio. Y no, tal y como se quiso hacer ver en su momento, por un celo garantista, sino, como se ha sabido después, porque el nuevo PSOE zapateril estaba ya iniciando sus contactos y negociaciones con la ETA, incluso antes de llegar al Gobierno. Si al final dio su visto bueno a la ilegalización del brazo político etarra y sus adláteres fue debido fundamentalmente a la indignación e incomprensión que hubiera generado una actitud contraria, no solo entre los españoles en general, sino entre tantos de sus militantes que en el País Vasco sufrían todos los días el asedio y el acoso de la camorra terrorista, con especial saña en aquella época.

Pero nada más instalarse, de manera tan inesperada como convulsa, en el Palacio de La Moncloa, Zapatero se encargaría de convertir el Pacto Antiterrorista con el PP, y en concreto una Ley de Partidos a la que se adhirió por pura apariencia, en papel mojado. Y es que uno de sus objetivos fundamentales siempre ha consistido en integrar a la ETA y a la eufemísticamente llamada 'izquierda abertzale' en un eventual cambio de régimen, y de paso vender una 'paz' derivada de ese hecho como un logro histórico. De ahí que se permitiera la presencia de otras marcas políticas etarras en las instituciones, el PCTV en el Parlamento vasco y ANV en ayuntamientos vascos y navarros. La rebelión cívica surgida como respuesta a la política de concesiones y claudicaciones ante la ETA hizo fracasar el mal llamado 'proceso de paz', y desde entonces el Gobierno socialista ha querido transmitir la impresión de un giro radical en su política antiterrorista, supuestamente basada en la firmeza y la represión policial.

Sin embargo, no ha tardado en descubrirse un pastel del que lleva tiempo avisándonos reiteradamente y en solitario Mayor Oreja, siempre en sus trece pese a los fariseos rasgados de vestidura del socialismo oficial. Un siniestro apaño entre el PSOE y la ETA, que en ningún momento han dejado de negociar, envuelto ahora en una inmensa farsa de inconfundible y apestoso aroma rubalcabiano, y culminada con una vergonzosa e infumable sentencia del Tribunal Constitucional, cuya mayoría 'progresista', siguiendo indudables indicaciones del muy 'progresista' Gobierno (puesto que 'progresista' es permitir que la 'izquierda abertzale', es decir, la ETA, vuelva a las instituciones para financiarse con nuestros impuestos y disponer de los censos con los que amedrentar a sus rivales políticos), no ha tenido empacho alguno en incluso arrogarse la función de instancia de apelación y enmendarle la plana al Tribunal Supremo, papel que ni legal ni constitucionalmente en absoluto le corresponde. Aunque, para qué engañarnos, el TC, por su propia composición, ora se dedica a satisfacer las pretensiones de los enemigos de España y de esa misma Constitución cuyos principios debería preservar, ora se convierte en mera caja de resonancia del Gobierno de turno; y que viva la división de poderes, que diría el filósofo Alfonso Guerra.

Así pues, que encima no nos hagan comulgar con ruedas de molino cuando afirman que sentencia tan forzada e impresentable es consecuencia del normal funcionamiento del Estado de Derecho, porque bien al contrario denota graves averías en nuestro sistema legal e institucional. En cualquier caso, con la legalización de la última marca política etarra se ha infligido un duro revés a años de eficaz lucha contra el terrorismo. ¿Se sabrá alguna vez la verdadera razón por la que este PSOE, incluso traicionando la memoria de tantos militantes suyos que dieron su vida por defender la libertad y la democracia, ha decidido unir su propia supervivencia a la resurrección del entramado etarra?