LA 'OMERTÁ' SINDICAL

Inquirir cuántos socios puede tener una organización privada, como por ejemplo una asociación de amigos de la pesca que se nutre única y exclusivamente de donaciones particulares, no sería de nuestra incumbencia siempre y cuando desarrolle sus actividades de manera lícita y con respeto a las leyes. Ahora bien, averiguar cuántos liberados sindicales conforman los distintos organismos y empresas del Estado sí es asunto de pleno interés para los ciudadanos, como tales contribuyentes. Fundamentalmente, porque en un régimen de opinión pública ésta tiene todo el derecho a saber en qué se emplea hasta el último céntimo que proceda de los impuestos de todos; y quien administra el erario, el Gobierno, adquiere la obligación de informar fehacientemente de ello.

Sin embargo, cada vez que se le ha preguntado sobre el número exacto de sindicalistas o similares que, gracias a donaciones forzosas en forma de impuestos, tienen el medieval privilegio de cobrar sin dar un palo al agua, el Ejecutivo ha dado la callada por respuesta, cuando no la pura y dura tomadura de pelo. Y es que este sindicalismo socialburocrático, vertical y apesebrado, pese a vivir de abundantes y cuantiosísimas subvenciones, se muestra totalmente incompatible con la transparencia y la publicidad exigibles en democracia: Desde las cifras de afiliados hasta la gestión de unos cursos de formación tan dispendiosos como inútiles (por mucho que esos parados, según el visionario de La Moncloa, 'trabajen por el país'), pasando por el coste de aquellos cutre-vídeos con los que se pretende animar a la participación en ese mal simulacro de huelga general, adolecen de secretismo y de un oscurantismo al que se presta y contribuye el Gobierno socialista. Vamos, que para no rendir cuentas del uso del dinero público basta con autoproclamarse 'defensores de los derechos de los trabajadores'; y quien no entienda cómo es posible erigirse en tal sin ni tan siquiera molestarse en pisar el lugar de trabajo es sin duda un neoliberal intransigente, un peligroso 'thatcherista'.

En cualquier caso, resulta harto significativo que el Gobierno insista en ocultar el registro de liberados sindicales, cuyos guarismos han de ser especialmente escandalosos en la presente y persistente crisis económica. Se pretende evitar a toda costa que recortes como los anunciados por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid calen todavía más si cabe en la opinión pública, o que incluso ante una sangrante evidencia acaben considerándose hasta cortos. Pero el sindicalismo instalado, obviamente el que representa UGT y CCOO, parece encontrarse por encima del bien y del mal, hasta el punto de mantenerse ajeno a esos ajustes y sacrificios a los que todo bicho viviente ha de someterse ahora. Y es que, por desgracia, y en virtud de la ausencia de una Ley de Huelga que, por ejemplo, sancione como es debido la utilización de la coacción por medio de los eufemísticamente llamados 'piquetes informativos', dispone de un valiosísimo instrumento para lograr conservar sus prebendas: El chantaje. De ahí que la 'omertá' sindical, el silencio sobre el verdadero coste de sus actividades, se imponga por doquier.

Porque nada teme más el Gobierno de Zapatero que enemistarse definitivamente con quienes hace poco le distinguían con todo su 'cariño' y hasta colaboraban en el diseño de su gloriosa política económica; de ninguna manera quiere correr el riesgo de que la ópera bufa que tendrá lugar el 29-S se convierta en una huelga general con todas las letras. Eso sí que no.