
Cinco millones de parados, una crisis que golpea con más fuerza que nunca, una política económica que dispara el déficit público y maltrata especialmente a las clases medias, generalizadas subidas de impuestos, incrementos continuos y desorbitados de tarifas fijadas por el Estado, los mayores recortes de sueldos y prestaciones públicas de la democracia... ¿Acaso pueden darse condiciones más idóneas para que cualquier movilización contraria al poder establecido, o si se quiere dirigida a manifestar un descontento por el actual estado de cosas, se salde con cierto éxito? Difícilmente. Pues bien, esa suerte de huelga general, la séptima y sin duda la más peculiar y surrealista (la única emplazada con meses de antelación, y que además no surge contra el Gobierno que toma esas mismas medidas que los sindicatos dicen rechazar), ha derivado en un total y absoluto fracaso. ¿Pero cómo se puede ser tan torpe e incompetente, se preguntará cualquiera que no conozca la realidad social y política de nuestra querida España?
Porque, en efecto, los principales responsables del fiasco son los mismos convocantes. La primera y auténtica huelga general de la España democrática, la que tuvo lugar en 1988, logró en cambio, y en una situación económica ni mucho menos tan negativa, una muy considerable adhesión; no sólo en el sector de la sociedad más afín a los postulados de la izquierda (parte de ella ciertamente reacia a manifestarse en contra de un Gobierno socialista, 'de los suyos'), sino también dentro del electorado que votaba a la derecha, deseoso de que un poder entonces hegemónico y prácticamente incontestable recibiera un serio toque de atención. Ahora bien, los promotores de aquella huelga fueron sindicalistas fetén como Nicolás Redondo Urbieta: Defendían ideas tan equivocadas como las que puedan tener ahora sus sucesores, pero desde luego acreditaban un historial de lucha por unos determinados derechos y una total independencia del poder político y gubernamental. Todo lo cual les confería al menos una autoridad moral de la que carece absolutamente el actual sindicalismo burocrático.

Ni la ayuda prestada por un Ejecutivo dispuesto a devolverle años de 'cariño' (pactando los servicios mínimos y no publicando datos globales sobre el seguimiento de la huelga), y ni tan siquiera la utilización del chantaje y la coacción de la que, en su impotencia, hace cada vez más insolente ostentación (y ante la que la sociedad libre e independiente, la que sólo aspira a vivir de su propio trabajo, ha respondido con toda dignidad), han conseguido tapar un fracaso sin paliativos. Este tipo de sindicalismo, anclado en los modos y maneras del siglo XIX aunque socialburocrático y apesebrado, puede haber hallado en experiencia tan grotesca el principio de su fin; paradójicamente, bajo un Gobierno amigo y protector. Y es que, por el bien de la verdadera defensa de los intereses de los asalariados, debería abrirse paso un sindicalismo independiente del poder político y adaptado a los tiempos, receptivo a un mercado dinámico y cada vez más flexible como es el actual, abierto a los acuerdos contractuales libres entre empresario y empleado y situado a pie de obra para conocer perfectamente las características y peculiaridades de cada empresa y centro de trabajo.
Si, pese a todo, al sindicalismo todavía en vigor se le continuara proporcionando respiración asistida vía erario y de esta forma lograra sobrevivir unos cuantos años, ya no serviría ni como ariete del PSOE contra un próximo y previsible Gobierno del PP.