LA COLABORACIÓN FRANCESA CONTRA LA ETA

Por primera vez en su macabra historia, la banda terrorista ETA ha dejado su siembra de dolor y muerte en suelo francés. El asesinato del policía Jean-Serge Nérin ha supuesto una trágica y en cierto modo inesperada novedad para el país vecino, cuya sociedad en líneas generales ha concebido al terrorismo etarra como un problema exclusivo de los españoles, y como tal ajeno. A este respecto, resulta especialmente significativa la primera e inmediata reacción de los paisanos del policía asesinado, que, conmocionados, se preguntaban qué pintaban allí unos 'matones vascos'. Y es que el francés medio desconoce, por ejemplo, que el delirio aranista de esa Gran Euskadi que mueve los impulsos criminales de esos pistoleros incluye territorios del departamento francés de los Pirineos Atlánticos, en concreto las zonas de Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa; aunque también es cierto que hasta ahora los propios etarras se habían cuidado muy mucho de atentar en Francia, otrora su mejor santuario y a la que ahora parecen considerar un enemigo más temible que España. Y no es de extrañar, dado el tratamiento, firme y sin contemplaciones, que sus Gobiernos han dispensado siempre a los terrorismos que les han afectado directamente, particularmente al corso.

Sea como fuere, el desgraciado hecho de que esos 'matones' hayan acabado segando la vida de un ciudadano francés, para más inri agente del orden, ha podido concienciar por fin, no sólo al ámbito gubernamental y político en general, sino también a toda la sociedad francesa, de hasta qué punto le incumbe también a Francia la lucha contra el terrorismo separatista vasco. De tal forma que el Gobierno francés, tras las oportunas y contundentes frases de condena del Presidente de la República, ha respondido al atentado con un despliegue policial sin precedentes; lo cual, descontando errores que lamentablemente se han producido, puede marcar un punto de inflexión que dé paso a una profundización y mejora de la colaboración de la democracia francesa contra la ETA, ya de por sí satisfactoria al menos desde hace un par de décadas.

Ahora bien, no está de más recordar que una de las razones por las que todavía hemos de soportar la lacra etarra reside en el nulo apoyo, cuando no en una conducta abiertamente hostil, que obtuvimos del país vecino durante muchos, demasiados años. Especialmente en nuestra transición democrática, durante la cual el comportamiento francés merecía un calificativo, el de miserable, y tenía un nombre, el del nefasto Valéry Giscard d'Estaign. Tenaz enemigo de los intereses de España, no contento con obstaculizar por todos los medios nuestra integración en la Comunidad Económica Europea para impedir que nuestra agricultura compitiera con la francesa, su Gobierno promovía literalmente el amparo y la protección de los pistoleros de la ETA en territorio galo; además, en unos años en los que el terrorismo vasco se mostraba especialmente devastador. Todavía predominaba en los foros internacionales la imagen de la banda asesina como la de unos luchadores antifranquistas por la libertad, a la que ciertamente contribuían, no sólo el respaldo sin fisuras que le prestaba el nacionalismo vasco, sino también la actitud cuando menos ambigua de la oposición política de la izquierda. En este sentido, el PSOE protagonizaría una de las jornadas más bochornosas del parlamentarismo español cuando llevó el llamado 'caso Arregui' al Congreso de los Diputados, con la deleznable pretensión de convertir el suicidio en la cárcel de un etarra en un crimen de Estado cometido por el Gobierno de la UCD.

Hubo que esperar a la histórica victoria del PSOE en 1982 para que más de uno se diera cuenta por fin de que la ETA no surgió contra la dictadura franquista, sino contra España. Y que, por tanto, y por mucho que la izquierda alcanzara el poder, seguiría matando hasta conseguir un País Vasco independizado y tiranizado por un régimen totalitario, al modo de los países comunistas que constituían su ejemplo. En consecuencia, los militantes socialistas comenzaron a ser objetivo de sus atentados. Pese a que teóricamente se vivía una situación ideal en las relaciones España-Francia, con dos conocidos colegas de la Internacional Socialista gobernando ambos países, la colaboración francesa en la lucha contra la ETA, que no pasaba de extradiciones puntuales, dejaba mucho que desear. Cuentan que François Mitterrand llegaría a reprochar a Felipe González que insistiera en pedirle auxilio cuando aquí permitíamos que los etarras contaran con medios de comunicación propios y hasta con un partido político, algo, en efecto, difícil de entender para un francés o para cualquier ciudadano nacido en una democracia consolidada. A nuestro presidente no se le ocurrió mejor idea para responder a esa falta de compromiso que seguir los consejos de su amigo venezolano Carlos Andrés Pérez y crear esa contraproducente e infecta chapuza criminal del GAL, que no hizo sino añadir más impedimentos a una situación ya de por sí delicada.

No sería hasta a partir de 1986, durante el primer Gobierno de 'cohabitación' entre un Presidente de la República y un Primer Ministro de diferentes tendencias políticas, cuando, de la mano de Jacques Chirac, comenzaran a notarse ciertos cambios en la actitud francesa frente a la ETA. No en balde, acábabamos de entrar por fin en la CEE, lo que predispuso a Francia a emprender unos primeros pasos de colaboración que llevarían a detenciones de importantes dirigentes etarras, y que hallarían su punto culminante en el descabezamiento en 1992 de la banda terrorista en Bidart, entonces bajo un Ejecutivo monocolor socialista.

A partir de ahí, la participación de los Gobiernos franceses de distinto signo político en la lucha contra el terrorismo etarra fue haciéndose cada vez más estrecha, lo que sin duda también se vio favorecido por la política de seguridad común impulsada por las instituciones de la Unión Europea; donde, además, el brazo político de la ETA había dejado de encontrar cobijo merced al empeño del Gobierno de Aznar de situarle fuera de la ley. Cabe resaltar la meritoria labor realizada por Ministros del Interior como Charles Pasqua bajo el Gobierno gaullista de Edouard Balladur o Jean-Pierre Chevènement durante el mandato del socialista Lionel Jospin, pese a los temores que despertó su nombramiento. Asimismo, merece una destacada mención la firmeza y determinación mostrada por Nicolas Sarkozy como Ministro del Interior de los gabinetes de Jean-Pierre Raffarin y Dominique de Villepin, antes de llegar a la Presidencia de la República.

Ojalá que la previsible mayor implicación si cabe de la democracia francesa en la batalla contra la ETA acelere el tan deseado fin de la banda asesina. Ahora bien, quien crea que ahora es cuestión de esperar a que Francia nos resuelva el problema del terrorismo etarra, se equivoca de medio a medio.