LA ULTRAIZQUIERDA TELEGÉNICA: PREOCUPANTE, SÍ

Sí, es muy preocupante. Resulta preocupante que un personaje que obtiene financiación tanto del Estado islámico de Irán, que adopta como edificante costumbre colgar a homosexuales en las plazas públicas, como del régimen tiránico de Venezuela, que no es que sea ya liberticida y corrupto de por sí, sino que reprime a la oposición a tiros, haya obtenido un incremento electoral tan significativo. Es preocupante que haya logrado tantísimas adhesiones en las urnas un tipo que tiene como punto de referencia, además de al mismo régimen chavista, a la dictadura abyecta y criminal de los Castro. 

Es asimismo tremendamente preocupante que haya crecido electoralmente un partido antisistema que propugna la tabla rasa para acabar con una Constitución que nos dimos gracias a la reconciliación y concordia entre españoles, que promueve los asedios a la sede de la soberanía nacional, los acosos y ataques a la intimidad de representantes elegidos democráticamente, el tomar las calles por las bravas para conseguir ahí lo que no se obtiene en las urnas, que se erige en abogado defensor de etarras y proetarras, a cuyas 'movilizaciones' no tiene empacho en sumarse... porque, en suma, al ser de extrema izquierda, es de naturaleza antiliberal y antidemocrática. Desde luego, el espectáculo grotesco que dieron en el Congreso las diferentes corrientes de la 'alternativa' republicana de izquierdas durante el debate de la ley de abdicación puede quedarse hasta corto si los acólitos de Pablo 'Tele' Iglesias consiguen representación en las próximas elecciones generales. Sería para ponerse a temblar.

Porque los mismos que alertan del peligro que supone para la democracia, por ejemplo, la victoria electoral de la ultraderecha en Francia, o bien restan importancia a la irrupción en el panorama político español de esta especie de ultraizquierda telegénica, o bien incluso lo presentan como un fenómeno saludable. Pero la cruda realidad es que los extremismos se tocan. Ciertamente, basta comparar un discurso de Le Pen con el de un Pablo 'Tele' Iglesias para advertir que en el fondo las diferencias son de matiz y debido básicamente al carácter nacionalista de la extrema derecha francesa. Tanto uno como otro, además de utilizar los típicos tópicos populistas tan en boga ahora, propugnan el intervencionismo a ultranza en la economía: es decir, un todavía mayor control por parte de esos mismos burócratas y políticos que dicen detestar. Y es que el demonio es el mismo en los dos casos: el 'neoliberalismo', que es como ambos llaman al liberalismo de siempre, al que promueve el libre mercado, la libertad individual y la propiedad privada. Porque, en suma, el verdadero enemigo de las dos corrientes 'ultras' también es común: la libertad.

El tiempo dirá si se trata de un hecho, más bien engendro, plenamente coyuntural y circunscrito a unas elecciones proclives al voto visceral. Pero ello no debería ser óbice para resaltar el carácter preocupante del surgimiento de una extrema izquierda antisistema que, en estos tiempos de crisis, basa sus éxitos en hacer uso y abuso de la demagogia, esto es, de la fácil adulación al electorado, desde las plataformas mediáticas que entusiásticamente se les presta. Porque no es con partidos y personajes de naturaleza intolerante y totalitaria como se logra luchar contra la corrupción y salir de la crisis: bien al contrario, y no hay más que echar una mirada a sus ejemplos prácticos. Algunos de ellos ya se han encargado de ensalzar en sus medios oficiales a sus 'pupilos' en España, por cierto.
  

¿MONARQUÍA, REPÚBLICA? SOBRE TODO, ESTADO DE DERECHO

El sistema constitucional de Monarquía Parlamentaria vigente en España, por ejemplo, garantiza y protege el derecho de los republicanos de ultraizquierda de salir a las calles con banderas, por cierto, inconstitucionales (tanto como lo puedan ser las franquistas), y para pedir el final del mismo régimen político que ampara el ejercicio de sus libertades; calidad democrática de la que, asimismo, carecía esa Segunda República cuya restauración demandan, ya que, en aplicación de una malhadada y liberticida Ley de Defensa de la República, prohibía la exhibición de cualquier símbolo monárquico, y por supuesto cualquier manifestación pública en favor de la Monarquía. Es oportuno resaltarlo tras la tramposa y burda identificación que hizo, en su caso, Cayo Lara de 'república' con 'democracia', con la mera intención de dar a entender que el actual régimen constitucional no lo es. Bien, a las pruebas cabe remitirse.

Sea como fuere, no resulta presentable plantear nada menos que un referéndum al albur de que un grupo más o menos nutrido de gentes antisistema, que desde luego no representan a la mayoría de los españoles por mucho que pretendan hacernos ver lo contrario, tomen la calle para pedir que nos saltemos a la torera la Constitución y las leyes. Nuestra misma Carta Magna establece unos procedimientos para su reforma, que incluyen la posibilidad de cambiar la forma de Estado, y a ellos hay que atenerse como Estado de Derecho que somos; lo que, en cualquier caso, requeriría consensos muy amplios, y que, por ejemplo, aquellos que abogan por un sistema republicano se impusieran democráticamente: es decir, no adueñándose de la vía pública al estilo populista-golpista, sino ganando en las urnas, como corresponde a un régimen democrático representantivo. Por lo demás, monarquías parlamentarias tan 'anacrónicas' como la británica, la holandesa, la danesa, la noruega, la sueca o la belga son democracias consolidadas y prestigiosas, y a un nivel superior al de muchas repúblicas en cuanto a reconocimiento de derechos y libertades; y, en estos casos, el cometido de la jefatura del Estado, simbólico y representativo de la unidad y permanencia de las naciones por encima de divisiones políticas, no procede de las monarquías en sí y de su sistema hereditario, sino de las constituciones (en el caso de la británica, no escrita) emanadas de las soberanías nacionales, que residen en los pueblos, y que en su momento decidieron la forma de Estado monárquica.

De tal forma que el sistema de Monarquía Parlamentaria se asienta en una Constitución que nos dimos los españoles como depositarios de la soberanía nacional; de 'impuesta', como da a entender el rupturismo, nada. Además, cabe recordar que esa Segunda República 'tricolor', cuya vuelta exige ahora la izquierda más o menos radical, vino tras unas elecciones municipales (no generales) que para más inri habían ganado los partidos monárquicos (si bien los republicanos se impusieron en las principales capitales de provincia), y como consecuencia de unos hechos consumados que tuvieron lugar después de la huida de Alfonso XIII vía puerto de Cartagena; así pues, ¿cuál de los dos sistemas se podría considerar 'impuesto' y sin tener realmente en cuenta la voluntad de los españoles manifestada en las urnas? Encima, contra el referido régimen republicano actuaron y conspiraron los mismos que contribuyeron a su implantación una vez perdieron unas elecciones (éstas sí, generales) y tuvieron que dejar paso en el Ejecutivo a unas derechas a las que negaban cualquier legitimidad para gobernar; de ahí las revoluciones (golpistas) de 1934 en Asturias y Cataluña contra un Gobierno de centro-derecha (radical-cedista) que, paradójicamente, y pese a su carácter no republicano en esencia, tuvo que encargarse de defender la legalidad republicana. Y de aquellos polvos, vinieron posteriores y trágicos lodos. 

Porque cabe recordar que en aquella ocasión, con motivo de la proclamación de la Segunda República, no fueron los españoles en las urnas quienes decidieron el rumbo a seguir tras la marcha del Rey: quienes tomaron el poder en esos momentos basándose, insisto, en hechos consumados, no les dejaron votar, al menos para decidir la forma de Estado. Se limitaron a interpretar 'a su manera' los resultados de unas elecciones que se celebraron solo para elegir concejales y que, además, en realidad perdieron los republicanos. Vamos, que le negaron a los españoles eso mismo que ahora exigen quienes los presentan como ejemplo histórico a seguir.

Y no se trata de tener miedo al resultado de ningún referéndum, sino simple y llanamente de atenerse a la Constitución y las leyes; porque no puede entenderse una democracia sin Estado de Derecho, puesto que correríamos el riesgo de sustituir el imperio de la ley por el reino de la arbitrariedad. Si empezamos haciendo una 'excepción' que se situaría fuera de las leyes y hasta de la voluntad popular expresada en las urnas, con el paso del tiempo se convertirían irremisiblemente en regla sucesivas 'excepciones' que se pidieran. Hasta que consiguiéramos acabar con la legalidad y el Estado de Derecho.

EL REY ABDICA; ¡VIVA EL REY!

El 2 de junio de 2014 será recordado sin duda como una fecha histórica: el día en que, siguiendo una cierta corriente instalada en Monarquías europeas, partidarias de introducir savia nueva en sus titulares quizá con la intención de favorecer su supervivencia en estos tiempos de crisis de identidad política (en buena parte propiciada por las turbulencias económicas), el Rey don Juan Carlos anunció su abdicación. Han sido 39 años, el sexto reinado más largo de la historia de España, de un periodo decisivo, el de la llegada y consolidación de la democracia a la que contribuyó como motor y protagonista principal, y de un progreso y prosperidad sin precedentes. Muy pronto, pues, se iniciará la monarquía de Felipe de Borbón y Grecia: lo hará bajo el nombre de Felipe VI, ya que el anterior fue Felipe de Anjou, el V; precisamente, el primer Borbón que reinó en España.

Tras la abdicación del Rey don Juan Carlos, ¿cómo se desarrolla a partir de ahora el proceso de la sucesión a la Corona? Puesto que, afortunadamente, España sigue siendo un Estado de Derecho, y que como tal se encuentra dotada de un marco legal y de una Constitución que nos dimos los españoles como depositarios de la soberanía nacional, son de aplicación las disposiciones y previsiones al efecto; las cuales aseguran la estabilidad política e institucional que cabe esperar de cualquier régimen democrático, sea Monarquía Parlamentaria, sea República. Porque pedir la celebración de determinado referéndum aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y despreciando los procedimientos constitucionales en vigor, supone ni más ni menos que intentar convertir nuestro sistema democrático y constitucional en una ficción a merced de ciertos vaivenes; lo que conduciría en último término al final del imperio de la ley y a, quizá sí, llegar a transformarnos en República, aunque de naturaleza más bien bananera.

El artículo 57.5 de la Constitución Española, en su Título II (De la Corona), establece lo siguiente: 'Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica'. Por tanto, corresponde al Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario (que tendrá lugar mañana mismo), desarrollar y proponer una ley que contemple la abdicación del Rey; la misma deberá ser ratificada posteriormente por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, como ley orgánica que es, y, después, por la mayoría simple del Senado. Hay que hacer constar que no se considerará consumada la abdicación hasta que no sea aprobada por las Cortes Generales.

Después, sería de inmediata aplicación el artículo 57.1 de nuestra Carta Magna: 'La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos'. Lo cual deja meridianamente claro que el sucesor es el todavía Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia. Así pues, el proceso de sucesión culminará con la proclamación ante las Cortes Generales (Congreso y Senado, que se reunirán en sesión conjunta) de Felipe VI como nuevo Rey de España, quien, como establece el artículo 61.1 de la Constitución, 'prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas'.

No está de más recordar que la Monarquía, sin cuyo papel histórico no puede entenderse la unidad y permanencia de la nación, se halla identificada, al menos desde nuestra primera Carta Magna de 1812 (aunque con lamentables excepciones, eso sí), con la instauración de sistemas constitucionales y de libertades en España. Y que, en cambio, los experimentos republicanos han generado desestabilización y caos político y social. Son algunas de las razones que nos lleva a muchos a preferir el mantenimiento de un régimen constitucional de Monarquía Parlamentaria que tan buenos frutos nos ha reportado en general.

El Rey abdica; ¡viva el Rey!

LAS ANTEOJERAS DE LA PROGRESÍA EDUCATIVA

Artículo publicado en el diario 'La Opinión de Murcia' el 29 de mayo de 2014.


Ni comen ni dejan comer. No contentos con haber dejado la calidad de la enseñanza pública, de la que precisamente tanto se llenan la boca, a la altura del betún, como por desgracia llevan acreditando los sucesivos informes PISA, ahora pretenden evitar que otros, quienes han cogido el relevo en el Gobierno por inapelable sentencia de las urnas, intenten siquiera arreglar el tremendo desaguisado que su propia, miope y ´logsiana´ torpeza ha generado. Porque encima parece que están encantados de haberse conocido, y todavía quieren convencernos de que ellos, el PSOE y sus adláteres, son el ´no va más´ en la defensa de la Educación Pública, que gracias a su gestión política en la materia ha alcanzado niveles nunca conocidos (aunque en este aspecto no les falta razón: aproximadamente en el subsuelo), y que si no fuera por su providencial existencia la malvada derecha ya la habría privatizado y convertido en coto exclusivo de élites. Y lo peor es que hay quien todavía les compra la mercancía, aunque sean cada vez menos.

Y es que la progresía educativa (y perdón por el oxímoron) anda muy revuelta últimamente; bueno, en realidad, desde que gobierna el PP, al que saludó nada más llegar con una huelga (más las que vinieron después), pero estos días especialmente, y sobre todo en la Región de Murcia. ¿Y a qué se debe tamaña inquietud? Pues, ni más ni menos, a que la consejería de Educación del Gobierno regional ha decidido ¡hacer públicos los resultados de las evaluaciones de diagnóstico!

Y, claro, eso sí que no. En unos momentos en que, con toda la razón del mundo, se exige transparencia total para que los ciudadanos sepamos a ciencia cierta en qué se emplea el dinero de los impuestos que religiosamente pagamos, para nuestra inefable izquierda tal principio no es en absoluto aplicable al caso: mejor convertimos los resultados en una especie de secreto de Estado, solo al alcance de determinados burócratas y políticos como si de agentes del CNI se tratara, y después los encerramos bajo siete llaves. No vayamos a remover determinados cimientos, porque la única filosofía que cabe poner en práctica es la del gatopardo: cambiar algo para que nada cambie. Con lo cual hacemos un pan como unas tortas.

Porque imagínense que, ante la mera posibilidad de que cualquiera de los centros examinados no alcance resultados satisfactorios, y que además se sepa, decidiera ponerse las pilas para intentar mejorar. ¡Horror, eso se llama promover la competitividad y la ´excelencia´, palabras-tabú para el buen y ´progresista´ pensamiento políticamente correcto, prejuicios típicamente derechistas dizque ´neoliberales´! No introduzcamos criterios ´de mercado´ en un sistema como el educativo con el que no cabe hacer ´negocio´; por tanto, que sigan ejerciendo de ´motores´ la burocratización y la mediocridad, que tan magníficos frutos han procurado como es bien sabido. Además, como reza el dicho: ojos que no ven, corazón que no siente.

Para más inri, supongamos que, al tener acceso a los resultados conseguidos por los distintos centros, haya padres que decidan guiarse por ese criterio para elegir el colegio o instituto donde matricular a sus hijos. Y esto sí que resulta verdaderamente intolerable: ¿transmitir la información a las familias para además promover el ejercicio de su libertad de elección de centros? ¿Pero a dónde vamos a llegar? Como hasta ahora, lo que más les conviene a los niños, deben seguir estableciéndolo los burócratas de turno, dada su infinita sapiencia, siempre superior a la de sus mismos padres, como establecen los dogmas socialistas ¡faltaría más! Porque hace tiempo que, en virtud del socialismo ´logsiano´, la educación de los vástagos no es materia que competa a las familias, sino directamente a Papá Estado; que para eso está siempre presente en nuestras vidas, de la cuna a la sepultura. Y ay del impenitente neoliberal que lo ponga en duda.

Por supuesto, da igual que en la evaluación se introduzcan criterios de corrección que tengan en cuenta el contexto social, económico y cultural tanto de los alumnos como de los mismos centros (el llamado ISEC que se utiliza en los informes PISA); y que, precisamente allí donde se ha aplicado el sistema, empezando por los significativos ejemplos de Finlandia o Corea del Sur (o aquí en España, la Comunidad de Madrid), gocen de una reconocida calidad en su régimen de enseñanza pública.

La progresía educativa (y vuelvo a pedir perdón por el absurdo constructo) sigue a lo suyo, a piñón fijo: pese al rotundo fracaso de su modelo, intervencionista, desincentivador y mediocre por su igualitarismo a ultranza, continúan sin concebir la educación fuera de sus anteojeras y prejuicios ideológicos. Y conviene dejar de hacerles caso de una vez.

POLÍTICA CON MAYÚSCULAS, POR FAVOR

Con un 26% de los votos. Quién iba a pensar que con semejante porcentaje, que es por ejemplo el mismo que marcaba ese 'techo de Fraga' que tantos quebraderos de cabeza provocaba en Alianza Popular (el PP de los años 80) durante su larga travesía en el desierto, se podrían ganar unas elecciones de ámbito nacional en España. Pues bien, ese momento ha llegado, de resultas de la fragmentación del voto provocada por la desafección hacia la política que han traído fundamentalmente la crisis económica y las subsiguientes medidas impopulares decretadas por los Gobiernos; y que en unas elecciones como las europeas, que el votante siente todavía como alejadas de sus intereses y de escaso riesgo para las cosas de comer, y por tanto como una oportunidad de oro para manifestar en las urnas, por parte de quienes finalmente decidan acudir a ellas, descontentos más o menos viscerales, se acentúa con especial intensidad. Hasta el punto de que, si los resultados de estos comicios se extrapolaran a unas elecciones generales, el tan estos días manida coalición de gobierno 'a la alemana' entre el PP y el PSOE sería la única fórmula capaz de asegurar la imprescindible estabilidad política e institucional. Aunque cabe insistir en que el comportamiento del elector suele ser muy distinto de unas elecciones a otras, y es de esperar y desear que continúe siendo así.

Dentro de un panorama manifiestamente mejorable, sí hay que congratularse, al menos desde un punto de vista europeísta y liberal-conservador, de sendas victorias, aunque se hayan producido por la mínima, tanto del Partido Popular nacional como del europeo; y de que España haya sido, junto con Alemania, el único gran país del viejo continente que ha resistido mal que bien a los embates de las corrientes del euroescepticismo y la antipolítica estrafalaria, que además suelen ir de la mano. Ahora bien, resulta enormemente preocupante el auge de la extrema izquierda antisistema (un auténtico fenómeno mediático favorecido por la televisión... privada, y no solo, por cierto, por las cadenas de tendencia más 'progre'), verdadero peligro para la convivencia democrática en España; y, en lo que se refiere a buena parte del resto de Europa, el crecimiento de otros radicalismos, no solo de naturaleza eurófoba, sino sobre todo antiliberal y antidemocrática: los resultados electorales en Francia, donde el Frente Nacional de los Le Pen ha sido el partido más votado, y Gran Bretaña, donde ha ganado el nacionalismo británico, como tal anti-UE, del peculiar Nigel Farage, son ese sentido muy significativos.
 

Por supuesto, que el PP español haya logrado imponerse en circunstancias tan adversas, sobre todo si establecemos una comparación con el desgaste experimentado por la totalidad de los Gobiernos europeos (solo dos Ejecutivos, precisamente los conservadores de Alemania y España, se han alzado con la victoria), no debe servir para ocultar la alarmante pérdida de apoyos electorales que ha sufrido: 8 escaños, 16 puntos y 2 millones y medio de votos menos respecto a las últimas elecciones europeas. Al contrario que en otros comicios, en esta ocasión, y al calor de la promoción mediática citada y de la sedición callejera iniciada aquel 15-M, se ha movilizado el electorado más afín a la izquierda radical y los movimientos antisistema (en el que un PSOE en caída libre, y pese a sus esfuerzos por mimetizarse con el extremismo de izquierdas, no consigue captar adhesiones); sin embargo, el votante medio que más se identifica ideológicamente con el centro-derecha se ha inclinado por la abstención: coyuntura quizá sin precedentes en España, pero de la que debería tomar cumplida nota la dirección del Partido Popular para, partiendo del suelo firme que todavía, y pese a todo, continúa ostentando, intentar recuperar a ese elector desencantado. 

Es, pues, el momento de hacer política con mayúsculas, y para ello se debería tener claro que no todo consiste en gestionar bien la economía y cuadrar las cuentas, que también es muy importante y se está consiguiendo, sino en defender sin ambages y poner en práctica los programas, principios y valores que siempre han distinguido a las ideas del amplio espectro liberal-conservador. Para lograr ese objetivo hay todavía un año por delante, ciertamente una eternidad en política: tiempo más que suficiente para mejorar... o empeorar.

COBARDÍA SOBRE COBARDÍA

El asesinato de la presidenta de la Diputación de León y del PP leonés, Isabel Carrasco, es susceptible de suscitar fundamentalmente dos sentimientos inmediatos; al menos en cualquier persona que albergue unos mínimos principios morales y éticos: una honda conmoción, por cuanto supone en sí mismo la injusta desaparición, la muerte de un ser humano a manos de desalmados (o desalmadas en este caso); y, por qué no reconocerlo, rabia, por producirse de manera tan cobarde y ruin como fría y calculada, a tiros, al más puro estilo de cualquier banda mafiosa o terrorista. Y tampoco debemos perder de vista que matar a un representante de los ciudadanos, a un cargo electo, es además, por mucho que el móvil, injustificable en cualquier caso, no sea político, un ataque a la misma democracia. 

Para mayor escarnio, semejante acto vil, cobarde y criminal no tardó en obtener la justificación, e incluso el aplauso, de cierta gentuza, tan minoritaria como tremendamente dañina, que se escuda en el anonimato para verter con total impunidad toda su basura dialéctica y, una vez más, convertir las redes sociales en un inmenso y pestilente estercolero. Maldad sobre maldad, cobardía sobre cobardía. De nuevo, porque por desgracia no es la primera vez, los profesionales de la injuria, los agitadores del odio, aquellos que difunden el 'todo vale' contra los políticos, sobre todo si son del PP, entraron inmediatamente en acción y llenaron de porquería el panorama virtual y mediático en general. Deleznable empeño al que contribuyen quienes sacan a relucir, todavía con el cadáver caliente, determinadas controversias supuestamente relacionadas con la dirigente política asesinada para dar a entender que 'algo habrá hecho' y que, por tanto, en el fondo se lo había buscado; táctica similar a la que utilizaban quienes 'explicaban' o 'contextualizaban' los crímenes etarras. Tiempo tendría que haber de situar a cada cual ante su propia bajeza moral y de detectar ciertos polvos que traen determinados lodos.

Al menos, cabe felicitarse porque los partidos políticos, al menos quienes acatan las reglas de juego democráticas (entre los que no cabe incluir ni a los miserables proetarras, claro, tan duchos en disculpar crímenes, ni a ciertos antisistema de ultraizquierda con los que tanto se identifican), sí supieron estar a la altura de las circunstancias: condenando firmemente, como no podía ser de otra manera, el asesinato y, a su vez, suspendiendo la campaña de las elecciones europeas. Descanse en paz Isabel Carrasco, y transmitir el pésame y todo el apoyo hacia sus familiares y amigos. Y, por supuesto, un fuerte abrazo para la gran familia del Partido Popular.

SAAVEDRA FAJARDO: LA MORAL EN POLÍTICA

Tal día como hoy, un 6 de mayo de 1584, nació en Algezares (Murcia) Diego de Saavedra Fajardo, ensayista, pensador, uno de los diplomáticos y políticos más destacados de la España del Siglo de Oro y, sin duda, uno de los personajes murcianos más importantes de la historia de España. Después de estudiar Leyes y Cánones en la Universidad de Salamanca, se dedicó a la actividad diplomática, primero centrada en Roma y a partir de 1633 en distintos lugares del resto de Europa. En 1643 llegó a ser nombrado plenipotenciario de España en Münster, por lo que vivió en primera persona uno de los periodos más tristes de la historia de España: el fin de la hegemonía del Imperio Español en Europa decretada tras la Paz de Westfalia. En 1646 vuelve a Madrid, donde moriría dos años después. Sus restos mortales serían trasladados a la Catedral de Murcia, como era su deseo.

Sus obras más importantes fueron 'República literaria', sátira basada en un estado imaginario formado por escritores y demás artistas, en la que el autor se permite hacer una muy estimable crítica literaria; 'Corona gótica, castellana y austríaca', una referencia histórica y biográfica de los reyes godos, castellanos y austríacos; 'Locuras de Europa', un diálogo con fines de divulgación política; 'Introducciones a la política y razón de Estado del Rey Católico don Fernando', donde pone al monarca aragonés como el mejor ejemplo histórico de gobernante hábil y políticamente perspicaz (incluso mucho antes de que lo hiciera Maquiavelo); y su libro cumbre, 'Idea para un príncipe político-cristiano representada en cien empresas', más conocida como 'Empresas Políticas', una guía de príncipes al uso de la época, aunque también repasa distintas cuestiones de ámbito político, filosófico, jurídico y moral.

Advertimos las siguientes influencias en el pensamiento político y moral de Saavedra Fajardo: Aristóteles, hasta el punto de que la primera parte de sus 'Introducciones' se puede considerar un compendio de las ideas reflejadas en la 'Política'; Tácito, si bien sus sentencias son aplicadas a pura conveniencia e incluso llega a traducirlas deliberadamente mal para que adquieran un determinado sentido; el estoicismo, particularmente el de Séneca, aunque sin referencias a un panteísmo que contradijera los principios cristianos; el cristianismo, ya que Saavedra fue un escritor plenamente comprometido con la Contrarreforma; y la escolástica: pese a que no citara a ninguno de sus autores, los pensamientos de Suárez, por ejemplo, quedan patentes en muchos de sus escritos, lo que además supone clara muestra de la huella impregnada por sus estudios universitarios en Salamanca.

Cabe resaltar además la constante presencia de Maquiavelo en sus ensayos, si bien para refutar sus principios basados en la autonomía de la política frente a consideraciones morales. Es más, Saavedra llegaría a distinguir entre falsa razón de Estado, la defendida por Maquiavelo como mero procedimiento de adquisición y mantenimiento del poder desprovisto de cualquier valor ético, y verdadera razón de Estado, que sería el proceder político del príncipe basado en la moral cristiana. En este mismo sentido, calificaría los preceptos maquiavélicos como propios de tiranos, que como tales no se atienen al respeto a las leyes ni a las exigencias morales y éticas.

He aquí la clave de un buen gobierno para Saavedra Fajardo: el que respete las leyes y fueros del Reino, ya que uno de los principales papeles que han de cumplir consiste precisamente en limitar su poder. A su vez, creía en la sabiduría y en la vida social emanadas de la costumbre, a la que consideraba como 'una especie de libertad' que los gobernantes habían de respetar. Por tanto, muy lejos de la perspectiva maquiavélica, no resulta concebible una acción política sin amoldarse, no solo a las leyes y costumbres en vigor, sino también a valores espirituales y éticos que contengan al gobernante de la tentación de abusar de su posición y no tener en cuenta los derechos de sus súbditos: es, pues, la mejor manera de evitar que un Príncipe acabe convirtiéndose en tirano.

Es ni más ni menos que la lección que hemos de extraer del pensamiento político del célebre murciano: la política no ha de deslindarse en ningún caso de la moral. Ojalá tantos hubiesen tomado cumplida nota; aunque para ello antes deberían haberle leído, claro.