El sistema constitucional de Monarquía Parlamentaria vigente en España, por ejemplo, garantiza y protege el derecho de los republicanos de
ultraizquierda de salir a las calles con banderas, por cierto,
inconstitucionales (tanto como lo puedan ser las franquistas), y para
pedir el final del mismo régimen político que ampara el ejercicio de sus
libertades; calidad democrática de la que, asimismo, carecía esa
Segunda República cuya restauración demandan, ya que, en aplicación de
una malhadada y liberticida Ley de Defensa de la República, prohibía la
exhibición de cualquier símbolo monárquico, y por supuesto cualquier
manifestación pública en favor de la Monarquía. Es oportuno resaltarlo
tras la tramposa y burda identificación que hizo, en su caso, Cayo Lara de
'república' con 'democracia', con la mera intención de dar a entender que el actual régimen
constitucional no lo es. Bien, a las pruebas cabe remitirse.
Sea como fuere, no resulta presentable plantear nada menos que un referéndum al albur de que un
grupo más o menos nutrido de gentes antisistema, que desde luego no
representan a la mayoría de los españoles por mucho que pretendan
hacernos ver lo contrario, tomen la calle para pedir que nos saltemos
a la torera la Constitución y las leyes. Nuestra misma Carta Magna
establece unos procedimientos para su reforma, que incluyen la
posibilidad de cambiar la forma de Estado, y a ellos hay que atenerse
como Estado de Derecho que somos; lo que, en cualquier caso, requeriría
consensos muy amplios, y que, por ejemplo, aquellos que abogan por un
sistema republicano se impusieran democráticamente: es decir, no adueñándose de la vía pública al estilo populista-golpista, sino ganando en las urnas,
como corresponde a un régimen democrático representantivo. Por lo demás,
monarquías parlamentarias tan 'anacrónicas' como la británica, la
holandesa, la danesa, la noruega, la sueca o la belga son democracias consolidadas y prestigiosas, y a un nivel superior al de muchas
repúblicas en cuanto a reconocimiento de derechos y libertades; y, en estos casos, el cometido de la jefatura del Estado,
simbólico y representativo de la unidad y permanencia de las naciones
por encima de divisiones políticas, no procede de las monarquías en sí y
de su sistema hereditario, sino de las constituciones (en el caso de la
británica, no escrita) emanadas de las soberanías nacionales, que
residen en los pueblos, y que en su momento decidieron la forma de
Estado monárquica.
De tal forma que el
sistema de Monarquía Parlamentaria se asienta en una Constitución que nos
dimos los españoles como depositarios de la soberanía nacional; de
'impuesta', como da a entender el rupturismo, nada. Además, cabe recordar que esa Segunda República 'tricolor', cuya vuelta exige ahora la izquierda más o menos radical, vino tras unas
elecciones municipales (no generales) que para más inri habían ganado
los partidos monárquicos (si bien los republicanos se impusieron en las principales
capitales de provincia), y como consecuencia de unos
hechos consumados que tuvieron lugar después de la huida de Alfonso XIII
vía puerto de Cartagena; así pues, ¿cuál de los dos sistemas se podría
considerar 'impuesto' y sin tener realmente en cuenta la voluntad de los
españoles manifestada en las urnas? Encima, contra el referido
régimen republicano actuaron y conspiraron los mismos que
contribuyeron a su implantación una vez perdieron unas elecciones (éstas
sí, generales) y tuvieron que dejar paso en el Ejecutivo a unas
derechas a las que negaban cualquier legitimidad para gobernar; de ahí
las revoluciones (golpistas) de 1934 en Asturias y Cataluña contra un
Gobierno de centro-derecha (radical-cedista) que, paradójicamente, y
pese a su carácter no republicano en esencia, tuvo que encargarse de
defender la legalidad republicana. Y de aquellos polvos, vinieron
posteriores y trágicos lodos.
Porque cabe recordar que en aquella ocasión, con motivo de la proclamación de la Segunda República, no fueron los españoles en las urnas quienes decidieron el
rumbo a seguir tras la marcha del Rey: quienes tomaron el
poder en esos momentos basándose, insisto, en hechos consumados, no les
dejaron votar, al menos para decidir la forma de Estado. Se limitaron a
interpretar 'a su manera' los resultados
de unas elecciones que se celebraron solo para elegir
concejales y que, además, en realidad perdieron los republicanos. Vamos,
que le negaron a los españoles eso mismo que ahora exigen quienes los
presentan como ejemplo histórico a seguir.
Y
no se trata de tener miedo al resultado de ningún referéndum, sino simple y llanamente de
atenerse a la Constitución y las leyes; porque no puede entenderse una
democracia sin Estado de Derecho, puesto que correríamos el riesgo de
sustituir el imperio de la ley por el reino
de la arbitrariedad. Si empezamos haciendo una 'excepción' que se
situaría fuera de las leyes y hasta de la voluntad popular expresada en
las urnas, con el paso del tiempo se convertirían irremisiblemente en
regla sucesivas 'excepciones' que se pidieran. Hasta que consiguiéramos
acabar con la legalidad y el Estado de Derecho.
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