TAJO-SEGURA: UN ACUERDO QUE CONSTRUYE ESPAÑA

Aunque haya pasado prácticamente desapercibido en el ámbito nacional, el 16 de octubre de 2013 tuvo lugar un acontecimiento histórico. En tal fecha se alcanzó un gran acuerdo que consolida definitivamente el trasvase Tajo-Segura, al que se le quiso poner fecha de caducidad en las anteriores legislaturas de Zapatero, y que pondrá fin a las indeseables y estériles 'guerras del agua' entre regiones: los Gobiernos de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, es decir, de todas las autonomías dependientes del Tajo, firmaron bajo los auspicios del Ministro Arias Cañete el Memorándum del acueducto, que se elevará al Congreso para que obtenga rango de ley. Un pacto sin precedentes que también ha contado con el importantísimo visto bueno del Sindicato Central de Regantes, que puede apuntarse un meritorio tanto a su favor.

Pongámonos en antecedentes: hace apenas cuatro años murcianos y alicantinos nos vimos obligados a salir a la calle, no para reivindicar las aguas sobrantes de un Ebro que se desborda prácticamente todos los años, sino ¡para defender la supervivencia de un trasvase que parecía plenamente consolidado por la democracia española, como es el Tajo-Segura! Y es que vinieron sucediéndose una serie de acontecimientos que dejaron tocado de muerte a un instrumento fundamental para la prosperidad y el desarrollo de la Región de Murcia y parte del Levante español.

El preludio lo encontramos en las 'guerras del agua' orquestadas desde principios de los 90 por quien era el presidente castellano-manchego, el socialista José Bono (el mismo que ahora se envuelve en la bandera española en todas y cada una de sus intervenciones públicas), que no se privaba de hacer demagogia con un asunto tan delicado con tal de conseguir un puñado de votos. Pero entonces al menos los dos grandes partidos parecían tener absolutamente claro que las competencias en materia hidrológica pertenecían única y exclusivamente al Estado. Sin embargo, la aprobación por parte del Gobierno de Aznar del Plan Hidrológico Nacional con su proyecto estrella, el trasvase del Ebro, no solo soliviantó a nacionalistas, regionalistas y demás aldeanos de campanario, quienes se encargaron de agitar los particularismos más cerriles, sino que fue contemplado por un PSOE ya dirigido (entonces como podía) por Zapatero como una gran oportunidad para desgastar al PP y alcanzar el poder en determinados territorios. Así, por ejemplo, el PAR llevó al socialista Iglesias, con quien compartía un discurso radicalmente antitrasvasista, a la presidencia de Aragón, y de la misma forma llegó Maragall (quien llegaría a exclamar: '¡a esos del sur, ni agua!') al poder en Cataluña, aupado por los separatistas de ERC.

Y con el mismo apoyo parlamentario de los republicanos independentistas aterrizaría en La Moncloa Zapatero, cuya primera decisión fue, en consecuencia y como contrapartida, derogar el acueducto del Ebro. Desde entonces, a la puesta en solfa de cualquier trasvase por el mero hecho de serlo, se unió la discusión de la misma realidad de España como nación de ciudadanos iguales ante la ley, promovida paradójicamente desde el mismísimo Gobierno (para cuyo presidente el concepto de España como nación era 'discutida y discutible'). La aprobación de un Estatuto de Cataluña flagrantemente anticonstitucional llevó a una perjudicial carrera sin ton ni son por reformar otros Estatutos de autonomía. Y como resultado de esta irresponsable e irracional escalada fue la paulatina conversión del Estado de las autonomías en una especie de Confederación de reinos de taifas en la que cada región o nacioncilla hace de su capa un sayo; hasta llegar al extremo absolutamente disparatado de convertir al territorio en sujeto de derechos, en detrimento por tanto del individuo, del ciudadano por su misma condición de español. De esta forma se difumina el mismo principio de soberanía nacional y uno de sus derivados, la solidaridad entre regiones recogida explícitamente en nuestra Constitución.

De ahí que el Gobierno autonómico entonces liderado por el socialista Barreda planteara una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que pretendía arrogarse competencias del Estado e imponer la caducidad del trasvase Tajo-Segura, además de una reserva hídrica de nada menos que 4.000 hm3; pretensión que fue derrotada en la Comisión Constitucional del Congreso gracias, y así hay que resaltarlo, a los votos en contra de los diputados del PP (el PSOE  votó a favor), lo que obligó a las Cortes castellano-manchegas a retirar el proyecto. Se había salvado, pues, un escollo muy importante, merced a que uno de los dos grandes partidos nacionales había sabido comportarse como tal. Pero, además, y poco tiempo después, el cambio de signo político en el Gobierno de la nación trajo consigo un proyecto de Memorándum del trasvase Tajo-Segura que garantizase la continuidad del acueducto y su sanción por ley bajo unas condiciones específicas.

De tal manera que el acuerdo adoptado, pese a que establece una reserva de 400 hm3 en la cabecera del Tajo, en realidad amplía la cantidad a trasvasar en función de las circunstancias (como las lluvias) a entre 350 y 600 hm3 (la media hasta ahora se situaba en 350); fija la caducidad anual del agua, de modo que los recursos que no se hayan utilizado durante el trimestre en que se hayan recibido los caudales puedan ser reservados para un uso posterior dentro del mismo año hidrológico (una de las principales demandas de los regantes); liberaliza los bancos de agua, ya que contempla la cesión de derechos entre cuencas sin necesidad de autorización por ley; distribuye proporcionalmente los recursos (un 75% para regadío y un 25% para consumo); y, muy importante, deroga la conocida como 'disposición Narbona', que obligaba a sustituir el agua del Tajo por los caudales de las plantas desaladoras.

En suma, un éxito del Ejecutivo de Rajoy, en especial de su Ministro de Agricultura, y de los Gobiernos regionales concernientes, sobre todo de aquellos que tanto han luchado por la supervivencia del Tajo-Segura: los de Murcia y la Comunidad Valenciana. También cabe reconocer la visión nacional y de Estado de la que ha hecho gala, ahora sí, el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, dispuesto por fin a enterrar disputas relacionadas con el agua. Porque con acuerdos de esta índole y envergadura también se construye la España que queremos: unida y solidaria. Próximo objetivo: rescatar ese gran proyecto de distribución hídrica y vertebración territorial llamado Plan Hidrológico Nacional y hacerlo, esta vez sí, realidad.