
El Gabinete liberal-conservador británico, tras los tiras y aflojas que cabía esperar de concretas diferencias entre los dos partidos que lo conforman, ha presentado recientemente su programa de Gobierno. Y lo cierto es que, con algunos matices, supone toda una enmienda a la política intervencionista que caracterizara al fenecido mandato de Gordon Brown: En general, las iniciativas pactadas entre conservadores y liberal-demócratas parten de la premisa de que la recuperación económica ha de pasar por despojar de poderes e instrumentos al Estado para devolvérselos a la sociedad civil. Afortunadamente, la nueva coalición que regirá los destinos del Reino Unido se ha inclinado definitivamente, y pese a todo, por más libre mercado y menos burocracia.
Su decidida apuesta por la reducción del déficit público conlleva un compromiso del que deberían tomar nota por estos lares: Se llevará a cabo principalmente a través de drásticos recortes del gasto público (que serán de más 7.000 millones de euros en una primera fase), pero no mediante subidas de impuestos. Sana declaración de intenciones que, sin embargo, parece casar poco con fundamentalmente dos concesiones ante el ala socialdemócrata de los 'lib-dem': El incremento del impuesto de las ganancias del capital sobre activos no empresariales (del actual 18% al 40%) y la creación de una tasa bancaria (nueva imposición por la que empero también abogan partidos europeos de derecha, como el alemán y el francés). Aún así, tales medidas, que en absoluto ayudarán a la reactivación económica y que, por su propia naturaleza, no supondrán un aumento significativo de los ingresos del Estado, se ven claramente compensadas por las rebajas de impuestos a las clases medias y bajas y a las empresas: Tal y como prometió Clegg, se subirá el mínimo exento del impuesto sobre la renta para liberar del mismo a los individuos y a las familias de menores ingresos; y, dando cumplimiento en este caso a una oferta electoral de Cameron, se reducirá el tipo máximo del impuesto de sociedades y, a su vez, se simplificarán sus exenciones.

Abundando en el protagonismo que se le concede a la sociedad civil en la lucha contra la crisis económica, el Gobierno británico dará cabida a la iniciativa privada en el ejercicio de funciones de las que tradicionalmente se apropia el Estado: De esta forma, ayudará en la creación de mutuas, cooperativas, empresas sociales y organizaciones caritativas, y favorecerá su implicación en la gestión de servicios públicos. Además, se tomarán medidas que promuevan la caridad y la filantropía dentro del sector privado.

Si bien algunas de las medidas anunciadas adolecen todavía de cierta falta de concreción, el programa hecho público por la coalición liberal-conservadora británica representa en líneas generales la senda que se debería tomar: Más libertad y menos Estado. Aunque, por desgracia, en España tendremos que esperar a que la patulea de fabricantes de miseria e indigentes intelectuales que nos malgobiernan abandonen de una vez sus cargos para que empiece a cundir el ejemplo del Reino Unido.
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