El artículo 27 de nuestra Constitución, en su apartado 3, reza así: 'Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones'. Pues bien, el Tribunal Supremo, en su fallo que prohibe objetar contra Educación para la Ciudadanía, ha pretendido hacer encaje de bolillos al preservar aparentemente un derecho fundamental recogido expresamente en nuestra Carta Magna, y a la vez aliviar a un Gobierno cuyo proyecto liberticida habían puesto contra las cuerdas sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia. Por una parte, no permite que los padres se declaren objetores de conciencia, pero, por otra, insta al Ejecutivo a que no adoctrine con la asignatura. Pero hemos de tener en cuenta que precisamente el carácter evidentemente doctrinario y sectario de este engendro intervencionista, este trasunto 'progre' de la Formación del Espíritu Nacional del franquismo, es lo que ha llevado a tantos padres a rechazar que el Estado se inmiscuya en la formación moral, ideológica o de creencias de sus hijos, ámbito que debe corresponder única y exclusivamente a las familias.
Por desgracia, queriendo dar una de cal y otra de arena, de momento se ha dado lugar a una sentencia que recorta derechos y libertades. Pero, afortunadamente, esta causa, que no es otra que la de la libertad y la defensa de la sociedad civil ante las intromisiones del Estado, está más viva que nunca y continuará presentando batalla. Es muy pronto para que el Gobierno de Zapatero cante victoria.
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