La banda asesina ETA mató ayer de manera cobarde y alevosa, 'marcas de la casa' de esos malnacidos, al empresario vasco Ignacio Uría. Además, han perpretado su crimen en Azpeitia, municipio gobernado por su brazo político, ANV, que sigue siendo legal merced a la inacción del Fiscal General del Estado (o del Gobierno) Conde Pumpido y del ministro de Justicia, el tan lenguaraz como ineficaz Fernández Bermejo. Al igual que en el caso del vil asesinato de Isaías Carrasco, con el que la ETA irrumpió en vísperas de la jornada de reflexión de las últimas elecciones generales, han podido moverse en ambiente propicio. Y es que los etarras continúan teniendo representación tanto en el Parlamento vasco como en ayuntamientos del País Vasco y Navarra, como consecuencia de las vergonzosas negociaciones que mantuvo el Gobierno de Zapatero con la organización terrorista. Por tanto, se impone responder con toda la firmeza del Estado de Derecho. No basta con mostrarse compungido, emitir las frases de rigor y reafirmar que las obras de la 'Y' vasca se van a culminar. Ni un solo municipio ha de seguir regido por proetarras. Y no se trata de repetir aquellas pantomimas de las llamadas 'mociones éticas', que de nada sirven. Hay que aplicar la Ley de Bases de Régimen Local y disolver todos los ayuntamientos con alcaldes de ANV. Y ya, no sea que encima les dé tiempo de disfrutar de aquellas ayudas prometidas por Zapatero en su séptimo y no sabemos si último plan. Sería el colmo: Consistorios batasunos que consiguen financiación 'extra' procedente de nuestros impuestos. Evitemos tal ignominia.
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