Y es que quienes han terminado monopolizando el tan mentado 'derecho a decidir' (por todos los catalanes), los filoetarras de la CUP (dos de cuyos destacados miembros no faltaron a una manifestación en Bilbao en contra de la dispersión de los presos etarras), han dado finalmente su plácet a Carles Puigdemont, alcalde convergente y separatista de Gerona, como presidente de la Generalitat. Que Artur Mas haya sido desplazado (temporalmente, según se ha permitido asegurar él mismo) no significa que el desafío independentista del nacionalismo catalán vaya a perder intensidad: bien al contrario, si tenemos presente que el nuevo 'president' se ha significado por ostentar, de obra y de palabra, un mesianismo antiespañol tan acusado como su antecesor, amén de haber defendido en su discurso de investidura los pasos de la declaración de ruptura anulada por el Tribunal Constitucional. Habrá, pues, que atarse los machos y continuar defendiendo con absoluta firmeza la unidad de España, la soberanía nacional del pueblo español, la Constitución y las leyes. Y, desde luego, el próximo Gobierno nacional que salga tras la constitución de las Cortes ha de tener absolumente claros tales principios.
Sea como fuere, que el Gobierno de la nación se encuentre en funciones estas fechas no implica que las instituciones y los instrumentos y mecanismos del Estado de Derecho suspendan su cometido de velar por la defensa y garantía del imperio de la ley. Es más, el actual Ejecutivo, si bien tiene limitadas sus facultades constitucionales (así, no puede presentar proyectos de ley ni iniciativas que por su situación de interinidad no procederían, como proponer al Rey la disolución de las Cámaras o plantear la cuestión de confianza), mantiene aquellas dirigidas a cumplir y hacer cumplir las leyes como la de interponer recursos de inconstitucionalidad, e incluso adoptar medidas en casos 'de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general', como aprobar Reales Decretos Leyes para tales supuestos.
Por su parte, el tan mentado artículo 155 de la Constitución, que supondría la práctica suspensión de la autonomía catalana, podría aplicarse perfectamente: se requeriría la aprobación de la mayoría absoluta de un Senado que, junto al Congreso, se constituirá el miércoles, y en el que el PP, no lo olvidemos, cuenta con esa misma mayoría. Los asaltantes de las leyes y la soberanía nacional española no tendrán escapatoria.
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