Una chica que, como concejal,
concedió una subvención a una asociación fundada por ella misma, y que, un mes después,
votó a favor de adjudicar un contrato del Ayuntamiento a una cooperativa de su hermano, que llegó a recibir un total de 1,3 millones de euros. Su respuesta, al modo de sus duramente criticadas Cristina de
Borbón y Ana Mato: no sabía nada de lo que se cocía en su propia
familia. Si hiciéramos abstracción de que es una política de Izquierda
Unida (y que, por tanto, disfruta de una especie de patente de corso
mediáti
co y 'moral' por su calidad de
'progre más progre que nadie'), y de que además cuenta con el respaldo
público ('no dudo de la honorabilidad de Tania Sánchez') de su
'compañero sentimental', que no es otro que el Providencial e Intocable
Mesías de la Santa y Madre Izquierda (en virtud de lo cual la patente de
corso pasa a convertirse en una suerte de inviolabilidad propia de un
Jefe de Estado), ¿podría aspirar a presidir una autonomía como la
Comunidad de Madrid?
Es
más: ¿se permitiría seguir dando lecciones de ética y moral en las
tertulias televisivas e incluso, cual Savoranola roja, lanzando insidias contra sus adversarios dialécticos socapa de exigirles un comportamiento impoluto? ¿Continuaría ocupando un escaño como diputada en
la Asamblea Regional de Madrid, o bien al contrario hubiese dimitido,
'motu proprio' o forzada por la gran presión mediática y política en
contra suya?
Imaginemos por un momento que, además, la chica
fuera del PP. Entonces las respuestas a las tres preguntas formuladas sí
se antojarían obvias: por supuesto que no. Pero, en este caso concreto, se aplica
la ley del embudo, aquella que se basa en la impunidad derivada de la
superioridad moral de la izquierda. Una vez más.
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