jueves, 9 de febrero de 2012

ESTADO DE DERECHO, 1; VALE TODO SI VAS DE PROGRE, 0



El amargo rechazo que la inhabilitación decretada por el Tribunal Supremo a Baltasar Garzón ha suscitado en nuestra inefable izquierda vuelve a poner de manifiesto su particular concepto de la legalidad, a la que siempre abogan por someter al cumplimiento de determinados objetivos políticos; por supuesto, los que en cada momento cuenten con el sagrado visto bueno de la progresía. Son los ecos del conocido como 'uso alternativo del Derecho', que desde una perspectiva marxista tacha al imperio de la ley de mero prejuicio burgués que en ningún caso ha de impedir la consecución de los fines marcados inexorablemente por 'el progreso'; y que, por tanto, convierte al Estado de Derecho en mera ficción. De ahí su irreprimible querencia por controlar políticamente la Justicia, que presentan como subordinación a la voluntad popular, como si la aplicación e interpretación de las leyes dependiera de los resultados obtenidos en las urnas.

Pero hete aquí que los mismos miembros del Tribunal Supremo nombrados en tiempos del último Gobierno socialista deciden ¡por unanimidad! condenar al gran justiciero de las causas progres. Tan sumamente escandaloso fue el proceder del ahora ex-juez: porque ordenar el espionaje de las conversaciones privadas entre abogado y cliente en el ejercicio de la defensa es un inaceptable acto de arbitrariedad, un atropello a las leyes, a los derechos individuales y a las garantías judiciales absolutamente impropio de un juez digno de tal nombre, por mucho que presuma de su pedigrí impolutamente izquierdista. Condición de héroe mediático de la progresía que tampoco le faculta para investigar supuestos crímenes de una dictadura, por muy cruel que ésta haya sido, si no es asunto de su competencia; y menos aún para solicitar financiación para sus actividades mediante un chantaje más o menos encubierto.

Permitir que se antepongan determinados propósitos, por muy santos que sean, al cumplimiento de la legalidad y la defensa de las garantías jurídicas, a la que el peor de los criminales tiene derecho, supondría el fin definitivo de un Estado de Derecho en el que en el fondo la izquierda no cree, pero cuya preservación es condición 'sine qua non' de cualquier democracia liberal. Y sobre el futuro del definitivamente caído justiciero no hay que preocuparse: siempre tendrá la oportunidad de volver a la política, su auténtica vocación. Aunque quizá desde ahí le resulte más difícil abrir telediarios.

3 comentarios:

La Pecera dijo...

Así de claro. Enhorabuena por este post.

santdo dijo...

Bravo, y punto.

Pedro Moya dijo...

Muchas gracias. Un abrazo.