En una democracia liberal consolidada, en la que como tal rige la división de poderes, los jueces no deberían convertirse en protagonistas mediáticos y mucho menos acaparar titulares en la prensa. Y no cabe referirse únicamente a quienes persiguen de manera consciente el estrellato, como es el caso de un ínclito 'Justiciero Universal' que, aunque actualmente caído en desgracia, se ha servido fundamentalmente de los telediarios para lograr su celebridad. También hay quien alcanza notoriedad muy a pesar suyo, y paradójicamente por cumplir un papel que habría de ser exigible en cualquier miembro del Poder Judicial en un Estado de Derecho: obrar con independencia y someter a los restantes poderes, especialmente al Ejecutivo, al ordenamiento jurídico. Sin embargo, tal manera de proceder se considera un inusitado acto de valentía en un país como el nuestro, en el que, no en balde, hace años un vicepresidente del Gobierno se encargó de decretar la muerte del mismísimo Montesquieu. Para que quedara meridianamente claro dónde pasaba a concentrarse el poder desde ese mismo instante, y punto.
A los nombres de Grande-Marlaska y Ruz como jueces estrictamente cumplidores de su deber a la hora de controlar y, en su caso, enfrentarse al Gobierno hay que añadir ahora el de una mujer: Mercedes Alaya. Instructora del caso de la trama de los ERE fraudulentos, tuvo los arrestos suficientes como para responder con firmes advertencias a las desafiantes tácticas dilatorias del Ejecutivo autonómico andaluz, que finalmente no ha tenido más remedio que allanarse y remitirle las actas de los Consejos de Gobierno celebrados desde 2001. Pero, quizá ante la imposibilidad de emprender una campaña de linchamiento personal como en la que en su momento se llevara a cabo contra Marino Barbero, juez instructor del caso Filesa, la Fiscalía General del Estado, que, como es bien sabido, Conde Pumpido pone siempre al servicio del PSOE, ha entrado en escena de la mano de Juan Enrique Egocheaga; el mismo fiscal que, a propósito del caso Mercasevilla, se situara al lado del PSOE y apoyara la recusación de la juez Alaya. Y es que el objetivo sigue siendo apartarla del caso, o cuando menos entorpecer el curso de la investigación judicial y ganar tiempo de cara a las elecciones autonómicas andaluzas de 2012.
De todas formas, no parece que la juez Alaya vaya a arredrarse ahora ante semejantes argucias, y a buen seguro que, pese a todos los impedimentos que le impongan desde un poder que se niega a ser controlado con tal de tapar sus muchas vergüenzas, intentará llegar al fondo de tan escandaloso asunto. Su extraordinario ejemplo de independencia e integridad, al que todo defensor del Estado de Derecho debería adherirse, tiene además la virtud de resucitar en cierta manera la malograda figura del Barón de Montesquieu.
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