DE LAS 'NACIONALIDADES' AL SECESIONISMO

El artículo segundo de nuestra Carta Magna proclama 'la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles'; pero a continuación reconoce 'el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran'. Nacionalidades y regiones: hubo polémica durante el proceso constituyente acerca de esta, cuando menos, extraña diferenciación. Porque, en efecto, resultaba muy difícil de justificar que se elevara a categoría constitucional la flagrante contradicción de que dentro una misma nación, única e indivisible, pudieran coexistir distintas nacionalidades. Pero se trataba de la primera gran concesión a los nacionalismos catalán y vasco en aras de su 'encaje' en el sistema político español que nacía entonces. Y no se limitaba a un supuesto reconocimiento meramente simbólico de las mal llamadas 'nacionalidades históricas' (como si, por ejemplo, Castilla, León, Aragón o Asturias fueron menos históricas por carecer de ese 'hecho diferencial' que los nacionalismos prescriben), sino a la construcción de un Estado que se empezó a calificar 'de las autonomías' y que, sin ser federal, pretendía adquirir características federales (con instituciones propias y amplísimas competencias para las 'nacionalidades', la mayoría de las cuales no tardarían en reclamar y lograr las 'regiones') con tal de contentar a los nacionalismos y alejarles de la tentación del secesionismo.

Pero nada más lejos de la realidad. Una vez asentado el modelo de Estado compuesto y de que a las autonomías, satisfaciendo básicamente demandas nacionalistas, se les transfiriera o cediera todas las materias posibles, habidas y por haber (incluidas aquellas que, según la misma Constitución, son de competencia exclusiva de la Administración central), en 2001 plantearía el nacionalismo vasco el primer gran reto secesionista: el tristemente célebre Plan Ibarretxe. En 2006, las fuerzas políticas del nacionalismo catalán (en las que cabe incluir al partido-hermano del PSOE, el PSC) consiguieron la aprobación de un 'Estatut' cuyo preámbulo define a Cataluña como 'nación' y, entre otras lindezas, pretendía crear un órgano propio del poder judicial y establecer una bilateralidad en las relaciones Cataluña-España, como si de dos Estados-nación distintos se tratara. Y muy recientemente, el 11 de septiembre de 2012 (en otro de los días en que el nacionalismo catalán celebra su delirante versión oficial sobre la caída de Barcelona durante la Guerra de Sucesión Española), alrededor de un millón de personas salieron a las calles de Barcelona para pedir abiertamente la independencia, con el Gobierno catalán del 'moderado' CiU a la cabeza de la manifestación.

El nacionalismo basa su supervivencia política en la reivindicación permanente, lo que le atribuye un carácter insaciable. No se contentará jamás, a no ser, claro, que se le conceda su último objetivo: la independencia. De ahí que tantos años de cesiones, lejos de lograr 'integrar' a los nacionalismos en el sistema político constitucional español, hayan provocado el efecto contrario: su cada vez mayor radicalización. Hemos llegado a un extremo en el que ya no pueden disimular y muestran su verdadera cara, máxime cuando nos hemos limitado a aceptar y 'oficializar' sus manipulaciones y falseamientos de la historia y sus derivados, los consabidos discursos victimistas. Porque si en el fondo les damos la razón, ¿qué les impide seguir luchando contra 'el opresor'? Además, bien se han cuidado los nacionalismos de sacar perfecto provecho de las materias y competencias de las que se ha dotado a los Gobiernos autonómicos; básicamente de la educación, utilizada para adoctrinar a generaciones de catalanes y vascos en el odio a España y lo español. Tampoco han mostrado escrúpulo alguno en ejercer un control de la sociedad civil desde los resortes del poder autonómico e imponer el pensamiento único nacionalista, en cuyo cometido los medios de comunicación de su órbita, públicos y privados, han sido fundamentales (para más inri, cabe añadir en el caso del País Vasco el amedrentamiento y estado de miedo impuestos por la ETA y sus adláteres). Porque, obviamente, nacionalismo y pluralismo son conceptos plenamente incompatibles: la adhesión a la nación inventada ha de ser inquebrantable.

La crisis económica que aún sufre España es grave; pero lo es todavía más el abierto secesionismo de los nacionalismos. De la primera, tarde o temprano, saldremos, como tantas veces a lo largo de nuestra historia; lo segundo tendrá difícil resolución si no lo afrontamos con la decisión y firmeza requeridas. Aunque, a este respecto, nuestra Ley de Leyes es clara: en primer lugar, la soberanía reside en el pueblo español (fundamento de la indisoluble unidad de la nación española), y en nadie más; y en segundo lugar, confiere la misión de garantizar esa misma soberanía y defender la integridad territorial de España y el ordenamiento constitucional. Mandato constitucional que, por el bien de la supervivencia de España como nación, y llegado el momento, no debería quedar en papel mojado.