EL MINISTRO QUIERE DETENCIONES

'El Ministro quiere detenciones, y habrá detenciones'. Todavía resuenan las escalofriantes palabras de cierto comisario de Policía, sin duda rubalcabiano, que instaba taxativamente al cumplimiento de la consigna política y gubernamental de rigor. Y vaya si las hubo: Concretamente la de un matrimonio que tuvo la mala suerte de aparecer en una fotografía enarbolando una bandera nacional cerca del entonces Ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación en memoria de las víctimas del terrorismo. El orgullo herido de quien se creía merecedor de la ovación general, y que en cambio obtuvo increpaciones que él mismo se encargó de convertir en agresiones físicas, exigía en efecto la adopción de alguna represalia. Y nada más ejemplarizante que señalar como delincuentes en potencia a dos ciudadanos anónimos y, en principio, pacíficos y de vida modélica; pero, ay, que cometían el delito de ser afiliados del PP. Porque esa y no otra, la de la militancia política, fue la razón de unas detenciones que posteriormente la Justicia confirmaría como ilegales.

La condena judicial de este primer gran baldón liberticida del zapaterismo, pese a que se llevó por delante al entonces Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no consiguió arredrar en absoluto a un Ejecutivo que, fiel al tradicional e histórico proceder del PSOE, nunca ha dudado en utilizar los instrumentos y resortes del Estado para perseguir a la oposición política. Hostigamiento que se viste de implacable lucha contra la corrupción, pero precisamente sólo en aquellos lugares que no son plazas socialistas: Canarias, coincidiendo con el aterrizaje de López Aguilar como candidato a la presidencia de las islas, estuvo semanas literalmente tomada por unidades de Policía y cámaras de televisión; Murcia, tres cuartos de lo mismo a la vez que el cazador furtivo Bermejo llegaba en paracaídas; y qué decir de Madrid y la Comunidad Valenciana, que tanto se resisten a dejarse seducir por los encantos del zapaterismo... Espectaculares despliegues de medios policiales, magnificados por la correspondiente repercusión mediática, han tenido lugar para detener a concejales, alcaldes y otros cargos públicos, por supuesto ninguno de ellos socialista; de los cuales, la mayoría ha acabado quedando en libertad, y en no pocos casos sin cargos. Aunque el objetivo de someterles a la llamada 'pena de telediario' y colocarles el sambenito de por vida, que es de lo que se trata, se ha cumplido siempre a la perfección.

Pero la prueba del nueve de que el Gobierno de Zapatero, apoyándose en el oscuro menester de personajes tan siniestros como Rubalcaba y Conde Pumpido, ha hecho del español un Estado policial al servicio de los intereses electorales de partido (del PSOE, claro), la encontramos en las detenciones producidas recientemente en Alicante y Orihuela. Las mismas se llevaron a cabo sin orden judicial, lo que supone ni más ni menos que un atropello a los derechos y libertades de unos ciudadanos que, mientras no se demuestre lo contrario, deberían disfrutar de la presunción de inocencia. Huelga puntualizar que en un Estado de Derecho la Policía no está legitimada para arrestar a nadie sin la autorización de un juez, salvo supuesto de algún flagrante delito que, obviamente, no procede en este caso. Por tanto, de lo que fueron víctimas tanto el presidente de la Diputación de Alicante como el resto de los apresados tiene una definición clara y precisa: Secuestro.

Tamaña tropelía contra las garantías constitucionales provocaría la inmediata dimisión del Ministro del Interior en un régimen democrático y de libertades medianamente asentado. Pero, claro, se trata de Rubalcaba, que a estas alturas puede presumir de ostentar un extensísimo currículum de fechorías liberticidas, y de España, a la que el Gobierno de Zapatero está empeñado en convertir en una especie de sucedáneo de Cuba o Venezuela. El Ministro quiere detenciones, y las seguirá habiendo.