ESCOCIA DICE NO, PERO...

Finalmente se ha impuesto la cordura en las urnas, donde una vez más una mayoría silenciosa ha logrado superar a una minoría más estridente: un 55,3% de los escoceses se ha inclinado por mantener a Escocia en el Reino Unido, frente a un 44,7% que abogaba por la independencia, en un referéndum que ha superado todos los récords de participación. Sin duda que la más audaz e intensa campaña llevada a cabo por los defensores de la secesión ha conseguido movilizar al electorado más afín al nacionalismo escocés, al que se ha sumado buena parte de los descontentos con el estado de cosas actual (básicamente con un Gobierno, el del dúo Cameron-Clegg, que se ha caracterizado por sus medidas impopulares ante la crisis económica); pero también ha acudido masivamente a votar aquel sector consciente de los graves perjuicios de tipo económico y político que la separación iba a acarrear para, en primer lugar, la propia Escocia (algo en lo que se ha insistido en el tramo final de la campaña). Sin duda, el triunfo electoral del unionismo es en principio una buena noticia para el fortalecimiento de la Unión Europea, cuya viabilidad pasa por la integridad de las naciones que forman parte de ella.

Eso sí, cabe puntualizar que ni desde el punto de vista histórico, ni legal, ni constitucional, son comparables los casos de Escocia y Cataluña, por mucho que los voceros y propagandistas del secesionismo catalán, y de las distintas ramas del nacionalismo en general, se empeñen en hacernos ver lo contrario. Escocia sí fue un reino independiente de Inglaterra, al que se unió en 1707 por medio del Acta de Unión, una serie de leyes de contenido político y económico aprobadas por los parlamentos escocés e inglés; los cuales, a partir de entonces, por cierto, quedaron disueltos para establecer un único Parlamento de Gran Bretaña, con sede en el Palacio de Westminster. Y además el Reino Unido, como es sabido, no se rige por una Constitución escrita, sino por una serie de convenciones fundamentadas precisamente en la doctrina de la soberanía parlamentaria, en virtud de la cual los estatutos y leyes que se aprueban en el Parlamento británico son fuente suprema: de ahí que se afirme en las Islas británicas que un partido que ostente la mayoría en la Cámara de los Comunes, y por ende el Gobierno que salga de él, es capaz de hacerlo todo. Incluso de permitir un referéndum por el que una parte del Reino Unido pueda decidir desgajarse de él.

Sea como fuere, y pese a la victoria del 'no' a la independencia, no ha quedado precisamente diluída la inmensa torpeza política de David Cameron; puesto que, si bien se ha librado finalmente del dudoso honor de pasar a la historia como el Primer Ministro que facilitó la separación de Escocia del Reino Unido, el daño ya está hecho: la celebración del referéndum ha servido, no solo para promocionar las posiciones de los partidarios de la secesión, sino también para que queden plasmadas en un porcentaje nada despreciable de apoyo (casi un 45%), al que se agarrarán Salmond y demás prebostes del nacionalismo escocés para continuar exigiendo más plebiscitos... hasta conseguir ganar. Véase el ejemplo de Québec. Porque sabemos de buena tinta lo insaciable que puede llegar a ser el nacionalismo, que tiene en la reivindicación permanente su razón de ser.