"Si alguien del Ejecutivo regional es imputado, tendrá que dejar su puesto". La doctrina sobre responsabilidades políticas que ha defendido Rivera en Murcia y para Murcia no vale
para Andalucía, donde su partido continúa apoyando al PSOE pese a que su
Gobierno tiene a un consejero, Ramírez de Arellano, imputado por
prevaricación administrativa y falsedad en documento público. Sabida es
ya la doble vara de medir de Ciudadanos respecto al PP, al que le sitúa
en unos niveles de exigencia leoninos, y al PSOE, al que en cambio trata
con guante de seda y mucha condescendencia. Y no digamos
ya
consigo mismos, como quedó demostrado a propósito de la utilización de
los fondos de la Asamblea Regional de Murcia para sufragar gastos
propios de campaña electoral, que iba a conllevar dimisiones, ceses y un número de cabezas rebañadas sin precedentes, pero que finalmente derivó en la típica acción lampedusiana: que algo cambie para que todo, absolutamente todo, siga igual; esto es, en una tomadura de pelo
de colosales dimensiones.
Pero a lo que vamos: su líder ha tenido a bien visitar la capital murciana, donde
ha disfrutado de su sol y clima y el encanto de sus calles y ha sido obsequiado con la
amabilidad de sus gentes. Eso sí, sobre agua, el más preciado y escaso
bien de estas tierras, y sobre trasvases, el hombre no ha dicho ni pío.
Debe ser porque, como afirmara en aquella entrevista, continúa
prefiriendo dejar el asunto en manos de los técnicos. Aunque parece que los
regantes y agricultores murcianos pueden estar tranquilos mientras gobierne el
Partido Popular, siquiera en funciones: el nuevo trasvase del Tajo al Segura de 38 hm3 aprobado
por el Consejo de Ministros es buena prueba de ello. Afortunadamente,
hay quienes en materia de agua sí se mojan.
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