Aquí reproduzco un artículo que hoy mismo me ha publicado el diario 'La Opinión de Murcia', en la columna cedida los jueves a 'Ciudadanos Para el Progreso'.
Una democracia no es concebible sin la presencia y labor de una
oposición política que controle la acción del Gobierno de turno. Es
normal e incluso exigible que quien la ejerce, más que centrarse en
presentar soluciones alternativas de gestión política, proceda de manera
dura y hasta inmisericorde con el Ejecutivo al que se opone con el fin
de contribuir a desgastar política y electoralmente su imagen, y de
manera especialmente intensa conforme se vea con menos posibilidades de
alcanzar un poder al que aspira legítimamente.
En este menester,
insisto, imprescindible en un régimen democrático que, como tal, no debe
poner impedimentos a los cambios y alternancias en los Gobiernos si así
lo deciden los ciudadanos en las urnas, caben, faltaría más, las
denuncias por supuestos o confirmados casos de corrupción, normalmente
destapados por la actuación de la Justicia o de los medios de
comunicación, el llamado ´cuarto poder´, y la consiguiente exigencia de
explicaciones y, en su caso, responsabilidades políticas (la mayor o
menor credibilidad que sean capaces de transmitir al electorado es
harina de otro costal). También resulta absolutamente lícito
emprender una insistente campaña basada en desacreditar (políticamente) a
un posible o futuro candidato rival concreto por el hecho de que pueda
ser especialmente perjudicial para los intereses electorales de la
propia oposición política, y de ahí que incluso pretenda por todos los
medios (políticos) evitar tener que competir con él en unos determinados
comicios.
Ahora bien, cabe preguntarse si ciertos ´estilos´ de
oposición, en lugar de introducir sana competencia política e incluso
dotar de transparencia al ´sistema´, bien al contrario son
verdaderamente degradantes y hasta contraproducentes: por ejemplo,
cuando se hace un uso y abuso constante de los de por sí escasos
resortes y medios de la Justicia con una mera intencionalidad de puro
desgaste político y hasta personal (a lo que sí se puede llamar con
propiedad ´judicializar la vida política´), y a sabiendas de las muy
escasas posibilidades de que tales denuncias prosperen; o cuando con tal
forma de proceder se pone en duda la competencia, la profesionalidad y
hasta la honestidad y honorabilidad de grupos de funcionarios, todos con
su oposición sacada y cada uno de su padre y de su madre, a los que se
les coloca el sambenito de por vida por el solo hecho de que ´pasaban
por allí´ en una tramitación llevada a cabo con todas las de la ley; o
cuando, como consecuencia, se genera tal estado de miedo en las
instancias administrativas ante el mero paso de estampar una firma que
de resultas tenemos una Administración pública todavía más lenta y
burocratizada, cuando no directamente paralizada, con los consiguientes
perjuicios para los administrados, que no son otros que los ciudadanos, y
la marcha regular de la economía en general.

Y, en condiciones
normales, qué pensaría cualquiera que creyera en la división, siquiera
formal, de poderes, cuando todo un Fiscal Jefe que, como tal, en su
cometido de defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y
del interés público tutelado por la ley, debería someterse, según la
misma Constitución, entre otros, al principio de imparcialidad, sin
embargo no tuviera empacho alguno en desempeñar el papel de portavoz de
la oposición política, al anunciar en un medio de comunicación la
presentación de una querella contra un cargo público, entonces, con
firmes aspiraciones a ser candidato a la presidencia autonómica (por la
que ahora compite tras ser absuelto judicialmente, por cierto, por
enésima vez). Un Fiscal Jefe que, para más inri, saliera fotografiado en
un acto político y en comandita con los actuales dirigentes del mismo
partido que ejerce esa oposición política.
Pues bien, ambos
hechos han tenido lugar en Murcia, sin que hayan trascendido al ámbito
nacional ni apenas suscitado reproche ni escándalo mediático alguno por
estos lares. ¿La reacción hubiese sido tan tibia si los protagonistas
(Fiscal Jefe y oposición) fueran de un color político distinto al que
ostentan?
Señores del Partido Socialista de la Región de Murcia: si aplicamos el principio de que en
política todo vale, contribuimos a desprestigiar todavía más la que
debería ser considerada como una noble actividad de servicio público. Y
en cuanto a su estrategia de oposición de ´tierra quemada´, además de
dañina, contraproducente y letal para el normal funcionamiento del
sistema político de división de poderes y del régimen de Administración
pública, les puede terminar perjudicando a ustedes mismos: si algún día
logran el Gobierno, heredarán una situación institucional indeseable y
propiciada por su mismo ´estilo´ de hacer oposición a costa de lo que
sea.