DE FÚTBOL Y DE MEDICINA...

Desde que se tuvo noticia del primer caso de ébola fuera de África, que por desgracia ha tenido lugar en España, surgen por doquier en tertulias televisivas y radiofónicas y en las redes sociales de Internet tal cantidad de epidemiólogos y expertos en protocolos (sanitarios) que sientan cátedra acerca de cómo se debería haber actuado o dejado de actuar, que uno todavía no sale de su asombro. Y es que a este asunto es perfectamente aplicable aquel conocido refrán procedente del rico acervo popular español: 'De fútbol y de medicina, todo el mundo opina'. Aunque es bien conocido que lleva tiempo proliferando por los medios de comunicación, tanto virtuales como convencionales, la figura del tertuliano y/o 'twittero' y/o 'bloguero' omnisciente y sabelotodo, que, pese a su en muchos casos limitadísima formación académica, pontifica incluso sobre cualquier ámbito científico cuyos entresijos escapan a la comprensión y al conocimiento del común de los mortales.

Antes de generar alarmismos injustificados y jugar a la politiquería de baja estofa, es el momento de dar la iniciativa y el protagonismo a quienes verdaderamente poseen los conocimientos pertinentes en la materia, tanto para tratar debidamente a la enfermera contagiada y evitar riesgos para el resto de la población, como para investigar los fallos que se hayan podido cometer. Ahora resulta lo más oportuno, precisamente para, entre otros fines, detectar posibles responsabilidades en las mejores condiciones y, en su caso, tomar las correspondientes medidas. Lo contrario es limitarse a intentar pescar en río revuelto, pero sin llegar al necesario fondo de la cuestión que nos sirva para encontrar las adecuadas respuestas y soluciones.

Eso sí, muchos de los que se presentan a sí mismos como los campeones de la solidaridad y ostentadores del monopolio de los buenos y nobles sentimientos humanitarios, los mismos que ahora aseveran que deberíamos haber dejado morir en África a los religiosos españoles infectados de ébola, están quedando perfectamente retratados. Habrá tiempo también de ponerlos en su sitio.

¿POR QUÉ SE CREA EMPLEO NETO?

Si bien en términos absolutos, y como era de prever en un mes que suele ser negativo para la creación de empleo debido al final de la campaña de verano, el paro se ha incrementado en septiembre en 19.720 personas (en cualquier caso, la menor subida desde 2007, cuando empezó la crisis), si desestacionalizamos los guarismos hay 33.127 desempleados menos, lo que significa la mayor reducción desde nada menos que 1996. Además, septiembre ha terminado con más de 12.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, la octava subida consecutiva (con lo que se ha alcanzado la cifra de 356.258 puestos de trabajo en los últimos doce meses, el mayor incremento desde 2007): datos que muestran que se sigue creando empleo neto.

En términos interanuales, el paro ha bajado en 276.705 personas; y en lo que llevamos de año, es decir, de enero a septiembre, hay 253.688 desempleados menos, lo que supone la mayor reducción desde nada menos que 1998, en plena expansión económica.

Se trata, en suma, del mejor mes de septiembre en materia de empleo desde 2006, incluso antes de que comenzara la crisis. Así pues, y con todos los matices que se puedan o quieran contraponer, y a los que haremos referencia, son datos objetivamente positivos, y de los que cabe congratularse dado que confirman el óptimo cambio de tendencia que lleva observándose en el mercado laboral.

Y es que, fundamentalmente, la liberalización y flexibilización introducida por la reforma laboral está sirviendo para que se genere empleo con un crecimiento de la economía inferior al 1%, cuando antes era necesario que el PIB aumentara entre el 2 y el 3%; además, a un ritmo tal que incluso antes de que termine la legislatura se ha conseguido que haya menos parados que los que dejó Zapatero... en 2011, amén de que desde empezó 2014 se lleva creando empleo neto por primera vez desde que comenzó la crisis.

Ante datos tan significativos y contundentes, se suele aducir que la mayor parte del empleo que se genera es de carácter 'precario' (cuando en sentido estricto esa modalidad, sin Seguridad Social, que implantó en su momento un Gobierno socialista, uno de los de Felipe González, hace muchos años que dejó de existir): ¿quizá es mejor entonces que se siga incrementando la lista del paro; más vale parado que un empleo que no te case con la empresa, incluidos los jóvenes que han de empezar a adquirir experiencia en el mercado laboral? Nos guste o no, las tendencias del mercado, cada vez más abierto y globalizado, hace décadas que cambiaron, y la reforma precisamente ha adaptado nuestra legislación laboral, que antes era básicamente la heredada del paternalista franquismo, a la flexibilidad que demandan los nuevos tiempos; y los resultados están a la vista: empieza a bajar el paro y crearse empleo en un entorno económico no muy favorable, cuando hace poco propiciaba todo lo contrario, que se destruyeran puestos de trabajo a un ritmo vertiginoso.

Sin embargo, en su primer cara a cara en el Congreso de los Diputados con el presidente del Gobierno, el nuevo líder del socialismo español, Pedro Sánchez, dio a conocer su primera gran propuesta. ¿Y en qué consistía? Justamente, en derogar la reforma que precisamente lleva reportando los resultados positivos más evidentes: la laboral; y, además, subir el Salario Mínimo Interprofesional, pese a que, según la generalidad de los economistas de distinto pelaje, no haría sino generar más paro.

Qué fácil sería, ¿verdad? ¿Por qué conformarnos con un SMI de 750 euros y no lo subimos, por ejemplo, a 1.000? Así todos ganaríamos más, ¿no? Pero es que resulta que no es así, ni mucho menos; bien al contrario. La misma fijación de un SMI expulsa a buena parte de un determinado sector de la sociedad, concretamente al más joven y sin titulación, del mercado laboral, porque con ello la oferta de trabajo dirigida a ese sector disminuye considerablemente: vamos, que el mismo SMI crea ya de por sí paro. Y cabe imaginar hasta qué punto si además lo subimos arbitrariamente, o al albur de corrientes más o menos demagógicas o electoralistas. Y no lo afirmo yo, ni los economistas llevados por sus prejuicios favorables al 'capitalismo salvaje'; prácticamente cualquier economista más o menos solvente, sea liberal, sea socialdemócrata (y que no tenga como tarea, muy legítima por otra parte, desgastar al Gobierno de turno), sostiene lo mismo, porque además la práctica en ese sentido es muy reveladora: precisamente aquellos países europeos que carecen de Salario Mínimo (como Suiza, Suecia y Alemania), no solo cuentan con los índices de desempleo más bajos, sino que los sueldos que se pagan por esos lares son, por ejemplo, un 65% superiores a los de la media en España.

Sea como fuere, de sobra sabemos que la autoridad moral del PSOE en materia de empleo se sitúa por debajo del cero. Y por mucho 'glamour' que tenga su nuevo secretario general.

TAMBIÉN NOS AFECTA LA YIHAD, Y MUCHO

Las detenciones en Melilla y Nador de miembros de células terroristas vinculadas al Estado Islámico han puesto de manifiesto, no solo la presencia de redes islamistas en suelo patrio, sino la participación en ellas de ciudadanos con pasaporte español: de tal forma que, por ejemplo, el cabecilla de la pequeña red de Melilla, afortunadamente puesto a disposición de la Justicia, ostenta la nacionalidad española. No es hecho baladí que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lleven tiempo detectando en España, concretamente en los aledaños de mezquitas y en determinadas barriadas de marcada influencia islamista, como en las de Ceuta y Melilla, labores de captación y reclutamiento de futuros 'yihadistas' para ser enviados principalmente a los predios del Estado Islámico en Siria e Irak; y para lo cual no dudan en utilizar instrumentos tecnológicos típicamente occidentales como las redes sociales de Internet, a través de las cuales contactan con individuos que sientan atracción o simple curiosidad por la 'yihad' para acabar adoctrinándolos y ganándolos para la causa integrista. Tenemos al enemigo aquí mismo, dentro de casa.

Y es que, pese al tradicional aislacionismo en materia de política exterior que caracteriza a la opinión pública española, que se podría resumir en la frase 'no queremos problemas, allá se las arreglen los americanos y los ingleses' (y que tanto se manifestó a propósito de la segunda intervención en Irak), la guerra que continúa librando el terrorismo integrista islámico contra Occidente (no solo contra Estados Unidos), y de la que las acciones criminales y terroristas llevadas a cabo por los crueles esbirros del llamado Estado Islámico no son más que el episodio más actual, también afecta, y muy de lleno, a España. Además de que, como parte del Occidente de raíz cristiana que somos, nos consideran tan 'infieles' como los estadounidenses o los británicos, y como tales ajusticiables, no solo Ceuta y Melilla, sino toda España como 'al-Ándalus' que fue, son territorios recuperables para el Islam. Razón distinta es que no queramos reconocer realidad tan cruda y que, inmersos todavía en el 'síndrome de Irak' (o más bien del 11-M), alberguemos todavía la ilusión de que basta con estarnos quietecitos y no involucrarnos en ningún conflicto internacional contra el islamismo para que nos dejen tranquilos. Quizá lo hicieran si nos rindiéramos y nos allanáramos a su objetivo de acabar aquí también con cualquier vestigio de régimen de democracia y libertades (radicalmente incompatible con la 'yihad', que pasaría a regir nuestros destinos), y así terminar convertidos en un Califato más.

Aun con todos los riesgos, uno sigue prefiriendo la libertad: su defensa nunca ha sido fácil.

CONTRA EL SEPARATISMO, CONSTITUCIÓN Y LEY

Nadie está por encima de la soberanía de la nación española ni de la Constitución y las leyes de la que emanan, y que como tales la protegen y garantizan; ni tan siquiera un iluminado con ínfulas de grandeza que responde al nombre de Arturo. El nacionalismo separatista catalán ha hecho realidad su amenaza con la firma del decreto por el que se convoca un referéndum ilegal, tan es así que pretende birlarle al conjunto del pueblo español su soberanía, y el Gobierno de la nación, como garante de la legalidad y su cumplimiento, ha empezado a responder al órdago golpista con los instrumentos del Estado de Derecho. Un Consejo de Ministros Extraordinario, con el informe solicitado al Consejo de Estado en las manos, presentará los pertinentes recursos al Tribunal Constitucional, que suspenderá automáticamente la convocatoria de la consulta secesionista antes de emitir su fallo.

El señor Mas deberá respetar las resoluciones del Alto Tribunal, so pena de declararse en rebelión; en tal caso, habría que aplicar las previsiones legales y constitucionales al respecto: en concreto, sí, el artículo 155 de nuestra Carta Magna, que reza así: '1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general; 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas'.

Contra la amenaza separatista de romper la unidad de España, es hora de la Constitución y la ley.

COHERENCIA... Y DIMISIÓN

Quién lo diría hace apenas unos meses. Quien durante tantísimos años ha sido presentado como el destacado 'verso suelto' del PP por sus posiciones heterodoxas y que frecuentemente se salían de los cánones ideológicos del centro-derecha, hasta hacerse con una imagen de 'progre' dentro del PP que él mismo no se recataba en cultivar, se ha visto obligado a abandonar carrera política tan fulgurante y prometedora (tanto, que incluso parecía apuntar a La Moncloa)... por mantenerse incólume en principios que, como el de la defensa del no nacido, se han tenido, al menos hasta ahora, como fundamentales en el ideario tradicional de la derecha liberal-conservadora. Alberto Ruiz-Gallardón ha acabado dimitiendo cuando más coherente se ha mostrado con el programa y la que debería ser ideología de su partido; y se ha sentido forzado a renunciar precisamente por serlo, decisión que, por su escasísima frecuencia por estos lares de nuestra política, tanto honra y engrandece la figura de quien ya de por sí ha sido un hombre de gran estatura política. Y no solo se ha marchado por una cuestión de principios, sino que además ha sabido hacerlo: como todo un señor, sin un solo reproche. Para quitarse el sombrero, y hasta el cráneo, como diría el personaje valle-inclanesco.

Así pues, la cantada retirada del proyecto integral de reforma de la malhadada ley Aído, confirmada por el mismo presidente, ya ha traído consigo la primera crisis de Gobierno de la era Rajoy. Como daño inmediato, y de momento, no está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta los beneficios políticos y electorales que, según brillantes y arriolanos augures y estrategas, iba a reportar semejante vaivén programático. Porque, partiendo de mi supina ignorancia en materia sociológica y electoral, máxime si me comparo con tales e inmensos sabios, uno no termina de entender cómo provocando, en unos casos el desconcierto, y en otros directamente el cabreo, en aquel electorado precisamente más comprometido e identificado con la línea ideológica del centro-derecha, puede haber más posibilidades de ganar unas elecciones. Pero, en fin, el tiempo será de nuevo ese juez insobornable que da y quita razones; y allá cada cual con los asesores y sociólogos de cabecera en los que, pese a su más que discutible historial de aciertos, confíe casi ciegamente, como si del oráculo de Delfos se tratara.

En lo que a mí modesta y particularmente respecta, y como en al menos muy buena parte de los afiliados, simpatizantes y votantes del Partido Popular, nada que añadir a lo que en esta materia llevo tiempo defendiendo tanto aquí como en las redes sociales. Desde luego, limitar toda la reforma a retornar al consentimiento paterno para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar me parece, con ser imprescindible, insuficiente; y poco o nada se puede consensuar con quienes nada quieren acordar con una derecha que siempre pretenden presentar como ‘rancia’, ‘facha’ y ‘clerical’ (y que ahora venden esta marcha atrás del Gobierno como un triunfo suyo, por cierto). Algunos lo seguiremos proclamando alto y claro.

ESCOCIA DICE NO, PERO...

Finalmente se ha impuesto la cordura en las urnas, donde una vez más una mayoría silenciosa ha logrado superar a una minoría más estridente: un 55,3% de los escoceses se ha inclinado por mantener a Escocia en el Reino Unido, frente a un 44,7% que abogaba por la independencia, en un referéndum que ha superado todos los récords de participación. Sin duda que la más audaz e intensa campaña llevada a cabo por los defensores de la secesión ha conseguido movilizar al electorado más afín al nacionalismo escocés, al que se ha sumado buena parte de los descontentos con el estado de cosas actual (básicamente con un Gobierno, el del dúo Cameron-Clegg, que se ha caracterizado por sus medidas impopulares ante la crisis económica); pero también ha acudido masivamente a votar aquel sector consciente de los graves perjuicios de tipo económico y político que la separación iba a acarrear para, en primer lugar, la propia Escocia (algo en lo que se ha insistido en el tramo final de la campaña). Sin duda, el triunfo electoral del unionismo es en principio una buena noticia para el fortalecimiento de la Unión Europea, cuya viabilidad pasa por la integridad de las naciones que forman parte de ella.

Eso sí, cabe puntualizar que ni desde el punto de vista histórico, ni legal, ni constitucional, son comparables los casos de Escocia y Cataluña, por mucho que los voceros y propagandistas del secesionismo catalán, y de las distintas ramas del nacionalismo en general, se empeñen en hacernos ver lo contrario. Escocia sí fue un reino independiente de Inglaterra, al que se unió en 1707 por medio del Acta de Unión, una serie de leyes de contenido político y económico aprobadas por los parlamentos escocés e inglés; los cuales, a partir de entonces, por cierto, quedaron disueltos para establecer un único Parlamento de Gran Bretaña, con sede en el Palacio de Westminster. Y además el Reino Unido, como es sabido, no se rige por una Constitución escrita, sino por una serie de convenciones fundamentadas precisamente en la doctrina de la soberanía parlamentaria, en virtud de la cual los estatutos y leyes que se aprueban en el Parlamento británico son fuente suprema: de ahí que se afirme en las Islas británicas que un partido que ostente la mayoría en la Cámara de los Comunes, y por ende el Gobierno que salga de él, es capaz de hacerlo todo. Incluso de permitir un referéndum por el que una parte del Reino Unido pueda decidir desgajarse de él.

Sea como fuere, y pese a la victoria del 'no' a la independencia, no ha quedado precisamente diluída la inmensa torpeza política de David Cameron; puesto que, si bien se ha librado finalmente del dudoso honor de pasar a la historia como el Primer Ministro que facilitó la separación de Escocia del Reino Unido, el daño ya está hecho: la celebración del referéndum ha servido, no solo para promocionar las posiciones de los partidarios de la secesión, sino también para que queden plasmadas en un porcentaje nada despreciable de apoyo (casi un 45%), al que se agarrarán Salmond y demás prebostes del nacionalismo escocés para continuar exigiendo más plebiscitos... hasta conseguir ganar. Véase el ejemplo de Québec. Porque sabemos de buena tinta lo insaciable que puede llegar a ser el nacionalismo, que tiene en la reivindicación permanente su razón de ser.

EL DERECHO DE LOS CATALANES A VOTAR

En diez elecciones para votar a los diputados al Parlamento de Cataluña (1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006, 2010 y 2012); en once comicios para elegir a los diputados y senadores que se presentan a Cortes Generales por las circunscripciones catalanas (1977, 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008 y 2011); en nueve elecciones municipales para votar listas de concejales a los ayuntamientos catalanes (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007 y 2011); en siete comicios al Parlamento Europeo, en virtud de la pertenencia de Cataluña a España, Estado-miembro de la Unión Europea (1987, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014); e incluso en cinco referéndums, tres de ámbito nacional (1978, de ratificación de la Constitución Española; 1986, sobre la permanencia de España en la OTAN; 2005, sobre la Constitución Europea) y dos de carácter autonómico (1979, de aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y 2005, sobre la reforma del Estatuto de Cataluña).

42. Nada menos que en 42 ocasiones han acudido los catalanes a las urnas desde 1977, esto es, en solo 37 años de democracia. No está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los partidarios de la celebración del referéndum secesionista planteado por Mas (los últimos, los futbolistas Piqué y Xavi y los baloncestistas Marc y Pau Gasol, que han sido campeones del mundo en sus respectivos deportes vistiendo la camiseta de la Selección... de España; incluso el gran Pau, al que hasta ahora no se le conocían veleidades nacionalistas, llegó a ser abanderado español en los últimos Juegos Olímpicos) basan su defensa en el ya gastado (y fácil) argumento de que 'la gente (refiriéndose obviamente a los catalanes) debe tener derecho a votar' (o 'a decidir', o 'a expresarse', exactamente en el mismo sentido). Vamos, como si a los catalanes se les tuviera vedado el ejercicio de derecho tan básico en democracia; bien al contrario, en Cataluña han disfrutado de más oportunidades de manifestarse con el voto que en la media del conjunto de España.

Ahora bien, no es concebible una democracia sin Estado de Derecho, sin ley, sin unas reglas de juego establecidas y acordadas previamente. Y en virtud de una Constitución que nos dimos los españoles, incluido un 90 por ciento de los catalanes que, ciertamente, ejercieron su derecho al voto en el referéndum de su ratificación, la soberanía nacional reside en el pueblo español. De tal forma que a éste en su conjunto, y no a una parte de él, le compete decidir sobre nuestra vida en común, sobre esa 'indisoluble unidad de la Nación española' en la que se fundamenta la Carta Magna. Además, no resulta admisible, al menos en ninguna democracia que se precie, ninguna convocatoria de consulta, votación o referéndum que incumpla los requisitos constitucionales y legales en vigor, puesto que la seguridad jurídica y la estabilidad institucional también han de prevalecer en el momento de depositar el voto; derecho que, como cualquier otro, no es absoluto.

Por desgracia, semejantes razones basadas en la defensa de la unidad de la soberanía, la estabilidad política y la legalidad resultan estériles frente a la típica visceralidad del irracional sentimentalismo nacionalista; del que, para más inri, determinadas celebridades catalanas del deporte que, empero, tanto le deben a España se limitan a hacerse eco. Quizá precisamente para no desviarse del pensamiento obligatorio imperante y, de paso, no quedar mal ante el 'establishment' político catalán.