LA FUERZA DE LOS VOTOS FRENTE A LA 'ALTERNATIVA'

La gran solución a los males de España que aportan tantos de quienes quieren echar a Mariano Rajoy antes de que se advierta la recuperación económica (entre los que se encuentra por cierto Rosa Díez, tan ensalzada por ciertos medios 'liberales', aunque una vez más ha sido la primera en salir en auxilio de su verdadero partido) es un Gobierno presidido por Rubalcaba, vicepresidente todopoderoso con Zapatero además de ostentador de un historial político ciertamente siniestro, compuesto por un 'popurrí' indigerible de los más dispares partidos políticos (desde la derecha nacionalista de PNV y CiU, pasando por los comunistas de IU, hasta los independentistas de ERC y los proetarras de Bildu, con los que UPyD parece estar dispuesto a convivir 'por el bien de España') y apoyado en diez o doce tránsfugas del PP (posiblemente 'untados') que, como tales, cometan un flagrante fraude electoral. ¿Y qué obraría el milagro de perspectiva tan gloriosa y brillante para la regeneración democrática y el futuro inmediato de la nación? Los sucios tejemanejes procedentes del afán vengativo de un presidiario, debidamente amplificados por la izquierda política y un conglomerado mediático que se la tiene jurada al presidente del Gobierno. Esperanzadora y muy limpia alternativa, ciertamente. Menos mal que las urnas se manifestaron en su momento con meridiana claridad y, llegado el caso, se impondría la fuerza que confiere legitimidad en democracia: la de los votos.

Los votos, evidentemente, dan legitimidad para gobernar, pero no justifican abusos ni atropellos, entre otras razones porque en un auténtico régimen democrático ha de regir el imperio de la ley y el respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Pero la misma democracia saldría perdiendo si un Gobierno legítimo fuera tumbado por la basura fabricada y esparcida por un chantajista y más que presunto chorizo, amén de sentar un precedente peligrosísimo. Obviamente, un sistema de opinión pública como es el democrático ha de caracterizarse por la transparencia: por ello, y en respuesta a las tristemente célebres 'fotocopias de fotocopias', Rajoy publicó sus declaraciones de la renta y el patrimonio y el PP, sus cuentas; iniciativas que por cierto no ha tenido a bien seguir ningún otro líder ni partido. Pero lo que no se le puede pedir al presidente del Gobierno es que salga a responder a cada porquería que se le ocurra generar al personaje, entre otras razones porque convertiríamos el panorama político español en un lodazal insoportable, que es ni más ni menos el objetivo del interfecto y de quienes se prestan a ser sus voceros.

LO QUE PEOR HUELE... BÁRCENAS

Con todo el respeto y la admiración que merece Pedro J. como periodista de raza que es, la publicación por el diario 'El Mundo' de una nueva edición de los 'papeles de Bárcenas' ha sido en realidad, y por mucha repercusión mediática y política que haya obtenido, como el parto de los montes: del mismo solo ha salido el ratón de unos apuntes manuscritos, esta vez originales, sí, pero que por sí no descubren ni prueban absolutamente ninguna irregularidad. En cualquier caso, particularmente uno ha de creer más en la versión que puedan transmitir, no solo Rajoy, sino Aznar, Álvarez Cascos, Rato o Mayor Oreja (de los que resulta difícil pensar que se dejarían 'pringar', además de manera tan burda y por apenas 2.000 euros más al mes) que en los tejemanejes de un sinvergüenza y más que presunto ladrón detentador de 45 millones de euros en Suiza no declarados (no lo olvidemos), y que además, y con tal de intentar salvar su cara de mármol, no ha tenido empacho alguno en sostener un día una posición y justo la contraria después. Sea como fuere, la investigación judicial ha de seguir su curso, y el director de 'El Mundo' ha obrado como debía al presentar esas hojas ante la Audiencia Nacional, lo que le ha llevado a comparecer ante el juez instructor del caso.

Qué fácil sería acabar políticamente con cualquiera, o derribar cualquier Gobierno, si el mero hecho de aparecer en unas anotaciones manuscritas junto a unas cifras y presentarlas como pagos ilegales fuera motivo suficiente para dimitir. Aunque ya sabemos que algunos van a piñón fijo en su objetivo de intentar cargarse a Mariano, máxime ahora cuando los datos económicos empiezan a ser positivos y puede comenzar a advertirse los resultados de las controvertidas políticas de su Gobierno. Es cierto que escama que un personaje tan escasamente recomendable como Bárcenas haya estado durante tantos años llevando la contabilidad del PP (y durante el mandato de casi todos los presidentes), pero también se debe hacer constar que tuvo que abandonar sus cargos tanto de tesorero como de senador mucho antes de que fuera sometido a un proceso judicial; en este sentido, se depuraron responsabilidades políticas. Además, pese a todos los esfuerzos y manipulaciones, medias verdades y mentiras que se han publicado, de momento nadie ha podido demostrar de manera fehaciente ninguna irregularidad en unas cuentas, las del PP, que se han puesto a disposición de la Justicia y hecho públicas como por ningún otro partido en la democracia.

Mezclar anotaciones de datos verdaderos con otros falsos para dar apariencia de verosimilitud al documento no deja de ser una trampa grosera. Porque si bien es cierto que algunos de los aludidos han confirmado determinados pagos (contenidos en este caso en las famosas 'fotocopias de fotocopias' del diario de Prisa), otros en cambio han presentado querellas en los Tribunales. Aunque, de todas formas, nada prueba que ningún apunte sea el reflejo de la comisión de ningún delito. Por supuesto que se ha de suscribir que haya tolerancia cero con la corrupción, y bajo esa premisa se ha de actuar con toda la firmeza que sea menester desde el mismo partido; pero ello no debe llevarnos a basar unas exigencias de 'limpieza' en unos burdos apuntes que absolutamente nada demuestran y que, dada su autoría, carecen de la más mínima credibilidad.

Tampoco seamos ingenuos: quienes airean toda esta basura prefabricada no tienen el más mínimo interés por luchar contra la corrupción, sino única y exclusivamente por, insisto, tumbar al Gobierno de Mariano Rajoy sin pasar por las urnas. Porque no perdamos la perspectiva: lo que peor huele es todo lo que proceda del sujeto que todavía no ha aclarado de dónde han salido sus 45 millones de euros colocados en Suiza, y en el que, de manera harto lamentable pero significativa, las terminales mediáticas y políticas del socialismo y los antimarianistas en general han puesto todas sus expectativas y esperanzas.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CONSTITUCIÓN

Junto a la libertad, la justicia y la igualdad, el pluralismo político es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama explícitamente la misma Constitución de 1978. Y es que el reconocimiento de tal pluralismo, que caracteriza a cualquier sociedad abierta, debe ser fundamento de cualquier régimen democrático que se precie. Con tal denominación se hace referencia a las diferencias que en cuanto a ideas políticas, identificación con distintos modelos y principios ideológicos, políticos e incluso económicos y de valores morales, anidan en una sociedad; pues bien, la democracia ha de dar cauce a esas diferentes perspectivas con tal de evitar el monismo característico de las dictaduras (como la franquista, anterior al actual régimen constitucional), y en cierta forma garantizar el surgimiento de alternativas políticas al poder establecido, entendiendo como tal al Gobierno legítimo de turno.

Sabido es que para considerar como tal a un sistema democrático y parlamentario, tan importante es el papel que desempeñe un Ejecutivo que gobierne y ponga en práctica su programa refrendado en las urnas, como el de la oposición que controle su acción, la contradiga y proponga alternativas, y que a su vez tenga ocasión de alcanzar legítimamente el poder. Es ni más ni menos lo que se conoce como alternancia política.

Pues bien, la Constitución asigna a los partidos políticos el cometido fundamental de manifestar, formar y dar cauce al pluralismo político. En Derecho comparado, tenemos como ejemplos de constitucionalización de los partidos desde la Ley Fundamental de Bonn, que les confiere categoría de órgano constitucional, hasta la Constitución italiana, que solo regula su financiación; por su parte, la Constitución portuguesa concede incluso la titularidad de los escaños a los mismos partidos políticos, lo que eleva a precepto constitucional el mandato imperativo que distingue a tantos regímenes parlamentarios en la actualidad, dado que en realidad los diputados deben sus asientos a los aparatos internos de los partidos y a ellos y sus decisiones quedan vinculados.

Cuando la actual Carta Magna además especifica que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, destaca también su papel fundamental en el desarrollo y la celebración de elecciones: presentan candidaturas a las mismas, organizan e intervienen en las campañas electorales por medio de actos públicos, mítines, debates, etc., y además reclutan personas que ocupan cargos públicos y/o representantivos como consecuencia directa o indirecta de los resultados electorales.

Esta última característica ha suscitado diferencias en la doctrina acerca de la verdadera naturaleza de los partidos políticos: hay quienes les niegan su carácter de asociaciones privadas y llegan a identificarlos como verdaderos órganos constitucionales, ya que de una u otra manera intervienen, no solo en la asignación de escaños como es propio de la democracia representativa, sino también en el nombramiento de cargos pertenecientes a los otros poderes del Estado; así, en el Ejecutivo (Ministros y otros miembros gubernamentales) e incluso en el Judicial (los vocales del Consejo General del Poder Judicial, propuestos por los tres quintos de ambas Cámaras). Por todo ello, quizá cabría mejor considerar a los partidos políticos como asociaciones privadas (ya que, como tales, surgen de la sociedad civil y se rigen por unos estatutos; además, se someten a la Ley de Asociaciones en todo aquello que no contemple la Ley de Partidos Políticos) que, en cambio, cumplen funciones públicas, precisamente de resultas de su papel básico en la concurrencia, formación y manifestación de la voluntad popular.

A su vez, la Constitución impone que los partidos políticos han de ser democráticos en su estructura y funcionamiento interno; qué menos cabe exigir en quienes precisamente son piezas clave del régimen democrático. Ahora bien, la vigente Ley de Partidos Políticos de 2002, aprobada en virtud de tal mandato constitucional, dispone unos requisitos muy generales y que conceden un amplio margen a los partidos: así, solo establece que una Asamblea General ha de ser el máximo órgano decisorio para establecer unas directrices generales y nombrar o elegir a sus líderes y a los correspondientes miembros de sus directivas; pero no especifica el modo de elección (que puede ser directa o a través de compromisarios) ni la frecuencia de su celebración, que de esta forma queda a la libre elección de los partidos. Eso sí, establece que los afiliados han de estar al corriente de las actividades de las directivas partidarias, facilitar su participación y poder defenderse en un procedimiento de sanción.

Tampoco especifica el modo de elección de sus candidatos a listas electorales, un proceso de capital importancia ya que se trata de una especie de primera vuelta de la elección de los representantes políticos en las instituciones. De tal forma que unos partidos pueden optar por el modelo de primarias, a semejanza de los comicios norteamericanos, y otros simplemente acogerse a una especie de 'centralismo democrático': es la Ejecutiva o la Junta Directiva, es decir, en último término el líder máximo del partido, quien decide la confección de las candidaturas.

Precisamente la falta de democracia interna de los partidos políticos, junto a la propia crisis económica y los múltiples casos de corrupción que llenan los telediarios y las páginas de los periódicos, es una de las razones que se aducen normalmente para explicar la desafección de los ciudadanos hacia los partidos y los políticos en general, que con tanta crudeza señalan los últimos sondeos. Aunque también es cierto por otra parte que el electorado suele castigar en España las muestras explícitas de divisiones y enfrentamientos dentro de los partidos políticos, lo que lleva a sus líderes y directivas a intentar desactivarlos, minimizarlos o velarlos cuando se producen y, en general, imponer el 'prietas las filas' bajo el principio de 'unidad', uno de los mejores bienes que en principio ha de atesorar un partido. Pese a que la democracia pueda salir perdiendo.

LO VERDADERAMENTE 'SALVAJE'

Si algo promueve que los niños dejen de comer todos los días, y que el hambre y la pobreza se extiendan, es precisamente la ausencia de una seguridad jurídica basada en la garantía tanto de los derechos de propiedad como del cumplimiento de los contratos, por cuanto introducen inestabilidad y desconfianza y, por tanto, impiden la generación de riqueza. Si además añadimos el ingrediente de la violencia más o menos contenida, a la ruina inevitable se unirá el caos social. Ejemplos tan numerosos como lamentables tenemos a lo largo de la historia reciente, sobre todo en los mismos referentes ideológicos del concejal de IU que, inspirándose en la edificante práctica de sus camaradas de Marinaleda, llama a asaltar supermercados por la fuerza.

Pues bien, si por algo se caracterizan las tiendas e hipermercados tanto de los regímenes comunistas como del más atenuado 'socialismo del siglo XXI' (por ejemplo, el bananerismo chavista) es por el inmediato agotamiento de sus existencias y, por tanto, su incapacidad para alimentar en condiciones a la población. Lo que desemboca irremisiblemente en las cartillas de racionamiento, en el mejor de los casos, y el hambre generalizado, en el peor: precisamente, en que muchos niños no tengan su sustento asegurado, carencia que, por mucho que la propaganda antiliberal se empeñe en predicar lo contrario, no es propia de los países de economía de libre mercado; que no por casualidad son los más prósperos y desarrollados y, como tales, tienen las necesidades básicas cubiertas.

Esta siniestra 'alternativa', basada en la imposición totalitaria de un error intelectual que además coarta el dinamismo y la libre iniciativa del ser humano, sí es verdaderamente salvaje; no precisamente el detestado capitalismo, que, entendido en su auténtico sentido, permite el libre juego dentro de un mercado regulado en el marco de un Estado de Derecho. Y a estas alturas resulta ocioso detenerse en los distintos resultados que propicia uno y otro sistema económico.

¿SE HA CONVERTIDO OBAMA EN UN 'HALCÓN'?

Desde luego, Obama no es Cheney: las diferencias físicas, personales y, por qué no reconocerlo, también ideológicas son absolutamente obvias. Ahora bien, sus argumentaciones en defensa de los controvertidos espionajes de la NSA, Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, son exactamente las mismas que emplearon en su momento el mismo Cheney o cualquier otro miembro destacado de la Administración Bush, aquel detestado nido de despiadados 'halcones' republicanos como Donald Rumsfeld, Karl Rove o Condoleezza Rice: que se están mostrando eficaces en la lucha contra el terrorismo, y de hecho han evitado atentados tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Cabe recordar además que cuentan con la cobertura legal de la 'Patriot Act', aprobada en 2001 por una aplastante mayoría tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en respuesta al 11-S, y en el marco excepcional de una guerra tan sin cuartel como nada convencional que desde entonces sigue librándose: la planteada por el terrorismo islámico contra Occidente.

Aun así, ¿acaso Obama, ese santo laico, Premio Nobel de la Paz, la gran esperanza progre que iba a 'bajarles los humos' a los Estados Unidos en el concierto internacional, se ha convertido finalmente en un vulgar 'halcón' que, como tal, antepone criterios de 'seguridad nacional' a los derechos y libertades de los ciudadanos? Habrá quien fantasee una vez más con la irresistible capacidad de 'influencia' en todos los presidentes, incluidos los más 'idealistas', que supuestamente siempre han tenido determinados poderes fácticos (los mismos servicios de inteligencia, el omnipresente complejo 'militar-industrial' que denunciaba al final de su mandato un ya senil Eisenhower, etc.), pero quizá pueda deberse a que la perspectiva se torna bien distinta desde que se pasa a ostentar tan alta responsabilidad en los Estados Unidos, máxime con la experiencia de los años de un 'pato cojo', de un presidente que agota su último mandato; en este asunto y, por ejemplo, también en ese prometido cierre de Guantánamo que, en realidad, nunca acaba de llegar.

Porque la polémica 'Patriot Act', que, en virtud de un amplio consenso entre republicanos y demócratas, fue promulgada siguiendo estrictamente los requisitos legales y jurídicos y como ley excepcional, de tiempo limitado y sujeta a revisiones periódicas de organismos independientes que informan al Congreso, está siendo en efecto muy útil en esta larga y especialmente difícil guerra global: no solo en la persecución de los grupos terroristas y sus miembros y en actuaciones preventivas para frustrar atentados, sino también contra sus mecanismos de financiación y blanqueo de dinero. De tal forma que los éxitos cosechados en los últimos años contra el terrorismo islámico, entre los que destaca la captura y muerte del mismísimo Bin Laden, son ciertamente indiscutibles; y la mayor parte de los mismos se han producido bajo el mandato de Obama, que legítimamente puede apuntárselos.
 
Aunque también es cierto que quién ha visto y quién ve a algunos; incluidos aquellos que consideraban tales prácticas de espionaje (y sus justificaciones) totalmente inadmisibles en la época de Bush, y sin embargo ahora hasta las matizan. Hay que reconocer que el carisma 'obamita' hace auténticos milagros.

UN 'PRELIBERALISMO' EN ESPAÑA

En la historia de España podemos advertir un primer liberalismo, o 'preliberalismo', en el reformismo del despotismo ilustrado de Carlos III. Desde el mismo régimen absolutista se comenzaron a impulsar cambios políticos, sociales y económicos que en principio necesitarían del apoyo y concurso de la sociedad española, todavía incipiente para considerarla como tal; y de ahí que la mismísima monarquía se abriera a la difusión de ideas nuevas, estudios económicos y principios basados en los derechos individuales y la igualdad ante la ley. Sin embargo, quienes debían llevar a cabo esas mismas reformas, y en consecuencia remover los privilegios derivados del sistema estamental, formaban parte de ese mismo poder establecido bajo la protección del monarca absoluto; de tal forma que se producía un contraste evidente entre las medidas anunciadas y las realizaciones concretas.

A este respecto, fue harto significativo el caso de la publicación 'El Censor': al principio contaba con el apoyo y hasta el patrocinio del mismísimo Conde de Floridablanca, hasta que sus críticas a la nobleza y a la Iglesia como obstáculos del reformismo ilustrado se ganaron la enemiga del sistema y llegaría a ser objeto de proceso por parte de la Inquisición. Y es que bastaba una denuncia del entonces poderoso capuchino Cádiz para paralizar las reformas económicas; las sátiras del referido 'Censor' servían de excusa para acabar con la relativa libertad de imprenta que imperaba; y unas meras críticas de Maisson en la 'Enciclopedia Metódica' provocaban las amenazas incluso físicas de la reacción más recalcitrante hacia los reformistas. Por desgracia, la crisis de las Luces llegó antes a España que la toma de la bastilla en Francia.

Pues bien, ese 'preliberalismo' en España lo encontramos, no en una burguesía emergente como sería común en otros países, sino en una minoría ilustrada que reputaba difícil que las políticas reformistas las impulsaran y llevaran a cabo quienes formaban parte de los estamentos privilegiados. Para más inri, la llegada al trono de Carlos IV, que impuso un verdadero 'cordón sanitario' frente a toda novedad que viniera del exterior, especialmente de la Francia revolucionaria, no hizo sino empeorar el panorama.

Sin embargo, pese a la prohibición de publicaciones estrictamente políticas, la intensificación del celo censor fue incapaz de impedir la difusión de ideas económicas liberales a través de tratados en la materia como la celebérrima 'Riqueza de las naciones', de Adam Smith, o incluso, dentro de España, la misma 'Introducción a la reforma agraria', de Gaspar Melchor de Jovellanos. Además, menudeaban panfletos subversivos, como el conocido 'Pan y toros' de León de Arroyal, quien en sus 'Cartas político-económicas' criticaba el estado de cosas en España y, a su vez, ponía como ejemplo a seguir el proceso constituyente francés; y de la misma forma se pronunciaba Cabarrús en sus epístolas dirigidas tanto a Godoy como a Jovellanos.

La caída del Antiguo Régimen, como resultado de la rebelión insurreccional iniciada en 1808 en respuesta a la invasión francesa, supuso por fin el triunfo y apogeo, siquiera transitorio, del liberalismo en España: así, su primordial objetivo, el de emprender una reforma constitucional, acabaría haciéndose realidad. Los Romero Alpuente, Canga Argüelles, Martínez Marina o el mismo Jovellanos dotarían de contenido doctrinal a los diputados que, reunidos en Cortes en Cádiz, elaborarían y aprobarían la Constitución de 1812, hito del liberalismo europeo. De esas mismas Cortes gaditanas surgiría, como destacó Agustín Argüelles, el vocablo 'liberal', que de su uso lato paso a adquirir un sentido político. Y fue en España.

¿POR FIN EL CAMBIO DE TENDENCIA?

Casi 100.000 parados menos, lo que propicia que el número de desempleados registrados baje de la fatídica cifra de los cinco millones (detalle estadístico del que deberíamos congratularnos todos por muy intensas que sean determinadas antipatías políticas). Si bien es cierto que mayo suele ser un mes favorable para la creación de empleo, se trata del mayor descenso de toda la serie histórica; lo que resulta especialmente indicativo en un contexto de recesión económica: sin ir más lejos, el año pasado en este mismo mes el paro solo disminuyó en 30.000 personas. Y con todas las 'desestacionalizaciones' y matizaciones que quepa hacer sobre el tipo de empleo que se demanda en esta época previa al verano, hay unos guarismos que no engañan: 135.000 nuevas altas en la Seguridad Social, la primera vez que sube la afiliación en un mes de mayo desde que empezó la crisis.

Además, cuanto más se desciende a la letra pequeña y a los datos más concretos, más se plasma la condición extraordinaria de las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, con el fin de restarle importancia a este descenso histórico, se ha llegado a utilizar el argumento de que el paro desestacionalizado apenas ha bajado en 265 personas... Pues bien, resulta que es la primera vez que desciende desde el año 2006. Y si volvemos a la afiliación a la Seguridad Social, eliminado asimismo el efecto estacional, también ha disminuido en 5.600 personas, lo que indica claramente que se ha creado empleo con independencia de la cercanía del período estival. Asimismo, el paro acumulado hasta mayo ya es inferior al de 2012.

No es destacable el hecho en sí de que el paro haya descendido en un mes de mayo, sino el intensísimo ritmo al que se ha producido máxime cuando todavía sufrimos recesión económica. Por tanto, y por mucho que les moleste a ciertos agoreros instalados única y exclusivamente en el pesimismo y 'cenicismo' permanentes y la obsesiva e incesante estrategia de desgaste al PP de Rajoy, son datos objetivamente muy positivos; sin que ello nos deba llevar tampoco al extremo opuesto, al optimismo infundado, ya que, pese a su carácter histórico y significativo, todavía no se puede asegurar a ciencia cierta que marquen un cambio de tendencia: habrá que esperar a la evolución del empleo en los próximos meses para concluir que la flexibilizadora reforma laboral empieza a dar frutos palpables. Pero que nada menos que 100.000 personas hayan logrado encontrar trabajo en solo un mes es siempre una buena noticia y motivo de alegría, especialmente en las actuales circunstancias. Aunque haya quienes más bien se hayan irritado.