CUANDO EL PSOE PROMETE EMPLEO

800.000 puestos de trabajo. De tantísimas promesas que hizo, y que no cumplió, sin duda una de las más destacadas y evocadas de un joven Felipe González que, ante una UCD que se autodestruía a ojos vista, se veía entonces a las puertas del Palacio de La Moncloa: el Gobierno 'de progreso' que iba a conformar aportaría ese concreto y glorioso guarismo a un mercado laboral azotado ya por el paro; de tal forma que sería capaz de acabar con un mal que empezaba a enquistarse en la sociedad española (tan 'maltratada', según célebre eslogan de aquel PSOE). Pues bien, poco más de diez años después, la España del felipismo alcanzaba el nefando porcentaje del 23 por ciento de desempleo, marca todavía no superada. Los chistes de entonces, que hacían decir al propio Felipe que en realidad no había prometido la creación de 800.000 puestos de trabajo, sino 800 ó 1.000, incidían en tamaño incumplimiento electoral.

'Por el pleno empleo'. Fue el lema sobre el que verdaderamente giraba la campaña de reelección de un Zapatero empeñado en negar tajantemente cualquier atisbo de crisis, y dispuesto a seguir limitándose a recoger los hasta entonces ingentes frutos de una herencia económica, la legada por los Gobiernos de Aznar, que quizá consideraba plenamente consolidada y, como tal, inagotable. El resultado, no por conocido deja de ser deplorable: cinco millones de parados, funesto récord absoluto. El mandato de un presidente socialista volvía a mostrarse radicalmente incompatible con la generación de puestos de trabajo y... con la verdad.

Pese a tales y significativos antecedentes de flagrantes engaños, nadie mejor que un mentiroso compulsivo como el 'autodedificado' candidato socialista P. Rubalcaba para atreverse a anunciarnos la buena nueva: él sí dispone de la fórmula mágica para crear empleo, que, eso sí, desvelará y aplicará si, y solo si, asumimos el suicidio general que supondría votarle. Que a estas alturas no nos la haya descubierto, incluso a pesar de sus altas responsabilidades en el Gobierno de los cinco millones de parados, ha de deberse, no ya a su maldad congénita, sino a un sadismo ciertamente irrefrenable.

Prometer empleo, inclusive cifras concretas de puestos de trabajo, es muy del gusto de quienes profesan un socialismo, como tal, planificador: solo con que un Gobierno lo desee puede hacerlo realidad. Pero los poderes públicos, lejos de crear empleo, muchas veces se convierten en el principal impedimento para ese menester: su verdadero papel debería consistir en facilitar las condiciones para que la sociedad lo genere; en suma, estorbar lo menos posible. Cantar las virtudes de la Divina Providencia de un Gobierno omnisciente, proveedor y benefactor es insistir en una gran mentira que, además de contumaz, acarrea siempre trágicas consecuencias.

'ARRIMAR EL HOMBRO'

Dentro de la estrategia emprendida por el PSOE (y por la izquierda callejera, que para eso está), consistente en repartir culpas a todo bicho viviente con tal de eludir su responsabilidad en la crisis, destaca su acusación de que la oposición del PP, lejos de 'arrimar el hombro', se limita a esperar a que el Gobierno se desgaste. Se trata de una consigna que, como no podía ser de otra forma, ha reiterado un sonado y obnubilado Zapatero en su, por ventura, último debate sobre el deplorable estado de lo que queda de nación; y en la que los portavoces y dirigentes socialistas van a insistir especialmente de aquí a las elecciones generales. Y es posible que semejante táctica, que a primera vista puede parecer pueril, haga cierta fortuna, sobre todo si tenemos en cuenta tanto la santificación del vocablo 'consenso' y derivados, como la escasa tradición democrática y parlamentaria de la que todavía adolece la sociedad española.

Por ejemplo, es frecuente escuchar en cualquier conversación de la calle quejas acerca de que 'los políticos', e incidiendo en esa impresión generalizada de que 'todos son iguales', 'pasan todo el día peleándose y no son capaces de ponerse de acuerdo, con lo bueno que sería eso'. En primer lugar, cabe aducir que, para que una democracia sea digna de tal nombre, y en virtud de la voluntad popular manifestada en las urnas, debe haber, por un lado, un Ejecutivo que gobierne y tome decisiones, y por otro, una oposición que se contraponga, fiscalice y critique la acción de gobierno; y es, no solo normal, sino conveniente, que esa disparidad de ideas se refleje en los debates parlamentarios y en los medios de comunicación.

¿Ello ha de impedir que Gobierno y oposición puedan alcanzar acuerdos siquiera puntuales, sobre todo en aspectos fundamentales? Por supuesto que no. Ahora bien, tal y como ha puntualizado el mismo Rajoy en el referido debate, el Ejecutivo del PSOE, que precisamente se ha caracterizado siempre por su sectarismo, nunca ha ofrecido pactos en materia de política económica, sino trágalas; y la mayor parte de ellas relativas a medidas absolutamente inasumibles y erróneas, como por desgracia la realidad ha acabado demostrando. En este mismo sentido, el PP no tenía por qué verse obligado a ser copartícipe del desastre provocado por los despropósitos del Gobierno socialista.

Pero es que, además, el PSOE no ha necesitado nunca del concurso del PP para sacar adelante sus iniciativas: siempre ha contado con el apoyo o la abstención del partido nacionalista de turno, que, como contrapartida, logra la correspondiente tajada para sus predios. No le ha faltado sostén ni para congelar las pensiones, como también ha destacado Rajoy. En realidad, el socialismo zapaterino, que no en balde llegó a crear en su primera legislatura un auténtico 'cordón sanitario' para aislar al PP, se ha sentido invariablemente más cómodo pactando con nacionalistas, separatistas o IU, dependiendo de la naturaleza de la medida a aprobar. Postura absolutamente legítima, pero que demuestra que no ha sido precisamente la inestabilidad parlamentaria, supuestamente agudizada por el 'obstruccionismo' del PP, un impedimento que haya debido de afrontar el Gobierno del PSOE.

Así pues, el verdadero problema reside en que quienes de verdad tenían la responsabilidad de 'arrimar el hombro', que no son otros que los miembros del Gobierno, no lo han hecho; y cuando no han tenido más remedio que hacerlo, ha sido tarde, mal y nunca. El resultado, nefasto, es dolorosamente evidente: cinco millones de parados y, para más inri, la ETA, a la que incluso se le conceden valiosos escaparates de propaganda, rediviva en ayuntamientos y diputaciones. Ni Atila fue tan devastador.

LA DIGNIDAD ANTE EL ESCARNIO

Reconforta en cierta manera que, en uno de los sucesos más nefastos e ignominiosos de nuestra historia reciente, alguien como Juan Carlos Cano, diputado del PP de las Juntas Generales de Guipúzcoa, se haya pronunciado con la valentía y dignidad necesarias ante el último gran escarnio a nuestra democracia, nuestra nación y todos aquellos que dieron su vida por defenderla o representarla. Porque no cabe calificar de otra forma que un sujeto que se ha dedicado a ejercer de escriba de la banda terrorista ETA, y como tal a justificar sus asesinatos e incluso a 'señalar' a potenciales víctimas, haya logrado nada menos que presidir la Diputación General de la provincia. En efecto, por muchos votos que haya conseguido: el nacionalsocialismo, por ejemplo, tuvo muchísimos más en la Alemania de los años 30.

Frente a la grandeza y el arrojo de Cano, la doblez y la bajeza moral de los principales responsables de que tal afrenta, que supone además un grave retroceso en la lucha contra el terrorismo, haya tenido lugar. Desde luego, pueden sentirse completamente satisfechos de los resultados cosechados por su infame estrategia de distensión con el entramado criminal etarra. La democracia española y sus caídos les estarán eternamente agradecidos.



Encima no sean falsos e hipócritas, por favor: a ustedes, no solo les gusta, les encanta que la última marca etarra se haya hecho con el gobierno de instituciones políticas vascas; puesto que, haciendo uso de sus marionetas del Tribunal Constitucional, han propiciado que vuelvan a ellas para intentar lograr un beneficio electoral derivado de una nueva 'tregua-trampa' que se venda como definitiva. Y es muy posible que la ETA les conceda esa ayuda, ya que es plenamente consciente, no solo de que con el PP no tendría absolutamente nada que rascar, sino sobre todo del provecho que le puede seguir sacando a un Gobierno deudor. Tras la ilegalización de Batasuna impulsada por Aznar, ni el más furibundo de los proetarras podía imaginarse que unos ocho años después estarían gobernando el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Provincial de Guipúzcoa. Pero se les ha aparecido el 11-M, Zapatero y Rubalcaba.

EL SENTIDO COMÚN NO ES DE IZQUIERDAS

Adelgazar las Administraciones Públicas y menoscabar su intervencionismo, reducir drásticamente el gasto público y realizar los correspondientes recortes en partidas presupuestarias, eliminar y limitar subvenciones, disminuir la burocracia y facilitar la creación de nuevas empresas... Concretas medidas económicas y administrativas que sí pueden emprender las comunidades autónomas, y que, ante la previsión de que un próximo Ejecutivo lleve por fin a cabo las grandes reformas liberalizadoras que necesita nuestra economía, han de coadyuvar en el objetivo de superar la persistente crisis que todavía padecemos. Iniciativas de este tenor han sido anunciadas sin ambages en los discursos de investidura de todos los presidentes autonómicos, con especial énfasis por parte de la nueva hornada de jóvenes dirigentes (Cospedal, Bauzá, Diego) que deben afrontar la ruinosa y calamitosa herencia que el socialismo deja en sus respectivas regiones.

Se trata en cualquier caso de políticas que, a fuer de su índole eminentemente liberal, están marcadas por un apabullante sentido común. No queda otra que aplicar la más estricta austeridad en las cuentas públicas (con lo que volvemos venturosamente al 'santo temor al déficit' propio de nuestros abuelos liberales y que, por cierto, Aznar implantó por medio de una ley de estabilidad presupuestaria que Zapatero se encargaría después de derogar) y reducir el peso y el tamaño del Estado (porque las administraciones autonómicas son también Estado, aunque parezca ocioso recordarlo). Sin embargo, y no por tópico deja de ser verdad, en numerosas ocasiones el sentido común se convierte en el menos común de los sentidos. Buen ejemplo de ello lo tenemos en las disparatadas y deslavazadas 'propuestas', tan divulgadas mediáticamente, de la sedición perrofláutica, que aboga por transitar un camino diametralmente opuesto: más Estado, más gasto público y más intervencionismo; en suma, todavía más socialismo, al modo de la Cuba de los Castro, su auténtico norte. Y es que es cierto que los autodenominados 'indignados' se quejan amargamente de los políticos, pero precisamente porque consideran que no se inmiscuyen lo suficiente en nuestras vidas.

Si bien no cabía esperar otra declaración de intenciones de semejante movimiento reaccionario de extrema izquierda, el hecho de que se le conceda respetabilidad e incluso categoría de interlocutores políticos (y no solo desde la izquierda, desgraciadamente) denota la necesidad de plantear una dura batalla en el terreno de las ideas. En caso contrario, difícilmente los principios del liberalismo triunfarán por sí solos, por el mero peso de una realidad, eso sí, cruda, aunque susceptible de ser manipulada por una izquierda maestra en esas lides. Máxime cuando el PSOE no deja de proteger y mimar a los 'ultras' callejeros (que no por casualidad buscan culpables de la crisis en todas partes menos en el Gobierno) y lanzarles guiños de complicidad. Además, resulta ilustrativo que el 'autodedificado' candidato socialista Rubalcaba haya 'rescatado' las figuras de Cristina Narbona y Jesús Caldera para encargarles la elaboración de un programa que, merced a la huella que le impriman tales 'ideólogos', se prevé alejado de una socialdemocracia sensata y moderada.

Definitivamente, el sentido común no es propio de la izquierda. Lo suyo siempre ha sido el poder por el poder, y en aras de ese supremo objetivo nunca ha escatimado el uso y abuso de la demagogia y apelaciones a los miedos y más bajos instintos. Y, por desgracia, esa estrategia no le suele reportar malos resultados.

QUÉ LÁSTIMA, PÍO

Indiscutiblemente, siempre habrá un antes y un después de la irrupción de Pío Moa en la historiografía española: sus valiosísimas aportaciones han tenido el mérito y la virtud de poner en solfa las verdades absolutas y el pensamiento único que sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo ha querido imponer la izquierda en sus versiones política, académica y mediática. Ahora bien, por desgracia, el señor Moa ha acabado derivando a una posición ciertamente delirante. Porque afirmar que se puede reivindicar la figura de Franco ¡desde el liberalismo y la democracia! no es sino un completo dislate; no solo por la propia obra del franquismo, que impuso un régimen dictatorial que, como tal, y pese a su evolución a un cada vez mayor aperturismo, era totalmente incompatible con las libertades individuales, sino por las declaraciones del propio Franco, que en alguna ocasión no tuvo reparo en mencionar explícitamente al liberalismo como uno de los 'males de la historia de España'.

Obviamente, un sistema político que no reconoce las libertades de expresión, ni de prensa, ni de reunión, ni de manifestación, ni de religión, ni el pluralismo político (porque no prohibió solo el comunismo y la masonería, 'méritos' que se le apuntan, sino cualquier idea política que no se adhiriera a los 'Principios del Movimiento', es decir, que tuviera algo que ver con la democracia liberal), etc., supone precisamente la negación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Y en cuanto a la libertad económica y de empresa, que tanto se suele aducir en defensa del franquismo (como si de la misma manera pudiéramos 'salvar' al Chile de Pinochet o al cruel régimen chino en la actualidad), empezó a ser una realidad muy matizada a partir de 1959, cuando el régimen se abrió económicamente al exterior y los Ministros del Opus emprendieron reformas económicas liberalizadoras; pero en líneas generales, el franquismo fue básicamente muy intervencionista en la economía: edificó un gran Estado dirigista y paternalista (su rígido sistema laboral se mantiene básicamente en la actualidad, con los resultados que conocemos y sufrimos), hasta el punto de crear una cantidad de empresas públicas verdaderamente ingente.

También se suele alegar que al franquismo se le debe analizar en su justo contexto histórico y político, y no compararlo con los tiempos actuales en los que predominan los valores democráticos; de la misma forma que enjuiciamos, por ejemplo, el reinado de los Reyes Católicos, tan fructífero para la historia de España. Y así ha de ser, en efecto. Pero las circunstancias que precisamente rodeaban la época franquista eran las siguientes: tras la Segunda Guerra Mundial, en la Europa occidental (si exceptuamos a nuestros vecinos portugueses) disfrutaban de regímenes democráticos y unas libertades que los españoles teníamos sencillamente vedadas. Una situación anómala que duró la friolera de treinta años. Así de claro, y así de lamentable.

No es de extrañar que tan disparatadas apreciaciones sobre Franco y su régimen, por supuesto totalmente inasumibles para cualquier liberal que se precie, hayan generado una enconada polémica en el seno del mismo diario digital en el que escribe. En este sentido, José Carlos Rodríguez y, especialmente, Jorge Vilches han sabido ponerle en su sitio haciendo uso de argumentos históricos contundentes e incontestables; ante los que, por cierto, el señor Moa en este último caso ha reaccionado significativamente de manera intempestiva, con muy malos modos. Qué lástima, Pío.

RUINA SOBRE RUINA

Mientras las hordas de la izquierda golpista y totalitaria continúan dirigiendo su iracunda y violenta 'indignación' contra las instituciones democráticas y sus legítimos representantes (aunque, por supuesto, nunca contra La Moncloa), el Gobierno que los ampara, mima y alienta se empeña en seguir acumulando ruina sobre ruina. La última genialidad procede de su Ministro de Trabajo, el socialburócrata ugetista Valeriano Gómez, que, ni corto ni perezoso, amén de culpar de la crisis al sistema financiero (pese a que quien le nombró lo reputara en su momento como 'el mejor del mundo'), ha anunciado medidas tan propicias para la creación de... paro como el incremento tanto de las cotizaciones sociales como del salario mínimo. Después del último y ridículo parche aplicado a nuestro rígido sistema laboral, es lo que faltaba para acrecentar el principal problema de nuestra economía: poner todavía más impedimentos a la contratación. Porque sabido es que las cotizaciones sociales son en realidad impuestos que penalizan el empleo. Y en cuanto a la subida del salario mínimo, y aunque es fácil hacer demagogia con este tipo de iniciativas, hasta economistas de tendencia socialdemócrata han acabado reconociendo que genera paro, fomenta la economía sumergida y perjudica a los sectores más jóvenes y menos cualificados del mercado laboral.

A ese respecto, circula por las redes sociales un chiste tan mordaz como ilustrativo. Reza así:

‎- Tengo dos noticias para ti, una buena y otra mala. La buena es que los socialistas han impuesto un salario mínimo de 800 euros.
- Vaya, fantástico. ¿Y cuál es la mala?
- Que estás despedido porque no me lo puedo permitir.

Pues eso.

UNA PELIGROSA Y LIBERTICIDA CAJA DE PANDORA

Algunos cándidos, imbuidos de ese buenismo que casi todo lo impregna, se han dejado engañar e incluso todavía se niegan a aceptar una realidad incómoda. Pero esa rebelión callejera que surgiera, oh casualidad, justo una semana antes de unas elecciones en las que el PP iba a alzarse con un contundente triunfo, no representa en absoluto la regeneración democrática, política y social que necesita España: bien al contrario, desde el primer momento, por su discurso ultraizquierdista y sus modos ciertamente incívicos, ha llevado siempre consigo el gen de la intolerancia y el totalitarismo. De ahí que últimamente haya sacado a relucir con toda crudeza su agresivo rechazo a las reglas de la democracia, que consideran especialmente prescindibles desde el mismo momento en que permiten la llegada al poder de una derecha que reputan deslegitimada para gobernar e incluso para existir. Así, tras intentar tomar al más puro estilo golpista el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional nos gusten o no sus representantes, se ocuparon de boicotear una de las jornadas festivas de nuestra democracia, como es la constitución de los ayuntamientos, con el fin de pretender convertirla en una auténtica pesadilla para quienes tomaban posesión de unos cargos obtenidos legítimamente en las urnas. Sobre todo, ahí donde el PP fuera a hacerse con los gobiernos municipales, claro.

Estos 'indignados' que, siguiendo las consignas de rigor, han tomado su nombre del vulgar e insustancial panfleto de Hessel (solo semejante minúscula fatuidad podía alcanzar la categoría de biblia de la progresía perrofláutica, tan obtusa y limitada intelectualmente), han acabado dejando bien patente su condición, amén de incivilizada, liberticida y antidemocrática. Se trata exactamente de la misma izquierda antisistema y belicosa que tomara las calles a propósito del 'Prestige' y de la guerra de Irak y que extendiera por toda España los métodos violentos, amenazantes e intimidatorios que hasta entonces imponían los batasunos en un País Vasco del que, paradójicamente, y merced a una lucha sin cuartel contra el terrorismo etarra y sus adláteres, se había conseguido desterrar la 'kale borroka' y los linchamientos públicos protagonizados por los cachorros de la ETA.

Pues bien, una vez que el Gobierno socialista y sus marionetas del Tribunal Constitucional han propiciado el vergonzante y macabro regreso a las instituciones de la marca política etarra de turno, esa 'kaleborrokización' emulada por la 'indignación' antidemocrática ha vuelto por donde solía a su lugar de origen. De tal forma que quienes, durante la constitución de los ayuntamientos vascos, se han atrevido a plantarle cara a los matones de la mafia etarra, se han visto obligados a recibir toda clase de improperios, insultos y amenazas: en este sentido, el valiente concejal del PP Carlos García se ha convertido, bien a su pesar, en la nueva referencia heroica de la defensa de la libertad y la democracia en el País Vasco, al evitar con su voto que Bildu gobernara el municipio vizcaíno de Elorrio (que pasa a manos del PNV, que en cambio no ha actuado en San Sebastián con la misma generosidad y altura de miras). Gracias al virtuoso ejemplo de representantes políticos como Carlos García, que además ha logrado un muy meritorio escaño tras muchísima brega en un feudo genuinamente batasuno, la memoria de héroes de nuestra democracia como Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco sigue más viva que nunca.

En cualquier caso, si de algo ha servido la grotesca ceremonia totalitaria y antidemocrática protagonizada al unísono por los batasunos de siempre y los 'indignados' perrofláuticos es para poner de manifiesto una profunda identificación entre ellos; no solo en la estética astrosa, sino también en los métodos empleados, basados en generar un estado de amedrentamiento mediante la amenaza y la coacción. Que la que debería haber sido un día de fiesta de nuestra democracia haya quedado empañada de forma tan lamentable es responsabilidad directa del Gobierno socialista, sin cuya aquiescencia los desmanes de los intolerantes de la extrema izquierda no hubieran tenido lugar ni en las calles ni en los ayuntamientos. Cree este PSOE rubalcabiano que será capaz de encauzar de nuevo a su favor, si no a corto sí a medio y a largo plazo, estas actitudes insurreccionales trufadas de violencia, que espera se mantengan siquiera de forma contenida para después intensificarse bajo un Gobierno del PP. Y cuenta además con supuestos beneficios electorales que pueda reportarle un acuerdo con la ETA que, como contrapartida a la legalización de su brazo político, se presente como abandono definitivo del terrorismo. Pero lo cierto es que ha abierto una tan peligrosa como liberticida caja de Pandora.